El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (SUNET) en Casanare rechazó las afirmaciones sobre la crisis financiera de Capresoca. En un comunicado, los trabajadores cuestionaron la postura de la Gobernación y sugirieron la existencia de intereses particulares detrás de las declaraciones sobre la situación de la entidad.

Según el sindicato, las deudas de Capresoca con instituciones de la red pública del departamento están bajo revisión y corresponden a procedimientos que ya fueron facturados, sobre los cuales existen unas glosas en algunos servicios prestados.

Afirman que se ha solicitado a las IPS reunirse para aclarar estas cuentas, pero no han recibido respuesta positiva.

El comunicado destaca que la firma auditora Bakertilly Colombia Ltda., encargada del seguimiento a Capresoca, ha reportado una gestión positiva, señalando solo hallazgos administrativos y no financieros.

Los sindicalistas acusan al gobernador César Ortiz Zorro, a la secretaria de salud, Tatiana Chávez y a su equipo asesor de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra la EPS, que atiende a 170,000 afiliados, principalmente del régimen subsidiado.

Adicionalmente, el sindicato cuestiona la contratación de medicamentos con empresas supuestamente sin experiencia ni capacidad financiera, decisiones que atribuyen a la Administración Departamental.

SUNET advierte que la liquidación de Capresoca podría resultar en el traslado de sus usuarios a la Nueva EPS, ya intervenida por la Supersalud.

Sugieren que situación beneficiaría a una IPS privada, a la cual en el pasado reciente estuvo vinculada laboralmente la  secretaria de salud del departamento, así como un actual asesor de ella y del gobernador.

La organización sindical también expresó preocupación por el futuro laboral de 300 trabajadores en caso de liquidación de la entidad.

Por su parte, la Gobernación de Casanare no ha respondido directamente a estas acusaciones. Sin embargo, en comunicados anteriores, ha manifestado su intención de buscar soluciones para Capresoca, realizando reuniones con diversos sectores involucrados.

Mientras tanto, algunos usuarios ya enfrentan dificultades para acceder a servicios en varias instituciones de salud, tanto públicas como privadas, lo que aumenta la urgencia de resolver la situación de la EPS.