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En una audiencia virtual realizada el jueves 10 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Penal del Circuito dictó sentencia contra Diego Andrés Suárez Daza, encontrándolo responsable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años de edad.

Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2021, cuando Díaz Barrera fue asesinada de manera violenta por Suárez Daza, quien había sido su pareja sentimental.

El fallo judicial fijó una condena de 550 meses de prisión, equivalentes a 45 años y ocho meses, como pena por el crimen.

La decisión fue tomada tras confirmar la culpabilidad del acusado, en el marco de la legislación colombiana que contempla penas severas por delitos de violencia basada en género.

 

Después de ocho meses de ocurrido el crimen el Juzgado Tercero Penal del Circuito programó para hoy 10 de julio, la audiencia de lectura de sentencia a 44 años de prisión del señalado feminicida de Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024.

Tammi Rincón, hija de la víctima, quien ha mantenido viva la memoria de su madre a través de mensajes sentidos en redes sociales, expresó su satisfacción y alivio tras conocer la condena. 

En un emotivo mensaje publicado en Facebook, recordó el doloroso camino recorrido y reafirmó su derecho a defender la verdad y la memoria de su madre frente a quienes intentaron distorsionarla.

“Hoy no busco venganza. Solo busqué justicia", dice en su mensaje Tammi.

Este fallo marca un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia de género en la región y envía un mensaje claro sobre el compromiso judicial con estos casos.

 

La Gobernación de Casanare ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a quienes perpetraron el homicidio de la taxista Marinela Ortiz Neita, ocurrido en la noche del miércoles en Yopal.

El anuncio fue realizado por el gobernador César Ortiz Zorro, quien pidió a la fuerza pública utilizar toda su capacidad operativa, investigativa y de inteligencia para esclarecer los hechos.

Según indicó, este crimen ha conmocionado a la comunidad y requiere de una respuesta contundente de las autoridades.

El caso se presentó en inmediaciones del barrio San Marcos, donde la mujer fue atacada con arma de fuego mientras conducía el vehículo de servicio público identificado con matrícula MY-164.

Testigos afirman que junto al cuerpo fue hallado un panfleto, presuntamente atribuido al grupo armado Renacer Erpac, que, al parecer, habría amenazado a la víctima previamente.

Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los responsables del homicidio.

 

Dos recientes homicidios en Polonia, presuntamente cometidos por migrantes de nacionalidad venezolana y colombiana, han desatado una ola de indignación y protestas en todo el país.

Las autoridades han confirmado la captura de los implicados en ambos casos, lo que ha generado un intenso debate sobre la política migratoria y la seguridad ciudadana.

La situación ha llevado a que se conforme grupos de vigilancia en la frontera con Alemania, para evitar el ingreso de migrantes ilegales a este país del centro de Europa.

Caso Torún

El primer incidente ocurrió en Torún, ciudad de un poco más de 200 mil habitantes, ubicada de norte de Polonia a orillas del Río Vístula. Es reconocida por ser el pueblo natal de astrónomo Nicolás Copérnico.

En esta población Klaudia Karkowska, una estudiante universitaria de 24 años fue brutalmente atacada. El presunto agresor, fue identificado como Yomeykert, un ciudadano de origen venezolano de 19 años, quien la interceptó mientras regresaba a casa.

Según los reportes, el victimario intentó abusar sexualmente de la universitaria, luego le sacó los ojos con un destornillador para evitar que la joven lo identificara. Luego la apuñaló una docena de veces en el cuello y tórax. Este acto de extrema barbarie generó la indignación del pueblo polaco.

Karkowska alcanzó a ser trasladada a un centro hospitalario donde falleció dos semanas después del ataque, debido a la gravedad de las heridas recibidas en la brutal agresión. Su deceso se produjo el pasado 27 de junio.

El agresor fue detenido a pocos metros del lugar gracias a la intervención de la comunidad, así como de la policía y ahora podría enfrentar una condena de cadena perpetua. Este crimen ha provocado una marcha silenciosa en Torún, exigiendo justicia y mayor seguridad en la ciudad.

Homicidio en riña

El segundo caso se registró en Nowe, un distrito histórico ubicado en Varsovia. En este lugar un hombre polaco de 41 años fue asesinado durante una riña a las afueras de un restaurante.

Ocho ciudadanos colombianos fueron detenidos por estar relacionados con este hecho, incluyendo al principal sospechoso, un connacional de 29 años. Cuatro de los detenidos intentaron huir en un vehículo, pero fueron arrestados tras chocar con un vehículo de la Policía.

Las autoridades han señalado que seis de los ocho colombianos detenidos se encontraban en Polonia de forma irregular y tenían una orden previa para abandonar el país. Este incidente también ha avivado las protestas y el debate sobre la política migratoria en Polonia.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre dos oficinas en Bogotá pertenecientes a una empresa petrolera de origen francés, Perenco, señalada de financiar grupos paramilitares en el departamento de Casanare entre 1997 y 2005.

La decisión fue adoptada por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, a solicitud de la Dirección de Justicia Transicional.

Las medidas incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre los inmuebles, cuyo valor comercial asciende a más de 41 mil millones de pesos, equivalentes a unos 10 millones de dólares.

Los bienes fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el objetivo de destinarlos a la indemnización de personas afectadas por la violencia paramilitar en esa región del país.

La Fiscalía logró identificar los activos tras recopilar información sobre la estructura corporativa de la compañía mediante la read de recuperación de activos del grupo de acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Colombia hace parte.

También se aplicaron técnicas de análisis criminal y se recolectaron pruebas que, según el ente acusador, demuestran que altos directivos de la empresa autorizaron aportes ilegales a grupos armados.

Entre las evidencias figuran contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos, así como testimonios de exintegrantes del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

En sus versiones libres, Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco afirmaron que la compañía entregó dinero, combustible, alimentos y transporte a cambio de seguridad en zonas de extracción petrolera.

Las labores investigativas fueron desarrolladas por fiscales del grupo de persecución de bienes de la Dirección de Justicia Transicional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y otras entidades judiciales.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, por su presunta participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Según la Fiscalía General de la Nación, Arteaga Hernández habría coordinado acciones logísticas antes y después del ataque. Entre las pruebas presentadas se encuentra una reunión sostenida el 4 de junio con William Fernando González Cruz, ya judicializado por este caso, en la localidad de Bosa.

El ente acusador también señaló que alias ‘El Costeño’ habría contactado a Katherine Andrea Martínez, Carlos Eduardo Mora González y a un menor de edad, a quienes ofreció dinero para ejecutar el atentado y asignó funciones específicas a cada uno.

El 6 de junio, un día antes del ataque, Arteaga habría inspeccionado el parque El Golfito, donde Miguel Uribe tenía previsto un encuentro con la comunidad, con el fin de planear rutas de escape.

El día del atentado, el procesado se habría reunido con Martínez y Mora en un vehículo cercano al lugar del evento. Allí, presuntamente, entregó al menor el arma de fuego utilizada en el ataque. Luego del atentado, Arteaga y Martínez habrían huido en un automóvil conducido por González Cruz.

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del caso y determinar la responsabilidad de los implicados.

Una adolescente con discapacidad psicomotora fue víctima de abuso sexual en Yopal, luego de haber sido reportada como desaparecida la noche del pasado sábado 5 de julio.

La joven, quien había salido con su hermano menor a una tienda cercana, fue interceptada por un hombre que la obligó a subir a una motocicleta gris en la intersección de la diagonal 47 con carrera 14.

El domingo, la joven regresó sola a su vivienda. Estaba desorientada y presentaba signos de alteración emocional. Pese a sus dificultades para comunicarse, logró relatar que el hombre la llevó a un sitio que parecía un bar, donde le ofreció una bebida, y luego la trasladó a un lugar con varias habitaciones.

Tras su llegada, fue llevada de inmediato a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron que había sido víctima de agresión sexual.

Las autoridades iniciaron la revisión de cámaras de seguridad en los sectores por donde pudo haber sido conducida, con el objetivo de identificar al responsable y esclarecer los hechos.

La menor permanece bajo el cuidado de su padre, quien se encontraba trabajando y no se encontraba en casa al momento del incidente. La familia solicita el apoyo de la comunidad para aportar información que permita ubicar al agresor y avanzar en el proceso judicial.

 

La siniestralidad vial nuevamente es protagonista en el departamento de Casanare. El sábado 5 de julio dos personas perdieron la vida en distintos puntos de la Marginal del Llano.

Un primer hecho se presentó en el puente sobre el Río Tocaría, en jurisdicción de La Yopalosa, zona rural de Nunchía. La víctima fue identificada como Jorge Walteros, quien se movilizaba hacia su vivienda cuando fue arrollado por un vehículo que escapó del lugar luego del incidente.

El segundo fallecido fue identificado como Braulio Pérez, un peatón quien intentaba cruzar la doble calzada Yopal – Aguazul, en una zona aledaña a la empresa Arroz Blanquita.

El reporte oficial explica que el peatón trata de manera repentina de cruzar la vía y fue sorprendido por el automóvil de matrícula DSP156, conducido por Alben Guillermo Montaña.

En este contexto la hipótesis planteada por las autoridades señala que Pérez, no utilizó el puente peatonal ubicado en este sector. Decisión que a la postre le costó la vida.

A estos dos hechos se suman las seis personas lesionadas cerca del peaje del Tacuya, como consecuencia del violento choque entre un automóvil Chevrolet Steem de PlacasCJF118 y una camioneta, Nissan X Trail de Placas ZYM326, ocurrido el mismo sábado en horas de la mañana.

Las autoridades adelantan una investigación para identificar al vehículo involucrado en un siniestro vial ocurrido la tarde del sábado 5 de julio, en el que perdió la vida un hombre que se movilizaba en bicicleta sobre el puente del río Tocaría, en el sector de La Yopalosa, jurisdicción del municipio de Nunchía.

La víctima fue identificada como Jorge Walteros, trabajador de la empresa Arroz Supremo, quien en el momento del percance regresaba a su vivienda.

Según versiones preliminares, el hombre fue embestido por un automóvil que se dio a la fuga tras el impacto. El hecho causó conmoción en La Yopalosa, en donde la víctima gozaba de gran aprecio entre sus habitantes.

El caso está siendo analizado por las autoridades competentes, quienes aún no han emitido un pronunciamiento oficial. Se espera que en las próximas horas se entreguen detalles sobre los avances de la investigación y posibles pistas que permitan ubicar al conductor responsable.

El hecho ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes piden mayor control en las vías y celeridad en el esclarecimiento del caso.

En varias oportunidades las autoridades civiles y militares de Casanare, han negado la existencia del grupo armado ilegal Renacer Erpac.

El mismo que en las últimas semanas ha sido noticia por las crecientes amenazas, extorsiones, amenazas, distribución de panfletos y la muerte de dos personas, en el municipio de Villanueva.

No obstante, para los dirigentes del departamento se trata de un grupo de delincuencia común con nexos en las cárceles y adelantan sus actividades delictivas como amenazas, grafitis, entre otras acciones que atentan contra la tranquilidad ciudadana.

Sin embargo, la noche del sábado 5 de julio de, la ciudad de San José del Guaviare fue escenario de un grave atentado contra el reconocido periodista radial Gustavo Chica, director de Guaviare Estéreo, emisora afiliada a Caracol Radio, y su esposa.

El comunicado junto con su esposa fue atacado con arma de fuego en las cercanías de su vivienda.  El suceso ha generado una ola de indignación y preocupación en el país, poniendo de manifiesto. una vez más, los riesgos que enfrentan los comunicadores en regiones afectadas por la violencia.

Según las primeras informaciones, el ataque podría estar directamente relacionado con las denuncias y el cubrimiento periodístico que Chica y su equipo han realizado sobre las graves alteraciones de orden público en el departamento del Guaviare.

Se conoció que Gustavo Chica no era ajeno a las amenazas. El Grupo Prisa, propietario de Caracol Radio, ha señalado que el periodista y los demás integrantes de Guaviare Estéreo han recibido repetidas intimidaciones debido a su labor informativa.

Las más recientes, ocurridas apenas cinco días antes del atentado, venían firmadas por el grupo Renacer Erpac (Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia), el cual, asegura que hace presencia en Guaviare, Casanare, Meta y Vichada.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) había otorgado medidas de protección a Chica, al igual que a otros reporteros locales que también han sido blanco de amenazas en los últimos meses.

Tras el atentado, la UNP solicitó al mayor general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, reforzar la vigilancia en el centro asistencial donde se recupera el periodista, medida que ya ha sido implementada.

El atentado ha provocado un enérgico rechazo por parte de diversas autoridades y organizaciones. El Grupo Prisa condenó el ataque y exigió medidas de protección inmediatas no solo para Gustavo Chica y su esposa, sino para todos los periodistas que ejercen su labor en la región.

En un comunicado, señalaron que la violencia contra los periodistas es un ataque directo a la democracia y la libertad de expresión.

Por su parte, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, se solidarizó con el periodista, así como con su familia, y condenó enérgicamente el acto. El mandatario municipal instó a las autoridades a actuar con celeridad en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este condenable hecho.

El atentado contra Gustavo Chica y su esposa es un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentan los periodistas en Colombia, especialmente en zonas de conflicto.

Sobre el estado de salud del comunicador y su esposa, se conoce que los dos se encuentran estables y recibiendo atención médica en un centro asistencial local.