Ecopetrol informó que tiene abierta la convocatoria para seleccionar 336 estudiantes, que deseen a hacer su etapa práctica o productiva  en la compañía, durante el primer semestre de 2024.

Son 24 plazas las que se encuentran disponibles, en aquellos territorios donde la empresa tiene operaciones. El propósito de este proceso es seleccionar a los jóvenes que quieran aportar con su talento, para afrontar los retos que tiene el sector de hidrocarburos,  como es la transición energética, las energía renovables, la innovación y la sostenibilidad.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 27 de octubre y va dirigida a la población estudiantil de programas técnicos, tecnológicos o profesionales de diferentes disciplinas.

Quienes estén interesados pueden encontrar mayor información en los en los siguientes enlaces, que hace parte del portal de empleos de la petrolera.

• Aprendiz productivo: https://jobs.ecopetrol.com.co/job-invite/49859/
• Aprendiz universitario: https://jobs.ecopetrol.com.co/job-invite/49857/

Cronograma del proceso de selección

Un llamado al diálogo como mecanismo para superar las diferencias entre las partes y que se desarrollen dentro del marco de la legalidad, con una ineludible presencia institucional, hizo Ecopetrol a los manifestantes que bloquean desde el pasado 31 de agosto el acceso al CPF Cupiagua, en Aguazul.

La invitación fue hecha por la empresa en mediante boletín de prensa, donde se informó que esta vía de hecho, no ha permitido el ingreso del personal a sus lugares de trabajo.

Así mismo ha imposibilitado el cargue de gas licuado de petróleo, GLP, que se distribuye a través de camiones cisterna, a las diferentes regiones del país.

Estas dos situaciones adversas para la compañía, han generado un impacto que igualmente pueden llegar a repercutir en el normal suministro de gas en la región y el país.

Finalmente, la compañía apeló a las autoridades locales y regionales, para que se garanticen las medidas tendientes al restablecimiento del orden público, así como el desarrollo sin contratiempos de la operación que adelanta Ecopetrol en el departamento.

La Selección Colombia de voleibol masculina consiguió el tercer lugar del Sudamericano que se realizó en la ciudad de Recife, Brasil.

 El equipo 'Tricolor' se enfrentó a la delegación de Chile en un partido de mucha complejidad. El primer set fue para los australes (20-25), pero Colombia reaccionó y ganó el segundo 27 -25.

 Ya en el último y decisivo set, la Selección Nacional demostró tener mayor resistencia y fuerza que su similar de Chile y consiguió la victoria 15-12.

 Gracias a este triunfo, la delegación nacional de voleibol masculina volvió al podio en el Sudamericano después de 9 años.

Se desconocen los móviles y los autores del atentado en contra de vida del corregidor de Tilodirán Cándido María de los Santos Continchara, quien ayer en la tarde fue atacado a tiros por desconocidos que llegaron hasta su oficina.

Luego del atentado el corregidor fue llevado hasta el HORO, donde a esta hora permanece recluido. Según las versiones iniciales sobre lo acontecido, los dos desconocidos llegaron hasta el despacho del corregidor y uno de ellos fue quien accionó el arma de fuego.

El funcionario fue auxiliado por lugareños y luego fue trasladado al hospital. Tan pronto como se conoció la noticia, el secretario de gobierno del municipio se trasladó al HORO y allí entregó declaraciones a los medios de comunicación.

En ese primer diálogo con la presa dijo que le preocupa mucho esta situación, que es necesario esperar el proceso de evolución médica del corregidor, para después entrar a tomar decisiones sobre las acciones que se deban tomar para salva guardar su vida.

También expresó que todos los hechos son materia de investigación y que se van a apoyar en cámaras de seguridad que se encuentran en el sector, para tratar de esclarecer los hechos.

Sobre Santos Continchara el primer reporte médico indicó que requirió de servicios de urgenciología, cirugía y neurocirugía.

El presidente del Tribunal Superior de Yopal, magistrado Jairo Armando González, confirmó que el hoy concejal y candidato nuevamente a esa corporación, José Antonio Castro, se encuentra legalmente inhabilitado para ejercer cargos públicos.

El proceso que se adelantó en contra del cabildante se originó en hechos ocurridos en el año 2017, cuando, al parecer en estado de embriaguez, el concejal agredió a un ciudadano que se encontraba sentado en una banca del parque de esta localidad.

Como consecuencia la víctima sufrió lesiones en sus costillas y un ojo. El agresor lo golpeó con unas botas punta de acero.

Sobre el fallo condenatorio el magistrado sostuvo que es de 2021 y que el auto se dio porque la sala penal de Corte Suprema de Justicia, inadmitió un recurso de casación que interpuso la defensa de José Antonio Castro.

Es por ello que la providencia condenatoria emitida por un juzgado de Villanueva y ratificada en segunda instancia por el Tribunal, no sufrió ninguna modificación.

Eso quiere decir que el señor José Antonio Castro ya quedó condenado a 40 meses de prisión. Sin embargo el magistrado aclaró que se lo concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Esto significa que no va a ir a la cárcel los  40  meses, pero para aplicar esta medida debe firmar una diligencia y cumplir con las obligaciones que aparecen en el artículo 65 del Código Penal, por un término de prueba mínimo de 2 años. Así mismo no puede aspirar a ningún cargo público.

La autoridad judicial explicó además que el mencionado periodo de prueba, empieza a contarse desde el momento en que se firme la diligencia y que el mismo debe ser superior a la pena impuesta.

Lo anterior se traduce en que el hoy concejal con aspiraciones de repetir, “no podría aspirar porque ya la sentencia quedó ejecutoriada, la imposición de la pena accesoria de ejercer cargos públicos le quedó en firme, no podría aspirar a ningún  cargo público durante el tiempo de la condena. Tampoco puede abandonar el país, debe observar buena conducta, en términos generales es portarse bien”, subrayó el presidente del Tribunal.

De manera digital se adelantará el proceso de elección de la mesa de participación de víctimas. Así lo dio a conocer el personero de Yopal, Rafael Alberto Peña Torres, quien agregó que se tomarán todas las medidas necesarias para evitar contratiempos.

La idea es no repetir la historia de la elecciones pasadas, cuando se cayó la señal de la Internet, lo que ocasionó inconvenientes en su momento.

En esta oportunidad la Secretaría de Gobierno del municipio afinó todos los detalles logísticos, como la contratación de una planta eléctrica, en caso de algún corte intempestivo de energía, el respectivo software para este proceso, entre otras disposiciones, para que el evento salga de la mejor manera posible. Así lo explicó el titular de dicho despacho, Rodolfo Chaparro.

El proceso se cumplirá a partir de las 8 de la mañana en el coliseo Bicentenario, ubicado en la calle 22 # 24-105. Se recomienda no llevar menores de edad, ni mascotas y portar su documento de identidad original.

Chaparro agregó que está prohíbo el ingreso de cualquier material de publicidad política, como cachuchas alusivas a candidatos, camisetas o distintivos de las campañas.

Explicó que esta medida se tomó teniendo en cuenta que el país se encuentra inmerso en un periodo electoral y es necesario que este proceso de la mesa de víctimas, se mantenga ajeno de toda manifestación de proselitismo político, para garantizar su transparencia.

A la actividad lidera por la Personería y la citada secretaría, se inscribieron 863 personas víctimas del conflicto armado, las cuales hacen parte de 120 organizaciones de víctimas (OV) y 3 organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas (ODV).

En esta jornada se elegirán 28 representantes de todos los hechos victimizantes y enfoques diferenciales, quienes liderarán las mesas de participación efectiva de víctimas de Yopal.

Estos espacios de participación fueron establecidos en la Ley 1448 de 2011, para la interlocución con el Estado y cuyo fin es la incidencia en la construcción, ejecución y control de las políticas públicas para las víctimas.

El jefe del Ministerio Público municipal indicó que, para poder realizar esta elección virtual, la Alcaldía de Yopal dispuso de un software con el que se adelantará todo el proceso que contará con vigilancia especial de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

“Como secretaría técnica la Personería va a ser una elección transparente, por eso la invitación a toda la población víctima debidamente inscrita es para que acudan temprano a votar y no se presenten aglomeraciones. A su vez para que cada una de las organizaciones de víctimas traigan muy bien estructuradas sus candidaturas y asistan con sus votantes listos para sufragar”, afirmó el personero Peña Torres.

Duras críticas hizo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga a la disidencias de las Farc, por el atentado con explosivos, ocurrido esta mañana en la vía Puerto Lleras - Fuente de Oro.

Según el mandatario metense este grupo habla de paz y cese al fuego, pero no paran de asesinar e intimidar.

En este hecho violento murieron 2 policías y dos más resultados quedaron heridos, luego que la patrulla en la que se movilizaban fue atacada con explosivos.

Ana María Guevara, personera de Puerto Lleras precisó, que en el atentado murió el comandante de la estación de Policía de Fuentedeoro.

Los uniformados fallecidos fueron identificados como el intendente Edwin Rodríguez Beltrán, comandante de la estación y el subintendente Víctor Guerrero Cepera.

Entre los heridos se cuentan el coronel Johathan Sandoval Suárez y el patrullero Edisson Velázquez Moreno.

Con absoluta reserva las directivas de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Pore, manejaron la información sobre la desaparición de 38 computadores, que habían sido entregados al colegio bajo el modelo de obras por impuestos.

Sobre este hecho punible se conoció que fue descubierto en el mes de junio por el rector del centro educativo, Jimmy Benavídez, pero que se abstuvo de develarlo.

El directivo docente se percató de la anomalía, durante un inventario general que hizo a la Institución y solo hasta el 17 de agosto el docente hizo pública esta situación, en un encuentro que sostuvo con la comunidad educativa.

Acerca de los equipos se pudo establecer que aún no habían sido desempacados y que fueron entregados por Oleoducto Bicentenario. El  precio estimado de todo el material de cómputo es de 120 millones de pesos.

Igualmente se estableció que tienen instalado un software antirrobo, lo que en teoría, puede facilitar su ubicación.

Por el momento están a la espera, que un docente quien tiene bajo su custodia la llaves de la bodega donde había sido guardados lo computadores, regrese de una licencia de 2 meses en la que se encuentra y entregue su versión de lo ocurrido.

El caso ya está en manos de la Fiscalía. Ahora solo resta esperar los resultados de la investigación, así como un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Educación departamental.

En ocasiones algunas desatenciones por parte de funcionarios públicos, se convierte en el pago de multas y sanciones pecuniarias muy costosas para el Estado.

Ese es el caso del contrato suscrito entre la Alcaldía y el parqueadero La 14 Yopal, al cual por alguna extraña razón que no ha sido precisada hasta el momento, se les olvidó la póliza de responsabilidad de daños a terceros.

Trascurría el mes de junio del año 2014, cuando en el mencionado estacionamiento ocurrió un incendió, en el cual terminaron calcinadas 200 motocicletas que se encontraban inmovilizadas.

Hoy los propietarios de esos vehículos por orden judicial, deben ser indemnizados por la Alcaldía de Yopal, con más 500 millones de pesos.

El fallo fue emitido por el Juzgado Segundo Administrativo de Casanare. En sus argumentos sostuvo que pudo demostrar que la mencionada póliza, fue firmada horas después que el parqueadero ardió en llamas.

Así mismo el Juzgado pudo comprobar la mala fe del contratista, así como el uso de triquiñuelas por parte del mismo. También se corroboró la inexistencia del aseguramiento, para amparar la responsabilidad civil de la Alcaldía de Yopal, frente a eventuales imprevistos que generan daños en el parque automotor que se encontraba en el lugar.

Precisó la autoridad judicial que la responsabilidad de custodia y cuidado era del Municipio, al que le asistía la función de depositario de los vehículos, relaciones durante la ejecución del contrato 848 de 2014, firmado con el señor Milton Gabriel Cruz Bonilla.

El objeto contractual estaba definido como “Prestar el servicio de parqueadero para el fortalecimiento de las acciones de tráfico del municipio de Yopal”.

Toda esta situación ocasionó una falla en el servicio por omisión, por parte de la entonces Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Yopal. Para la época transcurría los años de gobierno y Wilman Enrique Celemín y el titular de este despacho era el señor Rolfer Roncancio.

No contar con la mencionada póliza llevó al Municipio a pagar la indemnización ya referida. Si este documento se hubiese firmado conforme la exige la ley, una empresa de seguros sería la llamada a hacerse cargo del pago de los daños, causados durante el incendio.

Para establecer el valor de las motocicletas presa de las llamas, se apeló a las páginas de compra venta de este tipo de vehículos y se aplicó el precio comercial de las mismas vigente para 2021, año en el cual se hizo la respectiva consulta.

La orden judicial cobija a 8 demandantes a quienes se les deberá reconocer la indemnización, que tiene su origen en  perjuicios materiales por daño emergente.

Del avalúo hecho en 2021, se hicieron los ajustes respectivos para actualizar el precio, el cual fue ajustado a la fecha en que se emitió la sentencia.

Para el caso de estas 8 motocicletas, sus dueños recibirían 22 millones 803 mil pesos.

Los demás propietarios, 173 en total, que no participaron en la demanda de acción en grupo, pero que se acojan a la sentencia, se les otorgará el valor promedio de las motos avaluadas, que fue establecido en $ 2.850.456, por cada vehículo. De esta manera sumando los dos grupos de afectados, la suma que debe asumir el Gobierno local, es de 493 millones 123 mil pesos.

Para el caso de quienes no participaron de la acción judicial pero que se quieran acoger a la misma, la Defensoría del Pueblo será la entidad encargada de determinar la viabilidad de las solitudes radicadas que se presente en un lapso de 20 días posteriores a la publicación del fallo.

Sin embargo, deberán demostrar previamente que pertenecen al conjunto de individuos que interpuso como un mismo grupo y que sus vehículos están en la base de datos de motocicletas incineradas.

De igual forma  deben presentar la licencia de tránsito o certificado de tradición de los vehículos, para acreditar el derecho de dominio. La Defensoría del Pueblo deberá devolver al municipio los recursos que no se reclamen.  

En este orden de ideas la Administración municipal tiene un plazo de 10 días, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, para apropiar los 516 millones de pesos y depositarlos en el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, correspondientes al monto total o global de la indemnización.