Se disparan los casos de presuntos suicidios en Paz de Ariporo, donde las víctimas fueron dos jóvenes encontrados hoy por sus familiares sin signos vitales al interior de sus residencias.

El primer caso ocurrió en el barrio Centauros, donde Jackson Camilo Pérez Guarín de 26 años de edad, estudiante universitario, se encontraba encerrado en su habitación desde las 10:00 de la noche del día anterior. Sus familiares sorprendidos por esta extraña reacción, tocaron la puerta en horas de la mañana de hoy y al abrirla, lo encontraron acostado en una hamaca con un charco de sangre debajo.

A un lado del cuerpo, estaba el cuchillo del que se presume, habría utilizado para cortarse las venas.

Un segundo caso fue en el barrio el Progreso, lugar hasta donde se desplazaron las autoridades, porque un hermano de Cristian David Camacho de 21 años de edad, lo halló alrededor de la 1:15 de la tarde, suspendido de un lazo en su residencia.

Este joven era bachiller y se dedicaba a oficios varios. Según sus familiares, no tenía problemas clínicos o psiquiátricos, que mostraran alguna intención que quererse quitar la vida.

El CTI fue la autoridad que adelantó la respectiva inspección judicial de estos dos casos que enlutan dos familias en el norte de Casanare.

Acompañados de sus familiares, superiores y compañeros, 285 soldados del segundo contingente de 2018, pertenecientes a la Décima Sexta Brigada de la Octava División, juraron a la bandera en ceremonias militares simultáneas en la ciudad de Yopal y Tauramena, comprometiéndose con Colombia.

Los soldados que juraron a la bandera, conforman las filas del Batallón de Infantería no.° 44 Coronel Ramón Nonato Pérez y el Grupo de Caballería Montado no.° 16 Guías de Casanare”.

Los jóvenes que ahora visten el uniforme del Ejército Nacional, serán los encargados de velar por la seguridad y tranquilidad de los casanareños a lo largo y ancho de la jurisdicción y los municipios de Pisba y Paya, Boyacá; jurisdicción de esta unidad militar.  

El coronel Javier Alonso Giraldo Ramírez, comandante de la Décima Sexta Brigada, saludó a los soldados y sus familias “hoy han jurado bandera y deben sentirse los colombianos más orgullosos, mostrándole a la sociedad los valores y principios que deben rondar en el entorno de esta institución, para que con disciplina y compromiso puedan cumplir los requerimientos de protección a la ciudadanía, su vida, honra y bienes, llevar ayudas humanitarias y aportar su grano de arena para consolidar el sueño anhelado de los colombianos”, expresó.

Además, el comandante agradeció a los casanareños y especialmente a las familias de los uniformados que juraron a la bandera, por el acompañamiento permanente al Ejército Nacional y extendió la invitación a la comunidad en general, a seguir respaldando y motivando a sus soldados.

Desde hoy el Cuerpo de Bomberos de Pore, anunció suspender las actividades en el municipio, porque desde el pasado 22 de agosto finalizó el convenio suscrito con la Alcaldía y aún no han recibido respuesta.

Según Félix Inocencio García, comandante de este organismo de socorro, no cuentan con los recursos para operar los vehículos y el personal no está afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales. Ante esto, dejarán de atender servicios “en la atención integral del riesgo contra incendio, los preparativos y la atención de rescates en todas sus modalidades. Sólo se dará prioridad a las emergencias que, por su complejidad, requieran del servicio”.

Agregó, que inicialmente la Alcaldía señalaba al Concejo Municipal que no aprobaba el recurso y finalmente, aclaró que para este convenio los corporados han ofrecido su interés de apoyarlos. Considera que, tal vez la demora en este trámite se deba a la desinformación de parte de los asesores jurídicos al primer mandatario del municipio.

Por ahora, Pore está sin el servicio de los Bomberos, quienes ayer durante las fuertes lluvias, tuvieron que atender a más de 20 personas en 5 viviendas que resultaron inundadas en el casco urbano. Así mismo, algunas fincas en la vereda Agua Linda en Guanabanas y hasta la finca del concejal Jorge granados, tuvieron que asistir para hacer “trinchos” que evitaran el aumento del nivel del agua en las viviendas. 

También el organismo de socorro, notificó que el puente colgante del río La Curama, no tiene habilitado el paso de personas entre las veredas El Garzón a la Plata y por ello, han apoyado el paso en canoa a los estudiantes del sector.

Renuncia de Yolanda Pinto Afanador, directora General de la Unidad para las víctimas, fue aceptada por el presidente Iván Duque y mientras tanto, quedará encargado el ingeniero industrial Ramón Alberto Rodríguez, actual Director Técnico de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad, quien se desempeña en ese cargo desde el año 2014.

La abogada santandereana Pinto Afanador, duró un poco más de 12 meses en la dirección y tuvo como mayor interés, impulsar el proceso de reparación al mayor número de víctimas posible y en especial la búsqueda del fortalecimiento de la reparación emocional de todos los sobrevivientes del conflicto.

En un comunicado de prensa de la Unidad, sobre la gestión de la directora saliente, menciona que “La reorganizacion y el fortalecimiento de la entidad, el mejoramiento de procesos y procedimientos que lograran mayor eficiencia en el cumplimiento de las funciones en favor de las víctimas del conflicto y el impulso al logro de la implementacion de los acuerdos de paz que mantuvieran a los sobrevivientes como el eje de dicha tarea, fueron otros de sus principales objetivos. Con su compromiso, entusiasmo y dedicación logró dinamizar los procesos de reparaciones individuales y en el reconocimiento y atención de los sujetos de reparación colectiva”.

De igual forma, enfiló sus esfuerzos a la búsqueda del fortalecimiento del carácter integral de la reparación, entendiendo que esta incluye la atención que reciben las víctimas en salud, educación, empleo y generación de proyectos productivos, y todo aquello que contribuye en mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, Yolanda Pinto Afanador puso mucho énfasis en la rehabilitación psicosocial que la Unidad provee a los sobrevivientes, como mecanismo para su recuperación emocional.

Yolanda Pinto, quien también se ha desempeñado como asesora jurídica de entidades públicas, directora de Relaciones Industriales del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Secretaria General del Instituto Nacional de Vías y asesora del Ministerio de Transportes de la República de Perú, cierra así su gestión como directora de la Unidad para las Víctimas.

Quien le recibe, el actual Director Técnico de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad, estará encargado de la entidad mientras se designa un director en propiedad.

Rodríguez es especialista en Proyectos de Desarrollo y Alta Dirección del Estado de la Escuela Superior de Administración Pública, Magister en Cooperación y Desarrollo sostenible del Instituto de Altos Estudios Europeos.

Desde su rol actual ha estado al frente de la incidencia de la Unidad en la política de Prevención, Protección y Garantías de no repetición, asegurando la atención inmediata y oportuna de las emergencias humanitarias derivadas del conflicto armado interno, además de todo el proceso de entrega de ayuda humanitaria de la población ya incluida en el registro de víctimas.

En delicado estado de salud se encuentra la auxiliar de enfermería Flor María Perilla Macías de 41 años de edad, quien fue una de las víctimas del accidente de tránsito, ocurrido ayer en la vía Yopal – Monterrey, cuando una ambulancia colisionó contra una baranda del puente sobre el caño El Tigre, lugar donde falleció la médica rural Susana Mejía.

La paciente fue remitida al Hospital Regional de la Orinoquía, por un trauma craneoencefálico severo, un trauma de tórax severo, un trauma de abdomen y miembro inferior izquierdo, “en sala de cirugía se le realiza una toracostomía cerrada bilateral, en cada pulmón se pone un tubo para drenar sangre y aire, que hay secundario al trauma. Por servicio de ortopedia se le estabilizó una fractura de fémur, tibia y peroné izquierdo. Una vez realizado el evento quirúrgico es trasladado a la UCI donde se encuentra en estado crítico con pronóstico reservado”, explicó Carlos Díaz, coordinador médico de urgencias del HORO.

Agregó, que en el Banco de Sangre del Hospital cuentan con las necesidades suficientes de sangre, pero invita a quienes se quieran solidarizar en donar sangre O positivo o negativo, sea para ayudar a la auxiliar de enfermería o a otros pacientes.

Continuas pullas se han lanzado desde la Alcaldía de Yopal y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio, EAAAY, por un certificado que se requiere para pavimentar las vías.

El pasado 1 de agosto en su cuenta de twitter, Leonardo Puentes, publicó:

Los $33 mil millones de regalías para vías ya tienen nuevos diseños avalados por @DNP_Colombia para votación en OCAD. Hoy lo único que nos falta para comenzar la inversión es una certificación de la @eaaayopal sobre disponibilidad de servicios. Tiene razón, el tiempo apremia.

Ahora la agente especial de EAAAY, Luz Amanda Camacho, le responde lo siguiente a través de un comunicado de prensa:

Debido a recientes comunicaciones del Alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, en las que deposita la responsabilidad del avance del proyecto de pavimentación urbana a la gestión que realice de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal del trámite de la certificación de viabilidad para el mismo, la Empresa se permite hacer varias precisiones.

El documento fue radicado por primera vez el viernes 17 de agosto en horas de la tarde únicamente en medio magnético, a lo cual, la EAAAY dio respuesta el martes, 21 de agosto en horas de la mañana, haciendo varias peticiones de información en medio físico, las cuales son básicas para la revisión de un proyecto de este tipo como: descripción, estudios y diseños firmados por los profesionales responsables ya que venían sin firma, plano de localización, plano de levantamiento topográfico, memorias de cantidades de obra detallada, memorial de responsabilidad del diseñador y de los profesionales a cargo, además de sus tarjetas profesionales vigentes; entre otras. Nada fuera de lo convencional que se deba agregar para trámites de esta índole.

Ante esto, la Administración Municipal entregó otra vez el proyecto el día 23 de agosto señalando que el CD adjunto inicialmente contenía toda la información solicitada. De nuevo, la EAAAY revisó el material adjuntado y evidenció que faltaba prácticamente la misma información requerida y la copia física que contuviese planos y firmas para poder proceder con el proyecto, situación que fue comunicada el 24 de agosto por parte de la Empresa.

Esto quiere decir que en ambas oportunidades tan solo transcurrió un día hábil de por medio, demostrando la diligencia de la EAAAY para cumplirle a Yopal, pues esta afanada solicitud sucede en medio de una importante situación que desarrolla como es la solución a la prestación del servicio de acueducto con continuidad, calidad y cobertura, pasando del abastecimiento del sistema híbrido entre pozos profundos y una planta modular a un sistema alterno de tratamiento de agua para todo el municipio.

Finalmente, hasta el pasado viernes 31 de agosto, la Alcaldía de Yopal se dio a la tarea de radicar el proyecto con todos los soportes solicitados desde un comienzo, con las firmas de los responsables y no meramente una copia magnética incompleta.

Ahora bien, un proyecto de tal envergadura y por experiencia de la Empresa evaluando otros de la misma Alcaldía y la Gobernación de Casanare, tardaría en revisión de 20 a 25 días e incluso más, ya que se trata de intervenir pequeños tramos para un total superior a los 15 kilómetros de vías que es prácticamente la distancia entre Yopal y El Charte; y en toda esta área es necesario garantizar que las obras no van a generar afectaciones en las redes de acueducto y alcantarillado, y de ser así, que se asegure su reposición.

Sumado a esto, es importante señalar que actualmente la ciudad no tiene un plan maestro de alcantarillado, y si no se hace un estudio detallado de las obras, estas podrían costarle más a los yopaleños, pues hacer la intervención improvisadamente sin tener en cuenta el estado de las redes, significaría que más adelante se deban romper las calles para ajustarlas en un futuro, ya que hoy en día no existe una guía que indique cómo deben quedar.

De este modo, no es comprensible que mediante sus redes sociales el Alcalde del Municipio intente responsabilizar a la EAAAY de “dinamizar la economía de Yopal” con la ejecución de estas obras, siendo que es desde su administración que se generan los retrasos. No obstante, la Empresa sí ha ejercido dinámica en las finanzas del municipio garantizando la prestación de sus servicios, como la reciente puesta en funcionamiento el Sistema Alterno de Agua Potable La Vega y la nueva celda del relleno sanitario El Cascajar.

Sin embargo, el mandatario municipal hace el llamado a la agilidad del trámite de la EAAAY omitiendo que estas revisiones requieren tiempo de dedicación, rigurosidad en la verificación y responsabilidad en las recomendaciones y opiniones técnicas, ya que la EAAAY está otorgando viabilidad a un proceso que luego podría significar un acierto o un error si tuviera que intervenirse de nuevo y deshacer lo hecho con los recursos de la ciudad.

En Leticia, Amazonas en el barrio Porvenir, capturaron a una mujer de 40 años de edad, por el delito de extorsión agravada, tras hacerle seguimientos, las autoridades encontraron que reclamaba dineros de extorsiones realizadas en Casanare.

Según el Gaula Militar de Casanare, CTI Gaula y CTI seccional Yopal y Leticia, quienes se desplazaron hasta el Amazonas para hacer efectiva la orden judicial, la mujer pertenecía a “Los Compitas”, grupo de delincuencia organizada para intimidar a sus víctimas, con llamadas extorsivas desde centros carcelarios del país, obligando a comerciantes, ganaderos y empresarios de Casanare, a consignar dineros a cambio de no atentar contra su integridad y la de sus familiares.

Los giros, producto de la intimidación, se realizaban a través de Efecty a diferentes sectores del País, donde los cómplices lo retiraban y lo distribuían, papel que desempeñaba esta persona capturada, a quien un juez de control de garantías le ordenó detención domiciliaria.

El coronel Javier Giraldo, comandante de la Brigada 16, afirmó que, “el Gaula Militar Casanare con su componente CTI – Fiscalía Quinta Especializada, continúan asestando golpes importantes a los grupos delincuenciales, que alteren la tranquilidad de los casanareños”.

Un operativo de control a migrantes, en zona aledaña al intercambiador vial, adelantaron la tarde del lunes la Alcaldía de Yopal, junto con Policía Nacional (grupo especializado de Policía de infancia y adolescencia), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, Defensoría del Pueblo, y Migración Colombia; para revisar la situación de permanencia o salida del país de estas personas.

Como resultado se identificaron 22 adultos de origen venezolano y 3 menores de edad verificados por el ICBF que se encontraban en compañía de sus padres.

Además, el ICBF verificó el estado de los menores, socializó y advirtió que en la Jurisdicción Nacional está prohibido usar los menores de edad para la mendicidad, y no está permitido la presencia de niños en los semáforos trabajando, puesto que se pone en riesgo el bienestar físico y mental de los menores.

De otra parte, Migración Colombia reportó que, de los 22 ciudadanos extranjeros intervenidos, 20 ingresaron irregularmente al país, quienes firmaron acta de retorno voluntario, 7 de ellos tenían pasaporte por lo cual se devuelven a registrar ingreso, para poder acceder a la Oferta Institucional.

No obstante, dos ciudadanos extranjeros tenían sus documentos en regla, estaban registrados en el Censo de Migrantes Venezolanos y tenían Permiso Especial de Permanencia.

La Alcaldía, confirma que se continuarán realizando actividades de control, de manera articulada con las autoridades locales, frente a la situación de los venezolanos en Yopal.

Suspendida provisionalmente, se encuentra una agente educativa del CDI La Zaranda en Yopal, por omisión de auxilio a un niño de 4 años de edad, que, encontrándose bajo su cuidado, en un descuido se cayó y se fracturó un brazo. Según los padres de familia del menor, la mujer tardó más de 30 minutos para atenderlo y luego, lo jaló del brazo lesionado.

El ICBF, a través de un comunicado, asegura que el día del accidente (25 de julio), “se activaron los protocolos y la ruta de atención, para que el niño fuera trasladado a un centro médico, haciendo efectiva la póliza de accidentes estudiantiles, que, para este tipo de situaciones, le exige a los operadores de los servicios”.

Los padres de familia, ante la negligencia de la mujer cuidadora, interpuso la denuncia ante la Fiscalía y el ICBF desde el 6 de agosto, la suspendió por 5 semanas, “una vez cumpla la sanción, la agente educativa será reubicada en un área que no esté relacionada con el cuidado directo de los niños”.

Indignación ante este caso, siente la humilde familia del niño, quienes no tienen los recursos económicos suficientes para avanzar en el proceso judicial.

A gritos, Rubiel Vargas Pinto, hermano de Oswaldo Vargas Pinto, asesinado el 2 de septiembre de 2004 en La Vega, solicita al director seccional de Fiscalías, Jhon Fredy Encinales, que designe una ‘Unidad de Análisis y Contextos’, que se encargue de estudiar las estructuras criminales y los aparatos organizados de poder que han realizado graves violaciones de los derechos humanos en Casanare y específicamente en lo que concierne al líder del corregimiento El Morro.

Y es que, este crimen sigue en la impunidad, como el de muchos líderes sociales del país. El de Oswaldo, quien ejercía como presidente de la Junta de Acción Comunal de La Vega y directivo de la Asociación Comunitaria por el desarrollo Agroindustrial y Social de El Morro ACDAINSO, ocurrió hace 14 años, en su propia vivienda, en esta vereda, en la vía que de Yopal conduce al corregimiento El Morro.

En misiva enviada a Encinales el pasado 31 de agosto, Rubiel Vargas, relata que, posterior a la muerte de su hermano ocurrieron gran cantidad de amenazas a líderes, desplazamientos, atentados y varios homicidios de más líderes del sector, que llevaron al exterminio de las organizaciones sociales y específicamente de ACDAINSO, la asociación comunitaria de la época. “Todos estos delitos fueron denunciados formalmente sin que hasta la fecha se tenga ninguna respuesta, especialmente en cuanto a los autores intelectuales”.

Rubiel Vargas denuncia que, los casos tienen factores en común como la impunidad total, todos líderes comunitarios en área de influencia petrolera (corregimiento El Morro). En el caso de Oswaldo Vargas, únicamente hay una orden de captura de uno de los presuntos autores materiales, orden de captura que, según él, de nada sirve, pues el condenado sigue prófugo aún.

Menciona casos como el de Parmenio Parra Pongutá, quien a pocos días de ser elegido presidente de la Asociación de Juntas del corregimiento El Morro, fue asesinado junto a su acompañante, el 10 de mayo de 2005. También el de Javier Silva Pérez, presidente de Asojuntas y presidente de la JAC de El Morro, desaparecido, desde el 21 de abril de 2012, sin que hasta la fecha se conozca información del líder comunitario.

Presunto homicida está prófugo

Rubiel Vargas reitera que, hasta ahora en lo único que ha avanzado la justicia colombiana, es en primer lugar, a través de la Fiscalía 29 de Yopal la sindicación de los hechos a José Herminso Cruz Cruz y Binney Silva Oropeza como presuntos autores materiales del homicidio, conforme al proceso 2006-0078 del juzgado Primero Penal del circuito, en donde se ordenó la preclusión a Silva Oropeza  y mediante fallo del 16 de julio de 2015 se condenó a 180 meses de prisión a José Herminso Cruz, alias el “Flaco” o “Pantera” en calidad de autor responsable del delito de homicidio.

El Tribunal Superior de Yopal, en fallo de agosto 27 de 2015, confirmó la providencia apelada, contra la decisión anterior, ante lo cual el procesado formuló recurso de casación. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en proveído fechado el 30 de marzo de 2016, inadmitió la demanda extraordinaria, por lo que la condena quedó en firme.

“Hoy, únicamente existe una orden de captura en contra de José Herminso Cruz, natural de Aguazul, conforme orden de captura que reposa en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Yopal, pero que apenas es un documento abandonado entre tanto archivo, pues el condenado sigue prófugo después de 14 años de ocurrido el homicidio”, dice indignado Rubiel Vargas y pide a la Fiscalía encontrar a los autores intelectuales del hecho.

“Por último señor director, quiero reiterar la esperanza por algún día de mostrar los verdaderos responsables del homicidio de mi hermano, especialmente los autores intelectuales y seguro que con su excelente gestión muy pronto conoceremos esta realidad”, finaliza la misiva enviada por Rubiel Vargas al director seccional de Fiscalías de Casanare, Jhon Fredy Encinales.