Un juez de conocimiento condenó a un hombre a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, específicamente una niña de 7 años, en la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare.

La sentencia fue emitida el 13 de febrero de 2025, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes que demostraron la culpabilidad del acusado.

El hecho ocurrió el 10 de octubre de 2020, en una casa familiar en Yopal, donde vivían la víctima, sus padres, el agresor y su esposa. El hombre, quien era pareja sentimental de una prima de la menor, llevó a la niña a una habitación y abusó de ella sexualmente.

Además de la pena principal, el juez inhabilitó al condenado para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo de la condena, es decir, 17 años y 6 meses.

Asimismo, no se le concedió ningún beneficio de subrogado, por lo que deberá cumplir la totalidad de la pena en un centro carcelario.

Este caso resalta el trabajo de la Fiscalía Seccional Casanare, que logró demostrar la responsabilidad del agresor y asegurar una condena ejemplar para proteger a la víctima y garantizar justicia.

La Concesión Vial del Sisga advirtió que inescrupulosos están haciendo circular a través de medios digitales, una oferta de trabajo. La empresa reiteró que esta información es falsa e invitó a la comunidad a no dejarse engañar con este tipo de anuncios.

Los delincuentes utilizan el logo de la empresa para dar mayor credibilidad al mensaje. El contenido referencia a un proceso de vinculación laboral, donde le hacen creer a la víctima que fue seleccionado para trabajar con la concesionaria.

La empresa recordó que todos los procesos de contratación de personal se realizan a través de la Agencia Pública del Sena, sin la presencia de intermediarios.

Finalmente invitó a las personas interesadas en este tema laboral a que utilicen la página web de la compañía, que es el medio autorizado para este tipo de procesos. www.concesiondelsisga.com.co. 

Bernardo Camacho Rodríguez, agente interventor de la Nueva EPS, informó que, durante los meses de diciembre y enero, la Adres asignó 3.6 billones de pesos para la Nueva EPS.

Estos recursos fueron destinados a la red de servicios de salud, tanto pública como privada, a nivel nacional, abarcando más de 2000 prestadores.

El agente interventor destacó que se han realizado reuniones con redes departamentales y proveedores de servicios y tecnologías de salud para clarificar cuentas y deudas. El objetivo principal de estas reuniones es asegurar el flujo de recursos a la red de prestadores.

Camacho Rodríguez expresó sorpresa ante los anuncios de cierres de los servicios hechos por algunas IPS, sin haberse reunido con el equipo de trabajo de la Nueva EPS, para entender la situación financiera de estas entidades y buscar soluciones dentro de los recursos disponibles, que tiene la entidad.

Subrayó que se ha introducido un criterio técnico, objetivo y transparente para la priorización y el giro de los recursos a la amplia red de prestadores en todo el país. El fin último es garantizar el derecho a la salud de la población afiliada a la Nueva EPS.

Cada temporada seca saltan al escenario los incendios forestales, que no solo impactan negativamente al medio ambiente, sino que ponen a prueba la capacidad de los bomberos para sofocarlos.

Este miércoles 12 de febrero en horas de la tarde fue una de esas jornadas especialmente activas para dicho organismo de socorro, en la ciudad de Yopal.

Las unidades de bomberos tuvieron que atender cuatro emergencias por incendios forestales. La primera en la calle 40 con carrera 40. La segunda en el sector de La Bendición. La tercera en el área de las Torres de San Marcos y la última den el kilómetro cinco de la vía a Morichal.

Aunque por el momento se desconocen las causas que originaron estas conflagraciones, el intenso calor que se vive por estos días en la capital casanareña puede ser uno de los factores que originaron estas emergencias.

La Federación Nacional de Arroceros - Fedearroz se permite informar con profundo pesar, el fallecimiento del doctor Carlos Guzmán Díaz, subgerente financiero de Fedearroz, ocurrido en la mañana de hoy en la ciudad de Bogotá.

Para Fedearroz y el gremio productor arrocero en general, es una noticia que causa un profundo dolor por tratarse de un miembro de nuestro Comité de Gerencia y un funcionario de altas calidades humanas y profesionales, muy apreciado al interior de nuestra gran familia Fedearroz.

En nombre de la junta directiva nacional, el gerente general Rafael Hernández Lozano, el comité de gerencia y demás funcionarios; expresamos a su esposa María  Mercedes  López  Cárdenas,  a  sus  hijas  y  demás  familiares  nuestro sentimiento de solidaridad en estos momentos de gran dificultad.

La Fiscalía General de la Nación informó que tres personas fueron enviadas a prisión por su presunta participación en el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en el asentamiento humano conocido como La Resistencia, en Yopal.

Los detenidos son José Alejandro Calderón, Jully Janeth Ramos Malpica y Mary Luz Malpica López, quienes fueron capturados por la Policía Nacional.

Durante la operación, las autoridades incautaron bazuco, clorhidrato de cocaína, marihuana, elementos para la dosificación, 31 celulares, bicicletas, tres computadores portátiles y dos pistolas traumáticas, entre otros objetos. Los acusados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía Seccional de Casanare.

El juez de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para los procesados, mientras se resuelve su situación judicial.

El exalcalde de Yopal, Braulio Castelblanco Vargas, integrante de la veeduría del parque La Iguana, ha expresado su preocupación por el abandono y la falta de atención que está sufriendo dicho lugar, considerado el "pulmón de Yopal". 

Castelblanco señaló que, a pesar de los esfuerzos comunitarios por recuperar y conservar las 53 hectáreas del parque, la falta de mantenimiento y el descuido por parte de la administración municipal están poniendo en riesgo este importante espacio ambiental.

Incendios y falta de personal

El parque ha sufrido tres incendios en lo que va del año, dos de ellos ocurrieron el pasado fin de semana.  Una de estas emergencias fue causada por la acumulación de escombros y residuos de podas en un parqueadero cerca de la Universidad Santo Tomás, que se utilizó como escombrera.

Mencionó el exmandatario que la falta de cortafuegos y la acumulación de material inflamable contribuyeron a la propagación de los incendios.

Insistió que actualmente no hay guardabosques contratados para el cuidado y la vigilancia del parque.  Anteriormente, había 15 quienes trabajaban día y noche. Ahora, solo algunas personas vienen voluntariamente a regar las plantas.

Recalcó que  se necesitan guardabosques, no solo para la conservación, sino también para guiar a los visitantes y mantener el parque.

Llamado a la administración municipal

Castelblanco hizo un llamado al secretario del medio ambiente, Víctor Manuel Rosas Hernández, para que atienda la situación del parque las 24 horas. También cuestionó la falta de respuesta a los derechos de petición presentados a la secretaría.

Igualmente, instó al Gobierno municipal a contratar personal de manera continua y a planificar el presupuesto para el parque con vigencias futuras, como se hace con otros servicios.

Pero esta no es la única problemática que afronta La Iguana. La presencia de consumidores de alucinógenos en las áreas cercanas al parque genera inseguridad. Aunque se les pide que se retiren no ha sido posible lograrlo, no es tarea fácil y se requiere de la intervención de las autoridades.

También se ha observado un aumento en la presencia de migrantes en la zona, algunos de los cuales intentan establecerse en el lugar. Otro tema es La falta de pozos o charcos en el río para los bañistas, situación que ha reducido la afluencia de visitantes.

Castelblanco indicó que no se han realizado actividades recreativas como festivales o deportes de verano que atraigan a la comunidad, sin contar con que la infraestructura del parque es precaria, con contenedores cerrados y falta de herramientas.

Acción popular y plan de acción

Para mejorar las condiciones de este sitio considerado como un punto para el desarrollo turístico de la ciudad, el Consejo de Estado emitió un fallo de segunda instancia que exige a la administración municipal la presentación de un plan de acción, para la preservación, conservación y seguridad del parque.

El plan debe incluir obras de mitigación del riesgo, recuperación del río Cravo Sur, actualización del Pomca por parte de Corporinoquia, y la revisión de licencias ambientales y concesiones de agua.

El fallo prohíbe cualquier intervención urbana en el barranco a 100 metros del casco urbano. También se destaca la necesidad de integrar el parque La Iguana, en un proyecto de desarrollo urbano que involucre el río y el malecón.

En resumen, la comunidad y la veeduría del parque La Iguana están alertando sobre la urgente necesidad de intervención por parte de la administración municipal para proteger este espacio natural clave para Yopal.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, Casanare, emitió una sentencia que suspende el contrato de colaboración empresarial No. 00147 de 2022 entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P.) y SSYAM DE COLOMBIA S.A.S., debido a múltiples irregularidades detectadas en el proceso contractual, cuyo valor es de ($15.446.130.000,00).

La decisión se tomó en respuesta a una acción popular interpuesta por Rene Leonardo Puentes Vargas, quien argumentó que el contrato vulneraba derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, y el acceso a servicios públicos eficientes.

La sentencia, emitida el 10 de febrero de 2025, reveló que el proceso de selección del contratista no cumplió con los estándares legales y constitucionales, incluyendo la falta de un proceso de licitación pública y la ausencia de estudios técnicos y financieros adecuados.

Además, se encontró que la información sobre el contrato no fue publicada completamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), lo que afectó la transparencia del proceso.

El juzgado ordenó la suspensión inmediata de la ejecución del contrato y conminó a las partes a establecer mesas de diálogo para llegar a un acuerdo sobre la terminación del mismo.

También se instruyó a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que tomen conocimiento de la decisión y actúen en consecuencia.

Esta decisión busca proteger los derechos colectivos y garantizar que los procesos contractuales en el sector público se lleven a cabo con transparencia y en cumplimiento de la ley.

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía que haya sido víctima del accionar delictivo de Juan David Páez Sandoval, para que instauren la respectiva denuncia y de esta manera enviar a la cárcel a este, señalado, actor recurrente de actividades delictiva en la ciudad de Yopal.

Pérez Sandoval, conocido con el alias de “Orejas” o “Dumbo” fue capturado en zonas rural del municipio de Trinidad, en medio de un operativo adelantado de manera conjunta entre la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía 33 EDA.

Según las autoridades, “Orejas” de 24 años tenía 11 anotaciones en el sistema penal oral acusatorio y estaba incluido dentro del cartel de los más buscados en Casanare.

Igualmente, se conoció que “Dumbo”  tenía preferencia por los atracos a mano arma en la capital casanareña.

Año tras año las comunidades ribereñas del Río Cravo Sur, especialmente las que habitan las áreas rurales de La Manga y La Calceta, quedan expuestas a las inundaciones del afluente.

Aunque el tema no es ninguna novedad, los habitantes de estos sectores esperan una solución definitiva a esta problemática, sobre la cual ya hay una sentencia proferida desde el 19 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado.

El pronunciamiento de la mencionada autoridad judicial se dio como repuesta a la apelación de un fallo del Tribunal Administrativo de Casanare del 03 de abril de 2014, al cual le hizo algunas modificaciones.

En este orden de ideas, la próxima temporada de lluvias será el termómetro, para medir el grado de eficiencia en la respuesta por parte de las entidades oficiales relacionadas con el tema.

El problema

El río Cravo Sur ha sido protagonista de desbordamientos constantes en las épocas de invierno, generando inundaciones que han puesto en riesgo la vida y los bienes de los habitantes de las veredas de La Manga y La Calceta.

Los demandantes alegaron que, a pesar de ser un problema técnicamente previsible, las entidades responsables no han tomado medidas suficientes para prevenir estos desastres.

Entre las afectaciones más graves se encuentran:

- Pérdida de cultivos y animales.

- Deterioro de vías y puentes, como el puente La Cabuya, que conecta a las comunidades con la ciudad de Yopal.

- Daños al parque La Iguana, un área de protección ambiental que ha sido abandonada por las autoridades.

La demanda

La demanda fue presentada por Marco Julio Univio Chirivi y **Robert Jalil Preciado Cárdenas, quienes solicitaron al Tribunal Administrativo de Casanare que se declarara la vulneración de derechos colectivos y se ordenara a las entidades responsables realizar obras para redirigir el caudal del río a su cauce original.

También, construir infraestructura de protección, como diques y enrocados, así como recuperar el parque La Iguana y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Casanare falló a favor de los demandantes, declarando la vulneración de derechos colectivos y ordenando a las entidades:

- Realizar estudios técnicos integrales sobre el río Cravo Sur.

- Construir obras de protección y recuperación de áreas afectadas.

- Suspender actividades incompatibles con las zonas de alto riesgo, como la construcción de viviendas en áreas inundables.

Recursos de apelación y decisión del Consejo de Estado

Varias entidades y empresas interpusieron recursos de apelación, alegando que las cargas impuestas eran desproporcionadas y que no tenían responsabilidad directa en el problema.

El Consejo de Estado, tras analizar los argumentos, confirmó en gran parte la sentencia del Tribunal, pero ordenó algunas modificaciones claves para ajustar las responsabilidades y los plazos de ejecución de las medidas.

Modificaciones ordenadas por el Consejo de Estado

1. Responsabilidad compartida: El Consejo de Estado aclaró que, aunque el Municipio de Yopal es el principal responsable de la gestión del riesgo en su territorio, otras entidades como Corporinoquía, el Departamento de Casanare y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), deben colaborar de manera más activa en la ejecución de las medidas ordenadas.

2. Ajustes en los plazos: El Consejo de Estado reconoció que algunas de las órdenes emitidas por el Tribunal Administrativo de Casanare requerían plazos más realistas, especialmente en lo relacionado con la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y la ejecución de obras de protección

3. Exclusión de responsabilidades: El Consejo de Estado excluyó a algunas entidades, como el Instituto Nacional de Vías (Invías), de ciertas órdenes, al considerar que no tenían competencia directa sobre el cauce del río Cravo Sur.

4. Medidas cautelares reforzadas: Se ordenó reforzar las medidas cautelares, como la suspensión inmediata de licencias de construcción en zonas de alto riesgo y la realización de monitoreos periódicos del río para prevenir futuras inundaciones.

Impacto y relevancia del fallo

Esta sentencia es un precedente importante en materia de protección ambiental y gestión del riesgo en el país. Resalta la responsabilidad de las entidades públicas en la prevención y mitigación de desastres naturales, así como la necesidad de trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.

Además, el fallo pone en evidencia la importancia de proteger los recursos naturales y el espacio público, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y otros fenómenos naturales.

¿Qué sigue?

Las entidades demandadas tienen la obligación de cumplir con las órdenes impartidas por el Consejo de Estado, lo que incluye la realización de estudios técnicos, la construcción de obras de protección y la recuperación de áreas afectadas.

La comunidad espera que estas medidas permitan finalmente solucionar un problema que ha afectado su calidad de vida durante años.

El fallo del Consejo de Estado no solo confirma la vulneración de derechos colectivos, sino que también introduce ajustes clave para garantizar una solución más efectiva y equitativa. Ahora, la atención se centra en la ejecución de las medidas ordenadas para proteger a las comunidades ribereñas del río Cravo Sur y garantizar su seguridad.