Un nuevo caso de supuesto abuso de autoridad por parte de los agentes de tránsito y  miembros de la Policía Nacional, denunció el veedor Julián Llanos.

En esta oportunidad la situación se presentó sobre la calle 40, en cierre vial comprendido entre la diagonal 15 y la carrera 21 de Yopal, donde se adelantan obras sobre la calzada, para solucionar una problemática de alcantarillado que hay en este sector.

Según el denunciante transitaba por el lugar y se encontró con un puesto de control de movilidad, el cual calificó como ilegal, porque no hay argumento jurídico que diga lo contrario.

Cuestionó la ubicación del mismo. Según lo expresado por Llanos, fue instalado después de una curva, lo que deja a los conductores ad portas de generar un accidente o su defecto a una contravención, en el momento que quieran esquivarlo.

En su narrativa cuenta que se acerca a evidenciar la situación y se encontró con tres agentes de tránsito. Mencionó que uno de ellos era de apellido Vergara, los otros dos no fue posible conocerlos porque uno no porta identificación y el segundo no quiso identificarse.

Junto a ellos estaba una joven practicante del Sena. Con ella entabló un diálogo pedagógico sobre veeduría y capacitación en materia de tránsito, tanto para la ciudadanía como para las autoridades para que no se extralimiten en sus funciones.

Estando en esta situación observó que el agente Vergara estaba tramitando una contravención, desde un vehículo sin documentos. Como represalia la autoridad de tránsito se percató que  la moto del veedor tenía caída una direccional.

Ese fue el punto de partida para realizarle un comparendo. Llano dijo que demostró que la direccional funcionaba perfectamente, pero Vergara haciendo caso omiso a las palabras del veedor, le comunicó que debía inmovilizar la motocicleta.

Ante el inconveniente los agentes llamaron a la Policía, que según Julián Llanos se encontraba instrumentalizada para atropellar a la ciudadanía.

En un último esfuerzo por evita que se llevaran su moto, el veedor se negó a bajarse del vehículo, argumentando el debido proceso. Invocó los derechos que como conductor le confiera la norma.

Para estos casos aseguró que el afectado dispone de 60 minutos para subsanar la situación. Ante la negativa, comunicó que se acogía al comparendo por desacato a la autoridad de tránsito.

Sin embargo fue fútil esta propuesta, porque Llanos aseveró que las autoridades allí presentes, desconocen la ley. Explicó que dicho recurso jurídico genera una comparecencia a la Secretaría de Movilidad, donde un inspector será quien tome una decisión sobre el caso.

Recalcó que ningún miembro de la Policía tiene la orden de bajar a nadie a las malas de su vehículo. Que si no lo van a dejar transitar, el usuario puede llamar a un vehículo de cargar para transportar su automotor y subsanar el origen de la infracción.

Añadió que instrumentalizaron a la Policía para que lo agredieran. Pese a que les advirtió las consecuencias de esta acción, al final terminan haciéndolo y dañándole el celular.

“Uno de los policías en el mal uso de la fuerza, se ensaña contra el celular y me suben a la panel esposado” manifestó Julián, quien también sostuvo que un patrullero alegó que el veedor lo mordió y que cuando llegaron a la URI le leen los derechos, como capturado por agresión a servidor público.

Así mismo comentó que le informaron que iban a llevar al patrullero a una valoración en Medicina Legal, porque se le había partido una uña.  

Luego le anunciaron que le iban a hacer una orden de comparendo por desobedecer orden de Policía. Proceso en el cual recalcó, que nuevamente evidenció la falta de conocimiento por parte de la autoridad.

 “Se demoran 2 horas tramitando el comparendo porque no sabían cómo hacerlo, llegaron otros cuadrantes para ayudarlos”.

También mencionó que no le dejaron presentar los alegatos ni la apelación, por lo que violaron el debido proceso de imposición de comparendo por ley de convivencia ciudadana. Finalmente le comunican que se puede ir.

Julián alega que en este caso se tipificaron varios delitos como el desplazamiento forzado, una privación de ilegal de la libertad, abuso de función pública, extralimitación de funciones, agresión a líder social defensor de Derechos Humanos, entre otros.

A la postre la moto fue trasladada a los patios de Setty, sin un inventario. Hecho que le preocupa porque dijo que en el vehículo tenía unos elementos costosos y herramientas que utiliza en su trabajo diario, vinculado con el tema de cámaras de seguridad.

Adicionalmente manifestó que basado en la información del RUNT, la grúa con la que se levantó su motocicleta, no cuenta con una póliza de responsabilidad contractual y extracontractual.

Lo anterior significa que cualquier avería que sufra el vehículo en su traslado, no hay garantía para el ciudadano y lo van exponer  a un proceso legal por daños y perjuicios.

Por último expresó que hoy adelantará el trámite para sacar su motocicleta de los parqueaderos de SETTY, diligencia que transmitirá en directo por sus canales de redes sociales, como elemento pedagógico para que la comunidad conozca en detalle cómo debe realizar este tipo de procesos.

Pese a los hechos acecidos la noche del 12 de julio en el sector La Fortaleza, calle 50 con carrera 13 de Yopal, donde un hombre fue ultimado con arma de fuego, el director seccional de fiscalías, Anderson Pinilla manifestó que los indicadores de homicidios en Casanare han disminuido.

Sobre esta situación indicó que tan pronto como se conoció del homicidio, se desplazó al lugar personal de Policía Judicial y Criminalística, para adelantar las respectivas investigaciones de rigor, que permitan esclarecer este delito.

Igualmente mencionó que hay un fiscal al frente del caso, realizando las pesquisas del caso, para identificar al homicida.

Pinilla aprovechó el diálogo con la prensa, para entregar las cifras que maneja la Fiscalía con respecto a los resultados obtenidos, en su lucha contra el delito.

Dijo que con respecto al año pasado se ha presentado una disminución del 41 por ciento, en los casos de homicidio. Se pasó de 43 asesinatos en el primer semestre de 2022 a 26 en el mismo periodo de 2023.

Estas cifras detalladas por municipios muestran a Yopal como el municipio donde más homicidios se ha presentado, con un total de 11 casos, frente a 13 del año pasado.

Luego se encuentran Aguazul con 4; Maní 4; Villanueva con 3; Orocué 2; Nunchía y Paz de Ariporo con 1.

En cuanto a los grupos poblacionales los números indican que las víctimas mayoritariamente son de sexo masculino, un adulto mayor de 60 años y 2 menores de 18 años.

El principal factor todavía es el sicariato seguido por las riñas. Justamente sobre este último ítem el director de fiscalías sostuvo, que se ha presentado una disminución importante, la cual obedece al trabajo preventivo hecho por las autoridades.

Violencia intrafamiliar

Hizo especial énfasis en esta clase de delitos, porque lo calificó como la antesala para situaciones más graves como la tentativa de homicidio y el feminicidio.

Preciso que se ha presentado un aumento en las cifras, pero argumento que se debe al hecho que las mujeres ahora están denunciando más, lo que es un claro indicador del aumento de confianza en las autoridades.

De 281 casos en el primer semestre de 2022, se pasó a 435 en 2023, lo que significa que hubo un incremento del 54.8 por ciento.

Destaco que no solo las denuncias crecieron, también los hizo la efectividad por parte de las autoridades. De 80 casos resueltos en 2022, subió a 87 en lo que va de 2023.

En cuanto el grupo poblacional víctima de este delito, contó que las mujeres con 387 casos son las más afectadas. Luego se encuentran los niños y adolescente con 47 casos, 14 adultos mayores, que son agredidos por sus hijos, 16 de la comunidad LGTBIQ+ y 3 hombres.

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Verdes de la rabia quedaron algunos integrantes de la Comisión Nacional de Avales del partido Alianza Verde por la decisión de las mayorías de aprobar que el excongresista casanareño César Ortiz Zorro, además de recibir el aval de esta colectividad, pudiera ser coavalado por su antagónico partido Cambio Radical. Todo al parecer para derrotar al Clan Barrera del Uribismo en Casanare.  

La situación se evidenció a través del trino publicado por Santiago Osorio Marín, periodista y representante a la Cámara del Pacto Histórico-Alianza Verde por Caldas. Textualmente escribió “Preocupante: Mayorías del Partido Verde acaban de avalar candidato a la Gobernación de Casanare, con coaval de Cambio Radical. 6 integrantes de la Comisión Nacional de Avales votamos NO. ¡Lamentable! 

De la misma manera el senador Inti Asprilla, quien además aspira a ser presidente del Senado, también dijo en su cuenta de twitter que se opuso rotundamente a esa decisión del coaval del político casanareño con Cambio Radical pero solo 6 integrantes votaron en forma negativa. Puntualizó diciendo que “Cada cual responde por sus actos”.

Entre los cerca de 40 miembros de esta comisión se encuentran el politólogo Ariel Ávila y Angélica Lozano, quienes, se abstuvieron de votar a favor del coaval, según fuentes reputadas.

Esto en razón a que la Fundación Pares, organización de la cual Ávila hizo parte como investigador y analista, denunció al Clan de la Casita en Casanare, con presuntos nexos con el excomandante paramilitar Héctor Buitrago, alias “Martín Llanos”. Y en este Clan se señalaba a Marco Tulio Ruíz, exgobernador de Casanare y ahora candidato a la Alcaldía de Yopal, por el partido Cambio Radical, con el cual milita desde hace años.  Igualmente se incluían a, uno de los grandes amigos de Marco Tulio, el excongresista José Rodolfo el “Negro” Pérez y al destituido por corrupción, gobernador de Casanare Nelson Mariño Velandia, recientemente condenado por concierto para delinquir agravado.

La senadora Angélica Lozano también se abstuvo de apoyar el coaval. Ella es esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, otrora investigadora de la Fundación Pares y quien como senadora del partido Alianza Verde en 2017 fustigó fuertemente al Clan de la Casita en Casanare y a Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, por sus componendas políticas.

Vídeo Claudia López

En las redes sociales de twitter, también terció el representante a la Cámara por Boyacá de este partido, Jaime Raúl Salamanca Torres. Manifestó que él sí voto positivo al coaval porque César Ortiz Zorro es un candidato que “No va a negociar y quien busca derrotar a quienes hoy representan todo lo contrario al Partido Alianza Verde” y enfatizó “Vamos a derrotar al Uribismo”

En la polémica en las redes sociales participó el precandidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Carrillo, quien dijo Zorro es el que la alcaldesa Claudia López en tarima llama cariñosamente “Zorrito”.

El exgobernador y exsenador de Casanare Jorge Prieto Riveros, de esta filiación política, felicitó a los integrantes de la Comisión de Avales que se opusieron al coaval, relacionando que Cambio Radical y Centro Democrático, eran enemigos del presidente Gustavo Petro y sus propuestas de cambio social, económico y político.

El exalcalde de Yopal Leonardo Puentes, ahora exmilitante del partido Alianza Verde, también se pronunció fuertemente, expresando que el “Clan de la Casita” denunciado por Claudia López en el pasado, hoy es la “jugadita” para derrotar al “Clan Barrera” del Centro Democrático. Agregó que “Ya los derrotamos en 2017 sin necesidad de estas componendas, pero el ‘Todo vale’ se tomó al partido Verde.

Recientemente estuvo en correría política en Yopal el líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, llevando un mensaje de oposición al gobierno de Gustavo Petro y organizando el proceso de entrega de avales para las elecciones territoriales de octubre. Él fue hermético frente a la prensa local. Sin embargo, el candidato Marco Tulio Ruíz sí expresó que iba a haber un coaval de Cambio Radical para César Ortiz.

La controversia política entre los partidos Alianza Verde, Cambio Radical y Centro Democrático, parece radicar en el grueso de regalías de Casanare, que puede llegar a apalancar perfectamente una presidencia de algunos de los posibles candidatos, Claudia López, Germán Vargas Lleras y Alirio Barrera, uribista pura sangre.

Un joven piloto identificado como Camilo Humberto Galvis Fernández de 28 años de edad, resultó herido tras sufrir un accidente aéreo en jurisdicción de Villanueva.

El siniestro se presentó este miércoles 12 de julio de 2023, cuando la aeronave de fumigación cayó en la vereda Flor Amarillo. Las causas del accidente aún están por establecer.

Según testigos, el hombre fue auxiliado por la comunidad del sector y posteriormente trasladado por organismos de socorro al hospital local, donde se encuentra en recuperación.

Este hecho se suma a la lamentable cifra de accidentes aéreos en la zona durante el último año. De acuerdo con la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, los Llanos Orientales registraron la mayor cantidad de siniestros aéreos en el país, con un total de 17 durante los 12 meses, dejando 14 personas sin vida.

El informe presentado al cierre de 2022, señala que la mayoría de los aviones accidentados corresponden firmas privadas, varias de las cuales están prestan servicios al sector privado y agrícola. En cuanto a las causas más frecuentes que generan este tipo de siniestros, las turbulencias y  presuntas fallas en las aeronaves, son la situaciones más recurrentes.

Por fin Colombia le ganó un mano a mano a Nicaragua. La Corte Internacional de La Haya falló la solicitud del país centroamericano, de ampliar su plataforma continental, lo que reduciría los límites marítimos de colombianos.

El pronunciamiento de La Haya se dio hoy en el Palacio de La Paz de esta ciudad de Países Bajos. La lectura del mismo estuvo a cargo de Joan E. Donoghue, presidenta de este tribunal internacional.

El documento fue categórico. ““La Corte concluye que no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado”: sentenció la magistrada Donogue.

En este orden de ideas, Nicaragua no puede aspirar a ampliar su frontera marítima, más allá de las 200 millas náuticas, contadas a partir de sus zonas costeras. Ni tampoco podrá contar con un área superpuesta sobre los límites de Colombia.

La votación sobre este litigio favoreció de lejos los intereses colombianos. Fueron 13 votos en contra de las aspiraciones nicaragüenses y 4 a favor.

De esta manera quedó rechazada la solicitud de la nación centroamericana, de extender su plataforma continental otras 200 millas náuticas, lo que en concepto de la Corte sería un sobrepuesto con los límites de la soberanía marítima colombiana, lo cual no está permitido.

En una alianza estratégica con APIFARMA, GeoPark ha brindado su apoyo para la consolidación del proyecto apícola comunitario más grande del Casanare.

Esta iniciativa, ejecutada en el marco de un proyecto de inversión social del bloque Llanos 87 operado por la multinacional, tiene como objetivo generar oportunidades de desarrollo económico y productivo en el departamento.

Con la instalación de 180 colmenas distribuidas en 6 unidades productivas en la vereda La Libertad, se busca promover el crecimiento de 26 familias campesinas villanuevenses.

Además, se han proporcionado los insumos necesarios y se brinda acompañamiento continuo, a través de capacitaciones en técnicas de cultivo de abejas, así como en la creación y comercialización de productos.

Diego Morales, gerente de relaciones con vecinos en GeoPark, expresó su satisfacción al contribuir al desarrollo económico y productivo de Villanueva, mediante proyectos que generan fuentes de ingreso y trabajo para las familias locales.

Por su parte, Felipe Puentes, subgerente de APIFARMA, destacó el potencial que la apicultura tiene para la economía local y la importancia de fomentar este tipo de iniciativas.

Con esta acción, la empresa petrolera reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de los territorios donde opera, trabajando en conjunto con las comunidades y aliados institucionales para impulsar proyectos que beneficien a sus vecinos.

La Superintendencia Nacional de Salud impuso dos multas a la EPS Medimás, que ascienden a un total de 6.960 millones de pesos. Estas sanciones se derivan de investigaciones que determinaron la responsabilidad de la EPS, en un caso donde una menor necesitaba un medicamento vital, también  por la falta de protección a sus afiliados, así como por los bajos niveles de desempeño durante ciertos periodos en 2020 y 2021.

La primera multa, por un valor de 5.220 millones de pesos, fue impuesta el pasado 1 de marzo de 2023, debido a la negligencia en el suministro oportuno y completo de medicamentos vitales, para tratar una enfermedad huérfana en una menor, con déficit de creatinina cerebral.

Esta patología se caracteriza por un retraso generalizado del desarrollo o la discapacidad intelectual, un retraso notable del habla, trastorno de conducta tipo autista/hiperactivo y convulsiones.

El médico especialista en genética que tenía a cargo este caso, le había formulado a la menor varios medicamentos desde el 15 de diciembre de 2017 como parte del tratamiento.

El caso fue remitido a la Supersalud en octubre de 2018 remitido por la Porcuraduría y se evidenció que la EPS no cumplió con la entrega oportuna de los medicamentos necesarios.

La Supersalud encontró que la EPS había cerrado el caso, pese a que estaba pendiente la entrega del medicamento, el cual debía surtir una serie de trámites administrativos para el proceso de importación.

La segunda multa, por un valor de 1.740 millones de pesos, está relacionada con el precario desempeño demostrado por Medimás durante el segundo trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.

Se encontraron deficiencias en la entrega oportuna de medicamentos, asignación de citas médicas especializadas y generales, autorización de insumos y demoras en trámites administrativos.

Estas multas evidencian la falta de compromiso y negligencia por parte de Medimás, en la prestación de servicios de salud a sus afiliados.

Cabe destacar que la EPS se encuentra en proceso de liquidación desde el 8 de marzo de 2022, por lo que el monto de las multas se suma a las obligaciones económicas, que debe pagar a los acreedores.

Este jueves y viernes se llevará a cabo la vigésima edición de la jornada de la venta efectiva y atención al cliente, organizada por la Cámara de Comercio de Casanare (CCC) a través de su Escuela de Formación Empresarial (EFE).

El evento, que tendrá lugar el 13 y 14 de julio a partir de las 2:00 p.m., contará con conferencias virtuales transmitidas por la plataforma Zoom.

El objetivo principal de la jornada es inspirar y motivar a empresarios, comerciantes, emprendedores y equipos comerciales de empresas y negocios, fortaleciendo sus habilidades y mejorando los resultados de sus actividades.

Durante el evento, se ofrecerá una experiencia comercial a través de diversas conferencias impartidas por expertos nacionales e internacionales en temas relacionados con ventas, servicio al cliente, liderazgo, gestión del estrés y otros temas de interés público.

Entre los conferencistas que participarán en el evento se encuentran destacados expertos como Gema Ramírez (España), Bárbara Pérez (México), Elizabeth Martínez (República Dominicana), Ivón Pérez (Colombia), Óscar Esequiel (Colombia), Andrea Paola Díaz (Colombia), Juan de Dios (Colombia) y Anette Sarabia (Colombia). Cada uno compartirá su experiencia y conocimiento con los participantes para lograr mejores resultados empresariales.

La asistencia al evento es gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse en la página web www.ventaefectiva.com. En el sitio web también se encuentra disponible la programación completa.

La jornada cuenta con aliados como la Universidad Pontificia Bolivariana UPB, la Fundación Universitaria Ceipa, Coaching Play, Undeco capítulo Santa Marta y la Escuela de Ventas de España para Latinoamérica - EDVE Latam.

El presidente de la Asamblea Departamental, Jorge Eduardo García, consideró que las críticas en su contra que terminaron en escándalo, obedecen a un matoneo mediático al que ha sido sometido.

Explicó que el primero de estos señalamientos está relacionado con unos requerimientos técnicos que hizo, durante las sesiones donde se abordó el tema de Capresoca. En su concepto desde ese momento vino todo un matoneo, juzgamientos, acusaciones fuera de base en contra de su nombre.

Luego vino un segundo episodio donde lo denunciaron por un posible caso de acoso laboral. En este punto aseguró que se enteró de la situación por los medios de comunicación y no de manera formal, por  un oficio o cualquier otro mecanismo utilizado en estos casos.

Agregó que lo que sí ha recibido son insultos. “Me llegó un correo donde me dicen cosas terribles acerca de mi integridad, no solo de mi envestidura como diputado, sino contra mi persona”, recalcó.

Ante esta situación durante el desarrollo de la sesión plenaria del 11 de julio a las 7 de la noche, solicitó ante el recinto de la Asamblea le permitieran hacer uso del derecho a la réplica, para poder entregar su versión acerca de los hechos de los cuales se le acusa.

Dentro del listado de agravios a los cuales fue sometido, mencionó la sesión de la Comisión de Ética de la Asamblea, llevada a cabo el mismo 11 de julio, en horas de la tarde.

“A las 2 de la tarde me hicieron señalamientos terribles y no me han permitido un debido proceso, donde pueda controvertir de lo que me acusan”, insistió el diputado.

Sobre el supuesto acoso laboral indicó que lo único que hizo fue un llamado de atención, con respecto al buen funcionamiento de la Asamblea Departamental.

Subrayó que nunca le ha quitado funciones a ningún funcionario de la Corporación y conminó a quienes lo acusan, que muestren el acto administrativo donde se pruebe que incurrió en esta actuación.

Por el contrario comentó que tiene  las pruebas de los mensajes de  What’sApp, donde hay mensaje oprobiosos en su contra y donde su interlocutor, le contesta de mala manera sus mensajes.

Es por ello que se declaró partidario que la Procuraduría tome cartas en el asunto, para dar claridad a este tema y que proceda conforme a la ley.

Reveló igualmente que se han presentado errores en los trámites de los proyectos de ordenanza y su reacción frente a este tipo de anomalías, se suman a la fuente de justificaciones para denunciarlo por acoso laboral,

“Por ejemplo, que no se envían a tiempo y por eso yo he llamado la atención y por esta situación hoy tenemos estos inconvenientes, pero yo tengo un mandato, no solamente con la gente, sino que el día de mi posesión juré respetar la constitución y  la ley y eso es la que he hecho a cabalidad”.

Consideró que esta actitud es la que le ha ocasiono todos estos inconvenientes. “Pedir que las cosas se hagan bien. Yo estoy mamado como joven que en este departamento se hagan las cosas mal. Yo estoy cansado que aquí que aplauda la mediocridad. Yo quiero es cuidar esta Asamblea Departamental”.

Otra supuesta irregularidad cometida por el presidente de la Asamblea Departamental y de la cual también se pronunció, fue la modificación de estatutos y tráfico de influencias.

Al respectó expresó que en 2018 “quedó en firme un fallo donde le daba una sanción a unos diputados, entre los cuales se encuentra mi seños padre, con una deuda cercana a los 16 millones”.

Sin embargo desde esa fecha hasta hoy ninguno de los diputados que ocupó la presidencia de la Corporación durante todo este lapso, gestión el cobro de esos dineros.

“La pregunta es qué pasó con los presidentes de la Asamblea desde esa época que no cobraron esos dineros. Qué pasó con el diputado Carlos Fredy Mejía que no cobró esta multa en 2022.

Precisó que en 2023 cuando llegó a la presidencia de la Corporación, le informaron en un informe de secretaría sobre esta situación. En este caso pidió la documentación respectiva para adelantar la investigación de rigor.

Actuación de la cual manifestó que tiene toda la evidencia por escrito. Añadió que este año prescribe la sanción y ante una imposibilidad suya para adelantar el cobro, le solicitó al hoy vicepresidente de la Asamblea, que adelantara ese proceso.

Hizo hincapié que los recursos públicos son sagrados. “Sin importar que sea mi papá, que sea mi mamá, puede ser mi abuelita, pero la ley es para todos y ante esa ley todos somos iguales”.

Por eso reiteró que todo este tema es un ataque político, programado para atentar contra su buen nombre.

Una dosis de ‘paloterapia’ recibió anoche un sujeto señalado de participar en el robo de un celular, mediante la modalidad de atracado.

Lo que se conoce sobre este caso es que dos hombres que se movilizaban en motocicleta, habrían hurtado el celular a una persona, en este momento se presentó la reacción de la comunidad, que logró atrapar a uno de los sujetos que presuntamente participó en el ilícito.

El incidente se presentó en la carrera 22 con calle 20 de Yopal. Luego de ser golpeado, este sujeto fue entregado a la Policía, para que se precediera con la respectiva captura.