La Procuraduría General de la Nación ha mantenido firme su decisión de sancionar a Germán Torres Aguilar, profesor de educación física, al ser hallado culpable de abuso sexual con menor de 14 años.

El incidente, que tuvo lugar en noviembre de 2017 en el colegio Centro Social, involucró a una estudiante de 13 años. Según las investigaciones, el docente aprovechó su posición de autoridad para cometer tocamientos indebidos en un área de almacenamiento de equipos deportivos.

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, tras revisar el caso, determinó que las acciones de Torres Aguilar violaron múltiples protocolos establecidos para la protección de menores en ambientes escolares.

Como resultado, se le ha impuesto una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos, además de su destitución inmediata.

Esta resolución, que no admite apelación, fue emitida con un enfoque especial en la protección de la niñez y la perspectiva de género. La Procuraduría enfatizó la importancia de garantizar los derechos de la víctima a la verdad y la justicia en el ámbito disciplinario.

Por incurrir en faltas a la ética profesional y de diligencia, además de defensa simultánea de interés contrapuestos y el literal abandono de clientes, fueron suspendidos dos abogados en Casanare.

La medida fue tomada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Entidad que llevaba 2 años de funcionamiento en el departamento.

Ante esta instancia se puede consultar si una abogado ha sido objeto de sanciones o amonestaciones.

Se recomienda adelantar este trámite, antes de buscar una asesoría jurídica, para evitar inconvenientes.

Johana Katherine Valencia Grimaldos, es una de las dos profesionales del derecho que fueron sancionadas.

La sanción fue por cuatro meses. El argumento dado por la Comisión es que no defendió con eficiencia a sus clientes en dos procesos policivos, a pesar de haber recibido honorarios.

También se le señaló de abandono de funciones, porque no asistió a las diligencias judiciales, ni realizó las gestiones necesarias para proteger los intereses de sus clientes.

Igualmente se encontró un falta de diligencia, porque a pesar de haber sido contratada para defender a los hermanos Rojas Bustos en un proceso por perturbación a la posesión, la abogada no presentó las pruebas necesarias ni realizó ninguna acción para evitar el desalojo de sus clientes.

El segundo abogado sancionado es  Amílcar Rodríguez Bohórquez. En este caso le medida es por dos meses. La Comisión encontró que asesoró simultáneamente a dos clientas con intereses contrapuestos en un caso de compraventa de una vivienda.

También fue hallado responsable de conflicto de intereses, debido que a pesar de conocer la situación jurídica de la vivienda y la relación entre sus dos clientas, el abogado aceptó ambos casos.

Además para la Comisión se presentó una falta de lealtad para con su cliente, Gladys Mora Rivera, al asesorar de manera simultánea a Flor Marina Hernández, en un proceso judicial que buscaba mantener la posesión de la vivienda que la señora Mora Rivera pretendía recuperar.

La Procuraduría General de la Nación ha impuesto una suspensión e inhabilitación de 12 meses a Jorge García Lizarazo, debido a su omisión en la entrega de bienes adquiridos por la entidad territorial destinados al comando de Policía de Yopal, en hechos ocurridos cuando fue alcalde de la ciudad, en el año 2015.

La medida, según el ente de control,  se debe a su negligencia en la entrega de bienes adquiridos por la entidad territorial.  De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Procuraduría, se constató que, aunque los elementos fueron recibidos por el almacenista, García Lizarazo retiró personalmente para llevarlos a la estación de Policía.

Sin embargo, al verificar la entrega efectiva, el comandante informó al secretario de Gobierno de la época,  que los objetos fueron dejados en la entidad policial sin un acta formal de recibido y con varios faltantes.

En el fallo de primera instancia, el ente de control determinó que el mandatario recibió los bienes del almacén sin dejar constancia, ni soporte formal sobre su entrega a la institución policial.

Este actuar viola el deber establecido en el Código Disciplinario Único para los servidores públicos, que consiste en vigilar y salvaguardar los bienes y valores asignados, asegurando su uso adecuado y racional de acuerdo con su destino.

El Ministerio Público consideró que resulta ilógico que un alcalde de la capital de un departamento, asuma el control de bienes y omita registrar su destino, optando por dejar una parte abandonada en la estación de Policía.

Finalmente, la entidad calificó la falta del entonces alcalde García Lizarazo, como grave, atribuyéndole dolo. Además, se informó que se puede interponer un recurso de apelación, ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, en contra de esta decisión.

La Secretaría de Planeación informa a la comunidad en general, que, a raíz de los últimos acontecimientos, donde personas inescrupulosas ha estado encerrando y cercando predios del municipio y colocándole avisos que son de propiedad privada, se abstengan de hacerlo, ya que los bienes de uso público son de rango constitucional, y cuando su titularidad reposa en la administración municipal, son inembargables, imprescriptibles e inalienables, (artículo 63, y 82 de la Constitución Política de Colombia).

De no abstenerse incurrirán en infracciones urbanísticas por obras o inadecuada ocupación e intervención del espacio público, como es el cerramiento de bienes de uso público sin autorización o áreas privadas afectas al uso público, numeral 3, literal A, artículo 135 de la ley 1801 de 2016.

Cabe recordar que las infracciones urbanísticas por invasión del espacio público en bienes fiscales, o en suelo de protección ambiental, la multa se incrementará desde un 25% hasta un 100%. (Artículo 181 de la ley 1801 de 2016).     

Infracción urbanística: a quien incurra en cualquiera de las infracciones urbanísticas señaladas en el Libro II del presente Código o en las disposiciones normativas vigentes, se le impondrá además de otras medidas correctivas que sean aplicables y las sanciones de tipo penal a que haya lugar, multa por metro cuadrado de construcción bajo cubierta, de área de suelo afectado o urbanizado o de intervención sobre el suelo, según la gravedad del comportamiento, de conformidad con el estrato en que se encuentre ubicado el inmueble.

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Así lo recalcó el director del ICBF Regional Casanare, Josué David Parales, en el marco del lanzamiento de la campaña “Prende la fiesta sin Pólvora”, tras recordar que lo que buscan es que se garantice la salud e integridad de los menores.

El director del ICBF Regional Casanare, hizo un enfático llamado a los padres de familia y cuidadores para que eviten que los menores compren o manipulen pólvora, a su vez les recordó la responsabilidad que les asiste en el cuidado y la protección.  

El funcionario recalcó que, no van a ser laxos si se llega a reportar algún caso de un niño, niña o adolescente quemado en Casanare. Dijo que activarán las distintitas rutas para adelantar procesos de restablecimiento de derechos con las defensorías de familia con el fin de determinar la sanción correspondiente.

“Las sanciones son para aquellos padres de familia y cuidadores que fueron negligentes en términos del cuidado y atención que le debieron brindar a sus hijos para que no utilizaran estos artefactos. No es una amenaza, simplemente es nuestra competencia y es nuestro deber señalarlo”, afirmó Josué David Parales.

Finalmente, Parales recordó que hace dos años no se presenta un niño quemado en Casanare y que la idea es seguir manteniendo esa cifra en cero por lo que invitó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa.

La Dirección Técnica de Vivienda Departamental, informa a la comunidad casanareña que, se mantiene las prohibiciones de venta, arriendo, disposición y no habitación en los inmuebles adjudicados o financiados con subsidio parcial o total, por el término de diez (10) años a partir de la suscripción de la correspondiente escritura o la notificación y firmeza de la resolución de adjudicación (si esta fue la que transfirió el dominio); tal y como establecieron y aceptaron las partes y quedo consagrado en la convocatoria, la postulación  y la adjudicación del subsidio.

De igual manera, recuerdan que los procesos sancionatorios (revocatoria y pérdida del beneficio) se iniciarán o seguirán su curso según corresponda. Las autorizaciones que se concedan son estrictamente individuales y sujetas a condiciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente soportadas, toda decisión, permiso o autorización al respecto deberá constar en la resolución expedida ex profeso por esta dirección, como otorgante del subsidio.

La dirección Técnica de Vivienda Departamental señaló que, agradece a los beneficiarios, autoridades y a la comunidad en general el acatamiento a esta directriz, garantizando el cumplimiento y finalidad de la política pública de vivienda departamental y que el esfuerzo estatal no se dirija a su comercialización, sino a un usufructo real de habitación por las familias adjudicatarias.

Ante cualquier solicitud de información, la comunidad puede escribir al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..

Estrictos operativos de control a piques ilegales se realizarán en Yopal en la vía a Matepantano, vía Sirivina y otros sectores donde se ha venido denunciado la práctica de estas actividades que son riesgosas y se realizan sin ninguna precaución, informó el subcomandante de tránsito, Carlos Tarazona.

El subcomandante de tránsito, indicó que estas prácticas no se habían vuelto a  reportar en la ciudad, pero que en los últimos días las denuncias de la comunidad han sido frecuentes, motivo por el que se iniciarán planes de choque contra estas prácticas que alteran la convivencia ciudadana y ponen en riesgo la vida de las personas que transitan por estos sectores.

“La vía no cuenta con las técnicas de acondicionamiento para soportar una salida de la carpeta asfáltica, allí los va a esperar un poste o un árbol, hemos tenido ya personas fallecidas que después de terminar estos piques hasta los dejan botados en el lugar”, señaló Carlos Tarazona.

El funcionario precisó que ya son varios los comparendos que se han impuesto y las respectivas inmovilizaciones que se han realizado amparados en las infracciones que contempla el Código Nacional de Tránsito.

Agregó que hay que tomar conciencia del riesgo que se corre con estos piques, además invitó a los ciudadanos a denunciar este tipo de actividades ilegales.