En la tarde del 29 de mayo, un accidente de tránsito se registró en la vía que conecta el casco urbano de Tauramena con el sector de Paso Cusiana.

Según informó el cuerpo de bomberos del mencionado municipio, un motocarro volcó en el trayecto hacia el CPF Cusiana, dejando dos personas lesionadas con heridas múltiples.

El personal de atención prehospitalaria de la institución acudió al lugar del accidente y realizó el traslado de los afectados al hospital local, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre su estado de salud.

Sobre las posibles causas de accidente, el organismo de socorro mencionó que, según la versión de uno de los lesionados, el percance se presentó cuando el conductor del motocarro intentó esquivar un hueco.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para extremar precauciones en esta vía y evitar nuevos incidentes.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) advirtió sobre un panorama preocupante en el sector de hidrocarburos y presentó su informe anual sobre inversión en exploración y producción de petróleo y gas en el país.

La entidad señala riesgos en seguridad energética, estabilidad fiscal y condiciones económicas para los hogares si no se toman medidas urgentes para fortalecer la industria.

El documento, basado en datos oficiales y de compañías que representan la mayoría de la producción nacional, revela que quedan alrededor de 70 pozos exploratorios comprometidos hasta 2030.

Sin nuevas iniciativas, la actividad exploratoria se agotaría al finalizar la década, comprometiendo la reposición de reservas y la sostenibilidad energética.

En 2025, la inversión en exploración podría caer un 18%, el nivel más bajo en cuatro años, mientras que las reservas de gas han disminuido un 57% en la última década.

Además, se proyecta una reducción acelerada en la producción petrolera desde 2027. Aunque la inversión en producción aumentaría un 15% en 2025, la ACP advierte que este crecimiento será insuficiente sin proyectos adicionales que garanticen el suministro futuro.

El informe también destaca un aumento del 151% en bloqueos a las operaciones del sector en 2024, en medio de conflictos sociales y problemas de orden público en zonas productoras.

Esta situación, sumada al déficit fiscal proyectado de $40 billones, la posible alza de tarifas de gas por importaciones y la necesidad de traer crudo del exterior para mantener la actividad en refinerías, plantea desafíos adicionales para la estabilidad del mercado energético.

Ante este escenario, la ACP propone medidas para recuperar la competitividad y asegurar el abastecimiento de energía. Entre ellas se encuentran garantizar estabilidad fiscal y regulatoria, viabilizar proyectos clave e incentivar nuevas oportunidades de inversión.

También se busca mejorar la coordinación estatal para resolver conflictos territoriales, establecer una carga tributaria competitiva y acompañar proyectos de exploración y producción de gas costa afuera.

Prórroga del período de producción de los contratos existentes y regreso del principio de autonomía de la voluntad de las partes (Acuerdo 03 de la ANH de 2025).

Expedición de la nueva metodología tarifaria de transporte por oleoductos que refleje costos de reposición depreciados. Asegurar la complementariedad entre renovables y convencionales. Gradualidad en la transición

Igualmente, la ACP propone reactivar los yacimientos no convencionales, aprovechando  que Colombia cuenta con un marco regulatorio vigente robusto que permite monitorear y mitigar los riesgos medio ambientales.

“Cambiemos el rumbo. El país necesita decisiones técnicas que aseguren inversión, desarrollo y abastecimiento energético. Esta es una invitación a construir, entre todos: Gobierno, Congreso, autoridades locales, comunidades y sector privado, la hoja de ruta para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de millones de hogares”, puntualizó Fran Pearl, presidente de ACP

Un ataque con explosivos contra el oleoducto Bicentenario, en el sector de la vereda Palmarito del municipio de Fortul, Arauca, provocó una contingencia ambiental y operativa.

La infraestructura, operada por Cenit, filial de Ecopetrol, sufrió daños tras el atentado, lo que obligó a la activación del plan de emergencia y contingencia.

El incidente ocasionó una pérdida una considerable pérdida de crudo en la zona, lo que generó daños ambientales en fuentes hídricas cercanas. Las autoridades señalaron como responsables de este atentado a miembros del ELN.

Ante la situación, el Ejército Nacional aseguró el área para permitir la intervención del equipo técnico de Cenit, encargado de gestionar la emergencia y mitigar los efectos del derrame.

La empresa notificó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Fortul sobre lo sucedido y las acciones emprendidas.

Como medida de prevención, Cenit instó a la población a evitar acercarse a la zona afectada y a abstenerse de consumir agua del río Caranal, el cual se vio afectado con el derrama del petróleo.

Si bien no se ha revelado la cantidad exacta de crudo derramado, se prevé que el impacto ambiental y social del atentado sea significativo. En respuesta, Cenit y Ecopetrol condenaron el ataque y exigieron el cese de agresiones contra la infraestructura energética, haciendo  hincapié en los riesgos que representan para las comunidades y el desarrollo del país.

Un trabajador agrícola perdió la vida en un accidente ocurrido en la vereda San Vicente, en el municipio de Trinidad. La víctima, identificada como José Wilder Ortiz, realizaba labores en un cultivo de arroz cuando fue alcanzado por las hélices de una avioneta que se preparaba para despegar.

Tras el incidente, las autoridades llegaron al lugar para adelantar las investigaciones correspondientes. Personal técnico recolectó evidencias y testimonios con el fin de esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

La avioneta, utilizada para fumigación agrícola, quedó bajo resguardo mientras avanzan las indagaciones.

En el barrio Cristo Rey 2 de Trinidad (Casanare), las autoridades capturaron a un hombre señalado de tener vínculos con el ELN. Según el Departamento de Policía Casanare, el detenido tenía una orden judicial vigente por el delito de concierto para delinquir agravado.

El sujeto, quien fue identificado como un colaborador del cabecilla alias “El Negro Alonso”, operaba en el área metropolitana de Cúcuta, incluyendo los corregimientos de Agua Clara, Guaramito, La Tulia, El Paraíso, Nueva Frontera, Llano Seco y San Faustino.

La información de las autoridades precisa que el capturado cumplía funciones de logística e inteligencia dentro del mencionado grupo armado ilegal, además de estar vinculado a homicidios en los sectores mencionados.

Durante un procedimiento de verificación de antecedentes en la vía pública, agentes identificaron que el hombre tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir agravado y estaba condenado a 110 meses de prisión.

La decisión de Corporinoquia de suspender parcialmente las operaciones de Ecoplanta Proceso de Residuos Industriales S.A.S. E.S.P., ubicada en la vereda El Rincón del Bubuy en Aguazul, Casanare, ha generado un impacto económico y social significativo en el municipio. 

Según fuentes locales, la medida preventiva afectó los procesos de aspersión y biorremediación, lo que ha obligado a la empresa a interrumpir servicios esenciales y trasladar residuos a Yopal, generando dificultades logísticas y económicas en la región. 

Más de 230 empleos en riesgo 

Jaime Moreno Rincón, gerente de Ecoplanta, informó que la paralización de actividades ha dejado en incertidumbre a más de 230 trabajadores directos, así como a empresas y negocios que dependen de la operación de la planta.

En este listado figuran empresas de transporte, talleres de mecánica, estaciones de servicio, comercios de alimentos e insumos y ferreterías, entre otros establecimientos comerciales.

“El cese de actividades afecta no solo a nuestros empleados, sino a toda una cadena económica que depende de Ecoplanta”, indicó la empresa en un comunicado enviado por Ecoplanta.

Solicitudes sin respuesta

La empresa aseguró que desde el 12 de mayo ha presentado tres solicitudes para levantar la suspensión, registradas bajo los números YO.2025.06689, YO.2025.06990 y YO.2025.07566. Sin embargo, hasta el momento, Corporinoquia no ha emitido una respuesta oficial. 

Ante la situación, la compañía instó a las autoridades ambientales a considerar el impacto social y laboral de la decisión, además del cumplimiento técnico y normativo. 

“Confiamos en las instituciones, pero solicitamos un equilibrio entre la regulación ambiental y la estabilidad de cientos de familias”, expresó Moreno Rincón. 

Pese a esta situación, Corporinoquia no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso. 

La Gobernación de Casanare puso en marcha el hogar de paso “Mi Casanare” en Bogotá, una alternativa de alojamiento para habitantes del departamento que requieren atención médica en la capital.

La casa, entregada en comodato por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dispone de 30 camas y espacios equipados para brindar comodidad a los beneficiarios y sus acompañantes.

La vivienda cuenta con cocina equipada, comedor, áreas de descanso y entretenimiento, además de electrodomésticos que garantizan una estadía digna.

La adecuación y dotación del inmueble fue posible gracias a la articulación entre varias dependencias gubernamentales y el apoyo de empresarios y ciudadanos que participaron en eventos benéficos.

El gobernador César Ortiz Zorro destacó la importancia del proyecto, señalando que su propósito va más allá de ofrecer un espacio físico, pues busca garantizar condiciones dignas a quienes enfrentan dificultades de salud. El hogar de paso comenzará a recibir pacientes en los próximos días.

Cuarenta familias de varias veredas de Tauramena, Casanare, recibieron asistencia humanitaria tras los estragos causados por la temporada invernal. La ayuda incluyó insumos esenciales para quienes han visto afectadas sus viviendas, cultivos y vías de acceso.

En la vereda Carupana, afectada por el desbordamiento del río Meta, 24 familias fueron atendidas tras perder sus cosechas y enfrentar dificultades de movilidad.

En La Uramá, donde el Caño Piñalito causó daños en viviendas y enseres, se apoyó a siete familias. Mientras que en Piñalito Bajo, afectado por el Río Túa y el Caño Piñalito, nueve familias recibieron ayuda para mitigar los impactos en sus hogares y actividades agropecuarias.

El operativo fue coordinado por la Alcaldía de Tauramena a través de la Secretaría de Gobierno, junto con el equipo de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos, quienes han trabajado en la respuesta a la emergencia.

Las autoridades locales reiteraron su compromiso de seguir brindando apoyo a las familias afectadas hasta que todas sientan el respaldo necesario para afrontar esta crisis.

Un operativo de asistencia humanitaria benefició a 140 familias de las veredas La Poyata, Limonal y Guamal, en Maní, Casanare. La entrega de kits alimentarios se realizó como parte de las acciones de apoyo a quienes han sufrido los efectos de la temporada invernal.

La jornada estuvo coordinada por el equipo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Casanare, con el respaldo de organismos de socorro y autoridades locales.

Durante el recorrido por las zonas ribereñas del río Meta, también se distribuyeron alimentos para mascotas, con el objetivo de atender integralmente a las familias afectadas.

Desde la Administración Departamental se informó que, hasta la fecha, se han entregado este tipo de ayudas a 1.380 familias en los municipios de Paz de Ariporo, Pore, Orocué, Nunchía, Yopal, Támara, Tauramena, Villanueva, Recetor y Maní.

Las labores de apoyo continuarán hasta llegar a la totalidad de las familias damnificadas por las lluvias, según indicaron las autoridades responsables del operativo.

Nuevamente el accionar de sicarios en suelo casanareño dejó dos víctimas mortales. A los hechos presentados esta semana en Aguazul y Villanueva, se suma el ataque perpetrado en el kilómetro 20 de la carretera que conduce de la capital arrocera de Casanare hacia el municipio de Maní.

Los hechos ocurrieron esta tarde del miércoles 28 de mayo. La información que se tiene es muy fragmentada. Por el momento trascendió que inicialmente se habló de un accidente de tránsito, pero posteriormente se aseguró que fue un ataque con arma de fuego.

Se conoce, por el momento, que el incidente dejó dos personas fallecidas. La primera perdió la vida en el lugar de los acontecimientos, mientas que la otra murió en el hospital local de Maní.

La identidad de las víctimas, quienes se movilizaban en una motocicleta cuando fueron atacadas a bala por desconocidos, aún no ha sido revelada. Igualmente, no se tiene datos sobre los móviles de este doble homicidio.

El tránsito vehicular por este corredor vial se vio interrumpido mientras se adelanta la diligencia de levantamiento del cadáver. Las autoridades iniciaron la investigación correspondiente para esclarecer el caso.