Judicial

Judicial (1699)

A las 2:45 de la tarde de este jueves 13 de febrero se registró un grave accidente de tránsito en el kilómetro en la Marginal del Llano, en jurisdicción el municipio de Aguazul.

El siniestro vial involucró a dos vehículos que colisionaron, dejando tres personas lesionadas, quienes fueron llevadas al Hospital Juan Hernando Urrego de la capital arrocera de Casanare.

El primer automotor accidentado fue un camión Dodge D600, modelo 75, de color naranja y negro, con placa AFD235. Su conductor, Alexander Acevedo Riveros, de 44 años, sufrió heridas en la cara y el cuello.

Este vehículo de servicio público choco contra una Chevrolet LJV D MAX, modelo 2012, de color azul y placas MAX424. Su conductor, Ricardo Medina Mosquera, de 46 años, presentó trauma en el tórax, lesiones en la boca y la cara.  Además, su acompañante, Wilson Mendoza Mojica, de 55 años, también resultó herido.

Las primeras hipótesis sobre las causas del accidente apuntan a una posible maniobra de adelantamiento, invadiendo  el carril contrario.

Un juez de conocimiento condenó a un hombre a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, específicamente una niña de 7 años, en la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare.

La sentencia fue emitida el 13 de febrero de 2025, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes que demostraron la culpabilidad del acusado.

El hecho ocurrió el 10 de octubre de 2020, en una casa familiar en Yopal, donde vivían la víctima, sus padres, el agresor y su esposa. El hombre, quien era pareja sentimental de una prima de la menor, llevó a la niña a una habitación y abusó de ella sexualmente.

Además de la pena principal, el juez inhabilitó al condenado para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo de la condena, es decir, 17 años y 6 meses.

Asimismo, no se le concedió ningún beneficio de subrogado, por lo que deberá cumplir la totalidad de la pena en un centro carcelario.

Este caso resalta el trabajo de la Fiscalía Seccional Casanare, que logró demostrar la responsabilidad del agresor y asegurar una condena ejemplar para proteger a la víctima y garantizar justicia.

La Fiscalía General de la Nación informó que tres personas fueron enviadas a prisión por su presunta participación en el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en el asentamiento humano conocido como La Resistencia, en Yopal.

Los detenidos son José Alejandro Calderón, Jully Janeth Ramos Malpica y Mary Luz Malpica López, quienes fueron capturados por la Policía Nacional.

Durante la operación, las autoridades incautaron bazuco, clorhidrato de cocaína, marihuana, elementos para la dosificación, 31 celulares, bicicletas, tres computadores portátiles y dos pistolas traumáticas, entre otros objetos. Los acusados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía Seccional de Casanare.

El juez de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para los procesados, mientras se resuelve su situación judicial.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, Casanare, emitió una sentencia que suspende el contrato de colaboración empresarial No. 00147 de 2022 entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P.) y SSYAM DE COLOMBIA S.A.S., debido a múltiples irregularidades detectadas en el proceso contractual, cuyo valor es de ($15.446.130.000,00).

La decisión se tomó en respuesta a una acción popular interpuesta por Rene Leonardo Puentes Vargas, quien argumentó que el contrato vulneraba derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, y el acceso a servicios públicos eficientes.

La sentencia, emitida el 10 de febrero de 2025, reveló que el proceso de selección del contratista no cumplió con los estándares legales y constitucionales, incluyendo la falta de un proceso de licitación pública y la ausencia de estudios técnicos y financieros adecuados.

Además, se encontró que la información sobre el contrato no fue publicada completamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), lo que afectó la transparencia del proceso.

El juzgado ordenó la suspensión inmediata de la ejecución del contrato y conminó a las partes a establecer mesas de diálogo para llegar a un acuerdo sobre la terminación del mismo.

También se instruyó a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que tomen conocimiento de la decisión y actúen en consecuencia.

Esta decisión busca proteger los derechos colectivos y garantizar que los procesos contractuales en el sector público se lleven a cabo con transparencia y en cumplimiento de la ley.

 

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía que haya sido víctima del accionar delictivo de Juan David Páez Sandoval, para que instauren la respectiva denuncia y de esta manera enviar a la cárcel a este, señalado, actor recurrente de actividades delictiva en la ciudad de Yopal.

Pérez Sandoval, conocido con el alias de “Orejas” o “Dumbo” fue capturado en zonas rural del municipio de Trinidad, en medio de un operativo adelantado de manera conjunta entre la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía 33 EDA.

Según las autoridades, “Orejas” de 24 años tenía 11 anotaciones en el sistema penal oral acusatorio y estaba incluido dentro del cartel de los más buscados en Casanare.

Igualmente, se conoció que “Dumbo”  tenía preferencia por los atracos a mano arma en la capital casanareña.

Año tras año las comunidades ribereñas del Río Cravo Sur, especialmente las que habitan las áreas rurales de La Manga y La Calceta, quedan expuestas a las inundaciones del afluente.

Aunque el tema no es ninguna novedad, los habitantes de estos sectores esperan una solución definitiva a esta problemática, sobre la cual ya hay una sentencia proferida desde el 19 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado.

El pronunciamiento de la mencionada autoridad judicial se dio como repuesta a la apelación de un fallo del Tribunal Administrativo de Casanare del 03 de abril de 2014, al cual le hizo algunas modificaciones.

En este orden de ideas, la próxima temporada de lluvias será el termómetro, para medir el grado de eficiencia en la respuesta por parte de las entidades oficiales relacionadas con el tema.

El problema

El río Cravo Sur ha sido protagonista de desbordamientos constantes en las épocas de invierno, generando inundaciones que han puesto en riesgo la vida y los bienes de los habitantes de las veredas de La Manga y La Calceta.

Los demandantes alegaron que, a pesar de ser un problema técnicamente previsible, las entidades responsables no han tomado medidas suficientes para prevenir estos desastres.

Entre las afectaciones más graves se encuentran:

- Pérdida de cultivos y animales.

- Deterioro de vías y puentes, como el puente La Cabuya, que conecta a las comunidades con la ciudad de Yopal.

- Daños al parque La Iguana, un área de protección ambiental que ha sido abandonada por las autoridades.

La demanda

La demanda fue presentada por Marco Julio Univio Chirivi y **Robert Jalil Preciado Cárdenas, quienes solicitaron al Tribunal Administrativo de Casanare que se declarara la vulneración de derechos colectivos y se ordenara a las entidades responsables realizar obras para redirigir el caudal del río a su cauce original.

También, construir infraestructura de protección, como diques y enrocados, así como recuperar el parque La Iguana y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Casanare falló a favor de los demandantes, declarando la vulneración de derechos colectivos y ordenando a las entidades:

- Realizar estudios técnicos integrales sobre el río Cravo Sur.

- Construir obras de protección y recuperación de áreas afectadas.

- Suspender actividades incompatibles con las zonas de alto riesgo, como la construcción de viviendas en áreas inundables.

Recursos de apelación y decisión del Consejo de Estado

Varias entidades y empresas interpusieron recursos de apelación, alegando que las cargas impuestas eran desproporcionadas y que no tenían responsabilidad directa en el problema.

El Consejo de Estado, tras analizar los argumentos, confirmó en gran parte la sentencia del Tribunal, pero ordenó algunas modificaciones claves para ajustar las responsabilidades y los plazos de ejecución de las medidas.

Modificaciones ordenadas por el Consejo de Estado

  1. Responsabilidad compartida: El Consejo de Estado aclaró que, aunque el Municipio de Yopal es el principal responsable de la gestión del riesgo en su territorio, otras entidades como Corporinoquía, el Departamento de Casanare y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), deben colaborar de manera más activa en la ejecución de las medidas ordenadas.
  1. Ajustes en los plazos: El Consejo de Estado reconoció que algunas de las órdenes emitidas por el Tribunal Administrativo de Casanare requerían plazos más realistas, especialmente en lo relacionado con la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y la ejecución de obras de protección
  1. Exclusión de responsabilidades: El Consejo de Estado excluyó a algunas entidades, como el Instituto Nacional de Vías (Invías), de ciertas órdenes, al considerar que no tenían competencia directa sobre el cauce del río Cravo Sur.
  1. Medidas cautelares reforzadas: Se ordenó reforzar las medidas cautelares, como la suspensión inmediata de licencias de construcción en zonas de alto riesgo y la realización de monitoreos periódicos del río para prevenir futuras inundaciones.

Impacto y relevancia del fallo

Esta sentencia es un precedente importante en materia de protección ambiental y gestión del riesgo en el país. Resalta la responsabilidad de las entidades públicas en la prevención y mitigación de desastres naturales, así como la necesidad de trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.

Además, el fallo pone en evidencia la importancia de proteger los recursos naturales y el espacio público, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y otros fenómenos naturales.

¿Qué sigue?

Las entidades demandadas tienen la obligación de cumplir con las órdenes impartidas por el Consejo de Estado, lo que incluye la realización de estudios técnicos, la construcción de obras de protección y la recuperación de áreas afectadas.

La comunidad espera que estas medidas permitan finalmente solucionar un problema que ha afectado su calidad de vida durante años.

El fallo del Consejo de Estado no solo confirma la vulneración de derechos colectivos, sino que también introduce ajustes clave para garantizar una solución más efectiva y equitativa. Ahora, la atención se centra en la ejecución de las medidas ordenadas para proteger a las comunidades ribereñas del río Cravo Sur y garantizar su seguridad.

 

Sigue siendo un misterio los móviles del ataque armado contra una pareja de jóvenes en el municipio boyacense de Pajarito. El hecho se presentó este lunes 10 de febrero en la vía principal de la mencionada población.

Las versiones extraoficiales que se conocen sobre el atentado señalan que sobre las 6:30 de la tarde, dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta sin placas llegaron hasta el lugar donde compartían los jóvenes y sin mediar palabra abrieron fuego contra ellos.

Las víctimas de los sicarios fueron identificadas como Juan David Sánchez y Angie Suárez. Inicialmente circuló el rumor que los dos recibieron varios impactos con arma de fuego.

Sin embargo, una fuente anónima comentó a Casanare Noticias que los jóvenes recibieron en total dos disparos y que fueron trasladados al Hospital Regional de la Orinoquia, para recibir atención médica.

Ante este hecho las autoridades continúan con las labores de investigación, para tratar de dar con el paradero de los sicarios, quienes una vez cometido el atentado huyeron del lugar.

 

El secretario de gobierno de Yopal, Jorge Andrés Rodríguez se refirió a la fuja de cuatro menores de edad, del centro de formación integral Kairos ubicado por el kilómetro 7 de la vía a Sirivana, ocurrido el domingo 09 de febrero en horas de la tarde.

El funcionario detalló que uno de los jóvenes ya fue recapturado gracias a la pronta reacción de las autoridades que activaron un plan candado. Los otros tres siguen siendo buscados por las autoridades.

Dentro de los adolescentes que se fugaron uno de ellos es señalado de violencia intrafamiliar y hurto. Otro de homicidio agravado y tráfico de armas.

El funcionario resaltó que el centro Kairos requiere mayores niveles de seguridad. Algunos de los jóvenes recluidos en este centro no son del municipio de Yopal, sino que provienen de otros departamentos.

Agregó que esta situación obedece al sistema nacional que maneja el tema de menores infractores y a la falta de cupos en otras jurisdicciones. Actualmente, hay alrededor de 20 jóvenes recluidos en el centro, aunque el lugar tiene capacidad para 60 menores de edad.

Según Rodríguez González, los jóvenes aprovecharon elementos como camas y sábanas para crear escaleras artesanales para perpetrar el escape. En el intento de fuga, uno de los menores resultó lesionado.

Es importante señalar que estos centros buscan la rehabilitación de los jóvenes, lo que implica un trato diferencial al de las cárceles y algunas restricciones en las normas de seguridad.

Mencionó el secretario que todos los menores recluidos en el centro son de nacionalidad colombiana. El secretario hizo un llamado a todas las instituciones relacionadas con el tema, para colaborar con el financiamiento que permita reforzar la seguridad en el centro Kairos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado importantes avances en el esclarecimiento de los casos de falsos positivos en Casanare, donde se llevaron a cabo más de 300 ejecuciones extrajudiciales y aproximadamente 500 víctimas se encuentran participando en el proceso judicial.

Así lo indicó el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Casanare, quien estuvo este lunes 10 de febrero en Yopal.  Destacó que este proceso representa un hito histórico en la participación de las víctimas ante la JEP.

Recalcó que el proceso ha logrado determinar responsabilidades que no se habían esclarecido en la justicia ordinaria, con máximos responsables reconociendo su participación.

A pesar de esto, algunas víctimas han expresado críticas y rechazos a ciertos reconocimientos, los cuales están siendo analizados judicialmente por la JEP.

La justicia restaurativa es un componente central de este proceso. Las víctimas han presentado propuestas para que este proceso tenga sentido para sus familias.

Estas propuestas incluyen acceso a educación superior para las familias, proyectos de memoria y dignificación de las víctimas, incluyendo la conmemoración de las personas ejecutadas extrajudicialmente y desaparecidas.

Igualmente existe un componente de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la preservación de lugares donde puedan encontrarse sus restos, restauración del medio ambiente y medidas educativas.

Para lograr un acuerdo entre las partes se ha establecido una mesa de trabajo para abordar las inquietudes de las víctimas y canalizar sus propuestas.

Esta iniciativa busca impulsar políticas públicas asociadas a los proyectos restaurativos. Las reuniones se llevarán a cabo al menos una vez al mes o cada dos meses, con la posibilidad de realizar encuentros virtuales para facilitar la participación de quienes tienen dificultades para asistir presencialmente.

Adicionalmente la JEP está trabajando para que se reconozca aquellas víctimas que no han sido incluidas dentro del registro único de víctimas, para que puedan acceder a reparaciones de índole económico, entregadas por el Estado.

En este sentido desde la Justica Especial para la Paz se ha oficiado a la Unidad de Víctimas, que es la entidad encargada de estos temas, dado que muchas personas no habían sido reconocidas con anterioridad al haberse catalogado los hechos donde perdieron a sus familiares como combates y no como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

El magistrado Parra Vera señaló que, aunque hay avances significativos, aún queda un camino importante por recorrer en la definición de las sanciones. La JEP espera dinamizar estos proyectos restaurativos en Casanare, buscando un equilibrio entre el reconocimiento de responsabilidades y las necesidades de reparación de las víctimas.

Una camiseta blanca con estampados negros y dorados junto con un casco de seguridad fue todo lo que quedó el paso del hombre de 25 años, aproximadamente, quien intentó cometer un hurto en el supermercado Don Toño, ubicado en barrio La Campiña de Yopal.

El intento de robo se presentó sobre las 10 de la mañana de este lunes 10 de febrero, en la carrera 9ª  con calle 25. El sujeto abordo de la motocicleta de matrícula VPY-95A, estacionó el vehículo frente al establecimiento comercial y luego ingresó al supermercado.

Una vez dentro procede a tomar algunos objetos de la estantería, para luego esconderlos entre sus prendas de vestir. Uno de los empleados del lugar se percató del hecho y procedió a interceptarlo dando origen a un forcejeo al cual se unió otro joven del almacén.

En medio de la confrontación el sujeto pierde la camisa y el casco, pero esgrime un arma cortopunzante con la cual le provocó algunas cortas a sus adversarios y luego huye del lugar.

El hecho causó indignación en la comunidad aledaña, que reclama mayor efectividad por parte de las autoridades, para contrarrestar la delincuencia.

Algunos testigos hicieron especialmente, en el hecho que a unos pocos metros del sitio donde se presentó el frustrado robo queda el CAI de La Campiña.