Aprobados dos proyectos de importancia para la gestión ambiental y cambio climático en Casanare, en la sesión presencial del Órgano Colegiado de Administración y Decisión –OCAD, Región del Llano, que se llevó a cabo ayer, en la ciudad de Villavicencio, Meta.

Estas iniciativas son las primeras que se irán a financiar con recursos del Sistema General de Regalías –SGR-, asignados para gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. El total de recursos aprobados por esta fuente ascienden a los $2.208.143.877,58, y la entidad que se designó como ejecutora de estos proyectos fue la Corporación Autónoma de la Orinoquia, Corporinoquia. 

Los dos proyectos son:

• Actualización del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Túa, localizada en los municipios de Monterrey, Tauramena y Villanueva. valor total del proyecto $2.204.215.442,00; fuente SGR FDR: $1.080.065.566,58; fuente otros: $1.124.149.875,42.

• Formulación de los Planes de Ordenamiento del recurso hídrico y reglamentación de usos y aprovechamiento en fuentes hídricas priorizadas como medida de adaptación y mitigación al cambio climático en el departamento de Casanare. valor total fuente SGR FDR: $1.128.078.311,00.

Estos resultados, hacen parte de la gestión de proyectos para cambio climático ante el OCAD Región Llanos y el OCAD Paz, en el pasado mes de diciembre de 2017.

Entre 51 postulaciones y ocupando el 6 lugar la Red Departamental de Bibliotecas de Casanare, que se encuentra a cargo de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo, recibirá hoy a las 10:00 a.m. a Santiago Gamboa periodista y escritor con múltiples reconocimientos, como el premio La Otra Orilla en 2009 por Necrópolis; premio Literaturas del Caribe 2013; mención de honor a Necrópolis 1209, premio Coup de Coeur 2014 de Revue Transfuge (París) a Prieres nocturnes.

Como iniciativa del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), la Biblioteca Pública Departamental se presentó en la convocatoria para recibir la visita de un reconocido escritor en el marco del programa escritores a las bibliotecas.

Para Alirio Barrea, gobernador de Casanare, “el objetivo principal para la Administración Casanare es fomentar el interés por la lectura en los niños, niñas, adolescentes y adultos e impulsar la literatura colombiana y regional, promover el acceso a los servicios de las 22 Bibliotecas del departamento, como aprovechamiento del tiempo libre”.

Este escritor también visitará las bibliotecas municipales de Maní y Aguazul, en donde de manera directa se establecerá un diálogo con los usuarios de las bibliotecas y habitantes de los municipios acerca de sus experiencias, proceso creativo para escribir, sus hábitos lectores, la importancia de la lectura y la escritura para sus vidas, y de las bibliotecas para el desarrollo cultural y social como punto de encuentro de toda la comunidad.

Durante la presentación del balance de la gestión ambiental de Equión Energía en 2017, la compañía compartió detalles del proyecto Conectando Bosques, que busca conservar, proteger y recuperar hasta 3.600 hectáreas en el piedemonte casanareño, a partir de la inversión de recursos del 1% que fue aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– para las licencias Pauto, Floreña y Niscota por primera vez bajo el nuevo marco normativo.

“La iniciativa apunta a recuperar la conectividad entre fragmentos de bosque para aumentar su área, y a la vez incorporar proyectos de uso sostenible para la protección de cuencas hidrográficas en las zonas de operación”, anunció Ana Cristina Sánchez, gerente de Medio Ambiente.

Esto materializará el sueño de Equión de lograr la conservación de 2.560 hectáreas de bosque, a través de la compra de predios y acuerdos voluntarios de conservación, así como de 1.040 hectáreas bajo el mecanismo de acuerdos de conservación-producción, en una alianza que involucra a comunidades rurales de Yopal y Nunchía, la Fundación Natura y la Asociación de Becarios de Casanare.

Dichas iniciativas sumarán a la preservación que viene haciendo Equión a microcuencas aportantes a los ríos Cravo Sur y Charte, los cuáles son fuentes de abastecimiento para acueductos veredales y municipales de la región.

Sobre la gestión ambiental de Equión del año pasado, la Gerente de Medio Ambiente, resaltó el hecho demantener durante los últimos 21 años ningún derrame de crudo mayor a un barril con impacto al medio ambiente y cero vertimientos a cuerpos de agua.

De igual forma, mencionó el cuidado del recurso hídrico en sus operaciones, a través de la recirculación del 100% del agua usada para la perforación, así como la reinyección del 100% del agua de producción y el tratamiento del agua residual doméstica para dejarla en condiciones para riego.

Frente a la conservación de ecosistemas sensibles en Yopal, la compañía apoyó la siembra de 33.000 árboles en la cuenca de la quebrada Aracaleña; mantuvo continuidad en los acuerdos voluntarios de conservación para proteger 400 hectáreas en las quebradas Aguazula y Aguablanca e instaló 4.6 hectáreas en diez parcelas de estudio del proyecto de restauración ecológica Reviva La Primavera, en la vereda Rincón del Soldado.

Estas acciones demuestran que sí es posible armonizar las operaciones petroleras con la conservación, protección y recuperación de los entornos naturales del departamento, mediante la gestión conjunta de empresa, comunidad y autoridades.

Operativos pedagógicos en el comercio formal e informal de Yopal, por las diferentes comunas, realizó la Secretaría de Salud Municipal, con el ánimo de sensibilizar sobre la prohibición de venta de algunas sustancias consideradas de riesgo para la salud pública, según las normas del INVIMA.

A través de la Dimensión de Salud Ambiental, con el apoyo de Salud Mental, se explicó a los comerciantes sobre la nocividad de productos como el Sicario, el Campeón, el Guayaquil, el Raticida, entre otros; que se están comercializando en algunos sectores y no cuentan con registro sanitario, o el mismo está vencido, debido a su nivel de toxicidad.

“De estos productos se desconoce su composición, su concentración toxicológica, y pueden conllevar a problemas de salud en la población”, indicó el referente de Salud Ambiental municipal, Carlos Infante Peralta.

Por tal razón, la Secretaría, como autoridad sanitaria, debe realizar labores de vigilancia y control al expendio y comercialización de estos productos.

Además, atendiendo al alto índice de intentos de suicidio, 112 a la fecha, de los cuales 42 han sido con productos como plaguicidas u otros con carga toxicológica; explicó el referente.

Con los operativos se impactaron 62 establecimientos de comercio, como veterinarias, cacharrerías, así como vendedores ambulantes, entre otros. En 15 de ellos se evidenció la comercialización de estos productos, que no son permitidos por la norma.

En consecuencia, en los próximos días se realizarán operativos de control y sancionatorios en conjunto con la Policía y otras dependencias.

“El ideal que nosotros buscamos es disminuir los factores de riesgo que atenten contra la salud de la población del municipio”, expresó Infante Peralta.

Los operativos pedagógicos se realizan en el marco de la Semana de la Sostenibilidad Ambiental, Seguridad en el Trabajo y Cultura de la Seguridad Social.

Por proposición de los concejales José Luis Avendaño y Alexander García, se desarrolló ayer, un debate de control político a Ricardo Corso, Gerente del IDURY, Álvaro Enrique Camacho, Secretario de Desarrollo, Medio Ambiente y Turismo, Nelson Forero, Secretario de Hacienda Municipal y Miguel Pérez, Asesor Jurídico de la Alcaldía Municipal, con el objetivo de dar respuesta al cuestionario enfocado en la situación que presenta el centro comercial La Herradura y los vendedores informales, por las quejas presentadas por la comunidad ante el Concejo Municipal de Yopal.

Debido a que los vendedores del centro comercial La Herradura vienen presentando inconformidad desde hace aproximadamente 2 años, como producto de la mala infraestructura del establecimiento, falta de servicios públicos como vigilancia, agua y electricidad; hicieron presencia en la corporación para exigir una pronta solución a la problemática o en su defecto el comodato de la infraestructura.

El concejal Alexander García, pidió la intervención de la Alcaldía argumentando que, “el centro comercial La Herradura esta ad portas de caerse, los comerciantes están trabajando en condiciones infrahumanas, no cuentan con servicios públicos, necesitamos una pronta solución” de igual modo, pidió al gerente del IDURY suspender los operativos de desalojo a los vendedores informales mientras se encuentra un lugar de reubicación y con ello, el censo para la creación de una política pública que busque el bienestar de los comerciantes.  

Adicionalmente, el concejal José Luis Avendaño Ortiz expuso, “la Secretaría de Desarrollo, Medio Ambiente y Turismo recibió la administración del centro comercial La Herradura a pesar que el contrato inicial se hiciera con IDURY, pero en la actualidad no existe un contrato de arrendamiento que garantice la seguridad jurídica de los locales comerciales”, pidió al gobierno municipal la pronta ejecución de los nuevos contratos de arrendamiento con el objetivo de  utilizar esos recursos para empezar a subsanar las necesidades presentadas por la comunidad.

Agregó, “existe la posibilidad jurídica de que el centro comercial se de en comodato a los comerciantes del establecimiento siempre y cuando tengan una sociedad y se desenglobe cada local comercial como trámite previo debido a que la matricula del predio existente abarca el establecimiento y la zona social en conjunto”

Los concejales Fabio Suárez Caro y Epaminondas Córdoba coincidieron en invitar a la administración a realizar una investigación con el objetivo de hallar las personas que tienen más de un local debido a que están subarrendando los establecimientos. También, hizo la invitación a la creación de una empresa de economía mixta (comerciantes y gobierno municipal) para que sean destinados los recursos en discusión (pago por arrendamiento).

Los corporados recabaron en la importancia de realizar mesas de trabajo entre los comerciantes y la administración municipal para buscar estrategias en beneficio del centro comercial La Herradura y los vendedores informales.

El próximo viernes 4 de mayo, el Tribunal Administrativo de Casanare, realizará en el auditorio mayor del Palacio de Justicia de Yopal, la Rendición de Cuentas de la gestión del año 2017, como un ejercicio académico según lo consideran los magistrados.

Los temas que se tratarán serán el caso Ceiba EICE, algunas problemáticas sociales como los desarrollos urbanísticos que se han convertido en una “patología social”, afirmó Nestor Trujillo, presidente del Tribunal y la acción popular sobre el suministro de agua a la población de Yopal.

Para los magistrados se abordarán los temas contractuales de gran interés para el departamento, las decisiones tomadas ante estos y se explicará sobre cómo está conformada la jurisdicción contenciosa administrativa de Casanare, las fortalezas, deficiencias y la proyección a conseguir.

Así mismo, recalcó el magistrado Nestor Trujillo, que tendrán como limitante el espacio del auditorio que en capacidad será para un poco más de 100 personas, incluyendo autoridades del orden departamental, local, veedores, ciudadanos, líderes sociales, estudiantes especialmente de derecho y medios de comunicación, a quienes les pide puntualidad porque sólo tienen 3 horas para desarrollar los temas.

Sugiere que, los interesados en participar deberán registrarse para confirmar asistencia, enviando los datos de contacto al email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al teléfono 8-6356688. El cierre de registro se realizará el 27 de abril a las 12 de la noche.

Padres y estudiantes de las Instituciones Educativas, León de Greiff de Monterralo, Cupiagua y La Turúa en Aguazul, bloquean desde tempranas horas la vía del Cusiana y la Marginal de la Selva en protesta por falta de transporte y restaurante escolar, en lo que va corrido de 2018.

Gerson Carrillo, rector del colegio de Cupiagua, dijo que está situación ha ocasionado deserción escolar, principalmente por falta de transporte en las 20 veredas que atiende esta Institución Educativa, porque dependen al 100% del transporte escolar.

También resaltó que, la comunidad espera mayor intervención de Alirio Barrera, gobernador de Casanare, teniendo en cuenta que es natural del sector.

De otra parte, los estudiantes de la Institución Educativa La Turúa, acompañados de sus padres, volvieron a cerrar la Marginal de la Selva, debido a su inconformismo con la reunión sostenida ayer con la Secretaria de educación del departamento, quien les dijo que, esperaran 45 días más para darle solución al transporte escolar, según manifiestan los padres de familia.

Adriana Sanabria, madre de un estudiante en La Turúa, expresó que, los menores de edad protestan por temor a que se vuelva a repetir un caso similar como el que evidenciaron hace cuatro años, donde resultó violada una estudiante a manos de un motociclista desconocido que se ofreció a llevarla a la IE, debido a que en ese momento afrontaban una crisis similar por la falta de transporte escolar.

“Los niños no quieren que les vuelva a pasar lo mismo porque no hay ruta y permanecen hasta las 2 o 3 pm en la vía porque ni siquiera la buseta los recoge, esto es terrible” añadió.

Así mismo, agregó “las autoridades no deberían dejar que esto pasara de llegar a las protestas y hacer la contratación con tiempo, son niños expuestos al peligro y ahora están perdiendo clases por culpa del incumplimiento”.

Los estudiantes de IE La Turúa, manifiestan que pretenden continuar con el bloqueo hasta que la Gobernación de Casanare no les solucione, así permanezcan un mes perdiendo clases.

Este tipo de protestas también se están presentando por parte de estudiantes y padres de familia de colegios de Monterrey, San Luís de Palenque y en San José del Bubuy con la I.E. Luis María Jimenez.

No conciliaron Luz Amanda Camacho Sánchez, Agente Especial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, ni el concejal Pedro Guillermo Torres, quienes cumplieron la citación en la Fiscalía 19, debido a la demanda interpuesta por calumnia e injuria.

Días anteriores, el concejal Torres a través de redes sociales y algunos medios de comunicación arremetió contra EAAAY por el cierre de los pozos profundos de la Cruz Roja y Bomberos, también se refirió al aumento del valor del metro cubico en las facturas del servicio y por último afirmó que EAAAY enfrenta un embargo de cerca de 800 millones de pesos y que tiene un déficit de 1.796 millones de pesos.

Ante estas declaraciones, Camacho Sánchez lo demando ante la Fiscalía por injuria y calumnia, debido a que alega que no existe un embargo y solicita que el concejal se retracte a través de los mismos medios usados para arremeter contra ella, lo cual no fue aceptado por el demandado.

En cuanto a esto, aclaró la Agente Especial que frente a los cerca de 800 millones de pesos corresponde a un convenio entre la Alcaldía y la empresa por la operación de la planta de Tilodiran y Punto Nuevo, ese es un contrato que al contratista se le debe mas de 500 millones de pesos, pero nosotros enviamos el acta de liquidación y de recibo desde mitad del año pasado y la alcaldia en su anterior administración nunca me la quiso aceptar es la hora no la han aceptado, no han desembolsado los recursos, no le puedo pagar al contratista con recursos propios porque violaría la ley. Hay un concepto técnico de la actual administración que si lo recibirían pero parece ser que se vencieron los términos de la liquidación".

“Que los administradores de justicia determinen si estoy calumniando a la señora o tengo la razón”, expresó Torres, asegurando que tiene los fundamentos que soportan lo dicho porque lo hizo de manera responsable y honesta sin excederse.

Agregó, que para el próximo 7 de mayo citó a la Agente Especial de EAAAY para responder ante un debate de control político los mismos interrogantes que viene haciendo a través de los medios de comunicación.

También se refirió a su intención de querer iniciar un proceso que permita al municipio recuperar la empresa, porque asegura que ya se cumplieron los términos para la intervención de la Superintendencia para que se eviten, según el concejal, tantos atropellos hacia la ciudadanía.

En control político realizado ayer al Instituto Financiero de Casanare, se entregó por parte de la gerente de la entidad, María Nidia Larrota, un panorama en materia de cartera. Los Diputados propusieron algunas medidas en pro de  las personas que en su momento accedieron a líneas de crédito y que hoy se encuentran  en mora con los pagos.

Según el informe relacionado por la gerente de la entidad citada, hasta el momento han sido recaudados por créditos educativos cerca de 8.000 millones de pesos, y  $25.000 .000.000 más por créditos IFC. “Contamos con una cartera de difícil recaudo con un porcentaje que supera los 24.000 millones de pesos, de $70.000.000.000 que tenemos por colocación de créditos” afirmó Larrota.

Con respecto al crédito educativo “Fesca”, el presidente de la Asamblea Departamental, Homero Abril Hurtado, manifestó que se debería evaluar por parte del Gobernador de Casanare, la viabilidad jurídica para refinanciar los pagos a cuotas más asequibles para los deudores.  “Si hay que condonar que se condone la deuda”.

La intervención de la comunidad beneficiaria del Fesca y de la línea de crédito del  sector productivo de palma, se enfocó en la falta de oportunidades laborales como consecuencia de la difícil situación económica del Departamento.  Solicitaron que se reajusten los términos en materia de tiempo para poder realizar los pagos; que se evalúen los cobros, teniendo en cuenta el monto del salario y  la condonación de intereses moratorios, que llevan a que el usuario pague dos o tres veces más del valor prestado inicialmente.

El diputado Felipe Becerra adujo que se le debe hacer una reingeniería a este proceso donde se han visto afectadas más de 12 mil personas entre deudores y codeudores, “existe voluntad de pago pero la situación es compleja por el desorden administrativo que ha tenido históricamente la tramitología de estos créditos, sobre todo en temas de recuperación de cartera”.

Entre tanto, el corporado York Cortés hizo el llamado a la Administración Departamental para que presente un proyecto de Ordenanza con el fin de realizar un plan de alivio para el pago de intereses moratorios. Propuso también, junto a los demás integrantes de la plenaria, que los profesionales que se encuentran en deuda, sean tenidos en cuenta laboralmente por la Administración Departamental y que se descuente de sus salarios, las cuotas atrasadas con el fondo educativo.

La gerente del IFC, argumentó que existen dificultades frente al tema de las condonaciones por el cambio de reglamentación del DNP en materia  de regalías donde sólo  hasta el 2012 la ley permitía realizarlas.

Frente a esto, Abril Hurtado, reiteró el llamado para que a través de la junta directiva se cambie el manual y se revise la forma de condonar dichos intereses moratorios “Si se debe hacer la diligencia ante el DNP que se haga, pero el IFC debe pensar en el pequeño productor; en el que no ha tenido oportunidad laboral y actuar en razón al fin social por el que fue creado”.

El director regional de Invias y el secretario de Tránsito y Transporte de Yopal, tienen 3 días para hacer un pronunciamiento ante el Tribunal Administrativo de Casanare, sobre el incumplimiento con la medida cautelar que ordenaba mejorar la señalización para acceder a la ciudadela La Decisión y al Hospital Regional de la Orinoquía.

La medida cautelar tenía el término de un mes para cumplirse y han transcurrido 5 meses sin ejecutarse, según explicó el magistrado José Antonio Figueroa, “se profirió sentencia el 9 de noviembre del año 2017 y se optaron 2 tipos de medidas, la cautelar consistente en que el Invias debía mejorar la señalización horizontal y vertical en el sitio y colocar unas pancartas para prevenir a los transeúntes sobre la intersección, y al municipio de Yopal a través de la Secretaría de Educación para que eligiera las normas técnicas relacionadas con el asunto".

Ante el incumplimiento de dichas medidas , el pasado 20 de abril se abrió un incidente de desacato en contra del director regional de Invias y el secretario de Tránsito de Yopal, ordenándose comunicar la situación al alcalde de Yopal y al director del Invias para que hicieran cumplir las medidas.

Por lo tanto, el magistrado agregó que, el incidente de desacato tiene dos finalidades, explicar en 3 días las razones que les impidió cumplir con las medidas cautelares y en caso de encontrarse responsables se les impondrá las sanciones correspondientes por desacato.

El proceso inició en una Acción Popular por la Defensoría del Pueblo Regional Casanare, en contra de Invias y el municipio, con el objeto de proteger varios derechos colectivos de la ciudadanía, en cuanto a la seguridad vial y la integridad personal de quienes transitan por la Marginal del Llano en esta intersección vial que da al Hospital y a la ciudadela La Decisión.