En fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de ocho meses al señor Óscar Raúl Iván Chávez Flórez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como gobernador del Casanare por irregularidades en la negociación de divisas.

El órgano de control estableció que en el 2010, el gobernador del Casanare llevó a cabo la venta de bonos yankees sin valorar los precios de mercado propios de Estados Unidos, lo cual generó una pérdida de USD 6.469.995 para el departamento de Casanare.

Según el fallo sancionatorio, el entonces gobernador conoció únicamente el precio de 133.689 propuesto por la comisionista de bolsa ABA CAPITAL MARKETS, y no el precio mínimo de 166.693, que un vendedor estaría dispuesto a recibir por la transferencia de bonos yankees con un valor nominal USD 20.000.000. 

Tras consultar en la página del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, el órgano de control confirmó que el Casanare está categorizado como un departamento de IV categoría, y por lo tanto, los productos en que puede invertir no son los de venta y compra de divisas, pues las entidades públicas del orden nacional son las únicas facultadas para realizar estas operaciones en moneda extranjera, debiendo acudir en primera instancia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Por considerar que el disciplinado incumplió la ley y las normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública calificó la falta del señor Chávez Flórez como grave a título de culpa gravísima.

Además señaló que el exfuncionario contravino el inciso último del artículo 57 del Decreto 1525 de 2008 que dispone “Cuando las entidades estatales a que se refiere el presente decreto requieran vender la respectiva inversión en valores, no podrán registrar pérdidas por concepto de capital y las negociaciones deberán efectuarse en condiciones de mercado. No obstante, los recursos manejados a través de carteras colectivas, se sujetarán a las disposiciones propias de este tipo de instrumentos”.

Finalmente, precisó el órgano de control que la sanción impuesta se convirtió en el valor equivalente a lo devengado al momento de los hechos, suma que asciende a  $61.491.288 en razón a que no se encuentra en ejercicio del cargo.

Por revisión y verificación al transformador  de media tensión en la subestación Chita del municipio de La Salina, la Empresa de Energía de Casanare, Enerca realizará hoy suspensión preventiva del servicio eléctrico entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde.

Los sectores que provisionalmente quedaran sin fluido eléctrico son los municipios de Sácama y La Salina. Las actividades que se realizarán obedecen a lo establecido en la Resolución Creg 038 de 2014 (por la cual se modifica el código de medida contenido en el anexo general del código de redes), por lo que personal técnico especializado realizará el levantamiento de la información de los diferentes elementos que conforman el sistema de medida de la frontera comercial Chita, establecida entre la Empresa de Energía de Boyayá Ebsa  y Enerca.

Enerca recomendó a los usuarios mantener los equipos eléctricos desconectados hasta cinco minutos después de restablecido el servicio, al mismo tiempo no intervenir las redes eléctricas sin autorización de la empresa, ya que de acuerdo al avance y condiciones propias de la actividad se puede normalizar la prestación del servicio en menor tiempo

Durante las labores de acción ofensiva las unidades también logran descubrir un depósito ilegal con explosivos.

Incansables continúan siendo las labores por parte de las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón, orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, mediante el desarrollo de registro ofensivo con el fin de detectar artefactos explosivos que muchas veces se convierten en trampas invisibles y silenciosas, y que han sido sembradas indiscriminadamente por los grupos terroristas en el departamento de Arauca.  

Es así como en una primera acción las unidades del Batallón de Combate Terrestre No 43 “Héroes de Gamesa” de la Brigada Móvil 5, mientras realizaban labores de patrullaje ubicaron en la vereda El Progreso del municipio de Puerto Rondón, un depósito ilegal con explosivos donde terroristas de la compañía “Daniel Bandan” escondían 20 estopines eléctricos, ½ libra de pentolita y aproximadamente 10 kilogramos de metralla.

Posteriormente, en la vereda Santa Fe de la misma jurisdicción los soldados descubrieron en una mata de palma a la altura de un metro, dos (02) minas antipersonas en forma cilíndrica que habían sido preparados por estos terroristas con metralla y brea, las cuales pretendían explosionar mediante sistema de activación por tensión.

Es por esto, que siguiendo los respectivos protocolos de seguridad y gracias a sus capacidades, el equipo EXDE de la Unidad logró destruir controladamente los artefactos explosivos, sin causar daños colaterales dejando como resultado desminado militar y trabajos de acción humanitaria salvando vidas humanas. Lo propio han hecho con las más de 300 trampas mortales que han sido detectadas en lo corrido del año, y que demuestran la flagrante violación de los Derechos Humanos y la infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos al margen de la ley.

Un total de mil millones de pesos destinó el gobernador Marco Tulio Ruíz, para la compra de predios que serán entregados a las víctimas del conflicto armado para adelantar proyectos productivos dirigidos por la secretaría de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente.

El proyecto que por primera vez se hace en Casanare, se implementará en 5 municipios que han suscrito un convenio con la gobernación, a fin de desarrollar un programa integral que permita asegurar un halagüeño futuro a las decenas de personas que como producto del demencial enfrentamiento armado que padeció la región, perdieron sus bienes.

La intención es establecer todo un programa productivo del orden rural, donde los beneficiarios, además de contar con la tierra, logren aprovechar la dirección técnica y científica en sus cultivos y el acceso al capital de trabajo y a los mercados de consumo.

De acuerdo a lo señalado por el jefe de la cartera agropecuaria y medio ambiental, Alexi Yesid Duarte Torres, el proyecto ya es un hecho, solo falta que los municipios priorizados logren, a través de los consejos municipales de Justicia Transicional, entregar una información veraz, confiable,  que permita identificar a las personas o asociaciones de víctimas que serán beneficiarias de la entrega de tierras y asistencia técnica  por parte de los organismos que tiene el Estado para el acompañamiento, bajo la coordinación de la secretaría de agricultura, ganadería y medio ambiente.

Los municipios beneficiados en este primer proyecto son Orocué, Monterrey, Tauramena, Aguazul y Yopal, que resultaron beneficiados por el Consejo Departamental de Justicia Transicional.

Agregó el funcionario que tanto la compra de tierras como la ejecución de los proyectos productivos  se hará en consenso con las víctimas, esto a fin de lograr identificar la vocación de los beneficiarios y de esta manera asegurar el rápido avance de los procesos de vinculación a estos grupos humanos a los mercados y a la economía regional.

Alexi Yesid Duarte, llamó  la atención de los alcaldes que puedan aportar recursos económicos y técnicos, para que la compra de predios no se quede en eso. La intención, si las  administraciones se vinculan, es asegurar unidades productivas en el menor tiempo posible.