El 26 de septiembre de 2021, la Alcaldía de Yopal, decretó la calamidad pública en la urbanización Torres del Silencio, mediante Decreto 326, lo que permitió que se diera el convenio interadministrativo entre la Administración Municipal y la Gobernación de Casanare, para la realización de la consultoría e interventoría para los estudios de vulnerabilidad y patológico.

A hoy, el contrato de consultoría No. 1001.84.2991.2021 con el que se está evaluando el estado de cada una de las torres, tiene un avance del 74% ejecutado sobre un 72% programado. Se prevé que, para el mes de octubre, se entreguen los resultados de la patología estructural y de vulnerabilidad sísmica.

Desde la Administración Municipal, informaron que continúan trabajando de manera articulada con las diferentes entidades que hacen parte de esta declaratoria, para entregar pronta respuesta a las 400 familias de Torres del Silencio, que han esperado por más de 10 años la solución a su deseo de vivienda propia y digna.

Dentro de las acciones enmarcadas en el Plan de Acción Específico, se realizó la caracterización de la población, logrando identificar las características poblaciones de la comunidad que reside en Torres del Silencio.

 

 

Avanza por buen camino el estudio de patología, vulnerabilidad sísmica y/o reforzamiento estructural en las 40 torres, del conjunto habitacional Torres del Silencio, en donde habitan más de 200 familias yopaleñas.

La Gobernación de Casanare realizó una inversión de más de 2.400 millones de pesos, con el objetivo de hallar una solución definitiva, a esta problemática de hace una década, en la que se observan edificios agrietados, en obra negra, deterioro y humedad.

La consultoría la ejecuta la empresa Dico Ingeniería y Arquitectura S.A.S, bajo un término de ocho meses, con fecha de culminación en el mes de agosto. En el diagnóstico se están usando equipos especializados en geología y geotecnia: como extractores de núcleos, esclerómetros para toma de resistencia, entre otros mecánicos, que permiten la perforación a más de 15 metros. 

Guillermo Pérez, director de Gestión del Riesgo en Casanare, explica que, para cualquier inversión o demolición sobre este proyecto de vivienda, la única alternativa ajustada a la ley, debía remitirse a este estudio, para que la solución definitiva sea soportada legalmente y no incurrir en un posible detrimento patrimonial.

“El compromiso del ingeniero Salomón va más allá, dado que una vez se determine la solución definitiva, el gobierno departamental aportará el 50%, ya sea para el reforzamiento, culminación del proyecto o lo que determine el estudio”, agregó Pérez.

Mientras tanto, Rebeca Hernández, abuela residente del conjunto, manifiesta que este era el trabajo que estaban esperando por mucho tiempo, para de una vez por todas poder vivir tranquilos, pues en el último sismo el terror invadió sus hogares.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en la suma de $12.087 millones por el daño producido a los recursos públicos del Departamento de Casanare y de la ciudad de Yopal, con ocasión de las inversiones realizadas para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio, antes Villa Flores, de Yopal.

El proyecto inició su ejecución en agosto de 2011 y después de 10 años se encuentra inconcluso, con graves afectaciones de orden estructural, incumplimiento de la norma de sismo resistencia y deficiencias de calidad. 

Mediante Auto No. 1550 del 24 de septiembre de 2021, la Contralora delegada Intersectorial No. 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR abrió proceso verbal e imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra:  

OSCAR RAUL IVÁN FLÓREZ CHÁVEZ, quien se desempeñó como Gobernador titular del Departamento de Casanare desde el 1 de enero de 2008 hasta el 14 de febrero de 2011.   

IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, en su calidad de COGESTOR del convenio No. 0001 de 2011 y constructor del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio en el municipio de Yopal (Casanare).   

RODRIGO FLECHAS RAMÍREZ, director de Contratación del Departamento de Casanare. Delegado para contratar. 

COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, hoy COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, que ejerció la Interventoría para el período que va del 7 de enero de 2011 al 4 de agosto de 2012.  

DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO LTDA, hoy DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO S.A.S., Supervisor para el período 24 de agosto de 2011 al 7 de junio de 2012. 

JULIÁN JAVIER DAZA LÓPEZ, interventor para el período 28 de mayo de 2013 al 28 de agosto de 2017. 

JENNY CONSUELO BARRERA ROLDÁN, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisora para el período 10 de junio de 2011 al 1 de enero de 2012. 

RENSO DANIEL HUESA SANA, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 2 de enero de 2012 -  31 de marzo de 2013 

NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO, Gerente del IDURY para el período 30/ene/2009 – 31/dic/2011 y Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare, Supervisora para el período 21 de junio de 2013 – 31 de diciembre de 2015. 

SANDRA LORENA CRUZ QUINTERO, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 4 de enero de 2016 – 29 de enero de 2019.   

RUBIEL ELÍAS VARGAS PINTO, jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 20 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, quien aprobó la licencia de construcción y urbanismo. 

LUCÍA GAONA MARTÍNEZ jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 19 de junio de 2012 al 30 de marzo de 2015, quien aprobó la prórroga de la licencia de construcción y urbanismo. 

ALEXANDER CORTÉS MEDINA, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL - IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período:  2 de enero de 2012 -5 de abril de 2015. 

RAFAEL NAYIB FONSECA SAAD Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL - IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 8 de abril de 2015 – 31 de diciembre de 2015. 

DIDIER MAURICIO MONTOYA CAMPOS, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL - IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el Período 1 de enero de 2016 – 15 de junio de 2017. 

Se fijó como fecha para instalar la audiencia de descargos el 17 de noviembre de 2021. 

Una urbanización que se convirtió en elefante blanco 

La Urbanización Torres del Silencio (antes llamada Villa Flores) estaba destinada a beneficiar a 400 núcleos familiares, entre los cuales se encontraban familias que serían reubicadas conforme a la sentencia de una Acción Popular proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare del 24 de agosto de 2006.  De igual forma se destinó para población vulnerable (en situación y/o condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado interno, adulto mayor, entre otros) y familias en condición de desplazados. 

Bajo el Convenio de Cogestión No. 001 del 31 de enero de 2011, celebrado entre el Departamento de Casanare, el INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL - IDURY-, y el constructor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, se acordó ejecutar el proyecto Villa Flores (hoy Torres del Silencio”) de acuerdo con los siguientes aportes iniciales: 

  

APORTE	UNA VIVIENDA	PROYECTO
SUBSIDIO NACIONAL DE VIVIENDA (Opcional )	$11.700.000	$4.680.000.000
SUBSIDIO MUNICIPAL (Lote+Vías+acueducto y alcantarillado)	$1.360.000	$544.000.000
SUBSIDIO DEPARTAMENTAL (14,4 mll en efectivo, andenes, sardineles y terrazas en especie)	$15.400.000	$6.160.000
SUBSIDIO CONSTRUCTOR (Estudios, diseños y elegibilidad)	$950.000	$380.000.000
RECURSOS DEL CONSTRUCTOR REEMBOLSABLES (POST ENTREGA POR BENEFICIARIOS)	$7.800.001	$3.120.000.200
	$37.210.001	$14.884.000.200

Los estudios y diseños aportados por el constructor IADER BARRIOS HERNANDEZ, fueron la base para la aprobación de la licencia de urbanismo y construcción por parte del jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal, su prórroga y revalidación; así como para su aprobación por parte de la primera interventoría (COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”). 

Estos estudios y diseños sirvieron de base para la construcción de las torres de apartamentos. 

De acuerdo con el informe técnico practicado dentro del trámite de la indagación preliminar que adelantó la CGR, se concluyó que la construcción de la estructura de los bloques de Torres del Silencio, y de los elementos no estructurales, se realizó siguiendo unos parámetros de diseño que no se ajustan a la norma sismo resistente, con el agravante que el municipio de Yopal se encuentra en una zona de alto riesgo de sismicidad.  

El efecto del no cumplimiento de la norma sismo resistente, es que se disminuye la capacidad de resistir las fuerzas que les impone la naturaleza o su uso y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los movimientos sísmicos.  Existen varios aspectos del diseño que no están conforme a la NSR-10, por lo tanto, debido a que el constructor siguió estos diseños y que los mismos fueron aprobados por la interventoría con esas deficiencias, no se garantiza el cumplimiento de las especificaciones mínimas de construcción y la calidad de la estructura de concreto. 

Para la Contraloría, se trata de obras que no están en las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad habitacional para la familia y mejorar la calidad de vida, como derecho fundamental de la población, así como tampoco la de garantizar los derechos de las comunidades vulnerables o de menores ingresos, brindando la oportunidad de asegurar una estabilidad. 

Aunado a lo anterior, se evidenció deficiencias desde su planeación, ya que no se tuvieron en cuenta algunos parámetros técnicos en la etapa que va desde la formulación del proyecto hasta la finalización de la construcción y entrega de las unidades habitacionales.  

La falta de planeación se ve reflejada en las justificaciones para suspender el convenio de cogestión, entre ellas: 

*Falta de disponibilidad total de los servicios públicos. 

*Falta de habilitación de terrazas. 

*Falta total del cierre financiero del proyecto 

*Vencimiento del plazo del primer contrato de interventoría. 

 *Falta de ejecución de las obras de urbanismo, redes eléctricas y terminación del sistema de acueducto. 

 *Y apropiación de los recursos para contratar una nueva interventoría que garantice el seguimiento y control del convenio.  

  Situaciones que afectaron la ejecución del proyecto 

 El plazo de ejecución inicial del proyecto de vivienda era de 12 meses, sin embargo, fue objeto de 7 prórrogas que ascendieron a 34 meses y 23 días para un plazo total de 46 meses y 23 días.  

Durante la vigencia del convenio de cogestión No. 0001 de 2011 se suscribieron 5 actas de suspensión de las cuales la suspensión No. 3 tuvo 5 ampliaciones y la No. 5 fue objeto de 8 ampliaciones, para un total de 25 meses y 21 días.  

El valor total del convenio de cogestión N° 0001 del 31 de enero de 2011, efectuadas 5 modificaciones y 3 adiciones en valor, ascendió a QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($15.798.033.231). 

Otras circunstancias que afectaron la ejecución del proyecto, producto del incumplimiento por parte del Cogestor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, fue la ocupación de hecho que se surtió a finales de diciembre de 2015 y en el 2016, debido a las demoras e incumplimientos para entregar las unidades habitacionales.  

Se tiene entonces que luego de diez años no fue posible concluir el proyecto y lo ejecutado no cumple con la norma sismo resistente y el proceso constructivo tuvo muchas deficiencias por temas de calidad, sin contar con los aspectos administrativos, jurídicos, financieros que contribuyeron en la no culminación de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del Decreto 326 de 2021, la Alcaldía de Yopal declaró por el término de 6 meses la calamidad pública en el proyecto de vivienda de Torres de Silencio. Esta medida es la primera acción que emite el ente territorial en busca de una solución definitiva a las cientos de familias yopaleños que se vieron afectadas en su buena fe con un proyecto de vivienda que contó con múltiples inconsistencias financieras, estructurales y administrativas por parte de las entidades que lo estructuraron y lo ejecutaron en su momento.

La Urbanización Torres del Silencio comprende 400 apartamentos y es definida como un conjunto residencial de viviendas de interés prioritario, donde cada torre consta de 8 o 10 apartamentos cada uno con un área de construcción de 64.8 metros cuadrados.

Sin embargo, el estado actual del convenio de cogestión 001 del 31 de enero de 2011, se encuentra con acta de terminación del 28 de agosto de 2017 por vencimiento del plazo del convenio, esto en razón a que se agotaron todas las instancias para la solicitud y ampliación de garantías a favor del proyecto las cuales no fueron actualizadas por la Aseguradora Nacional de Seguros.

Se vislumbra una solución

La actual Administración Municipal, empezó con los trámites necesario spara iniciar a estructurar acciones definitivas. Es así como el 08 de febrero del 2021 se llevó a cabo una reunión presencial con la Contraloría General de la República donde hubo una participación activa de la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal.

En este escenario se estableció el compromiso por parte de las Administraciones tanto municipal como departamental de elevar una consulta ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde como respuesta esta entidad recomendó realizar el proceso para emitir la medida de calamidad pública.

Los días 13 y 14 de julio del presente año se realizó una visita de campo al proyecto y posteriormente se realizó la evaluación de toda la documentación para la declaratoria de calamidad pública y la asignación de recursos para iniciar con la contratación de los estudios de patología y vulnerabilidad que permitan definir el futuro de las torres construidas en las cuales habitan más de 230 familias.

Una vez firmado el decreto donde se emite la declaratoria de calamidad pública, El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo con participación de la Directora de Riesgos del Departamento de Casanare y el secretario de Vivienda Departamental, elaborarán el Plan de Acción Específico de Rehabilitación y Reconstrucción, donde se debe contemplar acciones específicas para garantizar el logro de los objetivos de la gestión del riesgo de desastres cuyos programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, deberán estar integrados en las herramientas de planificación del desarrollo del Departamento y el Municipio.

Esta declaratoria de calamidad pública se sostiene jurídicamente desde diversas normativas explicadas detenidamente en el marco legal del mencionado Decreto, sin embargo, entre las que más resaltan se encuentra la ley 1523 de del 2021 en su artículo 59 donde establece los criterios a tener en cuenta para emitir la declaratoria. Así mismo, la ley 1801 de 2016 en su artículo 14 donde específica el poder extraordinario para la prevención del riesgo ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad.

Aportes de la Gobernación de Casanare.

Por su parte gobernador Salomón Sanabria, dijo que, con la firma del decreto de calamidad pública, en 3 días hábiles la Gobernación de Casanare estaría girando más de $2.400 millones de pesos al municipio para estudio de patología y análisis de vulnerabilidad sísmica de Torres del Silencio.

Puntualizó Salomón Sanabria en su intervención que se firmó un memorando de entendimiento para que la administración departamental aporte el 50% para poder finalizar este proyecto.

Según Sanabria, la Alcaldía de Yopal en noviembre estaría adjudicado proceso, que tiene una vigencia de 8 meses de ejecución, en julio de 2022 se tendría la definición de la solución definitiva. Posteriormente se inicia la aprobación de los recursos por OCAD, para terminación del proyecto, "esperamos que, en el año 2023, antes de irnos de nuestra administración podamos estar entregándoles las llaves a todos los beneficiarios" indicó Salomón Sanabria.

Durante Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres realizado este 21 de septiembre, se votó favorable por unanimidad para decretar la calamidad pública, con el fin de dar solución definitiva a las 400 familias beneficiarias del proyecto habitacional Torres del Silencio, quienes por años han esperado concluir su sueño de vivienda digna.

Tras el concepto favorable del Consejo de Gestión del Riesgo, se pretende adelantar los estudios de patología, vulnerabilidad sísmica, y reforzamiento sísmico, que determinarán cual es la intervención que se debe realizar torre a torre, para lo cual el gobernador de Casanare asignó cerca de 2.500 millones de pesos.

“Con Ley 1523 de 2012 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, en el cual, convergen varias instituciones y es precisamente bajo esta figura, que en su Artículo 57, se le entrega a las administraciones la herramienta para que se pueda declarar la calamidad pública para efectos de adoptar decisiones administrativas y presupuestales que den solución de fondo a problemáticas como la de Torres del Silencio”, informó la secretaria de gobierno, Karen López.

La siguiente acción será la formalización del documento administrativo por medio del cual se establece la declaratoria de calamidad pública, que permitirá avanzar en un estudio de patología que técnicamente indique, la solución definitiva de la actual situación de Torres del Silencio.

Luego del resultado de la consultoría la Gobernación de Casanare aportará el 50 % de los recursos, la Alcaldía de Yopal el 20% y el 30% restante será gestionado ante el Gobierno Nacional para dar solución definitiva al complejo habitacional de Torres del Silencio.

Dato de interés

La Ley 1150 en el artículo segundo, establece las cinco modalidades en las que el estado puede invertir recursos. Para casos excepcionales como el de Torres del Silencio, se puede acudir a la modalidad de contratación directa. Esto es uno de los efectos que se consiguen a través de la calamidad pública.

 

En el despacho del gobernador Salomón Sanabria se llevó a cabo una importante reunión que congregó a la Contraloría, a Gestión del Riesgo y Alcaldía de Yopal con el fin de hallar soluciones para las familias afectadas del proyecto de vivienda Torres del Silencio, que empezó su construcción en 2011 y que aún no se ha culminado.

Ante los problemas estructurales que padece este proyecto de 40 torres de apartamentos, el gobernador manifestó que aportará $2.470 millones con los que se financiará el estudio de patología estructural, vulnerabilidad sísmica y reforzamiento de este complejo habitacional, con el fin de avanzar y darle celeridad al proceso que permita entregarle solución de vivienda a 400 familias de Yopal, que llevan una década esperando su hogar.

Aunque el gobernador Salomón Sanabria, ha mostrado interés en dar solución a esta problemática que presenta el proyecto habitacional Torres del Silencio, ubicado en la comuna 6 de la capital casanareña, ciudadanos de este sector claman para que se dé una solución real porque manifiestan que están cansados de tantas visitas, sin que hasta el momento se vislumbre una solución definitiva.