Un hombre con un orden de captura pendiente por el delito de hurto calificado fue detenido por la Policía en el municipio de Maní. Según el reporte oficial los hechos se presentaron en la carrera 3ª con calle 16 de la mencionada localidad.

Así lo dio a conocer el Departamento de Policía Casanare. La información compartida señala que el detenido tiene 31 años y la captura la hizo efectiva una patrulla de vigilancia de la institución que abordó a sospechoso y procedió a practicarle un registro de personas.

Al ingresar los datos al sistema penal oral acusatorio (SPOA), los uniformados constatan que el individuo presenta una orden de captura vigente, proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, para que cumpla condena por el citado delito. El hombre fue dejado a órdenes de la autoridad competente.

Las autoridades adelantan la investigación de un hecho violento ocurrido promediando las 10 de la noche de este primero de mayo. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el incidente ocurrió al interior de una vivienda en el corregimiento de Tilodirán.

La víctima fue identificada como Mónica Andrea Moreno Ibáñez, de 25 años de edad. De acuerdo a información preliminar, la joven recibió cinco disparos propinados por  su expareja sentimental, Rubén Cuellar, quien luego de cometer el homicidio procedió a quitarse la vida cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.

Este incidente genera preocupación en la comunidad del sector, que espera las investigaciones del caso por parte de las autoridades competentes.

Con el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare en favor de la diputada Marisela Duarte, se despejan todas las dudas que había generado este caso en los círculos políticos del departamento de Casanare.

Una de las voces que se pronunció, tan solo unas horas antes del pronunciamiento de la autoridad judicial, fue la del presidente de la Asamblea, Juan Fernando Mancipe Pérez.

El asambleísta expresó que la semana pasada un concepto emitido por la Procuraduría generó gran expectativa, pero que la última palabra la tenía en primera instancia el Tribunal y dependiendo del falló que emita esta autoridad judicial, se podría dar una segunda instancia ante el Consejo de Estado.

Unas horas más tarde el Tribunal denegó las pretensiones de la demanda en contra de Marisela Duarte, interpuesta Nay Epimenio González Celis, que buscaba la perdida de investidura de la diputada.

Como se recuerda todo se originó en un supuesto conflicto de intereses que se habría presentado, durante la sesión plenaria de la Corporación, en la que fue elegido el secretario general de la Asamblea.

En esta misma vía de las demandas por pérdida de investidura, Mancipe Pérez también se refirió al caso del diputado Heyder Silva. Dijo que se había enterado la semana pasada sobre su proceso.

Agregó que el caso está relacionado con el proyecto de ordenanza 002 de 2025, donde se realizó una reestructuración a la planta de personal de la Asamblea Departamental.

El diputado explicó todo el contexto del origen de la demanda. “En el 2023 la Asamblea contrata una consultoría la cual sugiere que la Asamblea debe contratar de forma permanente a una persona para que preste los servicios de acompañamiento financiero y contable para hacer los pagos de las nóminas y las obligaciones que tiene la Asamblea Departamental”.

Agregó que la recomendación apuntó a crear un cargo para que cumpla con dichas funciones y que su asignación salarial debía ser de tres millones de pesos mensuales.

“Lastimosamente el presidente de la Asamblea Departamental de la vigencia pasada esperó hasta el 17 de diciembre para hacer el nombramiento de este cargo. Sin embargo, cuando se lleva a cabo dicho procedimiento, el cargo que se crea y que se hace no es el que sugirió la consultoría del 2023”, mencionó el actual presidente de la Corporación.

Indicó que la asignación salarial fue de $5’700.000, la más alta de la entidad, superando ampliamente los $3’000.000 sugeridos en el estudio de la consultoría.

“Esto genera unos costos presupuestales que tiene que asumir la Asamblea, unos costos laborales que hacen insostenible el funcionamiento de la Asamblea Departamental, porque aquí funcionamos con unos recursos muy pocos. Esta es una entidad que no contrata, que no ejecuta ningún tipo de proyecto”, precisó el diputado Mancipe.

Acotó que en el momento en que se subió el salario para este nuevo cargo, se generó un déficit financiero en la Corporación, lo que obliga hacer una modificación a todo este tema, pero en esta ocasión vía sesión plenaria, para poder retomar las sugerencias iniciales de la consultoría.

El diputado aclaró que la génesis del problema que suscitó la demanda en contra Heyder Silva no es la creación del cargo, sino la asignación salarial que le fue asignada.

Añadió que otra arista de esta controversia está relacionada con la actitud asumida por Silva. En su condición de presiente de la Asamblea, en ese momento, no consultó a la mesa directiva de la Corporación para tomar una decisión sobre el mencionado nombramiento.

“Es cierto, lastimosamente el actuar que hizo el presidente de la vigencia pasada fue individual. Eso no tiene autorización ni del primer vicepresidente ni del segundo vicepresidente, ni de la plenaria, ni de ninguna comisión. Es decir, fue una decisión netamente del presidente el 17 de diciembre del año pasado”.

El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la Acción Popular que busca organizar todo el tema de vivienda en el departamento y frenar la proliferación de urbanizaciones ilegales, especialmente en Yopal, fenómeno que ha generado graves afectaciones ambientales y sociales en la ciudad.

La acción fue interpuesta en contra del Municipio de Yopal, el Departamento de Casanare, la Superintendencia de Notariado y Registro, Corporinoquia, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, la Empresa de Energía de Casanare y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de proteger los derechos colectivos de la ciudadanía.

Se fundamenta en la defensa de derechos como el goce de un ambiente sano, seguridad pública, acceso a servicios básicos, moralidad administrativa y derechos de consumidores, entre otros, consagrados en la Constitución (Art. 88) y la Ley 472 de 1998.

Medidas cautelares solicitadas

La Acción Popular pide a la autoridad judicial suspender por 12 meses (prorrogables) la aprobación de nuevos planes parciales hasta garantizar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Esta solicitud la sustenta con el supuesto incumplimiento de requisitos técnicos, falta de infraestructura de servicios públicos y protección ambiental en zonas de expansión.

También pide la clausura de manera inmediata de la totalidad de las urbanizaciones ilegales (construidas o en proceso de construcción) en Yopal, con plazo máximo de 30 días.

Igualmente, contempla varias acciones complementarias como la prohibición de la comercialización de lotes ilegales. Invita a informar a la comunidad a través de avisos visibles, donde se alerte sobre la ilegalidad de estos planes de vivienda que no cumplen con los requisitos de ley, así como los riesgos que implica este tipo de proyectos.

De la misma manera, se solicita la intervención de manera coordinada entre Alcaldía, Policía y Corporinoquia, para ejecutar las medidas antes expuestas.

En este listado de peticiones se incluye una demanda a los urbanizadores ilegales, argumentando omisión en servicios públicos y costos fiscales no planificados.

Crear un ente interinstitucional con tecnología SIG para vigilancia urbano-rural, denuncias ciudadanas y transparencia. Cerrar empresas que promueven urbanizaciones ilegales.

Pedir a la Fiscalía que investigue a las empresas promotoras de este tipo de iniciativas, por los delitos como captación ilegal de recursos, estafa, ocupación irregular de suelo y fraude.

Iniciar procesos sancionatorios en Corporinoquia y auditorías a notarías (Superintendencia de Notariado) por escrituraciones irregulares.

Convocar mesa interinstitucional con el Ministerio de Vivienda, Gobernación, Alcaldía para proyectos de vivienda digna en estratos 1, 2 y 3.

Exigir a Enerca AAAY que niegue la viabilidad a proyectos sin cumplimiento técnico-legal.

La idea es sancionar a todos aquellas empresas que han promovido proyectos de parcelación y venta de terrenos sin licencias urbanísticas, sin servicios públicos esenciales y sin cumplir los requisitos legales para los planes parciales.

Según la Acción Popular estas prácticas han generado impactos negativos en el ambiente, la salubridad pública, el acceso a servicios básicos y la confianza de los ciudadanos, quienes han sido víctimas de promociones engañosas y captación ilegal de recursos.