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Por cuenta del “Plan Reglamento” que adelanta el sindicato de Guardianes del INPEC, se retrasó el traslado de internas del pabellón de mujeres del Centro Penitenciario de Yopal a distintas cárceles del país.

El director del penal William Roa indicó que a pesar de la gestión adelantada para descongestionar el pabellón, el fin de semana las reclusas alteraron el orden interno, teniendo que intervenir funcionarios hombres y mujeres, para garantizar el control de la situación, que al final dejó 2 dragoneantes heridos, quienes fueron atacados con mordeduras y agua caliente de la greca.

Aunque la capacidad del pabellón es para 28 mujeres, en la actualidad alberga 58 internas, lo que ha  desbordado  el número permitido, sin que exista posibilidad de maniobras internas, puesto que la infraestructura consta de 7 patios para hombres, “sería irresponsable y de alto riesgo ubicar una mujer  en un pabellón distinto, por la condición de los presos, quedando como única alternativa el traslado  a otras cárceles, proceso que no ha sido fácil”, indicó William Roa.

Tras la gestión del funcionario se logró la autorización de la Dirección Nacional del Inpec, bajo resolución 00827 del 3 de septiembre, para hacer el traslado inmediato de 15 internas que serían  reubicadas  en cárceles de Garzón ( Huila), Sogamoso (Boyaca) y Bogotá.

Esta directriz no se ha podido cumplir en virtud al “Plan Reglamento”, que adelanta a nivel nacional el sindicato de Guardianes del Inpec, para exigir mejoras laborales.

 

 

 

El proyecto de acuerdo que otorga facultades al Alcalde de Yopal para  celebrar un contrato de concesión para la prestación del servicio  de alumbrado público por unidad de materia, fue rechazado por el  presidente del Concejo, Libardo Carreño Fernández.

Según el presidente de la Corporación, la decisión se sustenta  en el artículo 142 del reglamento interno del Concejo que le otorga facultades al presidente, para  verificar el cumplimiento  de que todo proyecto de acuerdo  debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones  o modificaciones que no se relacionen con ella.

“Una vez evidenciada  la falta de unidad, la presidencia rechazó el proyecto pero la decisión será apelable ante la Corporación”, dijo Carreño Fernández, quien a su vez informará a la plenaria del Concejo para que proceda  según la norma, con la creación de una  comisión accidental  para que decida si presenta apelación ante la presidencia.

En tres días la comisión tomará una decisión, ya sea dando la razón al presidente, concediendo la razón parcialmente  o negando los argumentos expuestos.

17 nuevos proyectos para el bienestar social de Casanare fueron aprobados ante el OCAD Departamento, beneficiando a los municipios de Yopal, Chámeza, Monterrey,  Sabanalarga, San Luis de Palenque  y Orocué.

“El monto de inversión asciende a 50 mil millones de pesos, distribuidos en proyectos con presupuestos entre 2000 y 3000 mil millones. El costo más alto ha sido para la biblioteca pública, un elefante blanco que tenía el gobierno Nacional y que nos interesa culminar por su gran aporte al tema de educación superior, el cual supera la inversión a los 7000 millones de pesos”, explicó Luis Eduardo Castro, Director de Planeación Departamental.

Entre otros proyectos aprobados se encuentran la electrificación del casco urbano de las veredas San Rafael, Jordán Alto y Bajo del municipio de Chámeza por 4000 millones de pesos, electrificación en el municipio de Hatocorozal por 1800 millones de pesos, apoyo a la creación y  la adecuación de una trinchera en el relleno sanitario de Macondo en Yopal por 3600 millones de pesos.

Como compromiso adquirido con el vecino departamento de Boyacá, se aprobó un presupuesto por 4500 millones para el puente sobre el río Almorzareña, el cual comunicará a Casanare con el interior del país, fortaleciendo así las relaciones institucionales. 

 

En el sector agropecuario se viabilizó un proyecto de fortalecimiento a la seguridad alimentaria a través del establecimiento de mil unidades productivas agropecuarias a la población rural del Departamento, presentado por la Secretaria de Agricultura por 3300 millones de pesos.

“El balance en general ha sido bueno y en la próxima sesión del OCAD, el día 19 de septiembre esperamos que sean aprobados los 14 proyectos restantes para así poder beneficiar principalmente a los municipios más necesitados”, manifestó Luis Eduardo Castro.

En una mesa de negociación en la que participaron el gerente de Enerca, Jorge Elberto Torres Mendoza, Santiago Lema, representante Legal de OPSECOL y delegados de los trabajadores se firmó un acuerdo entre partes para continuar con el servicio de mantenimiento y operación de las redes eléctricas, el cual se encontraba suspendido desde la semana pasada por protestas de los trabajadores..

“En el transcurso del día de hoy sostuvimos una mesa con los trabajadores que adelantan esta operación en el Departamento y recibimos de parte de ellos algunos comentarios u observaciones sobre aspectos muy puntuales en relación con el tema laboral como: vinculación, seguridad y estabilidad. Construimos con ellos  una agenda punto a punto, los fuimos analizando y se llegó a un acuerdo para beneficio de todos”, manifestó el gerente de Enerca.

Torres Mendoza señaló que uno de los mayores inconvenientes que se venían presentando era en términos de tiempo porque se suscribían contratos con el operador por cuatro meses, lo cual, obligaba a éste a contratar el personal por un periodo corto, generando inestabilidad laboral.

En razón a ello, el nuevo acuerdo puntualiza 12 solicitudes y compromisos de tipo administrativo, económico y técnico del gremio de trabajadores que buscan garantizar sus derechos laborales bajo un esquema de contrato fijo hasta diciembre de 2015 con el operador, lográndose mayor tiempo de vinculación y por ende estabilidad laboral con las prestaciones de ley, vacaciones y tiempos de descanso.

 

 

En audiencia sobre el futuro del relleno sanitario Macondo el Tribunal Administrativo del Casanare conminó  a  los alcaldes de 12 municipios que depositan los residuos sólidos en este sitio y a entidades como la Gobernación y   Acuatodos a buscar pronta solución al almacenamiento de las basuras.

La solicitud  la hizo el Magistrado Nestor Trujillo Gonzáles, coordinador de la audiencia cumplida en pasados días en la sala del Tribunal, en donde se viene resolviendo una acción popular, presentada por la Procuraduría Agraria y Ambiental en donde se establece que Yopal y los demás municipios, no tendrían donde depositar los residuos sólidos  a partir del año 2018.

Para Trujillo Gonzales, esto es un hecho igual o más grave que los problemas que se afrontan  en Yopal por la falta de agua potable, solo que menos divulgado.

Ante la conminación hecha por el Tribunal, los representantes  acordaron trabajar unidos en la búsqueda de una solución pronta, para suplir el Relleno Macondo que podrá seguir funcionando como máximo cuatro años más, para lo cual se requiere hacer una fuerte inversión en la adecuación de la trinchera número nueve.

Los representantes de la Gobernación, las Alcaldías de Yopal y Aguazul y la  EAAAY manifestaron que tienen interés político, por buscar solución concreta  al problema.

Pero lo planteado por el Tribunal es perentorio y obliga que a más tardar a finales de  octubre se debe presentar un estudio sobre la ruta a seguir para concretar acciones y de esta forma evitar una tragedia ambiental y sanitaria de imprevisibles consecuencias, “la responsabilidad no la asume la actual o siguiente Administración Municipal, sino el ente territorial como tal”, enfatizó el Magistrado.

Una vez los delegados de los entes comprometidos con la acción popular acordaron trabajar unidos, se determinó que Acuatodos, será líder en el  proceso, en cabeza de John Miller Domínguez, quien se comprometió a efectuar la coordinación respectiva  para el estudio solicitado.

“Queda pendiente determinar que aportes se deben hacer por parte de las diferentes alcaldías y la Gobernación para dar una solución global al problema de los residuos sólidos en el departamento”, indicó Domínguez.

Reiteró que por ahora se conoce de  cinco sitios, donde  quedarían ubicadas  las plantas de manejo de residuos sólidos, las cuales se distribuirán por zonas.

El alcalde de Aguazul Fernando Camacho se comprometió con la búsqueda de una solución a largo plazo al problema de las basuras y explicó que el trabajo inicia, con las consultorías que sobre el tema vienen haciendo la Alcaldía de Yopal, Acuatodos y la ESPA. “Aguazul cuenta con unas instalaciones proyectadas para una planta de reciclaje”,indicó.

El Tribunal Administrativo determinó que el problema se debe abordar con seriedad y cumplimiento de las partes, a los compromisos pactados. Entre tanto la acción popular sigue su trámite y se tiene hasta el mes de diciembre para proferir sentencia.

Advirtió el Magistrado Néstor Trujillo que el Tribunal será muy responsable con la comunidad en relación con el tema del manejo de las basuras y no dudará en aplicar las sanciones que sean del caso si no se cumple con lo acordado, entre las partes.

Martes, 09 Septiembre 2014 00:39

Emergencia invernal en Villanueva

20 familias damnificadas dejaron las fuertes lluvias registradas el domingo anterior en el municipio de Villanueva.

El desbordamiento de los caños El Pailón, Los Arietes y Aguaclara, afectó el acceso a la vereda Leche Miel y a las palmeras, Palmas Choapal y Palmas Casanare, ya que el 80 por ciento de la carretera de acceso se desbarrancó.

En el sector urbano, varios barrios, entre ellos, Villa Estampa y  Bello Horizonte, resultaron afectados con las  inundaciones, que alcanzaron niveles nunca antes vistos en la ciudad.

 

 

Martes, 09 Septiembre 2014 00:22

Ecoturismo en Casanare promueve Unisangil

Al término de la conferencia “La Educación Turística como Elemento Fundamental en el Desarrollo de las Regiones”, dictada por Diego Juárez Bolaños investigador de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México, se brindaron nuevas alternativas para el desarrollo  Ecoturístico en el departamento de Casanare.

“El ecoturismo o turismo ecológico brinda nuevas alternativas de progreso a la regiones, ya que la gente participa y crea sus propios espacios de acuerdo a la ubicación del país y su intereses culturales”, expuso Juárez Bolaños.

La charla se cumplió en el campus de Unisangil en Yopal y contó con la  masiva participación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la universidad, docentes y empresas del sector  turístico del departamento.

Los estudiantes manifestaron la importancia de seguir generando este tipo de conferencias que brindan conocimiento y generan espacios de participación del sector turístico y la academia.   

 

En precarias condiciones siguen viviendo los 9 pueblos  indígenas  que integran el resguardo de la comunidad de Caño Mochuelo, ubicados en jurisdicción de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo al norte del departamento de Casanare.

“Vivimos en el rincón del departamento, hemos logrado convivir por más de 30 años con 9 pueblos indígenas, algunos únicos en el mundo, y a pesar de tener una diversidad cultural hemos logrado mantenerla intacta, pero las necesidades básicas que carecemos son latentes”, dijo Gerardo Rodríguez, Gobernador del pueblo indígena de Caño Mochuelo.

Falta de infraestructura académica, agua potable y saneamiento básico, déficit de seguridad alimentaria, asistencia médica oportuna, electrificación y la ausencia de escenarios deportivos y de recreación,  son algunas de las necesidades apremiantes para los más de 3750 indígenas de las comunidades Sáliva, Sikuani, Tsiripu, Yarupos, Wipiwi, Amorúa, Kuiba, Masihuare y Yamaleros.

“En Caño Mochuelo infraestructura escolar no existe”, aseguró el Gobernador; los niños y jóvenes indígenas reciben sus clases de lengua materna y de las diferentes áreas del aprendizaje a la intemperie, el único salón improvisado está cubierto con lona y cercado con alambre de púas.

Rodríguez aseguró, que a diario los indígenas están expuestos a enfermedades por el consumo de agua inapropiada  y a la falta de tratamiento de aguas negras.

Asimismo, las complicaciones de salud no pueden ser atendidas en la infraestructura que tienen como Centro de Salud “Contamos con un puesto que no está dotado para prestar atención médica ni de primer nivel, la infraestructura se mantiene pero el personal que se quiere no está, lo que pretendemos es contar con un escenario en el que se puedan atender con la medicina tradicional y alternativa las situaciones en salud que presenten los indígenas”, indicó Rodríguez.

Sumado a esto, el problema de desnutrición al que están expuestos por la carencia de alimentos es otra necesidad sentida que afronta la comunidad indígena.

“Aunque nos dedicamos a la agricultura: sembramos plátano, maíz, ñame y yuca; así como  pescamos para subsistir, la demanda  alimentaria es mayor y no es suficiente para atender la necesidad de comer de todos los indígenas del resguardo”, manifestó el Gobernador.  

Señaló que las necesidades de las comunidades están implícitas en el Plan de Salvaguarda de los Pueblos Indígenas de Caño Mochuelo, documento que esperan permita materializar los sueños de los indígenas que aún se mantienen en el departamento.

Rodríguez reconoce la gestión que desde la Administración local y departamental han recibido para solventar las inclemencias en las que han logrado sobrevivir en este territorio, sin embargo, solicita mayor inversión social para la comunidad del resguardo y demanda oportunidades que les permitan desarrollarse en igualdad de condiciones para la pervivencia en el tiempo.

“Hemos ido evolucionando con las ayudas que hemos recibido, pero queremos soluciones definitivas, el pueblo indígena de Caño Mochuelo es un pueblo lleno de esperanza, no desconozco las iniciativas y buenas intenciones que por supuesto son valiosas, pero estamos por la mitad”, expresó el jefe del pueblo indígena.

Luego de más de un año y medio de construcción, 165 familias de 8 pueblos indígenas del resguardo de Caño Mochuelo jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, recibieron igual número de soluciones de vivienda, durante el fin de semana, de manos del Gobernador de Casanare, Marco Tulio Ruíz Riaño.

Según el Jefe del Gobierno Departamental, el proyecto de vivienda que inicialmente estaba proyectado en el  2012 a beneficiar con 8 subsidios a igual número de familias de Caño Mochuelo fue replanteado, debido al alto índice de demanda  habitacional que requiere la población indígena de este sector del departamento, por lo que fue necesario reestructurar la iniciativa para hacer  posible  la entrega de 165 casa nuevas para la comunidad.

Cada vivienda consta de dos habitaciones, una para los padres (6mx3m) y otra para los hijos (3mx3m);  las viviendas fueron construidas en estructura metálica recubiertas en  bloque, con amplios ventanales, pañetadas y  pintadas. “Las casa se construyeron de manera concertada con la población indígena, de acuerdo a las solicitudes que ellos plantearon”, dijo Ruíz Riaño.

“La construcción de estas unidades de vivienda se logró transportando el material  desde Yopal hasta el municipio de Orocué por tierra, una vez en este sector se hacia el trasbordo  por vía fluvial en planchones navegando por los ríos  Casanare y Ariporo, hasta llegar a cada una de las comunidades donde se realizaron las obras”, informó Cesar Fernándo Montes, arquitecto de la Dirección de Vivienda Departamental.

La inversión que realizó la Administración Departamental en cada una de las viviendas supera los 34 millones de pesos, incluido el transporte de los materiales y la ejecución del proyecto.

Por no cumplir medidas cautelares, sobre el suministro del agua en Yopal, el Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare multó con 50 salarios mínimos al alcalde Willman Celemín y  con 10 salarios a la agente especial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EAAAY  Adriana  Moreno, al resolver un incidente de desacato, que se venía dando por la falta del preciado líquido en la ciudad.

El presidente del Tribunal, Magistrado José Antonio Figueroa explicó que la decisión se dio  ante una acción popular instaurada por el abogado Wilfran Castrillo, alegando el derecho al agua y que ya ha tenido varias decisiones tomadas por esta instancia.

El alcalde y la agente de la EAAAY fueron declarados responsables con culpa grave por no atender los requerimientos del Tribunal para agilizar la normalización del suministro del agua, que ya supera tres años de anormalidad.

La acción popular del abogado Castrillo, impuso medidas de fondo para la construcción del nuevo sistema de acueducto, que tomará varias años y medidas cautelares, como los pozos profundos, la planta modular y otras acciones adicionales.

Aunque la acción vincula con las medidas cautelares al Gobierno Departamental en cabeza de Marco Tulio Ruiz y al Fondo de Adaptación, el Tribunal se abstuvo de sancionarlos, por  cuanto, el gobernador lleva poco tiempo en el cargo y el Fondo ha cumplido con lo acordado en varios pactos de cumplimiento.

El presidente del Tribunal aclaró que se procederá al trámite respectivo de la notificación de las partes y existe la opción de que se eleve una consulta al Consejo de Estado, si los afectados así lo consideran.

Explicó José Antonio Figueroa que se trata de una consulta, no de un recurso de apelación, pero no obstante el Consejo de Estado puede ratificar esta sentencia o echarla atrás.

Enfatizó el presidente del Tribunal que la sanción se hace efectiva en el momento de que quede ejecutoriada la sentencia, que solo se dará hasta que se pronuncie el Consejo de Estado y se notifique a las partes la determinación, siempre y cuando  las partes acudan a esta segunda instancia.

 

En el fallo el Tribunal advierte que si no se cancelan las sumas de dineros antes citadas por parte del alcalde Willman Celemín, podrían presentarse  varios días de arresto por desacato al mandatario local.

Lamenta el presidente del Tribunal que el servicio de agua de Yopal, en lugar de mejorar empeora y por esto como ente judicial deben tomar las medidas correspondientes para proteger a la comunidad.