En las últimas horas en un operativo conjunto entre el CTI, Gala Militar y la Seccional de Investigación Criminal de Casanare, se hizo efectiva una orden de captura contra Rhandy Ewind Terán Arenas, alias ‘Caracas’.

A esta persona de 34 años y nacionalidad venezolana, las autoridades lo responsabilizan de los delitos de homicidio, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

‘Caracas’ es señalado de ultimar con arma de fuego a Edwin Belisario Astudillo Chaburrí, alias ‘Wawi’, en hechos ocurridos el pasado 10 de octubre de 2024 en la ciudad de Yopal.

El crimen, al parecer, tendría como móviles la disputa por el control territorial de la venta de estupefacientes, en una zona de la capital casanareña.

Se conoció, igualmente, que el capturado presenta tres anotaciones en el sistema penal oral acusatorio (SPOA), por homicidio y hurto.

El Juzgado Primero Administrativo de Yopal impuso una sanción al alcalde de Paz de Ariporo, Jorge Camilo Abril Tarache, por no cumplir la orden judicial que le exigía girar los recursos del impuesto de alumbrado público a la Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de Ariporo SAS. 

La decisión, tomada el jueves 29 de mayo, establece una multa equivalente a siete salarios mínimos mensuales. Según el juez, el mandatario ha incumplido el mandato judicial desde febrero, actuando sin justificación. 

El acto administrativo reitera la obligación del alcalde de transferir el total del recaudo por dicho impuesto, advirtiendo que, de persistir el incumplimiento, podrían imponerse nuevas sanciones. 

La junta directiva de Ecopetrol anunció la suspensión de actividades relacionadas con un contrato de asesoría legal suscrito con la firma Covington & Burling LLP, decisión tomada en febrero de 2025 tras detectar irregularidades en su alcance y ejecución. 

Desde 2008, cuando la compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, ha contado con mecanismos de control interno y asesoría legal especializada en temas de cumplimiento normativo, riesgos financieros y ética empresarial.

Según el comunicado, el análisis sobre los procesos de la empresa con autoridades estadounidenses fue liderado por Covington & Burling LLP desde agosto de 2024, sin participación del presidente de Ecopetrol.

La junta directiva aclaró que ni el comité de auditoría ni los directivos fueron consultados sobre la modificación del contrato. Esta acción inconsulta dio como resultado la elaboración de otrosí que, según el órgano rector de Ecopetrol, no estaba autorizado.

Dicha situación llevó a la suspensión del acuerdo y a la solicitud de auditoría e investigación para determinar las acciones legales y administrativas correspondientes.

Ecopetrol ratificó su colaboración con los organismos de control y reiteró que la coyuntura actual no afecta la operación, los proyectos estratégicos ni las expectativas de producción para 2025. Además, enfatizó su compromiso con la transparencia y el buen gobierno corporativo para proteger la integridad y reputación de la empresa en el mercado nacional e internacional.

En la tarde del 29 de mayo, un accidente de tránsito se registró en la vía que conecta el casco urbano de Tauramena con el sector de Paso Cusiana.

Según informó el cuerpo de bomberos del mencionado municipio, un motocarro volcó en el trayecto hacia el CPF Cusiana, dejando dos personas lesionadas con heridas múltiples.

El personal de atención prehospitalaria de la institución acudió al lugar del accidente y realizó el traslado de los afectados al hospital local, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre su estado de salud.

Sobre las posibles causas de accidente, el organismo de socorro mencionó que, según la versión de uno de los lesionados, el percance se presentó cuando el conductor del motocarro intentó esquivar un hueco.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para extremar precauciones en esta vía y evitar nuevos incidentes.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) advirtió sobre un panorama preocupante en el sector de hidrocarburos y presentó su informe anual sobre inversión en exploración y producción de petróleo y gas en el país.

La entidad señala riesgos en seguridad energética, estabilidad fiscal y condiciones económicas para los hogares si no se toman medidas urgentes para fortalecer la industria.

El documento, basado en datos oficiales y de compañías que representan la mayoría de la producción nacional, revela que quedan alrededor de 70 pozos exploratorios comprometidos hasta 2030.

Sin nuevas iniciativas, la actividad exploratoria se agotaría al finalizar la década, comprometiendo la reposición de reservas y la sostenibilidad energética.

En 2025, la inversión en exploración podría caer un 18%, el nivel más bajo en cuatro años, mientras que las reservas de gas han disminuido un 57% en la última década.

Además, se proyecta una reducción acelerada en la producción petrolera desde 2027. Aunque la inversión en producción aumentaría un 15% en 2025, la ACP advierte que este crecimiento será insuficiente sin proyectos adicionales que garanticen el suministro futuro.

El informe también destaca un aumento del 151% en bloqueos a las operaciones del sector en 2024, en medio de conflictos sociales y problemas de orden público en zonas productoras.

Esta situación, sumada al déficit fiscal proyectado de $40 billones, la posible alza de tarifas de gas por importaciones y la necesidad de traer crudo del exterior para mantener la actividad en refinerías, plantea desafíos adicionales para la estabilidad del mercado energético.

Ante este escenario, la ACP propone medidas para recuperar la competitividad y asegurar el abastecimiento de energía. Entre ellas se encuentran garantizar estabilidad fiscal y regulatoria, viabilizar proyectos clave e incentivar nuevas oportunidades de inversión.

También se busca mejorar la coordinación estatal para resolver conflictos territoriales, establecer una carga tributaria competitiva y acompañar proyectos de exploración y producción de gas costa afuera.

Prórroga del período de producción de los contratos existentes y regreso del principio de autonomía de la voluntad de las partes (Acuerdo 03 de la ANH de 2025).

Expedición de la nueva metodología tarifaria de transporte por oleoductos que refleje costos de reposición depreciados. Asegurar la complementariedad entre renovables y convencionales. Gradualidad en la transición

Igualmente, la ACP propone reactivar los yacimientos no convencionales, aprovechando  que Colombia cuenta con un marco regulatorio vigente robusto que permite monitorear y mitigar los riesgos medio ambientales.

“Cambiemos el rumbo. El país necesita decisiones técnicas que aseguren inversión, desarrollo y abastecimiento energético. Esta es una invitación a construir, entre todos: Gobierno, Congreso, autoridades locales, comunidades y sector privado, la hoja de ruta para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de millones de hogares”, puntualizó Fran Pearl, presidente de ACP

Un ataque con explosivos contra el oleoducto Bicentenario, en el sector de la vereda Palmarito del municipio de Fortul, Arauca, provocó una contingencia ambiental y operativa.

La infraestructura, operada por Cenit, filial de Ecopetrol, sufrió daños tras el atentado, lo que obligó a la activación del plan de emergencia y contingencia.

El incidente ocasionó una pérdida una considerable pérdida de crudo en la zona, lo que generó daños ambientales en fuentes hídricas cercanas. Las autoridades señalaron como responsables de este atentado a miembros del ELN.

Ante la situación, el Ejército Nacional aseguró el área para permitir la intervención del equipo técnico de Cenit, encargado de gestionar la emergencia y mitigar los efectos del derrame.

La empresa notificó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Fortul sobre lo sucedido y las acciones emprendidas.

Como medida de prevención, Cenit instó a la población a evitar acercarse a la zona afectada y a abstenerse de consumir agua del río Caranal, el cual se vio afectado con el derrama del petróleo.

Si bien no se ha revelado la cantidad exacta de crudo derramado, se prevé que el impacto ambiental y social del atentado sea significativo. En respuesta, Cenit y Ecopetrol condenaron el ataque y exigieron el cese de agresiones contra la infraestructura energética, haciendo  hincapié en los riesgos que representan para las comunidades y el desarrollo del país.

Un trabajador agrícola perdió la vida en un accidente ocurrido en la vereda San Vicente, en el municipio de Trinidad. La víctima, identificada como José Wilder Ortiz, realizaba labores en un cultivo de arroz cuando fue alcanzado por las hélices de una avioneta que se preparaba para despegar.

Tras el incidente, las autoridades llegaron al lugar para adelantar las investigaciones correspondientes. Personal técnico recolectó evidencias y testimonios con el fin de esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

La avioneta, utilizada para fumigación agrícola, quedó bajo resguardo mientras avanzan las indagaciones.

En el barrio Cristo Rey 2 de Trinidad (Casanare), las autoridades capturaron a un hombre señalado de tener vínculos con el ELN. Según el Departamento de Policía Casanare, el detenido tenía una orden judicial vigente por el delito de concierto para delinquir agravado.

El sujeto, quien fue identificado como un colaborador del cabecilla alias “El Negro Alonso”, operaba en el área metropolitana de Cúcuta, incluyendo los corregimientos de Agua Clara, Guaramito, La Tulia, El Paraíso, Nueva Frontera, Llano Seco y San Faustino.

La información de las autoridades precisa que el capturado cumplía funciones de logística e inteligencia dentro del mencionado grupo armado ilegal, además de estar vinculado a homicidios en los sectores mencionados.

Durante un procedimiento de verificación de antecedentes en la vía pública, agentes identificaron que el hombre tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir agravado y estaba condenado a 110 meses de prisión.

La decisión de Corporinoquia de suspender parcialmente las operaciones de Ecoplanta Proceso de Residuos Industriales S.A.S. E.S.P., ubicada en la vereda El Rincón del Bubuy en Aguazul, Casanare, ha generado un impacto económico y social significativo en el municipio. 

Según fuentes locales, la medida preventiva afectó los procesos de aspersión y biorremediación, lo que ha obligado a la empresa a interrumpir servicios esenciales y trasladar residuos a Yopal, generando dificultades logísticas y económicas en la región. 

Más de 230 empleos en riesgo 

Jaime Moreno Rincón, gerente de Ecoplanta, informó que la paralización de actividades ha dejado en incertidumbre a más de 230 trabajadores directos, así como a empresas y negocios que dependen de la operación de la planta.

En este listado figuran empresas de transporte, talleres de mecánica, estaciones de servicio, comercios de alimentos e insumos y ferreterías, entre otros establecimientos comerciales.

“El cese de actividades afecta no solo a nuestros empleados, sino a toda una cadena económica que depende de Ecoplanta”, indicó la empresa en un comunicado enviado por Ecoplanta.

Solicitudes sin respuesta

La empresa aseguró que desde el 12 de mayo ha presentado tres solicitudes para levantar la suspensión, registradas bajo los números YO.2025.06689, YO.2025.06990 y YO.2025.07566. Sin embargo, hasta el momento, Corporinoquia no ha emitido una respuesta oficial. 

Ante la situación, la compañía instó a las autoridades ambientales a considerar el impacto social y laboral de la decisión, además del cumplimiento técnico y normativo. 

“Confiamos en las instituciones, pero solicitamos un equilibrio entre la regulación ambiental y la estabilidad de cientos de familias”, expresó Moreno Rincón. 

Pese a esta situación, Corporinoquia no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso. 

La Gobernación de Casanare puso en marcha el hogar de paso “Mi Casanare” en Bogotá, una alternativa de alojamiento para habitantes del departamento que requieren atención médica en la capital.

La casa, entregada en comodato por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dispone de 30 camas y espacios equipados para brindar comodidad a los beneficiarios y sus acompañantes.

La vivienda cuenta con cocina equipada, comedor, áreas de descanso y entretenimiento, además de electrodomésticos que garantizan una estadía digna.

La adecuación y dotación del inmueble fue posible gracias a la articulación entre varias dependencias gubernamentales y el apoyo de empresarios y ciudadanos que participaron en eventos benéficos.

El gobernador César Ortiz Zorro destacó la importancia del proyecto, señalando que su propósito va más allá de ofrecer un espacio físico, pues busca garantizar condiciones dignas a quienes enfrentan dificultades de salud. El hogar de paso comenzará a recibir pacientes en los próximos días.