Alterados estaban algunos vecinos del sector aledaño a una vivienda ubicada en la calle 25 # 7N - 62 del barrio la Campiña donde ayer 29 de noviembre se pretendía llevar a cabo el cumplimiento de una orden judicial para la entrega de un inmueble, emitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal.

En dicha diligencia la comunidad se opuso alegando que era injusto que Odalinda Torres Hernández de 69 años de edad, fuera desalojada de este inmueble, vulnerando todos sus derechos, toda vez que la adulta mayor no tiene donde irse a vivir.

“Estamos en total desacuerdo con este proceso porque vienen a desalojar una persona vulnerando sus derechos, eso es lo que nos motivó a protestar. Estamos solicitando a las entidades que no procedan de esa manera, pidiendo que den un tiempo para que ella logre ubicarse mientras se continúa el proceso judicial”, afirmó Lucas Mendoza, habitante de La Campiña.

Por su parte Nubia Muñoz, prima de Odalinda Torres, afirmó que la adulta mayor tenía un hijo quien perdió la vida en un accidente de tránsito, y que todo ese proceso inició desde ahí por cuenta de la nuera quien interpuso una demanda para reclamar el predio.

Agregó Nubia, que el predio lo compró la adulta mayor desde hace 29 años y que legalmente le pertenece, pero que ella ingenuamente en una audiencia dijo que dependía de su hijo (fallecido), palabras que fueron usadas en su contra por los abogados de la nuera para poder ganar el proceso.

Rafael Arias, abogado de Luz Dary Díaz Muñoz demandante, defendió el proceso de entrega de un inmueble en el barrio La Campiña de Yopal y dijo que a la señora se le han garantizado los derechos.

"Se está dando cumplimiento a una orden judicial. Ya se le habían otorgado unos días a la señora, llegamos el día de hoy para continuar la diligencia y encontramos que la casa está siendo desvalijada, ya no tiene puertas ni ventanas", afirmó el abogado Rafael Arias.

Cielo Gómez, inspectora de Policía en Yopal, señaló que esta diligencia ya se había realizado, y que en su momento se le otorgó un término de 15 días a la señora para que entregara el inmueble. “El día de la diligencia estaba acompañada por su hermano y pues ellos entendieron la situación. Yo lo que tengo que hacer es dar cumplimiento a un comisorio emanado por un juez”, afirmó la inspectora.

Finalmente, la inspectora de Policía de Yopal, Cielo Gómez, afirmó que la abogada de la señora Odalinda Torres Hernández conoce que están actuando dentro de las normas del derecho colombiano, y que se le concedió otro plazo hasta el 10 de diciembre mientras le entregan otro predio a la señora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La principal iniciativa a desarrollar es la construcción de un nuevo colegio para la sede de la Institución Educativa La Inmaculada, lo que ampliará el derecho de acceso a la educación en un 50% con relación al número de estudiantes matriculados actualmente. El proceso inició con la donación de un predio por parte del reconocido líder social Miguel Zarate y el diseño arquitectónico por parte del gobierno local.

El alcalde Luis Eduardo Castro manifestó que ha emitido la directriz a la oficina Asesora de Planeación y la oficina Asesora Jurídica, para que el trámite de recepción y legalización de este predio donado se haga de manera eficiente y sin contratiempos, para que el proceso se pueda consolidar en un tiempo corto.

Así mismo el mandatario local agradeció públicamente al gremio palmero que hace presencia en el sector, que ha demostrado total disposición de apoyar este proyecto articulado entre la Administración Municipal, el sector privado y la comunidad, por lo que a su vez solicitó a los lideres comunales ser eficientes y agiles en los procesos para ir al mismo ritmo de trabajo del gobierno local y poder sacar el proceso lo más pronto posible.

De igual manera resaltó el acompañamiento que ha brindado el concejal Giovanny Cojo en todo el proceso, puesto que como cabildante municipal y líder representativo de este Corregimiento ha sido un apoyo fundamental tanto para la Administración Municipal como para la población que se verá beneficiada con el proyecto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Luego de que el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal admitiera demanda de nulidad del acuerdo No. 017 de 2014, por medio del cual se destina una franja de terreno para que funcionaria el colegio Centro Social, interpuesta por la Alcaldía contra el Concejo Municipal, el jefe de la oficina Jurídica Jhon Kennedy Wilchez explicó ayer en rueda de prensa que, la destinación del predio contiguo a la Estación de Policía como terreno para la construcción del colegio, fue un proceso lleno de vicios jurídicos, donde se cambió el uso de suelo de ese predio sin cumplir con los conceptos de entidades como Corporinoquia, Comité Territorial de Planeación, gremios en general, conceptos que son dictaminados por la ley para un ajuste de esa índole.

Sumado a ello, dijo el funcionario, en el 2020 lo padres de familia inician una acción de cumplimiento, la cual pierden en primera instancia, pero realizan la apelación y el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó en segunda instancia un fallo a favor del municipio, por lo que la Administración Municipal está en el deber legal de revocar dicho acto administrativo teniendo en cuenta los incumplimiento legales que se evidenciaron en el proceso.

La jefe de la Oficina Asesora de Planeaciòn, Sonia Ruiz, afirmò que, la Administración Municipal se encuentra en el proceso de ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, con el objetivo de organizar la ciudad y proyectarla. Dentro de dicho ajuste, se tiene previsto la conformación de un banco de tierras y la legalización de predios y es en este proceso donde se podrá definir que terreno cuenta con las condiciones para albergar la sede del plantel académico, que serìa en el mes de noviembre de 2021.

Mientras tanto voceros de la comunidad educativa del Centro Social expresan que se debe estar atento a la acción que tomará el Concejo Municipal frente a esta demanda, considerando que esta institución ya tenía aprobado el lote con escritura, planos aprobados, proyecto radicado con visto bueno del DNP. Pero la alcaldía revocó la licencia de construcción y ahora demanda el acuerdo mediante el cual se destinó el terreno en cuestión y que terminó en manos de la Policía Nacional.

Por su parte la exsecretaria de educación y exrectora del Centro Social, María Teresa Prieto Herreño, expresó que lo único que ha hecho la administración es buscar la manera de acabar con el proyecto y con la demanda lo único que se busca es dejar sin terreno al colegio. Agregó que la forma de respetar la comunidad educativa es que desde la Alcaldía se sienten a dialogar con padres de familia, docentes y dolientes del colegio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Así lo confirmó el gobernador Salomón Sanabria durante su visita al municipio, en el marco de la estrategia 'Casanare Tiene Norte', realizada este sábado 11 de septiembre. Mediante Resolución 0152 del 10 de septiembre de 2021, la Gobernación transfirió a título gratuito el derecho real de dominio de un predio de 2.5 hectáreas al municipio de Trinidad, en el terreno ubicado en el barrio Villa de San Juan donde se va a desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Social que beneficiará alrededor de 150 familias triniteñas.

La formulación del proyecto se realizará de forma conjunta entre la administración municipal y la Gobernación de Casanare a través de la Dirección Técnica de Vivienda, para lo cual, su director Ricardo Corso ha anunciado toda la disponibilidad del equipo de trabajo para adelantar en el menor tiempo posible la formulación.

Para el inicio de este importante proyecto, el cual fue recibido con beneplácito por parte del alcalde Jesús Nolberto Monrroy y la comunidad de Trinidad, se han destinado por parte de la administración departamental $3.400 millones a través del nuevo Sistema General de Regalías.

El municipio se dispondrá una contrapartida adicional, además de lo referente a la instalación de los servicios públicos. Este proyecto de Vivienda de Interés Social se suma al que ya se desarrolla en el municipio, mediante el cual se construirán 100 subsidios en terreno propio, actualmente se adelanta la construcción de 65 de estas viviendas.

Al respecto del proyecto que ya se adelanta, el alcalde Jesús Monrroy señaló "nuevamente le quiero agradecer Gobernador, mirar el cariño y la alegría que está sintiendo 100 beneficiarios de estar recibiendo su techito gratis; en este municipio hace 9 años no se entregaba una vivienda y gracias al Gobernador ese sueño a 100 familias se pudo hacer realidad".

Por su parte, el mandatario seccional en un recorrido realizado en el barrio Villa Victoria del municipio donde se construye un significativo número de estas viviendas, indicó: "Esto nos llena de mucha emoción y sentimiento Alcalde, porque creo que ver el rostro de una persona que recibe una casa es maravilloso, tuvimos la oportunidad hace poco de entregar 65 resoluciones y la felicidad es el sentimiento y lo digo porque creo que el sueño de cada papá, aquellos que tenemos la oportunidad y bendición de ser papás, es poder dejarles un techito a nuestros hijos".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Profesionales de Control Urbano de la OAP realizaron una visita técnica de control urbano al predio denominado "Moralito" ubicado en el área rural, vía Tacarimena. Al parecer, en este sector se pretende desarrollar una urbanización ilegal, por lo que la Oficina Asesora de Planeación, alerta a la comunidad para que no compre en estos terrenos.

Actualmente dicha urbanización no cuenta con ningún permiso otorgado por esta dependencia. Además, cabe resaltar que en este predio no se permiten urbanizaciones, parcelaciones o loteos.

Por lo anterior, nuevamente se hace un fuerte llamado a toda la ciudadanía a que antes de realizar cualquier tipo de construcción, realice su respectivo trámite ante la Oficina Asesora de Planeación para obtener las licencias y permisos necesarios, de lo contrario se verán expuestos a las correspondientes sanciones, como el sellamiento de la obra según lo establece la Ley 1801 de 2016.

Sonia Ruiz, jefe de la oficina Asesora de Planeación de Yopal, reitera que, con estas intervenciones no se pretende intimidar o acosar a la comunidad, “pues la idea es que todo proyecto urbanístico se desarrolle bajo el marco de la normatividad, cumpliendo con los requisitos de legalidad”.

Estas acciones van a continuar durante el 2021, pues la Administración Municipal del alcalde Luis Eduardo Castro, seguirá trabajando por el buen desarrollo urbanístico de la capital casanareña ejerciendo control urbano, para que los constructores respeten la normatividad vigente y garanticen proyectos de calidad y seguros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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