La secretaria de Educación del Departamento, Sandra Patricia Rincón, inicialmente explicó que el motivo por el cual, no se ha contratado el docente en la Institución Educativa (IE), Jesús Bernal Pinzón en el municipio de Maní, se debió a que la comunidad rechazó la docente que se asignó inicialmente para dicho colegio, motivo por el cual se inició de nuevo el proceso de cambio para trasladar otro docente hasta esta sede. 

“Desde la Secretaría de Educación de Casanare, seguimos trabajando para darle un mejor servicio a la comunidad educativa y estudiantil del Departamento, haciendo claridad a las quejas presentadas en relación con la contratación del docente en el municipio de Maní, la falta de transporte escolar en Villanueva y el pago al contratista de alimentación escolar para internados” explicó Rincón.

En lo que hace referencia a la queja presentada en el municipio de Villanueva con respecto a la falta de una línea de transporte, informó que sí se inició el servicio de transporte con las 294 rutas en el Departamento incluyendo Caribayona, no obstante renunció el dueño del transporte, aun así se espera que en el transcurso de la semana se esté nombrando la nueva ruta.

Por último, en relación con la demora de los pagos al contratista Freiman Meneses de Company Servis por el contrato de alimentación escolar específicamente en los internados del departamento de Casanare; indicó la Secretaria  que “El contrato se terminó en julio del año 2017,  pero el contratista hasta el día 14 de diciembre del mismo año, nos hace allegar la documentación que posteriormente es revisada y al no contar con todo lo que se exige en este tipo de contratos, se le devuelve en la primera semana de enero del 2018” agregó.

Ante ello, la secretaría de Educación realizó la devolución, la cual presenta 37 observaciones, ya que es una documentación fundamental para la liquidación de este contrato. Rincón manifestó que “posterior a ese proceso el señor se demoró casi un mes con los documentos allegándolos hasta finales del mes de enero 2018”.

Al ser revisados estos documentos, nuevamente, vuelve y se le hace supervisión por parte de la Secretaría de Educación y genera otra incompatibilidad por lo que se produjo una nueva devolución el 1 de febrero del presente año, presentando las correcciones el contratista solo hasta el 11 se febrero.

“En este momento estamos revisándolos y en el trascurso de dos días, si están al día los documentos como se requieren, entonces estará finalmente liquidando el contrato, supeditado a que se acojan los requerimientos contractuales que exige este proceso” puntualizó Sandra Rincón.

Concluyó la titular de cartera que “La invitación especial para que sean muy juiciosos, muy responsables con las exigencias de la normatividad ceñida a los asuntos de contratación, y no se provoque desinformación en la comunidad, los invitamos a que pasen sus cuentas puntualmente con todos los documentos requeridos que están explícitos en el contrato para que no haya ninguna situación y ellos no perjudiquen a terceros” finalizó la funcionaria.

En las últimas horas las tropas de la Brigada 28 de la Octava División del Ejército Nacional, llevó a cabo de manera conjunta y coordinada con la Fuerza de Tarea Zeus en zona rural de Palmarito la ubicación y posterior destrucción de un laboratorio dedicado al procesamiento de pasta base de coca.

Los hechos ocurridos en la Vereda Patio Bonito del Municipio de Palmaria departamento de Vichada, permitieron la incautación y posterior destrucción de una estructura en madera que contenía, 40 metros de plástico negro, cinco canecas de 55 galones con 250 galones de gasolina, dos canecas de cinco galones, una caneca de cinco galones con amoniaco, así mismo se encontraron camufladas dos canecas de 55 galones con 70 galones con gasolina y hoja de coca, una prensa tipo marciano, cuatro bultos de hoja de coca sin prensar, un motor, cuatro arrobas de hoja coca prensada y picada, así como 25 kilos de cal y 50 kilos de urea.

Este golpe fue direccionado al grupo armado organizado los Puntilleros quienes delinque en esta parte del país y traen una alta cuota de violencia por los cultivos ilícitos en la región ya se encargan de obligar a los lugareños a producir este tipo de cultivo ilícito. Vale destacar que la continua información que brinda la población civil ayuda no solo a propinar golpes a sus finanzas a desarticular los grupos armados ilegales, sino que lo que genera debilitamiento de la estructura disminuyendo el accionar criminal en el Vichada.

 _{Por: Martha Cifuentes}

El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal ordenó al departamento contratar los estudios y diseños necesarios para culminar la inconclusa obra del megacolegio de Paz de Ariporo, incluidas áreas deportivas o recreativas, en aras de que esta institución por fin entre en funcionamiento. También se debe contemplar dotación y equipamiento.

El fallo obedece a una acción popular interpuesta en febrero de 2016 por la Defensoría del Pueblo de Casanare contra la Gobernación de Casanare mediante la cual se busca que el megacolegio se concluya y comience a prestar sus servicios educativos para 1.100 estudiantes según lo proyectado, ya que el contratista no solo no ejecutó la obra sino que lo que se alcanzó a realizar se encuentra abandonado a merced de los ladrones y el deterioro físico, amén de que el contrato no se ha liquidado.

El juez 2° Administrativo Lubier Anibal Acosta González en su sentencia del 9 de febrero decidió amparar los derechos colectivos, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente, los cuales están amenazados y en peligro de vulneración a la comunidad educativa y la población en general. Agregó que todo esto se debió a la “desorganización de la administración departamental y el afán de administraciones pasadas de desembolsar los recursos para entregar el famoso anticipo del 50%”.

En virtud a esto dispuso que la Gobernación de Casanare proceda con lo ordenado en los siguientes plazos: para los estudios y diseños, 3 meses; definir fuente de financiación, 2 meses, contratación, 4 meses, entrega del producto contratado, 6 meses; para el contrato de obra o suministro dispuso de 2 meses para estructurar el proyecto, aprobarlo y viabilizarlo; para definir fuente de financiación, 2 meses; contratación, 3 meses y ejecución de obras, 6 meses.

A la Alcaldía de Paz de Ariporo, en calidad de propietaria del predio, se le ordenó disponer de vigilantes para proteger la infraestructura y predio de posibles invasores; también debe evitar más deterioro de las instalaciones construidas a través de jornadas de aseo.

Para verificar el cumplimiento del fallo se tendrá un comité de verificación conformado por el Juez, la Defensoría del Pueblo, el Gobernador o su delegado, el Alcalde o su delegado y la Procuraduría.

Contexto

Esta situación la denunció el entonces rector del colegio Sagrado Corazón de Paz de Ariporo Elías Plata Díaz, advirtiendo que esta obra se estaba convirtiendo en un elefante blanco y deploraba que no se concluyera cuando era necesaria para los niños del municipio y considerando que esa institución tiene que pagar arriendo de sus instalaciones actuales.

La infraestructura fue contratada con la Unión Temporal Mega Paz durante el nefasto gobierno del destituido gobernador Raúl Flórez hace siete años en 2011 mediante el contrato de obra 0210 del 11 de febrero, con una inversión de 9.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 10 meses. Desde ese momento el plazo se aumentó en 11 meses y se efectuaron 3 suspensiones, de las cuales dos tuvieron ampliación, según narra la parte demandante.

Según un Fredy Martínez, exfuncionario de la Secretaría de Educación de Casanare, las prórrogas y suspensiones se debieron a que al momento de contratar la obra no se contaba con diseños para ejecutarla y debieron hacerse simultáneamente con la construcción.

Por su parte el ingeniero civil Jaime Saavedra Perdomo, representante legal de la Coooperativa de Colombia, Creer en lo Nuestro, firma interventora del proyecto expresó que uno de los problemas detectados tuvo que ver con que en el predio asignado para la construcción había unas lagunas de oxidación que previo concepto negativo de Corporinoquia imposibilitó la realización del megacolegio allí, y se decidió ubicar un nuevo lote pero este carecía de servicios públicos, que obligó a realizar un pozo profundo y las adecuaciones necesarias. Adicional a esto destacó que pasados casi 3 años de firmado el contrato la obra no avanzaba.

Según establece el Juez al contratista se le dio un anticipo de 4.749 millones de pesos, es decir el 50% del valor del contrato y para el 3 de septiembre de 2014 solo se reportó una ejecución de las obras del 46% sin que se conocieran las causas de esto. A pesar de ello la Gobernación no impuso ninguna sanción a la Unión Temporal Mega Paz.

Posteriormente se inició un litigio para declarar el incumplimiento del contrato y respectiva liquidación.

El actual gobierno departamental manifestó que no ha podido incluir esta obra en el plan de desarrollo departamental porque hay un litigio judicial para la liquidación del contrato, en el Tribunal Administrativo de Casanare. Sin embargo abrió un concurso de méritos para realizar un diagnóstico de las obras realizadas y lo que se requiere para la finalización del proyecto, sin que hasta la fecha se conozca su evolución.

 Para el Juez Lubier Anibal Acosta, independientemente de todo esto, el asunto es que no hay una acción gubernamental “para conjurar el abandono y desatención estatal de unas obras físicas destinadas a proporcionar espacios idóneos para la educación de la comunidad estudiantil de Paz de Ariporo”, por tanto ya no se puede esperar más para tomar decisiones.

Más de mil personas acompañaron al médico Jairo Cristancho a una reunión adelantada en el municipio de Paz de Ariporo, quienes le manifestaron su apoyo total y rotundo en las contiendas electorales a llevarse a cabo este 11 de marzo.

Durante la intervención, Cristancho se mostró muy preocupado por el incremento de jóvenes que han caído en la drogadicción, dado a la falta de oportunidades que tienen para ocupar su tiempo libre, razón por la cual se comprometió con los casanareños asistentes al evento a ubicar un lugar para que estos jóvenes puedan rehabilitarse, adelanten estudios técnicos y así se conviertan en personas útiles a la sociedad.

Así mismo manifestó que es de vital importancia fortalecer los valores cristianos y familiares en los hogares, donde prime el dialogo y la comprensión, lo que permitiría reducir el número de embarazos a temprana edad, el incremento de niños y jóvenes involucrados en grupos delincuenciales y la deserción escolar.

Quienes acompañaron la reunión se mostraron satisfechos con las propuestas expuestas por el candidato y teniendo en cuenta que es el único candidato de esa zona del departamento decidieron de forma contundente apoyarlo y unirse a la campaña ganadora, la campaña que salva vidas.

Oficina de Prensa Jairo Cristancho (Publicidad Política Pagada)

Un hombre, identificado como Gabriel Rodríguez, asociado con integrantes de la red de apoyo al terrorismo del ELN,  involucrado en el homicidio de un motociclista en Paz de Ariporo, hechos que son investigados por el Gaula de la Policía, Seccional de Inteligencia y Fiscalía 19 de Paz de Ariporo, fue capturado en Tuluá, Valle del Cauca.

Según reporta la Policía de Casanare, Rodríguez, natural de Tame, Arauca, tenía orden de captura vigente emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Paz de Ariporo, por el delito de homicidio

Este delito, se registró el 12 de mayo de 2017, cuando el capturado junto con dos sujetos, hurtaron una motocicleta en Paz de Ariporo, al parecer con fines terroristas y debido a que la victima opuso resistencia fue impactado con arma de fuego en dos ocasiones hasta producirle la muerte.

En la huida los individuos fueron interceptados por una patrulla de vigilancia de la Policía, que al reaccionar fue recibida con disparos, causándole heridas a dos uniformados, posterior a esto, los agresores huyeron vía al departamento de Arauca.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

En el marco de cooperación Interinstitucional y en atención a la meta de disminuir el delito de Homicidio en el Departamento de Casanare, la Dirección Seccional de Fiscalía Casanare, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, han venido integrando las diferentes técnicas investigativas, Criminológicas, de criminalística y ciencias forenses, lo cual ha permitido la reducción de esta conducta delictiva en un 50% en comparación con la cifras registradas durante el mismo periodo del año 2017. 

En la actualidad, en este Departamento, se registran 20 víctimas de homicidio por cada cien mil habitantes, la tasa más baja de los últimos 6 años y se encuentra por debajo del promedio Nacional, la cual es de 24.

De los 3 hechos ocurridos en el presente año, se ha logrado el esclarecimiento total de un caso, para un porcentaje de efectividad del 33.33%.

Durante los últimos tres años en los municipios de Sácama, La Salina Recetor y Chámeza, no se han registrado víctimas de homicidio.

Todas estas acciones conjuntas han permitido que, en la Capital casanareña, hayan transcurrido 75 días sin que se registren hechos de homicidio, mostrando una disminución del 100% en esta conducta, comparando las cifras registradas durante el mismo periodo del año anterior.

En audiencia realizada en pasados días al docente Germán Torres, acusado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años de edad, un juez le sustituyó la medida de detención preventiva por la de detención domiciliaria.

El docente fue denunciado por una estudiante del colegio Centro Social Bachillerato el 24 de noviembre de 2017, hecho que hizo que permaneciera recluido en la cárcel de la Guafilla, por más de un mes. “Por el momento el proceso continua en curso, la Fiscalía a través de su delegado radicó un escrito de acusación y estamos tomando las evidencias físicas y material probatorio para luego ser debatidas en un juicio más adelante” afirmó Miguel Cely, abogado defensor.

Por lo tanto, el caso del docente continúa en la etapa de imputación, queda pendiente la acusación y el respectivo juicio. Según explica el abogado, aun su acusado tiene derecho a la presunción, puesto que no se le ha escuchado ni se han presentado las pruebas a favor y considera que tienen el material suficiente para demostrar su inocencia.

Así mismo, confirmó que el juicio se demora unos meses y que el caso está radicado en el Juzgado Penal del Circuito de Reparto.

Condenados dos sujetos por el delito de hurto en Casanare, en un primer caso el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Aguazul, emite sentencia condenatoria con aceptación de cargos en contra de Brayan Mauricio Montenegro González, a una pena de 24 meses de prisión por el delito de Hurto Agravado.

Luego de la investigación liderada por la Fiscalía 2 Local de Aguazul, se determinó que el Brayan ingresó a un local comercial del municipio de Aguazul, donde hurtó 15 celulares y dinero en efectivo. Como resultado de la investigación se logró su captura. 

En otros hechos, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal emite sentencia condenatoria en contra de Jeison Armando Cataño Cachay, a una pena de seis meses de prisión por el delito de Hurto Agravado.

Los hechos objeto de la condena ocurrieron en noviembre de 2017, cuando Cataño fue capturado en flagrancia luego de haber hurtado el bolso a una mujer que iba manejando una moto y de manera violenta lograron arrebatárselo.

Ayer en la tarde mediante una audiencia, tres de los integrantes de la banda los invisibles, se acogieron a un preacuerdo, luego de aceptar los cargos que se le imputaban por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, porte y venta de estupefacientes.

“Se garantizaron los derechos de los integrantes de la banda los invisibles, ya se ha realizado la primera audiencia, legalización de captura, imputación de cargos, solicitud de la medida de aseguramiento, por la calidad del delito que se le imputaba en su momento. Después de esa audiencia y cuando el juez de garantías acepto la petición que hizo la Fiscalía de colocarlos con medida de aseguramiento, recibieron reclusión privativa de la libertad en el centro carcelario La Guafilla” es la explicación entregada por Wilson Jiménez Silva, abogado defensor de Yuli Verdugo, una de las capturadas.

Esta banda integrada por 11 personas fue desarticulada por la Policía Nacional a mediados del 2017 y según la versión del abogado, todos se acogieron a un preacuerdo que se hizo con la Fiscalía.

La petición solicitada por el abogado defensor de Yuli es recibir casa por cárcel, exponiendo que la joven de 24 años de edad es madre cabeza de hogar. Por lo tanto, queda pendiente la decisión del juez.

Así mismo, Wilson manifestó que el sentido del fallo es condenatorio porque ellos aceptaron el preacuerdo, el cual sería una pena de 56 meses.

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguazul decreta legal la captura en flagrancia de Pedro Reyes y la Fiscalía imputó cargos por el delito de Violencia Intrafamiliar Agravada, los cuales no fueron aceptados por el indiciado.

Según el reporte de los hechos, el día 8 de febrero de 2018, en Aguazul, Pedro fue capturado luego de haber sido señalado por su compañera permanente, por haberla agredido físicamente momentos antes de la llegada de miembros de la Policía Nacional.

La víctima presenta heridas que le ameritaron, conforme a valoración realizada en el Hospital de la localidad, 10 días de incapacidad médico legal provisional.

El juez dictó medida de protección para la mujer víctima.