La Oficina de Gestión del Riesgo de Monterrey, en coordinación con Corporinoquia y la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Casanare, realizó una visita técnica en la vereda Palo Negro para evaluar los posibles impactos del río Túa en el sector de paso San Pablo.

La actividad tuvo como objetivo identificar daños y analizar las condiciones del terreno, con miras a formular soluciones que mitiguen los riesgos en la zona.

Según la Administración Municipal, este trabajo se enmarca en los esfuerzos conjuntos entre entidades territoriales para atender problemáticas que afectan a las comunidades locales.

La articulación entre las dependencias busca establecer medidas preventivas y definir acciones de respuesta frente a las afectaciones provocadas por el comportamiento del afluente.

Este viernes 25 de julio, a partir de las 3:00 p.m., la Comisión Primera de Planeación del Concejo Municipal de Yopal llevará a cabo el primer debate de tres proyectos de acuerdo que buscan fortalecer la participación ciudadana, el bienestar animal y la infraestructura vial en el municipio.

El primer tema que será objeto de debate es el proyecto de acuerdo N.º 006 de 2025 propone la conformación de la comisión municipal de tránsito y participación ciudadana, con el propósito de promover espacios de diálogo entre la administración y la comunidad sobre movilidad urbana.

Durante la misma sesión se abordará el proyecto de acuerdo N.º 007 de 2025 que busca reconocer a los animales domésticos rescatados como seres sintientes, además de institucionalizar la carrera atlética “Animal Run Yopal” (ARY) y la semana de la adopción animal como actividades de integración y sensibilización comunitaria.

Finalmente, se discutirá el proyecto de acuerdo N.º 008 de 2025 por medio del cual se aprueba la localización del nuevo terminal de transporte de pasajeros.

También faculta al alcalde para declarar la utilidad pública e iniciar la adquisición urgente de predios sobre la calle 50, como parte de los planes de expansión vial.

La Policía Nacional reportó este jueves la captura en flagrancia de tres hombres señalados de participar en el hurto a un establecimiento comercial en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare).

El hecho fue detectado oportunamente gracias a las alertas emitidas por la central de monitoreo y al seguimiento en tiempo real mediante cámaras de seguridad.

Los implicados fueron localizados en un inmueble, donde se procedió con autorización de la propietaria para realizar el operativo.

Durante el procedimiento se recuperaron varios elementos sustraídos del local comercial, entre ellos:

• Dos computadores (Lenovo y ThinkPad)
• Una tablet marca Xiaomi
• Una pulidora marca Black+Decker
• Unos audífonos marca KG

Además, las autoridades incautaron:

• Un taladro marca TOTAL
• Tres teléfonos celulares
• Dos motocicletas (Bajaj Boxer CT 100 y NKD 125)
• Tres bolsos de diferentes marcas y colores

Los detenidos y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la correspondiente judicialización.

La Procuraduría 53 Judicial II Administrativa, ante el Tribunal Administrativo de Casanare, emitió el concepto 2025-065 dentro de la acción popular interpuesta por el ciudadano Jorge Leonardo Infante Tovar, en la que se cuestiona la legalidad y ejecución del ocnvenio de cooperación No. 1001.84.1668-2022, suscrito entre el municipio de Yopal y la Asociación Asosupro.

El Ministerio Público concluyó que con dicho convenio se vulneraron derechos colectivos como la moralidad administrativa, el patrimonio público y el acceso eficiente a servicios públicos, al utilizar la figura de cooperación para tercerizar recursos del sistema general de regalías sin aplicar procedimientos de contratación pública.

Se señaló que se dejaron de recaudar tributos locales asociados a los contratos derivados del convenio, afectando programas sociales dirigidos al adulto mayor, deporte y cultura.

Además, se habría favorecido a Asosupro como ejecutora sin demostrar capacidad técnica ni aporte económico, trasladándole funciones propias del municipio.

Medidas solicitadas

• Suspender de inmediato la ejecución del convenio.
• Ordenar la devolución al municipio de los valores por impuestos no recaudados.
• Compulsar copias a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para investigar posibles faltas disciplinarias, fiscales y penales.

El concepto enfatiza que el convenio permitió eludir la licitación pública, vulnerando principios de legalidad, transparencia y responsabilidad, y propiciando un manejo arbitrario de recursos públicos.

Este jueves se desarrolló en el predio Nuevo Amanecer de la vereda Santa Rita, en Hato Corozal (Casanare), una jornada de servicios institucionales dirigida a la comunidad, que incluyó atención médica y actividades de integración.

La iniciativa, enmarcada en la estrategia Raíces de Paz, fue posible gracias a la coordinación entre entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Red Salud APS, el Ejército Nacional, el SENA, Comfacasanare, la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Casanare, la Fundación Amanecer y la Misión de Verificación de la ONU, entre otras organizaciones.

Durante la jornada se prestaron servicios de odontología, medicina general, vacunación, planificación familiar, nutrición y evaluación del crecimiento en niños. También se llevaron a cabo actividades recreativas lideradas por el Ejército, con participación de menores de edad y adultos.

En total, más de 100 personas, entre ellas habitantes de la vereda y ciudadanos en proceso de reincorporación, se beneficiaron con las atenciones. Como parte del evento, se sembraron 120 árboles como acto simbólico de compromiso con el territorio.

“Que vengan a la vereda es muy valioso, nos ayuda mucho a mejorar la salud y esperamos que este tipo de jornadas continúe”, expresó Ronal Pérez, concejal del municipio y residente del sector.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció este jueves que el paro arrocero ha sido levantado tras una serie de acuerdos entre el comité nacional del paro, gobernadores y el Gobierno Nacional.

Según lo informado, las partes firmaron un acta que contempla el fin de las movilizaciones y el desbloqueo de las vías en todo el territorio nacional. No obstante, los arroceros permanecerán en asamblea permanente hasta que el Gobierno cumpla con lo pactado.

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde en Casanare, fijado en 1.457,387 pesos por kilo, según lo anunció Ortiz Zorro a través de las redes sociales del mandatario departamental.

El levantamiento del paro busca garantizar estabilidad para los productores de arroz de la región y del país.

Un siniestro vial se registró este jueves en la intersección de la calle 15 con carrera 23, en Yopal, donde dos motocicletas colisionaron en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades.

Según testigos, el incidente ocurrió cuando una moto tipo Bwis, ocupada por una mujer y una niña, al parecer, realizó un giro sin la debida precaución, cruzándose en la trayectoria de otra motocicleta MRX que transitaba a alta velocidad.

El impacto dejó al conductor de la MRX tendido sobre el sardinel con heridas visibles. La mujer y la menor que iban en la otra moto también resultaron lesionadas.

Los tres afectados fueron trasladados a un centro asistencial por personal médico que atendió la emergencia en el sitio. Funcionarios de tránsito acudieron al lugar para atender el caso y recopilar información, para establecer las causas exactas del percance, así como determinar posibles responsabilidades.

La alcaldesa del municipio de Trinidad, Dámaris Abril, realizó una contundente intervención ante la Asamblea de Casanare, donde expuso la imperiosa necesidad de aprobar con celeridad el proyecto de ordenanza que busca integrar los recursos de un superávit de 2024 al presupuesto de la gobernación de 2025.

Abril manifestó su "sentir social" por la comunidad, haciendo especial énfasis en la importancia de estas inversiones para los adultos mayores, y recalcó que el tiempo apremia, ya que el periodo de sesiones finaliza el 31 de julio.

La preocupación central de la alcaldesa radica en la demora de la incorporación de estos recursos, los cuales históricamente se integran a la nueva vigencia en los meses de marzo o abril.

Subrayó en su intervención de este 22 de julio, que la planeación de las actividades municipales se realiza en función de estos presupuestos y del superávit, y que se han llevado a cabo mesas de trabajo con entidades como Indercás y la Secretaría de Educación para ajustar el presupuesto que incluiría dichos fondos.

Proyectos

Durante su exposición, la alcaldesa Abril detalló dos proyectos de gran trascendencia para el desarrollo de Trinidad, cuyas ejecuciones se ven comprometidas por la dilación en la aprobación de los recursos.

El primero está relacionado con un proyecto de pavimentación por un monto de 21.000 millones de pesos. Esta iniciativa abarca 35 calles, desmintiendo la noción de que se trata solo de dos cuadras.

Los recursos para esta iniciativa fueron aprobados y asignados el 14 de noviembre, y el primer trámite fue la licencia ambiental. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa precontractual y contractual, y se espera realizar la socialización en el municipio a mediados de agosto.

La mandataria local hizo hincapié en la relevancia de esta pavimentación, ya que incluye las calles más antiguas de Trinidad, como la calle del cementerio, un lugar de significativo valor sentimental para los habitantes.

Un segundo proyecto es el complejo ferial y ganadero, que representa un "compromiso de campaña" y un "reto" personal para la alcaldesa. Según su intervención, fue llevado a fase tres, formulado y radicado en la Gobernación de Casanare.

Otra iniciativa que se puede ver comprometida son los juegos interdocentes, que tradicionalmente se desarrollan en la semana de recesos de octubre. Este año la sede de dicho certamen le correspondió a Trinidad. La financiación de estas justas deportivas se encuentra en el listado de compromisos de los recursos del superávit.

Finalmente la mandataris instó a la Asamblea a buscar una solución para este proyecto de ordenanza, incluso si se encuentra "archivado". En ese caso sugirió la creación de una comisión accidental para explorar su viabilidad y considerar los procesos jurídicos pertinentes.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exconcejal de Yopal, Casanare, José Luis Avendaño Ortiz, quien, al parecer, asumió una conducta irrespetuosa contra sus compañeros cabildantes durante una sesión plenaria virtual, transmitida en directo a la comunidad a través de una red social.  

Avendaño Ortiz habría interrumpido reiteradamente en el uso de la palabra a la concejal Luz Mery Niño Chaparro y a la secretaria Nelly Neira Pérez y, cuando se le pidió comportarse con respeto, respondió con palabras soeces retando a pelear al entonces presidente de la corporación, quien le había pedido que, dada su conducta descortés, se retirara de la sesión. 

El ente disciplinario advirtió que su condición de servidor público le exigía actuar correctamente con rectitud, consideración, decoro, lealtad, honestidad y ceñido al ordenamiento jurídico. 

El Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de culpa grave tomando en cuenta que, con su comportamiento, habría afectado la función pública y el buen funcionamiento del Estado. 

La Alcaldía de Yopal desarrolló trabajos de rehabilitación en la calle 15, en el tramo comprendido entre las carreras 19 y 29, frente a Unicentro.

El proyecto abarcó diez puntos deteriorados que afectaban la movilidad de vehículos particulares, transporte público y motocicletas en uno de los sectores más transitados del centro de la ciudad.

Las labores incluyeron corte de pavimento, retiro de material, imprimación, aplicación de asfalto en caliente y compactación.

Esta acción se enmarca en el plan de mantenimiento vial que prioriza las zonas de mayor tráfico y desgaste, liderado por la Secretaría de Infraestructura.

La ejecución se realizó por etapas para permitir el tránsito parcial, minimizar afectaciones a comerciantes y residentes, y agilizar la intervención. Según la entidad encargada, la meta es reducir riesgos en la circulación y mejorar el estado de la malla vial urbana.

La secretaria de Infraestructura, Adriana Hernández, manifestó que esta intervención responde a una necesidad constante de la comunidad en materia de tránsito y seguridad vial.