Tras la denuncia de un padre de familia sobre el presunto mal estado de las instalaciones de la sede Guayaque de la Institución Educativa Divino Salvador, la Secretaría de Educación Municipal adelantó una visita para verificar la situación. 

El secretario del despacho, David Díaz Sánchez, se trasladó hasta la mencionada vereda para inspeccionar la infraestructura y dialogar con la rectora, Judith Corredor.

Durante la visita, se constató que las imágenes difundidas correspondían a áreas clausuradas y sin uso por parte de los estudiantes.

Así mismo, desmintió la afirmación sobre la falta de pupitres, presentando evidencia fotográfica que contradice dicha aseveración. Se aclaró, además, que la imagen de un aula con objetos en el suelo no pertenecía al salón donde los alumnos reciben clases.

La inspección también verificó el funcionamiento y la limpieza de las unidades sanitarias disponibles para el uso de los estudiantes.

En el marco de la visita, el secretario Díaz Sánchez reafirmó el compromiso de la administración municipal con la mejora continua de las instituciones educativas.

Anunció la transferencia de recursos destinados a la instalación de cielorraso en el aula utilizada por los alumnos y a la adquisición de vidrios para las ventanas, gestión que permitirá la instalación de un aire acondicionado donado por una empresa local gracias a la iniciativa de un docente.

El secretario sostuvo un diálogo con padres de familia, quienes expresaron su satisfacción con las condiciones de la sede e incluso manifestaron su colaboración en labores de embellecimiento del plantel.

“Con 86 sedes educativas activas, somos conscientes de las limitaciones presupuestales para atender todas las necesidades de mejora.

Sin embargo, hemos establecido un diálogo constante con los rectores para priorizar las necesidades inmediatas y, en la medida de la disponibilidad de recursos, realizar las inversiones necesarias”, puntualizó el David Díaz Sánchez.

Con el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare en favor de la diputada Marisela Duarte, se despejan todas las dudas que había generado este caso en los círculos políticos del departamento de Casanare.

Una de las voces que se pronunció, tan solo unas horas antes del pronunciamiento de la autoridad judicial, fue la del presidente de la Asamblea, Juan Fernando Mancipe Pérez.

El asambleísta expresó que la semana pasada un concepto emitido por la Procuraduría generó gran expectativa, pero que la última palabra la tenía en primera instancia el Tribunal y dependiendo del falló que emita esta autoridad judicial, se podría dar una segunda instancia ante el Consejo de Estado.

Unas horas más tarde el Tribunal denegó las pretensiones de la demanda en contra de Marisela Duarte, interpuesta Nay Epimenio González Celis, que buscaba la perdida de investidura de la diputada.

Como se recuerda todo se originó en un supuesto conflicto de intereses que se habría presentado, durante la sesión plenaria de la Corporación, en la que fue elegido el secretario general de la Asamblea.

En esta misma vía de las demandas por pérdida de investidura, Mancipe Pérez también se refirió al caso del diputado Heyder Silva. Dijo que se había enterado la semana pasada sobre su proceso.

Agregó que el caso está relacionado con el proyecto de ordenanza 002 de 2025, donde se realizó una reestructuración a la planta de personal de la Asamblea Departamental.

El diputado explicó todo el contexto del origen de la demanda. “En el 2023 la Asamblea contrata una consultoría la cual sugiere que la Asamblea debe contratar de forma permanente a una persona para que preste los servicios de acompañamiento financiero y contable para hacer los pagos de las nóminas y las obligaciones que tiene la Asamblea Departamental”.

Agregó que la recomendación apuntó a crear un cargo para que cumpla con dichas funciones y que su asignación salarial debía ser de tres millones de pesos mensuales.

“Lastimosamente el presidente de la Asamblea Departamental de la vigencia pasada esperó hasta el 17 de diciembre para hacer el nombramiento de este cargo. Sin embargo, cuando se lleva a cabo dicho procedimiento, el cargo que se crea y que se hace no es el que sugirió la consultoría del 2023”, mencionó el actual presidente de la Corporación.

Indicó que la asignación salarial fue de $5’700.000, la más alta de la entidad, superando ampliamente los $3’000.000 sugeridos en el estudio de la consultoría.

“Esto genera unos costos presupuestales que tiene que asumir la Asamblea, unos costos laborales que hacen insostenible el funcionamiento de la Asamblea Departamental, porque aquí funcionamos con unos recursos muy pocos. Esta es una entidad que no contrata, que no ejecuta ningún tipo de proyecto”, precisó el diputado Mancipe.

Acotó que en el momento en que se subió el salario para este nuevo cargo, se generó un déficit financiero en la Corporación, lo que obliga hacer una modificación a todo este tema, pero en esta ocasión vía sesión plenaria, para poder retomar las sugerencias iniciales de la consultoría.

El diputado aclaró que la génesis del problema que suscitó la demanda en contra Heyder Silva no es la creación del cargo, sino la asignación salarial que le fue asignada.

Añadió que otra arista de esta controversia está relacionada con la actitud asumida por Silva. En su condición de presiente de la Asamblea, en ese momento, no consultó a la mesa directiva de la Corporación para tomar una decisión sobre el mencionado nombramiento.

“Es cierto, lastimosamente el actuar que hizo el presidente de la vigencia pasada fue individual. Eso no tiene autorización ni del primer vicepresidente ni del segundo vicepresidente, ni de la plenaria, ni de ninguna comisión. Es decir, fue una decisión netamente del presidente el 17 de diciembre del año pasado”.

Dentro de la variedad de servicios en línea que ofrece la Cámara de Comercio de Casanare a sus afiliados, se encuentra el centro de conciliación, arbitraje y amigable composición.

A este ítem se puede acceder desde la plataforma de entidad gremial, cccasanare.co. Una vez dentro del portal, en la parte superior derecha de la página, el usuario encontrará la palabra Centros escrita en negrilla.

Al hacer click sobre la mencionada inscripción se despliegan dos opciones: centros de conciliación y convenciones. La primera es la que ofrece la posibilidad de acceder a cuatro ventanas: conciliación, arbitraje, insolvencia y amigable composición.

Ya dentro de la ventana de conciliación el cibernauta encontrará los cuatro pasos que hace parte del procedimiento aplicado para estos casos: radicación, citación, generalidades de la audiencia y registro.

El primer paso, como su nombre lo indica, corresponde a la radicación de las solicitudes de conciliación, la cual el usuario puede realizar a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

La segunda venta corresponde exclusivamente a la fecha en que se programe la audiencia de conciliación, que generalmente se fija para los 10 días hábiles siguientes a radicada la solicitud de conciliación.

Luego vienen las generalidades de la audiencia, donde la CCC hace algunas salvedades. “En la Audiencia de Conciliación pueden ocurrir cuatro (4) situaciones que son certificados por el conciliador: 

• Cuando las partes acuerden una solución al conflicto, el conciliador elaborará una “ACTA DE CONCILIACIÓN”, que será suscrita por las partes y el conciliador, y la cual tendrá efectos de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo, luego el centro procede a registrarla y a entregar una copia original del documento a cada parte.
• Cuando una vez citadas las partes y alguna de ellas o ninguna de ellas NO asista a la audiencia, el conciliador expedirá una “CONSTANCIA DE INASISTENCIA”.

• Cuando al finalizar la audiencia las partes no consiguen llegar a un acuerdo, el conciliador expedirá una “CONSTANCIA DE NO ACUERDO”.

• Cuando al estudiar el caso el conciliador encuentre que es un asunto no transigible o negociable, como los asuntos tributarios; o que por su naturaleza el asunto no le compete, como los conflictos laborales o conflictos con las entidades públicas, el conciliador expedirá una “CONSTANCIA DE ASUNTO NO CONCILIABLE”.

La última fase es la de registro. En este punto la CCC recuerda que “cada proceso de conciliación es cargado en la plataforma Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición “SICAAC”.

Al final de ese vínculo hay un espacio reservado para solicitar el formato de conciliación y una tabla con las tarifas autorizadas por el Ministerio de Justicia para los procesos de conciliación.

Sobre el costado izquierdo figuran cuatro vínculos más, donde además de las tarifas, se pueden consultar los nombres de los conciliadores, las jornadas gratuitas de conciliación, los requisitos para ser conciliador y la normativa vigente para estos procesos.

Retornando a la página principal del servicio de conciliación, encontramos la ventana de arbitraje. Al desplegarla se entrega información sobre el modelo de clausula compromisoria, el cual cierra con un vínculo escrito en letra blanca y con un fondo rojo, que lleva al usuario al Servicio Integrado de Información de la CCC.

Un poco más abajo se dan a conocer los procedimientos establecidos para el tema de arbitraje. También se explica cómo funciona y las áreas en las cuales se puede aplicar. Y en la parte final de la página aparecen las tarifas de arbitraje autorizadas para 2025.

El tercer apartado del vínculo de centro de conciliación corresponde a la insolvencia. Al ingresar a esta venta el usuario es recibido con la lista de los conciliadores autorizados. Luego encuentra un recuadro de acceso a la información de insolvencia de persona natural no comerciante.

Al ingresar a esta sección el visitante puede informarse sobre quiénes puede acogerse a cuna procedimiento de insolvencia, cómo puede una persona natural no comerciante para acogerse a este proceso, la duración máxima del proceso de negociación de las deudas y la solicitud de conciliación para este tipo de casos.

También se encuentra la normativa vigente para estos procesos y en la parte final de la página se puede descargar el formato de radicación de insolvencia.

Finalmente, el cuarto vínculo de la lista que figura en el centro de conciliación corresponde a la amigable composición. En su apartado, por el momento, se puede ver el listado de los conciliadores en el tema de insolvencia.

Todos estos servicios y muchos más se pueden adelantar de manera virtual. De esta manera la Cámara de Comercio de Casanare brinda herramientas digitales a sus afiliados, con el fin de hacer más fáciles y rápidos todos los trámites que se deben diligenciar ante la entidad gremial.

El Gobierno nacional lanzó oficialmente el programa Colombia Inteligente. Este programa busca fusionar la inteligencia artificial y la ciencia cuántica con las necesidades y capacidades del territorio colombiano.

La senadora casanareña Sonia Bernal fue una de las voces destacadas en el lanzamiento. La parlamentaria expresó su gran satisfacción, señalando que el programa cuenta con un rubro significativo. Se ha anunciado una convocatoria que destinará hasta 20.000 millones de pesos para apoyar este tipo de proyectos.

El respaldo financiero por iniciativa puede alcanzar hasta 1.500 millones de pesos. Específicamente, las organizaciones, ojalá campesinas, del sector productivo, semilleros científicos y universidades que estén en el territorio podrán acceder a 100 millones de pesos por cada propuesta que presenten.

La senadora Bernal sugirió diversas áreas en las que estos fondos podrían aplicarse para generar un impacto positivo. Uno de estos sectores puede ser en la prevención de la accidentalidad.

Otro campo puede ser el fortalecimiento en el terreno agrícola y pecuario mediante una agronomía de precisión. Igualmente, en el desarrollo de energías renovables.

Así mismo, se subrayó la importancia de que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) vaya de la mano con la inteligencia emocional, la gobernanza con las entidades territoriales.

El principio fundamental que debe guiar estos esfuerzos es que la inteligencia artificial nunca vaya en contra de la inteligencia humana, recalcó la senadora Sonia Bernal.

La Secretaría de Educación de Yopal tomó cartas en el asunto tras una denuncia formal por presunto maltrato a una estudiante de primaria del colegio Braulio González.

El secretario de Educación municipal, David Díaz Sánchez, se reunió directamente con los padres de familia para escuchar sus inquietudes y recabar información de primera mano sobre la situación.

Según confirmaron fuentes oficiales, la primera medida adoptada fue la activación de la ruta establecida para casos de violencia escolar, luego de que el padre de la menor formalizara la denuncia ante las directivas del plantel educativo.

Profesionales de la oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación ya habían sostenido un encuentro previo con directivos del colegio, el padre de la estudiante y representantes de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Adicionalmente, la docente orientadora de la institución brindó acompañamiento a la niña afectada y a su padre, realizando la remisión correspondiente a psicología familiar.

El rector del colegio Braulio González, Jaime Rincón Serrano, informó a los padres presentes que la docente señalada será trasladada de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación interna pertinente.

Asimismo, se conoció que el caso será registrado en el SIUCE (Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar), plataforma nacional destinada al registro y seguimiento de situaciones de acoso, violencia y vulneración de derechos en el ámbito escolar.

Por su parte, Díaz Sánchez fue enfático al declarar: "Es inaceptable que un maestro agreda a un estudiante. Nuestra labor es garantizar la protección de los derechos de los estudiantes y quiero asegurar a los padres que realizaremos un seguimiento exhaustivo de este caso."

Adicionalmente, anunció el compromiso de la Administración municipal de ofrecer talleres de manejo de emociones en el aula dirigidos a los docentes, con el objetivo de fortalecer el respeto y el buen trato hacia los alumnos.

No obstante, la Secretaría de Educación recalcó que se actuará en estricto cumplimiento de la ley y el debido proceso para determinar las medidas que correspondan.

Finalmente, el secretario David Díaz instó a las directivas del colegio a mantener canales de comunicación abiertos y una escucha activa hacia los padres de familia, fomentando así una comunicación constante y fluida.

Frank Pearl, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), se refirió de manera contundente sobre la compleja situación de orden público que atraviesa Colombia. Según Pearl, el país enfrenta un desafío monumental en seguridad.

Las declaraciones las hizo a través de un video compartido en redes sociales. Allí señaló que hay desorden público en varias regiones, debido la presencia de grupos criminales, disidencias, mafias locales y de narcotraficantes.

Agregó que estas organizaciones están afectando gravemente la vida de los ciudadanos colombianos mediante crímenes como asesinatos, extorsiones y secuestros.

Pearl enfatizó la necesidad de restablecer el orden. Argumentó que los ciudadanos y los sectores empresariales requieren garantías mínimas para poder ejercer sus actividades.

Puso como ejemplo reciente unos temas de orden público en una región de los Llanos Orientales que costaron a unos departamentos más de 60.000 millones de pesos, lo que implica menos recursos para salud, educación e inversiones en la niñez.

Respecto al actual esquema de Paz Total, aunque reconoció que está muy bien intencionado, afirmó que no ha funcionado y tiene que replantearse.

Subrayó que la Fuerza Pública debe tener la capacidad de operar. Esta acción, según Pearl, debe realizarse dentro de la Constitución y con un profundo respeto a los Derechos Humanos, actuando en contra de las bandas criminales y las mafias para proteger la vida de los ciudadanos.

Hizo un llamado al Gobierno nacional para que diferencie entre los grupos con los que adelanta negociaciones, cuáles sí tienen disposición y capacidad de lograr acuerdos dentro de la ley y cuáles no.

En los casos donde las organizaciones no muestren disposición ni capacidad legal, Pearl instó a que se aplique toda la fuerza legítima del Estado. El objetivo de esta medida sería recuperar el orden y las posibilidades de vivir en paz.

Frank Pearl concluyó sus declaraciones señalando que su intervención  es un espacio para plantear soluciones, no para agrandar los problemas.

La aspiración de establecer un hogar de paso para los casanareños que necesitan viajar a Bogotá por razones médicas está a punto de concretarse.

Este proyecto, conocido como Mi CASAnare, ha sido impulsado por el gobernador César Ortiz Zorro y su esposa, la gestora social Diana Soler, quien ha gestionado la entrega en comodato de un edificio que ya ha sido remodelado y está preparado para recibir mobiliario.

“Desde mis años de estudiante he estado apoyando a familias que llegan a Bogotá para acompañar a sus seres queridos en hospitales. Este proyecto nace de esa necesidad, pero quiero destacar el esfuerzo de mi esposa Diana, quien ha liderado esta iniciativa”, afirmó el gobernador.

Para equipar la casa, se llevó a cabo una subasta durante la reciente Cumbre de Gobernadores, donde se recaudaron aproximadamente 92 millones de pesos. Entre los objetos subastados se encontraban obras de arte, ruanas, productos ganaderos, sillas de coleo, esculturas, celulares, camisetas de fútbol, sombreros y otros artículos, muchos de ellos donados por gobernadores y empresarios.

Con los fondos obtenidos, se adquirirán camas, muebles, televisores, lavadoras y todo lo necesario para que las familias que lleguen al hogar puedan ducharse, preparar un desayuno y descansar en medio de la difícil situación que enfrentan en la capital.

La Gobernación de Casanare se encargará del sostenimiento del hogar, que contará con pequeños apartamentos listos para recibir a quienes lo necesiten.

Durante el anuncio, tanto el gobernador como la gestora social expresaron su agradecimiento especial a la Fundación Sabana por unirse a esta noble causa, apoyando a las familias vulnerables que atraviesan momentos difíciles lejos de su hogar.

“Quiero agradecer enormemente a los amigos, empresarios y gobernadores que nos han brindado su apoyo. Su ayuda llega justo donde más se necesita: al corazón de las familias en momentos complicados”, expresó la gestora social Diana Soler.

Además, el proyecto recibió un impulso previo con una recolecta que sumó otros 70 millones de pesos, destinados al mismo objetivo. Muy pronto, Mi CASAnare abrirá sus puertas para convertirse en un refugio de apoyo y alivio para quienes enfrentan tratamientos médicos en Bogotá.

Una problemática de años para los residentes del sector de la carrera 21 entre las calles 40 y 50 comienza a resolverse con el inicio de las obras de optimización del sistema de alcantarillado sanitario.

Con el inicio de la "Implementación de acciones para el mejoramiento del transporte de las aguas residuales, a través de la optimización de la red de alcantarillado sanitario y obras complementarias en la avenida calle 50 entre la carrera 21 y calle 40 de Yopal” se pone en marcha una solución esperada durante años por la comunidad del sector.

El proyecto, denominado "Implementación de acciones para el mejoramiento del transporte de las aguas residuales y obras complementarias", busca modernizar la infraestructura de la carrera 21 desde la calle 40 hasta la avenida 50.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, destacó que esta iniciativa es fruto del diálogo ciudadano en las mesas de trabajo del plan de desarrollo, donde líderes comunitarios como Hugo Mendieta, del barrio Aerocivil, hicieron visible la urgencia de solucionar los constantes rebosamientos de aguas residuales.

El mandatario también resaltó la colaboración con el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, para la cofinanciación de proyectos cruciales para la ciudad.

Según el gobernante departamental, esta obra no solo mejorará la imagen de la entrada al aeropuerto Alcaraván, un punto de alta visibilidad para los visitantes, sino que también solucionará los graves problemas de inundaciones que ponían en riesgo a las familias y favorecían la propagación de enfermedades.

El proyecto en marcha contempla la instalación de una tubería de polietileno de alta densidad de 60 pulgadas, lo que incrementará significativamente la capacidad hidráulica del sistema y optimizará el flujo de aguas residuales.

El gerente de Acuatodos, Julio César Cuevas, informó que la inversión asciende a cerca de 10.400 millones de pesos, provenientes de recursos del Sistema General de Regalías.

Se estima que la intervención tendrá una duración de cuatro meses y medio y beneficiará directamente a más de 42.600 habitantes de esta zona de Yopal. Para mitigar las posibles afectaciones a la movilidad, se implementará un plan de manejo de tránsito en la zona de las obras.

Cuevas recordó que las intensas lluvias de 2023 agravaron la situación, provocando el hundimiento de vías y la obstrucción del colector de aguas residuales, lo que generó riesgos de accidentes y la posible aparición de enfermedades como cólera, disentería y hepatitis A.

Desde Acuatodos se hizo un llamado explícito al contratista y a la interventoría para que prioricen la contratación de mano de obra local, buscando que el impacto positivo del proyecto se extienda a la generación de empleo para los habitantes de Yopal.

Con esta intervención, se espera recuperar la seguridad y la salubridad de este importante corredor vial de la ciudad, mejorando sustancialmente la calidad de vida de miles de ciudadanos yopaleños.

El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la Acción Popular que busca organizar todo el tema de vivienda en el departamento y frenar la proliferación de urbanizaciones ilegales, especialmente en Yopal, fenómeno que ha generado graves afectaciones ambientales y sociales en la ciudad.

La acción fue interpuesta en contra del Municipio de Yopal, el Departamento de Casanare, la Superintendencia de Notariado y Registro, Corporinoquia, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, la Empresa de Energía de Casanare y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de proteger los derechos colectivos de la ciudadanía.

Se fundamenta en la defensa de derechos como el goce de un ambiente sano, seguridad pública, acceso a servicios básicos, moralidad administrativa y derechos de consumidores, entre otros, consagrados en la Constitución (Art. 88) y la Ley 472 de 1998.

Medidas cautelares solicitadas

La Acción Popular pide a la autoridad judicial suspender por 12 meses (prorrogables) la aprobación de nuevos planes parciales hasta garantizar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Esta solicitud la sustenta con el supuesto incumplimiento de requisitos técnicos, falta de infraestructura de servicios públicos y protección ambiental en zonas de expansión.

También pide la clausura de manera inmediata de la totalidad de las urbanizaciones ilegales (construidas o en proceso de construcción) en Yopal, con plazo máximo de 30 días.

Igualmente, contempla varias acciones complementarias como la prohibición de la comercialización de lotes ilegales. Invita a informar a la comunidad a través de avisos visibles, donde se alerte sobre la ilegalidad de estos planes de vivienda que no cumplen con los requisitos de ley, así como los riesgos que implica este tipo de proyectos.

De la misma manera, se solicita la intervención de manera coordinada entre Alcaldía, Policía y Corporinoquia, para ejecutar las medidas antes expuestas.

En este listado de peticiones se incluye una demanda a los urbanizadores ilegales, argumentando omisión en servicios públicos y costos fiscales no planificados.

Crear un ente interinstitucional con tecnología SIG para vigilancia urbano-rural, denuncias ciudadanas y transparencia. Cerrar empresas que promueven urbanizaciones ilegales.

Pedir a la Fiscalía que investigue a las empresas promotoras de este tipo de iniciativas, por los delitos como captación ilegal de recursos, estafa, ocupación irregular de suelo y fraude.

Iniciar procesos sancionatorios en Corporinoquia y auditorías a notarías (Superintendencia de Notariado) por escrituraciones irregulares.

Convocar mesa interinstitucional con el Ministerio de Vivienda, Gobernación, Alcaldía para proyectos de vivienda digna en estratos 1, 2 y 3.

Exigir a Enerca AAAY que niegue la viabilidad a proyectos sin cumplimiento técnico-legal.

La idea es sancionar a todos aquellas empresas que han promovido proyectos de parcelación y venta de terrenos sin licencias urbanísticas, sin servicios públicos esenciales y sin cumplir los requisitos legales para los planes parciales.

Según la Acción Popular estas prácticas han generado impactos negativos en el ambiente, la salubridad pública, el acceso a servicios básicos y la confianza de los ciudadanos, quienes han sido víctimas de promociones engañosas y captación ilegal de recursos.

El Gobierno Nacional declaró emergencia sanitaria por el brote de fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por mosquitos, que ha aumentado en varios departamentos del país.

La medida busca contener la propagación mediante la vacunación masiva, especialmente en zonas de alto y muy alto riesgo, ubicadas principalmente por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Por conocer un poco más a fondo sobre esta enfermedad, la Nueva EPS consultó al médico Jorge Alberto Cortes, infectólogo del Hospital Universitario Nacional.

El galeno mencionó que la vacuna contra la fiebre amarilla es segura y se aplica en una sola dosis que protege de por vida. Sin embargo, no está recomendada para personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Dentro de este grupo se encuentran los pacientes en tratamiento contra el cáncer, trasplantados o con VIH, ni para quienes son alérgicos al huevo, ya que el biológico se produce usando este ingrediente.

Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, irritación en la piel, náuseas y cansancio, con un período de incubación de tres a cinco días después de la picadura del mosquito aedes aegypti

Se recomienda estar atentos especialmente quienes hayan visitado zonas tropicales con casos activos, pues la enfermedad puede manifestarse hasta cinco días después del regreso.

Nueva EPS se sumó a la jornada nacional de vacunación que se realizó el pasado 26 de abril, ofreciendo el biológico contra la fiebre amarilla para personas entre 9 meses y 59 años.

Se contó con 1.200 puntos de vacunación en todo el país, incluyendo 124 IPS exclusivas, hospitales y centros de salud, con atención durante todo el día. Además, Nueva EPS realizó una ‘vacunatón’ nocturna el 25 de abril, de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., en sus IPS exclusivas.

La vacunación es gratuita y está disponible para toda la población, sin importar régimen de salud o condición social. Los interesados pueden acudir a la IPS más cercana en cualquier día hábil, de lunes a sábado, según los horarios establecidos.

Las autoridades de salud clasificaron los departamentos en niveles de riesgo para focalizar la vacunación. Entre los territorios con alerta muy alta se encuentran municipios en Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Risaralda, Tolima, Putumayo, Guaviare y Vaupés.

El Ministerio de Salud y Protección Social, junto con las EPS, garantizarán la disponibilidad de vacunas y fortalecerán la educación comunitaria, el seguimiento epidemiológico y el control de vectores para contener el brote.

También se implementarán medidas en los lugares de trabajo para proteger la salud de los trabajadores y evitar la propagación.

Para más información, la comunidad puede acudir a las IPS o consultar con su EPS para acceder a la vacuna y recibir orientación sobre prevención y síntomas.