La gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Casanare, Nubia Stella Castro, entregó detalles del accidente laboral que se presentó durante la atención de la falla en el sistema ocurrida el pasado domingo 27 de julio en horas de la noche y que ocasionó un apagón que dejó sin luz gran parte del municipio de Yopal.

Indicó que el reporte inicial de la falla se recibió sobre las 9:24. La interrupción estuvo asociada inicialmente a uno de los transformadores de potencia de la subestación principal de Yopal.

Ante la naturaleza crítica y de alto riesgo del incidente, la gerente Castro se desplazó de inmediato a la subestación.

En el lugar, se encontró con el equipo del centro de control de la subestación y el ingeniero Fernando, gerente de distribución, quien también acudió para coordinar.

Agregó la gerente, que, durante la atención de la emergencia, específicamente en lo que se describe como el "segundo impacto" o "segunda falla", se produjo un accidente laboral.

Explicó que "la explosión genera un impacto y esa chispa, ese impacto fue lo que provocó las quemaduras" a uno de los técnicos. Las lesiones del trabajador son quemaduras de segundo grado en el área de la cara y las manos.

Aseguró que Inmediatamente después del accidente, se activaron los protocolos de emergencia. La gerente Castro manifestó que acompañó personalmente al técnico hasta el Horo esa misma noche del domingo para asegurar una atención oportuna.

En el hospital, el técnico fue valorado por el personal médico. Tras ser evaluado también por el servicio de cirugía plástica, se determinó que el paciente debía ser remitido a la ciudad de Bogotá, para ser revisado por médicos especialistas.

Agregó que el martes el trabajador fue desplazado a la capital colombiana, específicamente a la Clínica Santa Fe, para recibir la atención requerida.

Castro enfatizó que Enerca cuenta con protocolos de seguridad estrictos para el manejo de situaciones de alto riesgo relacionadas con la electricidad.

Afirmó que la empresa cumple con todo lo estandarizado en el sector energético y que su aseguradora de riesgos laborales es Positiva.

El personal que atiende este tipo de emergencias está autorizado, capacitado y posee las competencias y perfiles adecuados para operar en subestaciones.

Así mismo, destacó que gracias a que el personal utiliza los elementos de protección debidos, "no pasan consecuencias mayores".

La planta de beneficio animal o matadero del municipio de Paz de Ariporo, el más grande del norte de Casanare, lleva cerrada cerca de seis días sin explicación alguna, desatando una grave problemática que afecta no solo a los comerciantes y trabajadores, sino a toda la comunidad.

La situación fue denunciada por el concejal de Paz de Ariporo del Partido Liberal, Cristian Vega. Según lo manifestó el cabildante, la versión que hay sobre las razones de esta medida, es que fue generada por la falta de pago de salarios a los trabajadores.

Adicionalmente comentó el líder político manifestó que se presenta una falencia adicional y se trata de una actitud renuente a contratarlos y cuando se da el aval para la prorroga contractual, la misma se hace por periodos muy cortos.

Toda esta problemática ha conllevado a que la gente que presta su servicio en la planta de beneficio se cansa de esta situación y se niegue a seguir trabajando.

Las consecuencias del cese de operaciones, según Vega, son alarmantes y se extienden más allá de las puertas del matadero.

Mencionó que los ganaderos se ven obligados a sacrificar a los vacunos en fincas, sin las condiciones adecuadas o trasladar los semovientes hasta Yopal, opción que eleva el precio de la carne en Paz de Ariporo.

Otro aspecto negativo suscitado por el cierre del matadero es que abre las puertas para que se incremente el abigeato. Flagelo que "presuntamente pareciese que fuese el patrocinado por las mismas negligencias administrativas", explicó el concejal Vega en un video difundido por redes sociales.

Enfatizó que el inconveniente no radica en la infraestructura de la planta, sino que es "un problema netamente de gestión, de administración, de pagar a tiempo, de contratar la gente, de prever este tipo de situaciones".

La situación se agrava por la falta de respuesta por parte de la Administración Municipal o de su Secretaría de Agricultura con respecto a la planta de beneficio animal (PBA).

Ante la creciente ola de quejas de trabajadores y expendedores de carne, el concejal hizo un "llamado respetuoso a la Personería Municipal, a la Alcaldía, la Secretaría de Agricultura para que hagamos una mesa de trabajo y busquemos solución", recalcó.

Adicionalmente, hay una gran incertidumbre entre los dueños de ganado sobre el destino de los subproductos obtenidos del sacrificio como los cálculos, librillos y cueros, entre otros,  los cuales no son entregados a los propietarios de los animales.

Manifestó que se desconoce el destino final que tienen los referidos subproductos, que tienen un costo adicional, que si se llegase a sumar al valor del degüello, podría aportar recursos para el funcionamiento de la planta.

Subrayó la importancia de que la administración sea consciente de que una planta que surte de carne a todo el norte del departamento, y no puede cerrarse "simplemente bajo la excusa de no hay plata".

Agregó que la comunidad y los expendedores de carne han solicitado al concejal que haga pública esta problemática. Así mismo lamentó que, después de seis días, "no hay ninguna razón administrativa" que explique la situación.

Finalmente, anunció que se estará al tanto de los desarrollos de una posible mesa de trabajo y de un Derecho de Petición que se interpondrá para obtener una respuesta legal y responsable, que permita definir los próximos pasos.

Una dura advertencia sobre el deterioro de los servicios de salud prestados por Capresoca se conoció este miércoles en la Asamblea Departamental de Casanare. El concejal Pedro Díaz, de Monterrey, lanzó un llamado urgente a las autoridades para atender lo que calificó como “una crisis sin precedentes”.

Durante la rendición de cuentas de la EPS, Díaz expuso incumplimientos graves en el suministro de medicamentos esenciales, especialmente en municipios del sur de Casanare, donde las promesas de entrega siguen sin cumplirse.

Entre los casos más alarmantes, el concejal mencionó la escasez de insumos básicos como pañales desde hace más de un mes, la falta de citas médicas para pacientes vulnerables y la negligencia en el caso de varios jóvenes que esperan el cambio de las sondas de alimentación desde hace años.

Barreras de acceso por transporte

Otra de las falencias mencionadas por el concejal, quien es conocido en su municipio como ‘Cocolo’, está relacionada con el traslado de los usuarios de Capresoca a Yopal o Bogotá, para adelantar cualquier tipo de trámite o cita médica, según sea el caso.

Sostuvo que en algunos casos los pacientes, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidad, deben asumir costos de transporte a Yopal, que, oscila entre 20.000 a 25.000 pesos para ir a reclamar medicamentos o resolver trámites pendientes.

La segunda opción es optar por utilizar la ruta contratada por Capresoca, que parte de Sabanalarga entre las 3:30 y 4:00 a.m. con viaje de regreso a las 4:30 p.m., obligando a los usuarios a permanecer en Yopal por períodos excesivamente largos.

Mencionó una tercera falencia con el desplazamiento a Bogotá. En este punto dijo que el servicio contratado toma la ruta por Pajarito (Boyacá), que corresponde a la Vía del Cusiana, la cual no pasa por los municipios del sur del departamento.

Bajo estas circunstancias los usuarios de Villanueva, Sabanalarga y Monterrey deben asumir el costo del tiquete hasta Yopal, para poder acceder al servicio de transporte a la capital del país.

Costo que se duplica, porque en el viaje de regreso Bogotá – Yopal, se hace también por la carretera del Cusiana y los pacientes del sur deben hacer escala en la capital departamental, para nuevamente pagar de sus bolsillos el traslado hasta a sus municipios de origen.

 Ante estas dificultades el concejal ‘Cocolo’ criticó el cambio en el sistema de transporte, lamentando que ya no se entregue dinero ni tiquetes como se hacía antes, lo que deja a muchos pacientes sin recursos para comprar lo más mínimo como es la alimentación.

La intervención concluyó con un llamado a la acción colectiva: gestionar una reunión con el ministro de salud, recolectar firmas y convocar protestas. “Es el derecho a la vida. No podemos permitir que se juegue con la comunidad”, afirmó.

Luis Alfredo Rodríguez Sánchez, exsecretario de educación y figura destacada en la defensa del magisterio, falleció en la ciudad de Yopal.

Rodríguez, oriundo de Yopal, fue docente, supervisor y dirigente gremial, con una trayectoria vinculada al fortalecimiento del sector educativo en el departamento.

También es recordado por ser el fundador y primer presidente del Sindicato de Maestros de Casanare (Simac), organización desde la cual promovió reivindicaciones laborales y educativas durante décadas.

Además de su rol institucional, se le reconoce por su participación en procesos formativos y por su contribución en la consolidación de la comunidad docente.

Desde diversas instancias, acompañó la construcción de políticas educativas orientadas al acceso equitativo y al respeto por la labor docente. Su trabajo dejó precedentes gremiales que siguen vigentes en las discusiones educativas del territorio.

Rodríguez también fue padre de familia amoroso que siempre tuvo la sabiduría como una de sus principales virtudes. Quienes lo conocieron destacan su compromiso personal y profesional, así como su capacidad para orientar con firmeza y respeto.

Su fallecimiento ha sido recibido con profunda tristeza por parte de educadores, organizaciones sociales y comunidad en general. La historia de su vida queda registrada como parte de los hitos en el desarrollo del sistema educativo de Casanare.

Mediante una carta dirigida al alcalde de Paz de Ariporo, Jorge Camilo Abril Tarache, la comunidad de la vereda El Desierto, zona rural de esta población, advirtió que llevará a cabo una protesta pacífica contra la empresa Confipetrol, contratista de la multinacional Perenco.

En el escrito precisan que el motivo de la actividad son los constantes incumplimientos en la rotación del personal que labora en el campo Cuervas, lo cual es una clara falta al derecho al trabajo a la comunidad que conforma dicha vereda.

Además, se recalca que no se están dando las condiciones establecidas porque Confipetrol es una empresa foránea y no ofrece garantías en las pruebas aplicadas a los postulantes residentes en el área de influencia del pozo petrolero Cuervas.

Igualmente, en el escrito se denuncia un irrespeto a los acuerdos internos con las juntas de acción comunal de la zona, actitud que es calificada en la carta como desafiante y falta de asertividad por parte de la mencionada firma.

En consecuencia, se anuncia una protesta frente a la entrada del campo de producción, como medida para alzar la voz y exigir respeto por las comunidades y sus derechos generales.

Así mismo plantean a las distintas autoridades adelantar una mesa de diálogo y concertación, donde se atienda su pliego de peticiones. No descarta, de ser necesario, la creación de un puesto de mando unificado (PMU) para garantizar que las solicitudes de la comunidad sean atendidas.

Finalmente, se comprometen a disolver la manifestación, una vez sus reclamaciones sean solucionadas por parte de Perenco y Confipetrol.

Yéferson Caicedo Pardo, gerente interventor de Capresoca EPS, informó durante la rendición de cuentas en la Asamblea de Casanare que el 50% del presupuesto de contratación se ha destinado a la red pública y el otro 50% al sector privado.

La medida busca fortalecer la red pública departamental, asegurando que la atención primaria en salud llegue a los municipios, veredas y centros de atención.

Caicedo destacó el caso del hospital de Támara, donde antes solo se contrataba el 50% de los más de 7.000 afiliados. Tras la intervención, se contrató la totalidad, permitiendo al centro asistencial mejorar sus servicios, haciéndola viable financieramente y aumentar su capacidad de atención.

Caicedo Pardo indicó que situaciones similares ocurrían en los hospitales de Pore y Paz de Ariporo, que no recibían contratación completa pese a su infraestructura.

Incremento en la contratación pública

Agregó el gerente interventor que entre 2024 y 2025, Capresoca incrementó un 33% la contratación con las cuatro E.S.E. públicas del departamento: Red Salud Casanare, E.S.E. Yopal, Tauramena y Aguazul.

En cifras los incrementos específicos son:

• Red Salud Casanare: De 28.600 millones a casi 40.000 millones de pesos, un aumento del 40%.
• Hospital Juan Hernando Urrego de Aguazul: Aumento de 1.300 millones de pesos.
• Hospital de Tauramena: Incremento de 100 millones de pesos.
• Hospital de Yopal: Aumento de 4.200 millones de pesos.
• E.S.E. Mochuelo: Incremento de 160 millones de pesos.

Fortalecimiento y pago oportuno

Caicedo explicó que el objetivo de la intervención, junto con la Superintendencia y el Gobierno Nacional, es fortalecer los hospitales públicos como puerta de entrada a la atención primaria.

Esto incluye no solo aumentar la contratación, sino garantizar pagos oportunos para asegurar un apoyo efectivo a la red pública.

El líder del corregimiento de Tilodirán, José Dimas Maldonado, expresó el apoyo del sector comunal a la decisión del alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, de no firmar el contrato con Catasig, para realzar la actualización y el ajuste catastral.

Esta posición de los líderes comunales tiene su génesis en un documento radicado el pasado 11 de julio en la Alcaldía, en el cual hicieron una serie de observaciones al proceso.

“Lo que estábamos diciendo es que el ajuste catastral va por este año y valía $3.500 millones. A nosotros nos parecía que era coger esos $3.500 millones y echarlos a la basura, porque no le iba a servir esa información para hacer el verdadero ajuste catastral”, enfatizó Maldonado.

Agrego que, con la decisión adoptada por la Administración Municipal, todo el sector campesino se libró, por este año, de recibir, lo que Dimas calificó como una carga económica para sus bolsillos.

Sin embargo, frente a este tema hizo una claridad. “Estamos de acuerdo que se haga el ajuste catastral, pero que se haga de una forma responsable”, apuntó.

También trajo a colación las falencias denunciadas por la comunidad, frente al trabajo hecho hasta el momento. En este punto aseguró que si Catasig no recorrió la totalidad de los 11 kilómetros 900 metros que comprende el área urbana del municipio, menos lo va a hacer con los con 2.570 kilómetros cuadrados de la zona rural de Yopal.

Adicionalmente, sostuvo, que existen algunos puntos de muy difícil acceso debido a su geografía, especialmente aquellos sectores ubicados en área montañosa.

Finalmente, Dimas tiene su propia opinión sobre la propuesta de actualización catastral. “Cuando no expusieron cómo iban a hacer el ajuste, nosotros dijimos que era la cosa más lesiva para los campesinos, porque resulta que en el campo”.

Sustentó su comentario diciendo que les informaron que el ajuste se realizaría tomando como base los planes de loteo. En este esquema, manifestó, que se parte del valor de un terreno, lo multiplican por el número de predios que conforman una hectárea.

“Eso fue lo que nos explicó Catasig, que ese era como el punto de referencia para ellos, para tomar el avalúo de la parte rural”, concluyó Dimas Maldonado.

Una jueza penal ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.

La medida también cobijo a otras siete personas más vinculadas a un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación.

Los capturados fueron imputados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

Entre los procesados están el abogado Edgar Eduardo Riveros Rey; su hija, Ana María Riveros Barbosa; su cuñada y excontratista de la UNGRD, Sonia Rocío Romero Hernández.

También figuran el asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; el contratista Oscar Enrique Cárdenas Angulo; y dos representantes de la Corporación Mixta Yapurutú: el gerente legal, Edgar Echeverri Toro, y el jefe de ventas, Francisco Javier Estupiñán Bravo.

La investigación está liderada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes recopilaron pruebas que vinculan a Manrique Soacha con la gestión de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por 100.000 millones de pesos.

Según las autoridades, el exfuncionario habría solicitado que los contratos derivados de esos recursos se adjudicaran a personas específicas.

Los demás implicados habrían participado en el direccionamiento de contratos para la compra de 40 carrotanques, plantas desalinizadoras, pozos de agua potable, interventorías técnicas y servicios de topografía en diversas regiones del país.

Uno de los contratos investigados, suscrito en octubre de 2023 entre la UNGRD y la Corporación Mixta Yapurutú, tenía como propósito llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira.

El acuerdo fue firmado por 29.000 millones de pesos, pero se detectaron sobrecostos por 13.164 millones. De esa suma, la Fiscalía reveló que 3.000 millones fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones a Riveros Rey y 6.380 millones a los directivos de la corporación.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo fue ingresado de emergencia en la Clínica Country en el norte de Bogotá durante la tarde del martes 29 de julio de 2025, tras sufrir una grave crisis hipertensiva que comprometió su estado de salud.

El congresista experimentó complicaciones cardiovasculares que requirieron atención médica especializada inmediata.

Su ausencia en una sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes generó inicialmente interrogantes hasta que él mismo explicó los motivos a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de X, Polo Polo reveló los preocupantes indicadores que llevaron a su hospitalización, 

"No asistí a la Comisión porque la semana pasada sufrí una crisis hipertensiva grave, con una presión arterial de 190 y un ritmo cardíaco de 144", escribió el parlamentario.

Los valores reportados por el político indican una situación médica de alto riesgo, considerando que la presión arterial normal oscila entre 120/80 mmHg y el ritmo cardíaco en reposo debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto.

El equipo médico de la Clínica del Country se encuentra realizando los estudios necesarios para determinar el tratamiento más adecuado para el congresista.

Aunque los detalles completos de su diagnóstico no han sido divulgados públicamente, se espera un boletín médico oficial en las próximas horas.

El incidente de salud del parlamentario generó inmediata preocupación en círculos políticos y entre sus seguidores, especialmente por la gravedad de los síntomas cardiovasculares reportados.

La hospitalización de Polo Polo coincidió con importantes debates en la Comisión Primera de la Cámara, donde el congresista suele participar activamente en su rol opositor.

Su ausencia inicial generó cuestionamientos que él mismo aclaró al explicar públicamente su condición médica.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal finalizó con éxito una operación de rescate en el sector San Rafael de Morichal, en el río Charte, tras una creciente súbita que puso en riesgo a tres personas que trabajaban con una retroexcavadora en la orilla, según informó la entidad de socorro.

Según la información compartida por Bomberos, varias unidades acudieron al lugar luego de un reporte inicial sobre una persona en peligro.

Al llegar, confirmaron que tres trabajadores estaban involucrados en el incidente. El equipo ingresó por la quebrada Upamena utilizando un bote inflable y, tras un desplazamiento a pie hasta el río Charte, localizó a los afectados.

En el sitio, los bomberos encontraron a cuatro personas fuera del agua, pero la retroexcavadora estaba completamente sumergida. Según Bomberos de Yopal, solo el conductor de la máquina fue arrastrado por la corriente, mientras que sus dos compañeros intentaron ayudarlo tras la emergencia.

El conductor sufrió contusiones menores en la pierna izquierda debido a un atrapamiento con la puerta de la retroexcavadora al intentar salir.

Las tres personas fueron evacuadas de manera segura en bote hasta la orilla de la quebrada, en una operación coordinada y sin incidentes adicionales.

Antes de la 7 de la noche Bomberos de Yopal confirmó que el procedimiento de rescate concluyó exitosamente, garantizando la seguridad de los involucrados.