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El coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante del Departamento de Policía Casanare, realizó una reunión con los presidentes de las juntas de acción comunal del municipio de Aguazul.

Durante el encuentro, el oficial recopiló las opiniones de los líderes sociales y las principales problemáticas de seguridad que afectan a sus respectivos sectores.

Este espacio de diálogo institucional tuvo como propósito fortalecer los canales de comunicación y establecer estrategias conjuntas para la convivencia en el municipio.

La jornada de trabajo articulado entre la Policía y los representantes comunitarios busca el desarrollo de acciones coordinadas para la vigilancia y protección de los habitantes de Aguazul.

La junta de acción comunal de la vereda La Niata manifestó su oposición ante la reciente solicitud de modificación de la licencia ambiental del relleno sanitario

El Cascajar, la cual busca extender su vida útil por cuatro años adicionales. La organización comunitaria señaló que esta medida, impulsada por la Secretaría de Infraestructura de Yopal y la EAAAY ante Corporinoquia el pasado 23 de enero, contraviene los compromisos establecidos en el marco de una Acción Popular y las disposiciones del Tribunal Administrativo de Casanare.

Los representantes de la vereda sostienen que la continuidad de las operaciones en el relleno vulnera el derecho a un ambiente sano y desconoce la normativa vigente que exige una distancia mínima de un kilómetro entre estos depósitos y los centros poblados.

Así mismo, denunciaron que tras diez años de litigio no se ha concretado una solución definitiva para la disposición de residuos sólidos, a pesar de existir alternativas con licencia ambiental aprobada, como la planta de manejo integral de residuos sólidos (PMIRS).

Ante esta situación, la comunidad hizo un llamado a las autoridades departamentales y municipales para que den cumplimiento a la sentencia judicial que ordena la clausura del sitio actual y la adquisición de un nuevo terreno.

El comunicado, suscrito por el presidente de la JAC, Fabián Verdugo, y el edil Gonzalo Salamanca, propone un acercamiento institucional que incluya al sector privado para gestionar una solución inmediata y evitar una posible emergencia sanitaria de impacto regional en el departamento de Casanare.

El abogado Miguel Alfonso Pérez Figueredo informó sobre la inscripción de una veeduría ciudadana para realizar el seguimiento de los procesos electorales del año 2026 en el departamento de Casanare.

Esta organización se rige por las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral, que establecen la participación de un mínimo de tres y un máximo de seis ciudadanos para tal fin.

La veeduría está integrada por seis personas: Miguel Alfonso Pérez Figueredo, Edwin Flórez, Víctor Largo Bedoya, Claudia Ortiz Ortiz y dos mujeres residentes en el municipio de Aguazul.

El grupo tiene como función realizar un monitoreo para que los testigos electorales y quienes ejercen la función escrutadora actúen bajo los deberes de ley e imparcialidad.

Las facultades legales de estos veedores incluyen la asistencia a los comités de seguimiento electoral, la presencia en las mesas de votación el día de la jornada, así como la observación del preconteo y el escrutinio final.

Según lo expuesto, las entidades estatales tienen la obligación de suministrar la información requerida y facilitar el cumplimiento de estas labores de vigilancia, lo que incluye la posibilidad de entrevistas con los miembros del Tribunal de Garantías ante posibles anomalías.

El proceso de inscripción de estas organizaciones ante el Consejo Nacional Electoral se puede efectuar de manera física o virtual a través de los mecanismos dispuestos en la página oficial de dicha entidad.

Pérez Figueredo señaló que la solicitud de registro para este grupo ya fue presentada con el objetivo de participar en las capacitaciones y acciones que inicie la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La entrada al edificio de la Gobernación de Casanare nuevamente se convirtió en el punto de encuentro, para que trabajadores del sector de la salud alzaran una vez más su voz y pedirle al Estado unas mejores condiciones salariales.

Con pancartas donde hacían visibles sus peticiones se apostaron ese miércoles 28 de enero junto al centro administrativo departamental.

Algunos llevan gafas oscuras para protegerse del sol, tan extremadamente candente como la compleja situación que viven, por cuenta de la problemática que se alimenta de los precarios salarios que aseguran recibir.

Se identificaron como profesionales del área de rehabilitación física que prestan servicios domiciliarios para diferentes IPS tanto de Yopal como del resto del departamento.

Le apuntan a participar en las negociaciones sobre tarifas que actualmente se realizan entre EPS e IPS. Según Marlly Johana López, terapeuta física y quien hacía parte de la manifestación, las tarifas se definen sin la presencia de representantes del grupo de talento humano.

"Las EPS con las IPS arreglan una tarifa y nos dicen: 'Ejemplo, la tarifa son 13.500 pesos, es eso o no trabaja'", explicó López. Los profesionales solicitan que haya representantes del área de la salud presentes cuando se establezcan los aumentos de tarifas para las terapias.

En el plantón participaron trabajadores de varias IPS del departamento, entre ellas Caipro, Proyección Life, Orinoco y Promed. Algunos terapeutas indicaron que llevan desde agosto del año anterior sin recibir pagos y que las IPS les han ofrecido contratos con las mismas tarifas del año pasado.

Los profesionales señalaron que no reciben auxilio de transporte y deben pagar su propia seguridad social para poder presentar cuentas de cobro.

Además, manifestaron inquietud sobre la decisión de la interventora de Capresoca de contratar una nueva IPS para todo el tema de servicios domiciliarios, sin considerar a las empresas que llevan entre cinco y seis años prestando el servicio en la región.

Los profesionales también hicieron un llamado al Gobierno nacional para que establezca garantías laborales para el personal de salud, incluyendo un régimen especial similar al de la Policía Nacional o del Ejército, argumentando que prestan un servicio a la comunidad y requieren condiciones laborales que reconozcan esa función.

Esta manifestación es la segunda en lo que va del año. Los terapeutas realizaron un plantón anterior el 20 de enero.

Habitantes del barrio Llano Vargas de Yopal se encuentran en medio de una polémica, debido al cierre parcial de la carrera 42 unos metros antes de llegar a la calle 30.

El tema tiene varias aristas que complican la situación. La problemática ya se encuentra en los estrados judiciales en procura de encontrar una salida acorde con la ley.

Todo comenzó con el encerramiento de la mencionada vía por parte de un ciudadano, quien solicitó mantener en reserva su identidad. Esta persona asegura que la calle hace parte de un predio que le vendió en su momento el urbanizador.

Por su parte la comunidad manifiesta que el terreno en disputa hace parte de una vía pública con más de 15 años de uso y por lo tanto es un bien de uso general.

La controversia llevó a que residentes del sector, el pasado lunes 5 de enero, salieran a protestar por lo que consideran una arbitrariedad. Para ellos no se justifica cerrar una vía pública que ya está trazada y que, en gran parte de su recorrido por esta zona de la ciudad, se encuentra pavimentada.

La noticia llamó la atención de varios medios de comunicación que llegaron al lugar. Frente a sus micrófonos hablaron varios de los afectados. Cuando ya parecía terminar la jornada informativa arribó el dueño del predio.

Es propietario desmintió la versión dada por algunos lugareños acerca de una falta de acercamiento con la ciudadanía.

Sostuvo que un hermano suyo, quien es abogado, se comunicó con el presidente de la junta de acción comunal, donde le comunicó sobre la situación y la existencia de una propiedad privada sobre dicho terreno,

Dijo que adicionalmente hace dos años le enviaron correos electrónicos donde se le hizo llegar la documentación del lote.

También dijo que hace dos años le comunicaron al

Aseguró que hace dos años se le enviaron correos electrónicos con la documentación al presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC).

Para corroborar que este pedazo de la carrera 42 se encuentra de un terreno de su propiedad, enseñó los planos del proceso urbanístico de esta zona de la ciudad.

Igualmente mostró las escrituras públicas que lo acreditan como dueño del predio. Agregó que esta propiedad cuenta con el aval de la Oficina Asesora de Planeación otorgados durante la Administración pasada.

Así mismo, mencionó que la idea de encerrar el lote obedece a que tiene un proyecto de construcción en este lugar. Derecho legítimo que le otorga la ley por ser el dueño del terreno.

Por su parte la comunidad manifestó que cerrar la vía los perjudicaría significativamente. Hicieron hincapié en el hecho que se quedarían sin una salida directa hacia la calle 30, perjudicando a toda la comunidad, en especial a los niños y jóvenes que asisten a clases a la sede del Braulio Campestre.

Al final de la jornada cada parte defendió su posición y la posibilidad de un acuerdo se fue dilatando. Ahora será una autoridad judicial quien entre a dirimir esta controversia. Sin embargo, en la mañana del martes 6 de enero la cerca que encerraba el terreno ya no estaba y la carrera 42 estaba nuevamente habilitada.

Ante la posibilidad de una suspensión en el suministro de gas natural vehicular para el departamento a partir del primero de diciembre, medida que vendría acompañada por un alza en la tarifa del servicio de gas domiciliario y que tiene a Ecopetrol como su máximo responsable, los taxistas de Yopal se pronunciaron.

Jorge Yabrudy y Alejandro Rojas, voceros del gremio amarillo en la capital departamental anunciaron los taxistas levantarán su voz de protesta. Aclararon que no se trata de un paro motivado por un inevitable incremento en la tarifa.

“La realidad del asunto es que Casanare es uno de los mayores productores de gas natural del país. Y no nos están dejando a nosotros el gas en firme y se lo van a llevar para el interior del país”, sostuvo Yabrudy.

El líder explicó que partiendo de esta coyuntura el propósito es decir a Ecopetrol, el Ministerio de Minas y la Creg, que no pueden seguir con esta práctica porque es lesiva para la comunidad casanareña.

Frente a posibilidad de suspender el suministro de gas, Yabrudy dijo que se generaría una emergencia sanitaria y económica en la región. “Por eso es la protesta”, recalcó.

Añadió que en Casanare se producen más de 200 millones de pies cúbicos estándar por día de gas. “Cómo es posible que digan que para nosotros no hay gas y que para el interior del país sí”, subrayó el líder de los taxistas.

En este orden de ideas, para expresar su inconformismo el gremio amarillo adelantará una marcha de protesta hoy lunes 20 de octubre. Alejandro Rojas precisó que el punto de encuentro será a las 10:30 de mañana en el parque del Intra de Yopal.

Avanza a buen ritmo el proceso de demolición y construcción de los nuevos edificios en Torres del Silencio, proyecto es necesario derrumbar por fallas estructurales que lo hacían imposible de habitar en las condiciones que se encontraba.

Luego de varios lustros de espera, en el transcurso del presente año se llegó a un compromiso tripartita. Gobernación, Alcaldía de Yopal y residentes acordaron iniciar el proceso para poner fin a esta problemática.

Dentro de lo pactado, la primera fase es la de evacuación voluntaria de los beneficiarios que ocuparon el conjunto residencial. El plazo para este primer pasó quedó con fecha límite entre el 28 al 30 de octubre.

Información que fue confirmada por el líder de este sector de la ciudad, Eduardo Salcedo, quien además agregó que la iniciativa tiene los recursos asegurados. La Gobernación hará un aporte de 54 mil millones de pesos, mientras que la Administración municipal aportará 12 mil millones.

Igualmente, Salcedo dio que la propuesta de demolición y reconstrucción ya se encuentra en el banco de proyectos del Gobierno seccional, donde es objeto de estudio. Mencionó que para los primeros días de noviembre se espera que sea aprobada.

No obstante, precisó que se requiere que, para tener una aprobación completa, se requiere de una certificación del DNP, debido a que la fuente de financiación son los recursos provenientes de regalías.  Añadió que la expedición de este documento se hará efectiva una vez el conjunto haya sido evacuado.

Recalcó que se busca no tener contratiempos donde se responsabilice a la comunidad, por algún tipo de situación que se pueda ocurrir.

Hizo hincapié en que las decisiones las toma no solo la junta, sino la comunidad en conjunto. Situación que demanda un control mucho más estricto sobre el desarrollo del proyecto.

“Nosotros creamos la veeduría Torres del Silencio 2025 y La Esmeralda también tiene su propia veeduría. Queremos que el proceso se realice, que se cumplan todos estos compromisos”, recalcó Eduardo Salcedo.

Expresó el líder comunal que, una vez aprobado el proyecto, se dará paso a los procesos contractuales. Será un solo contrato tanto para la demolición como para la construcción de las nuevas torres y su ejecución estará a cargo de la Gobernación.

Sostuvo que de las 217 familias ya ha evacuado cerca de 25. Número que se incrementara, en la medida en que muchos residentes van a aprovechar el fin de semana con puente festivo que se avecina, para salir del conjunto.

En este contexto Salcedo envió un mensaje al gobernador. La idea es que César Zorro visite el barrio en compañía del alcalde, Marco Tulio Ruiz, para que se brinde esa confianza al proceso y a la trazabilidad que se ha venido haciendo.

Uno de los compromisos es otorgar un subsidio de arriendo a los beneficiarios, mientras duren los trabajos de demolición y construcción de los nuevos edificios.

Para acceder a este beneficio Eduardo Salcedo explicó que es necesario hacer un trámite ante la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento, porque esta entidad es la encargada de girar el dinero a su homóloga del Municipio,

La ayuda oficial se extenderá por 6 meses, tiempo estimado que dura la ejecución del proyecto. El monto del subsidio es de 350 mil pesos mensuales. No alcanza para un canon de arredramiento completo, pero fue lo que se logró gestionar.

Como requisito para recibir este auxilio del Estado, se debe llevar el contrato de arredramiento, fotocopia de la cédula tanto del arrendador como del arrendatario. Una vez cumplidos estos requisitos la entidad oficial encargada del proceso hace el desembolso de los recursos.

Este fin de semana, Montería fue testigo de un gesto que reafirma el valor de la integridad. Carlos Elías López, un ciudadano desempleado, encontró $30 millones de pesos en el sector de Homecenter y, sin dudarlo, los entregó a la Policía Metropolitana de la ciudad para que lo devolvieran a su legítimo dueño.

Se conoció que el dinero, producto de un CDT, fue restituido a su propietario, luego de la verificación de la documentación correspondiente.

La acción de Carlos no solo conmovió a la comunidad, sino que también llamó la atención del alcalde Hugo Kerguelén, quien decidió recompensar su honestidad con una oportunidad laboral en la Secretaría de Hacienda.

“Personas como tú, que actúan con principios y valores, son las que necesitamos en nuestra ciudad y en el país. ¡Bienvenido a la administración, ahora vas a cuidar la plática de los monterianos!”, expresó el mandatario.

La Policía Metropolitana también destacó el ejemplo de Carlos, subrayando cómo gestos como este fortalecen la confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

Historias como esta nos recuerdan que la honestidad sigue siendo un valor que transforma vidas.

El líder del corregimiento de Tilodirán, José Dimas Maldonado, expresó el apoyo del sector comunal a la decisión del alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, de no firmar el contrato con Catasig, para realzar la actualización y el ajuste catastral.

Esta posición de los líderes comunales tiene su génesis en un documento radicado el pasado 11 de julio en la Alcaldía, en el cual hicieron una serie de observaciones al proceso.

“Lo que estábamos diciendo es que el ajuste catastral va por este año y valía $3.500 millones. A nosotros nos parecía que era coger esos $3.500 millones y echarlos a la basura, porque no le iba a servir esa información para hacer el verdadero ajuste catastral”, enfatizó Maldonado.

Agrego que, con la decisión adoptada por la Administración Municipal, todo el sector campesino se libró, por este año, de recibir, lo que Dimas calificó como una carga económica para sus bolsillos.

Sin embargo, frente a este tema hizo una claridad. “Estamos de acuerdo que se haga el ajuste catastral, pero que se haga de una forma responsable”, apuntó.

También trajo a colación las falencias denunciadas por la comunidad, frente al trabajo hecho hasta el momento. En este punto aseguró que si Catasig no recorrió la totalidad de los 11 kilómetros 900 metros que comprende el área urbana del municipio, menos lo va a hacer con los con 2.570 kilómetros cuadrados de la zona rural de Yopal.

Adicionalmente, sostuvo, que existen algunos puntos de muy difícil acceso debido a su geografía, especialmente aquellos sectores ubicados en área montañosa.

Finalmente, Dimas tiene su propia opinión sobre la propuesta de actualización catastral. “Cuando no expusieron cómo iban a hacer el ajuste, nosotros dijimos que era la cosa más lesiva para los campesinos, porque resulta que en el campo”.

Sustentó su comentario diciendo que les informaron que el ajuste se realizaría tomando como base los planes de loteo. En este esquema, manifestó, que se parte del valor de un terreno, lo multiplican por el número de predios que conforman una hectárea.

“Eso fue lo que nos explicó Catasig, que ese era como el punto de referencia para ellos, para tomar el avalúo de la parte rural”, concluyó Dimas Maldonado.

En el corregimiento de Morichal, estudiantes de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta participaron en una jornada preventiva organizada por la Policía Nacional.

La actividad, denominada “Viernes de colegio con tu policía”, reunió a alumnos de los grados 6° a 11° en talleres orientados a reforzar la protección en el entorno escolar.

Durante la jornada, se presentaron los servicios institucionales disponibles, junto con las líneas de atención 123, 141 y 155.

También se abordaron temas clave como la prevención de la violencia de género, el uso seguro de redes sociales, el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, educación vial, pautas de crianza y valores, además de acciones contra el secuestro.

La iniciativa, liderada por el Grupo de Infancia y Adolescencia, buscó fortalecer espacios seguros para los menores y fomentar una cultura de prevención en las aulas.