Suspender por un espacio de seis días calendario el concurso para la elección del secretario del Concejo de Yopal para el periodo 2026 - 2027, fue la decisión que tomó la junta directiva de la Corporación, bajo la presidencia de Ángelo Castellanos.

La medida se adoptó debido a que, durante el proceso de selección, a cargo de la UPTC, se extraviaron las pruebas de conocimiento presentadas por los aspirantes a dicho cargo. La información fue confirmada a las directivas del Concejo por el centro  universitario, vía correo electrónico.

La anomalía llevó a que se expidiera la Resolución 183 de 2025, donde se anuncia la suspensión antes mencionada. Sobre la validez del correo electrónico enviado por la universidad, Castellanos dijo que se revisó cuidadosamente para corroborar la autenticidad, tanto del mensaje como del remitente.

“La situación obedece a una situación atípica y que consideramos de suma gravedad, reportada por al Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, dice el comunicado expedido por la Corporación y que fue leído por el concejal Ángelo Castellanos.

Agregó el escrito que “las pruebas no fueron encontradas en el lugar donde se depositaron. Situación que compromete la transparencia del proceso”.

Así mismo el comunicado menciona que el periodo de seis días que durará en pausala convocatoria, tiene como finalidad hacer la respectivas verificaciones y acciones pertinentes, tendientes a garantizar la transparencia y continuidad de la convocatoria.

Castellanos también mencionó que la Resolución dispuso comunicar esta decisión a la UPTC, Personería Municipal de Yopal y a la Procuraduría Regional de Casanare.

Igualmente, el presidente del Concejo sostuvo que se tomarán todas las medidas jurídicas que correspondan, “para salvaguardar que dicho proceso llegue a buen término”.

Este jueves 13 de noviembre, Yopal será escenario de una jornada solidaridad. La Secretaría de Salud, el Hospital Regional de la Orinoquía (HORO) y Gran Plaza Alcaraván han unido fuerzas para incentivar a la ciudadanía a donar sangre entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m., en la sede del centro comercial.

El propósito es claro: asegurar que el Horo disponga de suficiente sangre para enfrentar urgencias médicas, operaciones delicadas y tratamientos que dependen de la generosidad de los donantes.

Cada aporte representa una oportunidad de vida para quienes las circunstancias los ponen en riesgo y necesitan transfusiones.

Participar es sencillo, pero requiere cumplir ciertos criterios: la persona debe estar dentro del rango de 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos y presentar su documento de identidad original.

Además, se solicita tener buena salud, no haber tenido síntomas recientes de infecciones, ni ingerido alcohol ni sustancias psicoactivas el día anterior.

Para fortalecer la experiencia, los organizadores recuerdan la importancia de prepararse adecuadamente: comer y beber suficiente antes de acudir, informar si se tiene alguna dolencia y, al término del proceso, tomar líquidos y evitar actividades físicas extenuantes.

La invitación está abierta para toda la comunidad, que desee vincularse con esta noble causa.

Los habitantes de la vereda El Palmar, en el corregimiento Mata de Limón de Yopal, pronto verán transformada su principal acceso gracias al financiamiento de Ecopetrol, en coordinación con la Alcaldía de Yopal.

El proyecto, previsto para el año 2026, permitirá la pavimentación de tres kilómetros en el trayecto que conecta los sectores de Caño Seco y Caño Rico.

Con una inversión cercana a los 9 mil millones de pesos, aportada a través del programa de beneficio a las comunidades de la empresa petrolera, la obra promete optimizar el transporte local y fomentar la integración de esta área agrícola con el resto del municipio.

El acuerdo, formalizado el pasado 7 de noviembre, refleja la intención de fortalecer la infraestructura rural mediante esfuerzos conjuntos entre las entidades públicas y el sector empresarial.

El alcalde Marco Tulio Ruíz resaltó la importancia de la iniciativa, señalando que la mejora de la vía no solo facilitará la movilidad, sino que abrirá nuevas oportunidades para los residentes, permitiendo un acceso más eficiente a servicios esenciales como salud y educación.

La Alcaldía reafirmó su empeño en impulsar el desarrollo rural, apostando por una zona más dinámica y conectada, donde la inversión pública y privada se traduzca en mejores condiciones para la comunidad campesina.

José Eduardo Chalá Franco, taxista de oficio, fue judicializado luego de que, en estado de embriaguez y conduciendo a exceso de velocidad, arrollara a un grupo de personas el pasado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

El hecho dejó 11 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. Dos de las víctimas permanecen en estado crítico.

El conductor fue conducido por la Policía Nacional al Hospital San Blas para una valoración inicial. Posteriormente, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que Chalá Franco presentaba grado tres de alcoholemia al momento del siniestro.

Las verificaciones en el lugar y los elementos probatorios recogidos indican que el taxista, producto de su estado de embriaguez, perdió el control del vehículo, colisionó contra varios peatones en una esquina y terminó impactando la fachada de un inmueble.

Por estos hechos, el fiscal de la seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías, imputándole los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambas conductas agravadas.

El acusado aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Luego del pronunciamiento de la Justicia Especial para la Paz, donde expuso las razones por la cuales no aceptó la solicitud de sometimiento del exalcalde de Aguazul, Mauricio Jiménez Pérez, los hermanos del mandatario publicaron un sentido mensaje en el cual manifestaron su desacuerdo con la decisión de la JEP.

El escrito comienza por describir las repercusiones emocionales que tiene para ellos el rechazo a la petición hecha por el exmandatario. “Hablamos como los hermanos de José Mauricio Jiménez, con el corazón roto y llenos de dolor por la injusticia que hoy consume a nuestra familia”.

Asegura la publicación que durante el tiempo que ejerció como alcalde de Aguazul, su hermano terminó cediendo ante las pretensiones de los grupos armados organizados de la época, por temor.

“Nuestro hermano José Mauricio, exalcalde de Aguazul, cedió por miedo, por la coacción de un conflicto armado que devoraba a Casanare, donde los líderes civiles estaban solos, sin el amparo del Estado, y con una “pistola en la cabeza” que los obligaba a someterse a la barbarie”.

También recalca que “ha manifestado su profundo arrepentimiento y ha pedido perdón a las víctimas de los desaparecidos, demostrando su voluntad sincera de contribuir a la verdad, la reparación y la justicia”.

Sobre la negativa a la solicitud de sometimiento la califican como “una dolorosa incoherencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

Opinión que para los hermanos de Jiménez Pérez tiene su argumento. “Mientras la JEP admite y otorga beneficios a actores armados que empuñaron fusiles y cometieron crímenes atroces, a nuestro hermano —que nunca tomó un arma y cuya presunta responsabilidad se limita a una autoría por omisión, en un contexto de amenaza y abandono estatal— se le cierran las puertas”.

Razones a las que se añaden algunos cuestionamientos. “Nos preguntamos con angustia: ¿Por qué un civil coaccionado encuentra un muro, mientras criminales confesos obtienen libertad e incluso curules?”

En este contexto los hermanos Juan, Patricia Fernanda, Marta Zoraya y Juan Ricardo Jiménez, quienes firma el comunicado a la opinión pública, hacen un llamado para que la petición de Mauricio sea aceptada.

“La justicia transicional debe reconocer el contexto de guerra que obligó a muchos civiles a “aceptar el sometimiento”. Exigir una plena posición de garante a un funcionario civil bajo amenaza, sin respaldo del Estado, es un doble rasero inaceptable”.

Agrega el escrito que “no buscamos impunidad. Buscamos la verdad simétrica, el reconocimiento del contexto de terror y un trato justo”.

Por lo tanto, hace una solicitud puntual. “Exigimos que la JEP deje de ser una vía de escape para los criminales armados, mientras se convierte en un aparato de estigmatización para los civiles que fueron también víctimas de la coacción y el miedo.

Recordó la publicación que la familia Jiménez también fue víctima de la violencia. “Nuestro padre fue vilmente asesinado por los paramilitares, y reiteramos con firmeza que nuestro hermano nunca fue autor intelectual ni material de delito alguno. Su única falta fue ser autor por omisión en posición de garante, en un contexto de abandono estatal y violencia generalizada”.

Insista el comunicado en el abandono estatal imperante en la época en que ocurrieron los hechos. “Este no fue un problema exclusivo de Aguazul, sino de todo el país”.

Por eso consideran injusta la situación de Mauricio Jiménez. “El hecho de que nuestro hermano sea el único exalcalde condenado en Colombia bajo estas circunstancias profundiza aún más nuestro dolor y cuestiona la equidad en la aplicación de la justicia y en el respeto al derecho a la igualdad”.

Finalmente, pidieron un trato justo para su hermano de quien manifestaron que su único deseo es contribuir a la verdad.

Si de algo están seguros los taxistas de Yopal, es que no le creen a Ecopetrol las afirmaciones sobre la seguridad en el suministro de gas domiciliario, vehicular e industrial para la región de la Orinoquia.

Para los representantes del gremio amarillo estas afirmaciones hechas por la empresa a través de redes sociales no son ciertas.

Y es que el tema de una posible crisis de abastecimiento de este combustible se ciñe en el horizonte desde hacer varios meses. La situación es tan preocupante que llevó a los taxistas manifestar su voz de protesta en un plantón hace ya varias semanas.

Como resultado de esta actividad se adelantó una mesa de trabajo en el municipio de Aguazul, pero los transportadores insisten que desde ese día hasta la fecha no se ha presentado ningún avance.

“Resultados como tal o como lo hemos visto en muchos comunicados de prensa que lo logramos, que esto ya se acabó, no los hay”, manifestó Jorge Yabrudy, representante del gremio amarillo, en declaraciones a la prensa.

El líder de los taxistas también se refirió al incumplimiento por parte del Gobierno nacional, concretamente del ministro de transporte, la CREG, Superintendencia de Servicios Públicos, entre otras entidades, que no asistieron a la reunión de seguimiento programada para la semana pasada.

Ante la ausencia de estas instituciones del orden nacional, para Yabrudy, lo que sería una mesa técnica de diálogo con los taxistas y autoridades locales, se convirtió en una discusión más, por lo tanto, se mantiene el pliego de peticiones.

Recalcó que por el momento no se tiene ninguna solución en concreto. Es por ello por lo que la reunión pactada para este 12 de noviembre retomará las negociaciones y aspira a que se cuente con la presencia de los actores de carácter nacional que tengan poder de decisión.

De esta manera se cumplen con los requisitos para llevar a cabo una mesa técnica, que analice el panorama del suministro de gas para Casanare y toda la Orinoquia a partir del próximo primero de diciembre.

En pocas palabras las negociaciones siguen en el mismo punto de partida, a la espera de una solución definitiva.

 “Continúa la incertidumbre. Yo sé que por muchos medios de comunicación Ecopetrol ha dado declaraciones que ya hay gas para Casanare un año más. Eso lo han dicho, pero no hay un documento que lo respalde”, acotó Yabrudy.

Agregó que de continuar la zozobra y no alcanzar una pronta solución, se pueden ver afectadas 12 mil familias que viven en el norte del departamento, quienes estarían en riesgo, a partir del primero de diciembre, de no contar con el servicio de gas domiciliario.

Para Alejandro Rojas, otro de los líderes del gremio amarillo, en medio de la adversidad destacó el apoyo que han brindado varias autoridades locales como el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz y el gobernador, César Ortiz Zorro.

En este listado también figura el burgomaestre de Aguazul, Nelson Camacho Caicedo; San Luis de Palenque, Édiver Vásquez y la alcaldesa de Trinidad, Dámaris Abril.

Ahora esperan que los todos los entes del orden nacional participen en la reunión de este miércoles 12 de noviembre. En caso de no asistir, los taxistas anunciaron que se levantarán de la mesa y dejarán abierta la posibilidad de convocar a un cese de actividades.

Un hombre que transitaba tranquilamente por las calles de Tauramena, pero que tenía en su contra una orden de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fue detenido por la Policía.

El reporte policial indicó que el procedimiento se hizo efectivo en la carrera 12 con calle segunda, sobre la vía alterna que comunica esta población con el municipio de Monterrey.

Acotó el informe policial que el operativo se cumplió durante el desarrollo de labores de registro y control, cumplidas por parte de uniformados adscritos a la estación de policía de Tauramena.

Luego de la captura el detenido, de 49 años, fue dejado a disposición de la autoridad competente para que cumpla con el respectivo proceso judicial.

Horas después de haber sido hurtada en la vereda Manantiales del municipio de Yopal, la Policía reportó la recuperación de una camioneta Toyota Hilux, colore blanco y modelo 2018, avaluada en 150 millones de pesos.

Según la información oficial, el vehículo fue recuperado en el sector de la vereda Arenal, durante actividades de vigilancia y control, que cumplían efectivos de la institución.

Aunque no se entregaron detalles del hurto, la publicación del ente policial manifestó que el automotor de placas EMS486 fue robado en horas de la madrugada de este 10 de noviembre, en la finca Palmeras.

Para el comandante del Departamento de Policía Casanare, coronel Pablo Galindo Valencia, esta acción corrobora el compromiso que tiene la institución con la seguridad, la tranquilidad y buena convivencia en suelo casanareño.

En un boletín de prensa la Justicia Especial para la Paz reveló las razones por las cuales negó la solicitud de sometimiento hecha por el exalcalde de Aguazul, Mauricio Jiménez Pérez.

Para la JEP la versión entregada por el exmandatario local no aportó la verdad plena, ni entregó ninguna novedad, tampoco datos relevantes, que permitieran “aclarar los patrones macrocriminales que afectaron a la población de Casanare durante el periodo en que fue alcalde 2001 – 2003).

El escrito compartido por la JEP recuerda que Jiménez Pérez fue condenado “en 2011 por el Juzgado 5to. Penal del Circuito Especializado de Bogotá a 29 años de cárcel por la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal López y Ariel Rojas Moreno”.

Los cargos contra Mauricio Jiménez son por “omisión, y concierto para delinquir agravado en calidad de autor”, según se puede leer en el documento.

También recuerda que se le impuso una inhabilidad de 13 años para ejercer cargos públicos”. Igualmente menciona que por estos hechos “se encuentra en etapa de investigación un proceso disciplinario en la Procuraduría relacionado con dichas desapariciones forzadas”.

Adicionalmente expresa que la “Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP determinó que Jiménez Pérez no brindó información que permitiera revelar con claridad cómo se desarrolló su connivencia con las autodefensas”.

Añade que tampoco “reveló contenido sobre sus vínculos a través de reuniones (probadas en la justicia ordinaria) que sostuvo con Héctor Germán Buitrago Parada, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), conocido como ‘Martín Llanos’ “.

Así mismo, según la JEP, en el relato de Jiménez Pérez, no se “entregó información orientada a esclarecer algún patrón criminal relacionado con violaciones de derechos humanos cometidos por las ACC contra la población civil de Aguazul (Casanare) mientras ejerció como alcalde”.

Ante esta situación determinó que el exalcalde “incumplió el régimen de condicionalidad, lo que le impide acceder a tratamientos especiales o beneficios de la JEP, empezando por la aceptación del sometimiento”.

Aclaró la Sala Disciplinaria que el exalcalde de Aguazul “contó con amplias oportunidades para brindar información que superara el umbral de verdad esclarecido en la jurisdicción ordinaria, pero Jiménez no hizo ningún aporte a la verdad que resultara idóneo”.

En este contexto subrayó la JEP que la información entregada por Jiménez Pérez se limitó a la narración de “argumentos vagos que no permitieron ahondar en la develación plena de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el señalamiento de otros autores implicados en los delitos por los que fue condenado”.

Frente a este hecho la JEP ordenó remitir el expediente a las autoridades ordinarias, “toda vez que en el proceso penal por el que fue condenado se encuentra una orden de captura vigente en su contra, la cual está a cargo del Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

La familia Meche Paredes finalmente pudo cerrar un doloroso ciclo este mes, tras recibir y despedir dignamente los restos de Leidy Tatiana, joven desaparecida desde junio de 2002, cuando tenía apenas 16 años, víctima del conflicto armado en Tame, Arauca.

La espera se prolongó por más de dos décadas, en las que su familia no tuvo noticias ni respuestas claras sobre su paradero.

En 2023, con ayuda de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el caso recobró esperanzas luego de que su padre aportara información que llevó a la identificación de restos en el cementerio municipal de Arauca.

Pruebas genéticas del Instituto de Medicina Legal confirmaron en marzo de 2024 que el cuerpo correspondía a Leidy Tatiana.

La investigación humanitaria determinó que Leidy falleció el 20 de mayo de 2005 en hechos vinculados a la violencia del conflicto armado. Al no portar documentos de identidad, su cuerpo fue sepultado sin identificar en Arauca.

El pasado 17 de octubre, la familia recibió sus restos en una entrega digna organizada por la UBPD en Yopal, Casanare.

El acto de despedida incluyó la interpretación de vallenatos, en recuerdo a la serenata que su madre le brindó cuando tenía 14 años, y que se convirtió en símbolo de la memoria y el amor incondicional de su familia.

Para la madre de Leidy, el reencuentro, aunque doloroso, significó el inicio de un proceso de sanación y la posibilidad de brindarle a su hija un lugar digno de descanso y memoria.

Wilson Chavarro, coordinador territorial de UBPD, subrayó que, como Leidy Tatiana, miles de niños y jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada por el conflicto armado, dejando profundas heridas en sus familias y comunidades.

La UBPD reiteró su disposición para recibir solicitudes de búsqueda en sus sedes, incluida la oficina en Yopal, y seguir acompañando a quienes todavía buscan respuestas.

La oficina de la Unidad de Búsqueda en Casanare está ubicada en la Calle 16 # 22-65, barrio Bello Horizonte, y se puede contactar también por teléfono al número 3162809395 o al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..