La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los exalcaldes de Yopal (Casanare), Jorge García Lizarazo (marzo - diciembre 2015) y Pedro Julio Martínez Cristancho (encargado entre el 16 y el 19 de junio 2015), así como a la jefe de la oficina Asesora Jurídica de la ciudad, Leydi Johana Hernández Oviedo (abril - diciembre 2015), quienes habrían evadido los procedimientos de selección objetiva del contratista.

Al parecer, García Lizarazo no habría culminado un proceso de contratación y en su lugar habría celebrado, mediante contratación directa, un convenio de cooperación que tenía un objeto similar al proceso inicial, orientado a beneficiar a población de la tercera edad.

Igual situación se habría presentado con el exalcalde encargado Martínez Cristancho, quien suscribió de forma directa un convenio de cooperación para desarrollar el diagnóstico y formulación del plan integrado de movilidad urbana y rural PIMUR de Yopal, meses después de que se había iniciado un proceso de contratación mediante concurso de méritos para suplir esta necesidad, el cual habría quedado detenido.

Se cuestiona también al exmandatario Martínez Cristancho, como alcalde encargado, por la presunta terminación unilateral de un convenio interadministrativo celebrado con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) y su posterior liquidación unilateral, sin que se presentaran las causales previstas en la Ley para ello.

Días después, el investigado celebró un nuevo convenio de cooperación, el cual tenía un objeto similar al suscrito con Corporinoquia, fundamentado en normas que permiten a las entidades territoriales celebrar contratos de manera directa con entidades privadas sin ánimo de lucro, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público que estas tengan y que sean acordes con el Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial.

Por último, el Ministerio Público formuló cargos contra Leydi Hernández Oviedo, quien en su condición de jefe de la oficina jurídica de Yopal (Casanare), habría aprobado los estudios previos y el texto de los tres convenios de cooperación firmados por los exalcaldes, objetos de cuestionamiento. 

El ente de control calificó provisionalmente las presuntas conductas de los tres investigados como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

 

 

La Procuraduría Regional de Casanare formuló pliego de cargos contra la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar Bernal y la secretaria de salud municipal, Tatiana Rojas Abril, por irregularidades en la contratación de esta funcionaria, quien labora desde el 1 de enero en la Administración Municipal.

Según el Ministerio Público, en providencia del 21 de junio de 2022, Tatiana Rojas presuntamente no acreditó el cumplimiento de la experiencia relacionada de 6 meses exigida para ser nombrada como secretaria de salud, conforme al manual de funciones y competencias laborales de la Alcaldía.

La alcaldesa habría omitido el deber de revisar y confirmar la documentación con la cual se fundamentó la experiencia laboral de la funcionaria nombrada el 1 de enero de 2020, primer día de labores de la alcaldesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde del municipio de Maní, Casanare (2016-2019), Tony Wilfred Ávila Hernández, por las presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la totalidad del calendario escolar 2016.

Al parecer, el exalcalde habría omitido la prestación del servicio del PAE para los estudiantes de la localidad, desde el primer día del calendario escolar y durante la vigencia 2016, a pesar de contar con recursos presupuestales disponibles por valor de $246’729.324.

Según el Ministerio Público, el investigado habría desconocido los derechos fundamentales a la educación, la asistencia y bienestar social de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas del municipio.

Asimismo, recordó que “el ordenador del gasto en su territorio debe adelantar los procesos de contratación del PAE necesarios para ejecutar en forma oportuna durante todo el calendario escolar vigente, los recursos destinados para tal fin”.

Para la Procuraduría se pudo vulnerar el principio de eficacia, en el entendido que a las autoridades administrativas les corresponde asegurar la protección infantil y el suministro de la nutrición balanceada durante toda la jornada escolar, contribuyendo a garantizar sus derechos a la educación y alimentación.

La posible falta de Ávila Hernández se calificó provisionalmente como grave a título de culpa gravísima, por la supuesta falta de compromiso del entonces mandatario con la población adolescente y joven del municipio.

La Procuraduría Regional de Casanare precisó que, terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá por competencia a la Procuraduría delegada para el Juzgamiento Disciplinario (reparto), ante la cual los sujetos procesales podrán presentar descargos, versión libre, y aportar y/o solicitar pruebas y sus alegatos, si lo estiman pertinente.

Fuente: Procuraduría General de la Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Orocué, Casanare (2016-2019), Anderson Salvador Bernal Tello, por posibles irregularidades en la inversión ambiental en el municipio durante los años 2016 y 2017. 

Según la investigación, el exmandatario no habría invertido el 1% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, ICLD, asignados a la Alcaldía de Orocué para la ejecución de los programas del plan de desarrollo local relacionados con el sector ambiental. 

El pliego de cargos señala los recursos estaban disponibles, por cuanto el Gobierno Nacional apropió durante el 2016 y 2017 a favor del municipio de Orocúe, Casanare, $14.380’975.097 de los cuales, según la norma, al menos $140’000.000 debieron ser ejecutados como inversión ambiental. 

No obstante, de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el año 2016 solo se habrían ejecutado $55.485.026 y en la vigencia 2017 no hubo inversión alguna en los programas ambientales señalados en el Decreto Nacional 953 de 2013 que regula esta materia. 

La falta fue calificada provisionalmente como grave cometida al parecer a título de dolo. 

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Támara - Casanare, Fernando Mantilla Abreo (2016-2019), y su secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional, Segundo Samuel Vega Mariño, por omisión en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la investigación, en enero de 2019, el exmandatario habría contratado al señor Gustavo Lara Sepúlveda como asesor jurídico de la alcaldía, quien se encontraba inhabilitado por la Procuraduría para contratar con el Estado por el término de 10 años.

El Ministerio Público también cuestiona la conducta del entonces secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional, Segundo Vega, quien certificó la idoneidad para contratar a Lara Sepúlveda omitiendo al parecer, su obligación de verificar previamente si se presentaba alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses; con lo cual habría desconocido el principio de responsabilidad.

Las posibles faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Sácama, Casanare Mario Hernando Estupiñán; a la exsecretaria general del municipio, Argenis Barrera Valderrama, y a Jenny Caterine Uscátegui Maldonado, por presuntas irregularidades relacionadas con el nombramiento de esta última como comisaria de Familia en febrero de 2019. 

Las posibles faltas endilgadas al exalcalde y a la exsecretaria general fueron calificadas provisionalmente como graves a título de culpa gravísima, y para el caso de la excomisaria de Familia como grave a título de dolo.