De 33 proyectos eléctricos financiados con recursos de regalías, el Departamento Nacional de Planeación DNP escogió ocho para realizar la evaluación, seguimiento y control; las iniciativas están localizados en los municipios de Nunchía, San Luis de Palenque, Hato Corozal, Pore, Yopal, Aguazul y Maní.

Estas obras son ejecutadas con recursos de regalías y tienen que ver con la construcción, repotenciación y ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión. En su mayoría las obras ya se encuentran al servicio de las comunidades rurales en todo el departamento de Casanare.

Uno de los proyectos recientemente concluidos entrará en operación los próximos días en las veredas Arenitas, Nevera, El Tigre, Santa Teresa, Venturosa, Platanales, El Samán y San Francisco en el municipio de San Luis de Palenque, se espera que los usuarios hayan terminado sus acometidas internas y se encuentren legalmente registrados ante la Empresa de Energía de Casanare.

Las fuertes crecientes de los ríos Cusiana, Meta, Cravo Sur y Charte, que bordean los municipios de Nunchía, Maní, Tauramena y Yopal, tienen afectadas a más de 1.800 familias en esta localidades.

Adriana Hernández, directora de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo dijo que el desbordamiento del río Cravo Sur en  jurisdicción de Yopal, mantiene en alerta a los habitantes de  las veredas, La Manga, Tacarimena, Palomas, Barbascos y Rincón de La Manga, en donde hay damnificadas cerca de 900 familias.

En Maní los damnificados llegan a 400, por el desbordamiento de los ríos Cusiana, Charte, Chitamena y Meta, que han afectado a las veredas, Santa Helena del Cusiva, la Poyata,  El Progreso, Chavinave y Limonal, entre otras.

En Nunchía las familias damnificadas por el desbordamiento del río Tocaría llegan a 600 en cinco veredas. Mientras que en  Tauramena hay familias afectadas en las veredas Villa Rosa e Iquía por el desbordamiento del río Cusiana.

“En Recetor se han presentado cerca de 15 derrumbes en la vía a Monterralo, y la fuerte creciente del río Recetoreño ha generado avalanchas”, dijo Adriana Hernandez.

Alerta amarilla en Villanueva

Entre tanto en Villanueva, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó alerta amarilla en el municipio por el crecimiento súbito de los ríos Lengupá y Guavio que desembocan en el río Upía.

Según  los monitoreos del organismo de socorro se está registrando un incremento en el nivel de las aguas  de 1.5 metros cada dos horas. “El arrastre de material y densificación  de las aguas ha generado el llamado de desalojo para los rivereños del sector e Caracolí”, dijo el comandante del Cuerpo de Bomberos, teniente, Octavio Vélez Herrera.

Se desconoce el número de damnificados en el municipio de Villanueva.

Rescate de afectados

Desde la Sala de crisis del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Yopal se coordina el rescate de las personas que se encuentran en situación de riesgo, por el desbordamiento del Cravo Sur.

“Cerca de 73 personas se encuentran atrapadas, principalmente en sitios como Tacarimena y La Manga  y hasta el mediodía habían sido evacuadas 18 de ellas por los organismos de socorro”, dijo Alberto Peña, secretario de Gobierno del municipio de Yopal.

En  equipos helicoportados y por tierra  se  adelantan las labores de evacuación de las personas   a quienes se les brindará ayuda alimentaria, ropa y albergue.

“Para la atención de este evento se están adelantando acciones de rescate de las personas que se encuentran en emergencia, y asistencia humanitaria e instalación de albergues temporales en zonas seguras”, se informó en un comunicado.

Ante el incremento de la ola invernal  se recomienda a la población ribereña que se mantenga alejada de las orillas de los ríos, así mismo, se pide que cuando escuchen aeronaves realicen señales de auxilio para que la tripulación los visualice, de igual forma, se invita a la comunidad afectada a dar prioridad a sus vidas y no apegarse de elementos materiales.

Los organismos de socorro recomiendan a las personas que tienen forma de salir por sus propios medios lo hagan de manera inmediata, antes de que las rutas de evacuación colapsen.

Desde el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, que aglutina todos los organismos de socorro, se hace el llamado a los yopaleños que no están directamente involucrados con la emergencia, para que no colapsen las líneas de emergencia.

Para atender situaciones de emergencia favor comunicarse a las siguientes líneas:

Bomberos 119, Defensa Civil 144, Policía 112, Cruz Roja Colombiana 132 , Alcaldía de Yopal 3202397462 y CRUE 6345555

La Oficina de Prensa de la Alcaldía informó que hace contados minutos  inició Comité Extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastres por ola invernal 

Interrumpido se encuentra  el paso vehicular entre los departamentos de Boyacá y Casanare, por las vías del Cusiana  y  la Alterna al Llano, debido a la presencia de deslizamientos de lodo y piedra, a lo largo de los corredores viales.

Entre Aguazul y Sogamoso el tránsito se encuentra suspendido, como consecuencia del desbordamiento de la quebrada “La Granja”, situada en el kilómetro 88 de la vía del Cusiana,

Según Ricardo Avella Chaparro, director regional del Invías desde la madrugada, el tránsito se encuentra represado, debido a que una avalancha  generó el cierre total del carreteable.

“Un vehículo fue arrastrado en el sitio, afortunadamente sin pérdidas humanas”, dijo  Avella Chaparro.

El incremento de las lluvias  generó el taponamiento completo de la vía, la cual viene siendo atendida con maquinaria desplazada al sector.

En distintos sitios a lo largo de la vía, entre el kilómetro 87 hasta el 74,  se presenta  caída de material y  pérdida de banca debido a la inestabilidad del terreno y a la fuerte creciente del río Cusiana.

La vía Alterna al Llano, conocida como El Secreto- El Sisga, se encuentra también cerrada debido a que el río Lengupa, se desbordó  y afectó la banca del carreteable.

Recomendó Ricardo Avella a los viajeros, abstenerse de utilizar hoy estos corredores viales y utilizar la vía Marginal del Llano por Villavicencio.

“El panorama vial es preocupante en los departamentos de Boyacá y Casanare,  ya que las quebradas y ríos han incrementado considerablemente sus caudales”, reiteró el director regional del Invías.

Tras la creciente del río Cravo Sur que el lunes en la mañana  se llevó un pedazo de bancada en la margen derecha del cauce, vía Sirivana, específicamente en inmediaciones a una propiedad del empresario del turismo Beto Barreto, aun no se han emprendido acciones concretas para mitigar el impacto del fuerte invierno en el sector.

“Me duele la demagogia oficial, ya que habiendo organismos delegados para la atención y prevención de desastres en el municipio, ninguno ha tomado cartas en el asunto, “, dijo Beto Barreto.

En el transcurso del lunes estuvo  en el sitio la directora de  la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, Adriana Hernández, quien recomendó a los habitantes ribereños tomar precauciones y estar alertas ante el comportamiento del río.

"Estamos a la espera de las determinaciones que adopte la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, que en estos casos recomienda evacuar las viviendas ribereñas", le dijo a Casanare Noticias, Adriana Hernández, pero a la fecha ningún delegado de esa dependencia ha ido al sitio.

Obras de mitigación

Entre tanto funcionarios de Perenco, visitaron la ribera del río  e instaron a  los lugareños a solicitar a las entidades competentes iniciar obras de mitigación, “la compañía expresó su disposición de colaborar, siempre y cuando la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo lo solicite, pero hasta la fecha no los han oficiado”, indicó Beto Barreto.

Reiteró que es preciso continuar con el enrocado, que hace aproximadamente dos meses Perenco inició en un sector de la margen derecha del río, para que el cauce no se siga llevando la bancada, "estas obras debieron acometerse en verano".

“Ya es hora que dejemos de mirar al río Cravo Sur como enemigo, ya que es la fuente hídrica más importante del municipio, y que las entidades competentes realicen las obras de contención  y mitigación  que se requieran”, indicó el empresario del turismo.

Reiteró que las ciudades modernas de otras regiones del país y el mundo crecen en torno a sus ríos como atractivos turísticos, mientras que en Yopal por la desidia e indiferencia de las administraciones de turno, “vemos al río Cravo Sur  solo como una amenaza”, concluyó Beto Barreto.

La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $2.585 millones de pesos contra el ex Gobernador de Casanare, Withman Herney Porras Pérez, la Unión Temporal CASANARE HABITAT DE PAZ y la firma interventora Consorcio JG ­ 2004, por el indebido reconocimiento que se hizo al mencionado contratista de $1.973 millones, por concepto de desequilibrio económico en un contrato de obra de 2004 cuyo objeto era construir 1.055 viviendas de interés social en este departamento.

De esas 1.055 viviendas contratadas por el departamento de Casanare se construyeron 882 y quedaron sin construir 173 que, pese a ello, le fueron pagadas en su totalidad al contratista.

Los recursos pagados por la Gobernación eran provenientes de regalías y dejaron de destinarse al fin que tienen las mismas: satisfacer necesidades básicas de su población como salud, educación, saneamiento básico y otros.

Los $2.585 millones establecidos como responsabilidad fiscal por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción deben ser resarcidos por:

El entonces Gobernador Withman Herney Porras Pérez; la empresa contratista Unión Temporal CASANARE HABITAT DE PAZ, integrada por Luis Fernando Escobar Martínez, José Arney Mesa Rosas, Julio César Augusto Lozada Vargas, y la sociedad MRB representada legalmente por Martha Inés Buitrago; y por el interventor Consorcio JG – 2004, integrado por Juan Carlos Belalcazar Benítez y por la Sociedad Grupo G&B, representada legalmente por Jairo García García.

 Hechos investigados

El contrato de obra 936 de 2004, objeto de esta investigación, tenía por objeto construir 1.055 viviendas de interés social en los municipios de Yopal, Trinidad, Paz de Ariporo, Monterrey, Támara, Chámeza, Recetor, Sabanalarga, Pore y Sácama.

El día 2 de agosto de 2007 se terminó el contrato; el 30 de noviembre de 2007 se suscribió el acta de recibo de obra y el contratista presentó ante la Gobernación de Casanare liquidación por desequilibrio económico por un valor de $4.293 millones, con el fin de obtener reconocimiento de dicha suma.

El contratista presentó este reclamo solo al final del contrato y no durante la ejecución del mismo, situación que va en contravía del estatuto contractual y de la jurisprudencia colombiana.

El 28 de diciembre de 2007, las partes de común acuerdo liquidaron el contrato y suscribieron el acta de liquidación final, en la cual se estableció que la entidad contratante (la Gobernación de Casanare) reconoce y acepta pagar a favor del contratista (Unión Temporal CASANARE HABITAT DE PAZ) la suma de $2.949 millones, por los siguientes conceptos:

-Mayor permanencia en la ejecución del contrato.

-Mayores cantidades de obra generadas por la realización de actividades no previstas pero ejecutadas dentro del desarrollo del contrato.

-Obras adicionales inherentes al objeto del contrato.

-Menor cantidad de vivienda construida.

-Ajuste de precios ocasionados por la mayor permanencia en la obra.

-Y mora en el pago de las obligaciones.

 Finalmente, el 31 de diciembre de 2007 se le canceló a la Unión Temporal la suma de $1.973 millones (no se pagaron todos los $2.949 millones acordados), como resultado del reconocimiento de la ruptura del equilibrio contractual.

Para la CGR tal reconocimiento fue indebido y produjo un daño patrimonial al departamento de Casanare, que se vio afectado por no recibir estos recursos de regalías.

Daño patrimonial

Uno de los reproches que hace la Contraloría es el hecho de habérsele reconocido y pagado al contratista por hechos cumplidos, o sea por obras que a pesar de haber sido ejecutadas, no fueron pactadas en el contrato ni en ninguna de sus modificatorios.

Adicionalmente, en virtud de lo anterior, el valor inicial del contrato fue superado en su 50% al finalizar el mismo a causa de la mencionada solicitud de desequilibrio económico, y ello obedeció a la indebida planeación que también es imputable al contratista, pues no cumplió con su deber de colaborar con la administración para el logro de los fines del Estado.

Los $2.585 millones de daño patrimonial resultan de indexar (ajustar al IPC) la suma pagada indebidamente por la Gobernación de Casanare a la Unión Temporal ($1.973 millones).

La CGR consideró que la gestión fiscal del contratista fue antieconómica, ineficaz e ineficiente. Estimó además que el Gobernador Porras y el interventor obraron con culpa grave, el primero al autorizar el pago indebido a la Unión Temporal y el segundo al estar de acuerdo con ello.

Por: Rosalba Múnera V.

El Gerente del Comité de Regional de Ganaderos de Yopal, Marco Aurelio Corredor, gestiona ante la Administración Municipal de Yopal, la recuperación del Coliseo de Ferias, donde antes funcionaba La Subasta Ganadera, que continua en manos de los particulares.

Se trata de que los  propietarios de la empresa  La Subasta Ganadera, cuentan ahora con sede propia, sin embargo, continúan manejando y decidiendo sobre el inmueble, sin permitir el ingreso  al Coliseo de Ferias de Yopal, cuyo objeto principal es el desarrollo de eventos feriales variados de todos los sectores económicos del municipio, que permitan una verdadera  dinámica económica  y desarrollo empresarial del departamento.

Advirtió el gerente del Comité de Regional de Ganaderos   de Yopal, que  se ha insistido en que la Administración, asuma el manejo del Coliseo de Ferias teniendo en cuenta, que se aproxima la fecha para realizar  La Feria Ganadera, Doble Propósito, evento institucional, con más de 13 años de tradición que se proyecta para el 30 de julio, 1 y 2 de agosto del presente año.

Agregó el representante del gremio ganadero que también se han adelantado acercamientos con los directivos de La Subasta Ganadera, para que permitan preparar  las instalaciones del Coliseo de Ferias, para la realización de la Feria Ganadera, pero no han dado ninguna respuesta a la fecha y por el contrario algunas de las  adecuaciones han sido derribadas         

Añadió el señor Corredor, que la Administración Municipal ha respondido que se están realizando los procedimientos necesarios  para lograr la reposición del recinto ferial, por lo que se espera, una vez se logre el objetivo, la Alcaldía ayude a la adecuación pertinente del lugar, para el beneficio no solo de ganaderos, sino de  comerciantes, agricultores y variadas líneas de producción  que a través de ruedas de negocios, eventos feriales propendan por fortalecer la economía regional.

Por motivos personales presentó renuncia a su cargo como Secretario de Salud de Yopal el médico, Edwin Barrera Rodríguez, en carta dirigida al alcalde Jorge García Lizarazo.

De igual forma, presentó renuncia a su cargo el Secretario Privado, abogado Jorge Mauricio Fajardo Vargas, también en misiva radicada ante el despacho del alcalde Jorge García Lizarazo.

Ante esta situación se está a la espera de conocer la decisión del burgomaestre respecto de la dimisión de sus Secretarios de Despacho, la cual se comunicará oportunamente a la opinión pública. 

El Concejo de Yopal negó proposición presentada en plenaria por el concejal Libardo Carreño Fernández, de solicitar al alcalde de Yopal, fijar una recompensa a quienes proporcionen información que ayude a la captura de los asesinos del señor Libardo Cepeda Cruz, ultimado a balazos en pasados días tras aparente intento de robo.

Carreño Fernández, pretendía que la plenaria de la Corporación como voceros de la comunidad, de manera conjunta, solicitaran respuesta inmediata de las autoridades ante este y otros lamentables hechos de inseguridad que se han presentado al municipio.

Agregó el cabildante que atendiendo a la solicitud de la comunidad de la vereda la Patimena, lugar de  origen de la víctima, quienes exigieron acciones concretas ante la creciente ola de violencia  en Yopal, acudió a la propuesta como una medida que puede dar resultados contundentes.

Indicó el concejal, que la solicitud se presentaba al alcalde de Yopal, como máxima autoridad de Policía, para que llevara dicha propuesta al respectivo consejo de seguridad y sobre la base de los recursos que existen en el Fondo de seguridad se fijará el monto de la recompensa.

Sin embargo, la negativa de la mayoría fue contundente, aduciendo que el Concejo no tiene la competencia para realizar este tipo de solicitudes al ejecutivo municipal y algunos de ellos argumentaron que no lo consideraban oportuno.

“Era solo una solicitud, al alcalde, por ser parte de la comunidad, para exigir acciones inmediatas, pero los concejales no quisieron apoyar por ser una iniciativa personal, pensando que tenía interés politiquero, esto va en contra de la ciudadanía”  expresó  Carreño Fernández.

A favor se manifestaron los concejales, Fabio Castro, Leonardo Puentes, Rubén Chaparro, Flor Hernández  y el proponente Libardo Carreño Fernández, siendo ocho los cabildantes que votaron en contra.

Cabe  recordar la gran conmoción que causó en el municipio el asesinato de Libardo Cepeda, de 67 años de edad, quién habitaba una finca de su propiedad en la vereda La Patimena y viajaba en un  vehículo taxi, conducido por su hijo en momentos en que fueron interceptados por desconocidos, quienes inicialmente  huyeron en el taxi, para posteriormente dejarlo abandonado en un lugar cercano al corregimiento de la Chaparrera.

Se cumplió ayer una reunión más del Comité de Verificación de la Acción Popular del Agua Potable, donde las entidades accionadas (Fondo de Adaptación, Gobernación de Casanare, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y Alcaldía), revisaron el cumplimiento de las acciones que se han venido adelantando para sortear la problemática que se registra, en temas relacionados con abastecimiento de agua, planes de contingencia, pozos profundos, y alternativas de potabilización del líquido.

Wilson Arenas, secretario de Obras Públicas del Departamento dijo  que la finalidad del Comité  fue dejar listo un informe que se presentará al Tribunal Administrativo de Casanare, absolviendo cada una de las preguntas que tienen  los Magistrados.

Dentro de la Acción Popular, el Tribunal dio 30 días más de plazo para entregar una respuesta frente a cuál será la alternativa a presentar por parte de todas las entidades accionadas, frente a la solución que se le debe dar a la potabilización del agua.

Durante la mesa de trabajo, uno de los análisis fue la posibilidad de alquilar una planta modular de agua potable, teniendo en cuenta que en una rueda de negocios se analizó con varias empresas los costos de operación, alquiler y el tiempo que la misma estaría funcionando.

Al respecto aún no se ha tomado una decisión al respecto, ya que esta alternativa se pondrá  también a consideración del Tribunal Administrativo.