Desde la veeduría por la defensa de los servicios públicos denunciaron una nueva situación que calificaron como irregular, que se presentó en la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal.

En esta oportunidad la denuncia fue hecha por Edgar Rueda, quien señaló que una volqueta que estaba al servicio de la empresa fue puesta al servicio de un contratista, para que adelantara labores en el relleno sanitario.

Durante el cumplimiento de estas actividades para las cuales no estaba autorizado, el vehículo terminó volcándose. Dicho incidente le generó graves daños al automotor.

Un detalle adicional apunta que la volqueta llevaba 8 días de haber salido del taller, cuando ocurrió el accidente. Según Rueda, en esta primera visita al mecánico los costos superaron los 100 millones de pesos.

Ahora el vehículo, del cual se está investigando si tenía o no pólizas, quedó listo para llevar nuevamente al taller, demandando un nuevo gasto de reparación para la empresa. Por fortuna el conductor salió ileso del accidente.

Finalizó diciendo que el automotor se encuentra en un parqueadero de la calle 30 con carrera octava.

Si algo tienen claro todos los que han sido gobernantes en épocas pretéritas recientes, de entes territoriales productores de recursos naturales no renovables y destinatarios de regalías, es que los controles y seguimientos por parte del DNP a estos recursos son bastante estrictos.

Es por ello por lo que causa asombro el pronunciamiento hecho por el director del Departamento de Planeación Nacional, Alexander López Maya, quien sostuvo desde la Casa de Nariño, que estarían en riesgo 12,1 billones de pesos, representados en 2.04 proyectos, algunos de los cuales se encuentran suspendidos o se ha vencido su programación.

El anuncio de López tiene muchas lecturas e interrogantes, uno de los cuales apunta al papel que cumplieron todos los estamentos oficiales para ejercer un control a tiempo, para evitar que los recursos públicos se encuentren en el limbo, con nutridas posibilidades de perderse.

Es como si los recursos de regalías hubiesen tenido de transitar durante años por los floridos campos de la corrupción, amparados por la sombra de un Estado permisivo y solo hasta ahora se divisa en el horizonte los tenues rayos de la justicia que invoca López Maya, para evitar un despilfarro mayúsculo de los recursos del Estado.

En las cuentas del director de Planeación Nacional “entre 2017 y 2024 han sido aprobados 19.393 proyectos por un valor de $68,54 billones, de los cuales, el 55% de estos recursos ($38 billones) fueron aprobados entre 2021 y 2023, representando así los años de mayor concentración de recursos de la historia”.

Acerca de estas iniciativas, en la página oficial de la entidad se reporta que “de estos 19.393 proyectos, el informe del DNP revela que 12.106 proyectos por valor de $29 billones han sido terminados. En tanto, 656 proyectos por $2,3 billones se encuentran aún sin contratar y 6.631 proyectos por valor de $37 billones se encuentran en ejecución.

Y desglosando un poco más este cúmulo de información, el DNP aseguró que “al revisar los 2.094 proyectos en riesgo que suman los $12,1 billones.

Incluso el Departamento de Planeación planteó varias irregularidades, entre las que se cuentan “1.497 proyectos presentan plazo de ejecución vencida por valor de $9,2 billones.

Otros “301 proyectos con todos los contratos suspendidos por valor de $1,2 billones” y finalmente figuran “296 proyectos con todos los contratos suspendidos y con plazos vencidos por valor de $1,5 billones”.

Elefantes blancos

En esta radiografía hecha por el DNP figura una especie que puede clasificarse como de carácter silvestre y aparentemente endémica de nuestro entorno: los elefantes blancos.

Sobre este punto la entidad nacional manifestó que “al revisar los otros 12.106 proyectos que se registran como terminados, el Departamento Nacional de Planeación encuentra que 277 proyectos por valor de $1 billón fueron declarados presuntamente como terminados pero el avance físico de la obra no supera el 85%”.

Igualmente, el informe precisó que “58 proyectos por valor de $228.000 millones fueron declarados presuntamente como “terminados" a pesar de que las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas”

En este apartado de las obras inconclusas el DNP indicó que existen 2.133 proyectos por valor de $3,5 billones que no registran en el sistema el acta de terminación y entrega a satisfacción de la obra”.

Concentración de recursos

Otro tema que le preocupa al DNP es la concentración de recursos en unas pocas entidades. El diagnóstico precisó que “25,5 billones han sido ejecutados por los municipios, $20,8 billones han sido ejecutados por los departamentos y $22,1 billones han sido ejecutados por otras entidades como los fondos mixtos, esquemas asociativos municipales y empresas de servicios públicos”.

En lo referente a los recursos en manos de los entes territoriales, el documento reseñó “que solo 20 municipios concentran $11 billones en 2.156 proyectos, de los cuales, Puerto Gaitán y Valledupar han recibido más de $1.1 billones cada uno”.

Pese al monto tan elevado, estos dineros no han alcanzado ni para cumplir el papel de paliativo para combatir de manera eficaz los índices de pobreza multidimensional de estas dos poblaciones, que alcanzan niveles del en 30,5% para el caso del municipio metense y 49,8% para la capital del departamento del Cesar.

En este mismo ítem al DNP le preocupa que la ejecución de las regalías no esté a cargo de entes territoriales. “De los $68,54 billones administrados entre 2017 y 2024, el 32% de los recursos que debían ser ejecutados por los municipios y los departamentos, los realizan otros ejecutores como los fondos mixtos, esquemas asociativos, las fundaciones, las agencias y las empresas de servicios públicos”.

La cifra manejada por dichas entidades alcanza los “$22,11 billones que debían estar en cabeza de los entes territoriales y que se encuentran en manos de otros ejecutores en 4.728 proyectos”.

De este cúmulo de iniciativas el director del DNP mencionó que ha “encontrado que 156 proyectos por $773.000 millones que se encuentran con todos los contratos suspendidos por presuntas irregularidades en la ejecución de las obras".

Incluso el Departamento de Planeación hizo un listado de los entes que concentran mayores recursos de regalías, a los cuales llamó como los mega contratistas.

“La Agencia de infraestructura del Meta con 55 proyectos por $1,2 billones y 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

La Fundación Universidad del Valle con 101 proyectos por $770 mil millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

El Fondo Mixto para la promoción del deporte con 85 proyectos por $698 mil millones y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

El Fondo Mixto Sierra Nevada con 164 proyectos por $698 mil millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

Foncolombia con 153 proyectos por $368 mil millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

AREMCA con 116 proyectos por $610.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

ASOMUDACAR con 115 proyectos por $421.000 millones y 1 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades.

ASOSUPRO con 70 proyectos por $369.000 millones y 1 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades.

La Empresa de servicios públicos de Casanare con 30 proyectos por $589.000 millones y 7 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

La Empresa de servicios públicos del Meta con 72 proyectos por $485.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

DISPAC con 9 proyectos por $421.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades”.

Al final del ejercicio el Departamento de Planeación Nacional propone un plan para mejorar a la hora de proteger estos recursos y sacarlos de esos senderos maléficos de la corrupción.

“Hemos expedido la circular conjunta 0052-4 de 2024 junto a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para endurecer los controles y para proteger los recursos provenientes del Sistema General de Regalías”, subrayó el director del DNP.

Una segunda acción es la suscripción de un convenio con la Fiscalía General de la Nación, para capacitar a los equipos del ente investigador en todo el tema del sistema general de regalías.

Este apartado incluye el cruce de información entre las dos entidades “en tiempo real, con el objetivo de atender con prontitud cualquier irregularidad en la ejecución de cualquiera de los proyectos financiados con fuente SGR", dijo López Maya.

“La tercera medida es que todos los ajustes solicitados a proyectos serán verificados en territorio para revisar que cumplan con todos los requerimientos técnicos y administrativos”.

Adicionalmente, una cuarta acción a ejecutar es firmar “un convenio con las juntas de acción comunal para contar con el control social que permita que la ciudadanía vigile los proyectos ejecutados en región con fuente SGR”.

Desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) se emitió un boletín de prensa donde en representación del sector de los hidrocarburos del país, rechazan enérgicamente los actos violentos perpetrados por grupos armados ilegales, en el departamento de Arauca.

Estas acciones han dejado como resultado la muerte de varios líderes sociales y han puesto en riesgo la integridad de las comunidades. Igualmente han afectado el medio ambiente, además de generar repercusiones en la seguridad energética del país.

La ACP precisó que en lo que va corrido de 2024 en Arauca han sido asesinados cuatro líderes sociales, se han presentado ocho atentados a oleoductos y un ataque al comando de acción inmediata (CAI) de la Policía.

Subrayó la agremiación que estos hechos constituyen una clara violación de los Derechos Humanos, de todas las personas que habitan en territorio araucano. Comunidad cuya seguridad y bienestar debe ser la máxima prioridad para todos.

“Desde la industria, expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de estos lamentables actos, y manifestamos nuestra solidaridad con las comunidades y autoridades que están enfrentando esta difícil situación” expresa la ACP en el boletín de prensa.

Agregó la Asociación que el deterioro de la seguridad y orden público en la región es profundamente preocupante. Por eso considera con carácter de urgente que se fortalezca la presencia institucional y el trabajo articulado de todas las autoridades.

Labor que debe ir acompañada de la adopción de las medidas que sean necesarias, para proteger a la población civil y garantizarle todos sus derechos.

En el campo energético la ACP dijo que es importante tener en cuenta que los atentados a los oleoductos y a la infraestructura de la industria de los hidrocarburos afectan la prestación de los servicios públicos esenciales y ponen en riesgo la seguridad energética del país.

En materia energética, es importante tener en cuenta que, los atentados contra oleoductos y la infraestructura del sector afectan la prestación de servicios públicos esenciales y ponen en riesgo la seguridad energética de la nación.

“Durante el primer semestre de este año, en Arauca se han producido cerca de 58 mil barriles de petróleo por día, en promedio, que equivalen al 7,4% de la producción del país”.

Cifras que tiene repercusiones positivas en el desarrollo y viabilidad de las operaciones e inversiones en la región, además del impacto en la dinámica socioeconómica del departamento.

“En el sector, nos unimos al llamado de los araucanos a trabajar por la paz, el cuidado de la vida, el bienestar de las comunidades, la preservación de los recursos naturales, y el desarrollo sostenible de la región”, puntualizó la ACP.

GeoPark anunció con gran alegría que se convirtió en la primera empresa del petróleo y gas en Colombia, en verificar su huella de agua en todos los bloques que opera en el país.

Para la compañía esta acción es u paso significativo en su compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos naturales.

La multinacional recalcó a través de boletín de prensa, que la sostenibilidad es una promesa de cuidado y compromiso con el presente y el futuro del planeta.

De este postulado se desprenden el compromiso de la empresa con la sostenibilidad ambiental, partiendo de dos ejes fundamentales como son la acción por el clima y la gestión responsable de agua y biodiversidad.

El escrito también hace hincapié en que el agua y la biodiversidad son esenciales para mantener los servicios y funciones ecosistémicas que sustentan la vida de las personas, la flora y la fauna, y permiten a GeoPark la continuidad de sus operaciones.

Como reflejo de esa visión, durante 2023 GeoPark realizó por primera vez la medición de su huella integral de agua bajo la metodología NTC-ISO 14046:2017 y fue verificada por Icontec.

Esta evaluación que se llevó a cabo en todos los bloques que tiene la multinacional en Colombia, Ecuador y Chile.

En esta labor, además de tener en cuenta la cantidad de agua que utiliza directamente GeoPark en sus operaciones e indirectamente a través de su cadena de suministro, también contempló la evaluación de los impactos asociados a la disponibilidad y calidad del recurso hídrico.

Con esta medición GeoPark estableció una línea base de su huella de agua corporativa, a partir de la cual se definirá metas y acciones para seguir, promoviendo la gestión sostenible del recurso hídrico en los territorios donde opera.

Para conocer más sobre la gestión del agua de GeoPark durante 2023, consulte se puede consultar el Reporte SPEED/Sostenibilidad 2023 visitando la página web www.geo-park.com.  

Bajo el programa “Bachilleres Ecopetrol”, la empresa petrolera entregó 100 becas universitarias a jóvenes de 75 municipios del país, que se destacaron por su rendimiento académico en sus estudios de bachillerato. Dicha iniciativa cumple 38 años de trayectoria y ha conseguido beneficiar a 1.861 alumnos.

Este año los becados provienen de 29 departamentos. Son 45 mujeres y 55 hombres, quienes fueron seleccionados conforme a los criterios establecidos en el reglamento interno del programa y a los resultados de las pruebas Saber 11, proporcionados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). 

Para el caso de Casanare fueron 9 los jóvenes beneficiados. Laura Rodríguez, Sara Silva, Mateo Torres y Édgar Salazar de Yopal; Laura Gutiérrez, Nelsy Leguízamo y Paula Pérez de Aguazul; Adriana Pinzón y Juan Romero de Tauramena.

La ceremonia de entrega de la beca se llevó a cabo este martes 27 de agosto en la ciudad de Bogotá. Durante el evento, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán reconoció el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes seleccionados. 

“Felicito a todos los jóvenes que ganaron esta beca. Este es un gran esfuerzo para que crezcan y cada día sean mejores personas. Son un grupo selecto y privilegiado, hombres y mujeres, jóvenes de todas las vertientes y regiones de nuestro país. 

Sabemos que ustedes llegarán a sus territorios a transformar y aportar a sus comunidades”, destacó el presidente Roa.

Las becas cubren el 100% del valor del pregrado que cada estudiante elija en una universidad acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. 

Además, Ecopetrol proporciona un auxilio semestral para transporte, alojamiento y manutención a aquellos jóvenes que estudien fuera de sus municipios de residencia. El programa incluye también acompañamiento académico y psicosocial para asegurar el bienestar de los beneficiarios.

La Contraloría Departamental de Casanare emitió un informe especial sobre el vehículo compactador de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) que sufrió un accidente en abril. 

El documento señala dos hallazgos administrativos con posibles implicaciones disciplinarias y fiscales.

El principal problema identificado es la falta de aseguramiento oportuno del vehículo de placas OSE 935, propiedad de la EAAAY. 

Esta omisión, según la Contraloría, ha resultado en un impacto negativo sobre el patrimonio público.

Además, se detectó que la empresa carece de procedimientos establecidos para asegurar sus bienes. 

Esta deficiencia se hizo evidente tras la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la EAAAY.

La Contraloría otorgó a la empresa un plazo de tres días, hasta el 13 de agosto, para responder al informe preliminar emitido el 8 de agosto. 

Sin embargo, la EAAAY no presentó ninguna respuesta, lo que resultó en la confirmación de los hallazgos iniciales.

Como consecuencia, se ha requerido a la EAAAY presentar un plan de mejoramiento dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción del informe. Este documento debe abordar las deficiencias administrativas identificadas.

La Contraloría ha habilitado dos correos electrónicos para recibir la respuesta de la empresa y el plan de mejoramiento: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., en cumplimiento con la Ley 527 de 1999".

En sesión plenaria del Concejo de Yopal fueron aprobados tres proyectos de acuerdo, entre los que se encuentra la estampilla para la justicia familiar, que tuvo la totalidad de los votos a favor.

Sobre este gravamen hizo referencia el secretario de hacienda, Mauricio Moreno, en la instalación de las sesiones extraordinarias del cabildo.

Dicho impuesto ordenado desde el Estado central tiene como objetivo obtener recursos para el sostenimiento de la casa de justicia, con el fin de fortalecer el trabajo que se adelanta desde esta dependencia.

En este plenaria que hace parte del ciclo de sesiones extraordinarias convocadas por la Administración Municipal, también fue aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo 012, que autorizó modificaciones al presupuesto local de la vigencia 2024.

Según lo expresado por la Alcaldía en boletín de prensa, dicha iniciativa “busca equilibrar el Sistema General de Participaciones, con un especial enfoque en la educación, y que también establece una armonización presupuestal de 24 mil millones de pesos, asegurando así un mejor uso de los recursos públicos”.

El tercer proyecto aprobado con 15 votos a favor fue el 013, que “autoriza al alcalde para asumir compromisos de vigencias futuras, con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025”.

Desde el Gobierno local se informó que el objetivo de esta propuesta es “garantizar, entre otros, la continuidad de los servicios educativos desde el primer día del año, evitando retrasos en los procesos de contratación, y asegurando además la oferta institucional a lo largo del 2025”.

Para el titular del despacho de Hacienda, Mauricio Moreno Pérez, “con estas aprobaciones, el Concejo Municipal brinda al ejecutivo nuevas herramientas para avanzar en la implementación del plan de desarrollo, asegurando que los proyectos de inversión se materialicen de manera eficiente y oportuna, demostrando así un compromiso conjunto en la construcción de una mejor ciudad para todos”.

Pese a que el departamento se encuentra en la segunda temporada de lluvias del año, las quemas prohibidas se continúan presentando, afectando la capa vegetal y la microfauna consumidas por las llamas.

En la tarde de esta martes 27 de agosto, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal, atendieron dos incendios. El primero se presentó en la carrera 5ª con calle 40.

En este lugar una quema de basura generó una conflagración. La emergencia fue atendida por una máquina extintora y tres unidades bomberiles, que lograron apagar las llamas.

Desde el organismo de socorro hicieron un llamado a la ciudadanía para que eviten hacer este tipo de acciones, porque que generan graves daños al medio ambiente y afectan la salud de la comunidad.

La segunda emergencia reportada, está relacionada con una quema prohibida que terminó convertida en incendio. La situación ocurrió en la vía al cerro de la Virgen de Manare.

Fue necesario la intervención de tres unidades de bomberos y una máquina extintora para controlar la situación. Al final 800 metros de capa vegetal se vieron afectados con esta conflagración.

Por considerarla improcedente, el Juzgado Segundo Promiscuo de Paz de Ariporo la Acción de Tutela en contra del concejal de esa localidad, Carlos Julio Vivas Palencia, donde se alegaba la vulneración del derecho fundamental de petición y del hábeas data por parte del cabildante.

Los hechos se remontan al primero de mayo de este año, cuando Vivas Palencia durante una sesión del Concejo reveló que dos hermanos del alcalde de Paz de Ariporo, Camilo Abril Tarache, eran deudores morosos de impuestos municipales.

La intervención del concejal provocó que Graciela Isabel y Jorge Eduardo Abril Tarache interpusieran la mencionada Acción de Tutela, la cual fue negada en primera instancia por improcedente, según el fallo emitido por el referido juzgado.

La decisión de la autoridad judicial puede ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación.

En un operativo llevado a cabo en Yopal, la Seccional de Investigación Criminal logró la captura de un hombre de 31 años, por el delito de violencia contra servidor público.

La detención se realizó en la calle 11 con carrera 28, específicamente en la vía Sirivana, y fue el resultado de una orden judicial. El individuo ya contaba con una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión emitida por el Juzgado Segundo Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Yopal.

Este sujeto no es un desconocido para las autoridades, ya que presenta un historial delictivo significativo. Según los registros del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), cuenta con 15 antecedentes como indiciado por diversos delitos, que incluyen hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales y, nuevamente, violencia contra servidor público.

Estos antecedentes reflejan un patrón de comportamiento delictivo, que ha llevado a una repetida intervención por parte de las fuerzas del orden. La captura se enmarca en un esfuerzo más amplio de la Policía por combatir la violencia.

Las autoridades locales han instado a la comunidad a colaborar con la Policía y a denunciar cualquier acto de violencia o irregularidad. La seguridad es una responsabilidad compartida, por lo tanto, la colaboración de la ciudadanía es esencial para construir un entorno más seguro para todos.