La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los exalcaldes de Yopal (Casanare), Jorge García Lizarazo (marzo - diciembre 2015) y Pedro Julio Martínez Cristancho (encargado entre el 16 y el 19 de junio 2015), así como a la jefe de la oficina Asesora Jurídica de la ciudad, Leydi Johana Hernández Oviedo (abril - diciembre 2015), quienes habrían evadido los procedimientos de selección objetiva del contratista.

Al parecer, García Lizarazo no habría culminado un proceso de contratación y en su lugar habría celebrado, mediante contratación directa, un convenio de cooperación que tenía un objeto similar al proceso inicial, orientado a beneficiar a población de la tercera edad.

Igual situación se habría presentado con el exalcalde encargado Martínez Cristancho, quien suscribió de forma directa un convenio de cooperación para desarrollar el diagnóstico y formulación del plan integrado de movilidad urbana y rural PIMUR de Yopal, meses después de que se había iniciado un proceso de contratación mediante concurso de méritos para suplir esta necesidad, el cual habría quedado detenido.

Se cuestiona también al exmandatario Martínez Cristancho, como alcalde encargado, por la presunta terminación unilateral de un convenio interadministrativo celebrado con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) y su posterior liquidación unilateral, sin que se presentaran las causales previstas en la Ley para ello.

Días después, el investigado celebró un nuevo convenio de cooperación, el cual tenía un objeto similar al suscrito con Corporinoquia, fundamentado en normas que permiten a las entidades territoriales celebrar contratos de manera directa con entidades privadas sin ánimo de lucro, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público que estas tengan y que sean acordes con el Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial.

Por último, el Ministerio Público formuló cargos contra Leydi Hernández Oviedo, quien en su condición de jefe de la oficina jurídica de Yopal (Casanare), habría aprobado los estudios previos y el texto de los tres convenios de cooperación firmados por los exalcaldes, objetos de cuestionamiento. 

El ente de control calificó provisionalmente las presuntas conductas de los tres investigados como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

La Procuraduría Regional de Casanare formuló pliego de cargos contra la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar Bernal y la secretaria de salud municipal, Tatiana Rojas Abril, por irregularidades en la contratación de esta funcionaria, quien labora desde el 1 de enero en la Administración Municipal.

Según el Ministerio Público, en providencia del 21 de junio de 2022, Tatiana Rojas presuntamente no acreditó el cumplimiento de la experiencia relacionada de 6 meses exigida para ser nombrada como secretaria de salud, conforme al manual de funciones y competencias laborales de la Alcaldía.

La alcaldesa habría omitido el deber de revisar y confirmar la documentación con la cual se fundamentó la experiencia laboral de la funcionaria nombrada el 1 de enero de 2020, primer día de labores de la alcaldesa.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Sácama, Casanare Mario Hernando Estupiñán; a la exsecretaria general del municipio, Argenis Barrera Valderrama, y a Jenny Caterine Uscátegui Maldonado, por presuntas irregularidades relacionadas con el nombramiento de esta última como comisaria de Familia en febrero de 2019. 

Las posibles faltas endilgadas al exalcalde y a la exsecretaria general fueron calificadas provisionalmente como graves a título de culpa gravísima, y para el caso de la excomisaria de Familia como grave a título de dolo.