La propuesta de un hogar de paso para los pacientes casanareños que sean remitidos a Bogotá para recibir atención médica especializada y que no cuenten con los recursos para su estadía en la capital de la República, comienza a cristalizarse. 

El gobernador, César Ortiz Zorro, recibió en comodato un predio por parte de la Sociedad de Activos Especiales, que se convertirá en el mencionado hogar de paso, que fue una propuesta de campaña hecha por el actual mandatario.

Este nuevo espacio se enfocará en brindar apoyo a los acompañantes y cuidadores de pacientes remitidos a servicios médicos de alta complejidad. La iniciativa busca aliviar la carga emocional y de alojamiento que enfrentan estas familias en momentos difíciles.

El hogar de paso no solo ofrecerá camas y techo, sino también un ambiente cálido y solidario. Aquí, las familias encontrarán un respiro en medio de sus preocupaciones.

El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (SUNET) en Casanare rechazó las afirmaciones sobre la crisis financiera de Capresoca. En un comunicado, los trabajadores cuestionaron la postura de la Gobernación y sugirieron la existencia de intereses particulares detrás de las declaraciones sobre la situación de la entidad.

Según el sindicato, las deudas de Capresoca con instituciones de la red pública del departamento están bajo revisión y corresponden a procedimientos que ya fueron facturados, sobre los cuales existen unas glosas en algunos servicios prestados.

Afirman que se ha solicitado a las IPS reunirse para aclarar estas cuentas, pero no han recibido respuesta positiva.

El comunicado destaca que la firma auditora Bakertilly Colombia Ltda., encargada del seguimiento a Capresoca, ha reportado una gestión positiva, señalando solo hallazgos administrativos y no financieros.

Los sindicalistas acusan al gobernador César Ortiz Zorro, a la secretaria de salud, Tatiana Chávez y a su equipo asesor de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra la EPS, que atiende a 170,000 afiliados, principalmente del régimen subsidiado.

Adicionalmente, el sindicato cuestiona la contratación de medicamentos con empresas supuestamente sin experiencia ni capacidad financiera, decisiones que atribuyen a la Administración Departamental.

SUNET advierte que la liquidación de Capresoca podría resultar en el traslado de sus usuarios a la Nueva EPS, ya intervenida por la Supersalud.

Sugieren que situación beneficiaría a una IPS privada, a la cual en el pasado reciente estuvo vinculada laboralmente la  secretaria de salud del departamento, así como un actual asesor de ella y del gobernador.

La organización sindical también expresó preocupación por el futuro laboral de 300 trabajadores en caso de liquidación de la entidad.

Por su parte, la Gobernación de Casanare no ha respondido directamente a estas acusaciones. Sin embargo, en comunicados anteriores, ha manifestado su intención de buscar soluciones para Capresoca, realizando reuniones con diversos sectores involucrados.

Mientras tanto, algunos usuarios ya enfrentan dificultades para acceder a servicios en varias instituciones de salud, tanto públicas como privadas, lo que aumenta la urgencia de resolver la situación de la EPS.

La canasta educativa en el departamento de Casanare carga con el peso de presuntas irregularidades, que la tiene bajo la lupa de l a Procuraduría General de la Nación.

En las últimas horas se conoció que el ente de control abrió dos investigaciones contra 11 servidores y exservidores de la Gobernación de Casanare, por aparentes fallas en la contratación de los servicios de alimentación y transporte escolar.

El origen de la controversia se sitúa durante la etapa de estructuración de dos procesos de licitación pública abiertos durante 2023 y que tenían como finalidad implementar el PAE para la vigencia 2024.

Al parecer durante esta fase se incurrieron en algunas falencias, que conllevaron a su posterior revocatoria, con el consecuente retraso en la prestación del servicio.

Ante esta situación la Gobernación de Casanare en febrero de 2024 declaró la urgencia manifiesta, cuyo objetivo fue garantizar la prestación del PAE durante 58 días del calendario académico. Este contrato tuvo un valor superior a los 8.200 millones de pesos.

Sin embargo, esta medida no habría podido garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar, desde el primer día de clases.

En la lista de investigados figuran los entonces jefes de la Oficina Jurídica Carmen Himelda González Pinilla y Karen Sofía Santafé Agudelo. El actual secretario de educación Diego Fernando Ardila Plazas y su antecesora, Elisabeth Ojeda Rodríguez.

Los directores de Cobertura Educativa en 2023 y 2024, Andrés Jesús Campos Becerra y Nelson Leonardo González Amador y el director de calidad educativa, de la época y hoy secretario de educación de Yopal, David Federico Díaz Sánchez.

Transporte escolar

A todo el tema del PAE se suma la investigación que adelanta la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare, por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de transporte escolar al Consorcio Nuevo Amanecer, para prestar el servicio en 18 municipios del departamento que no están certificados por el Ministerio de Educación.

En este caso específico, el tema se centra en la habilitación que habrían entregado los cuatro integrantes del comité evaluador de la Oficina Jurídica a la propuesta del mencionado consorcio, al parecer, sin haber cumplido con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Adicionalmente la jefe de la referida dependencia de la Gobernación adjudicó este proceso contractual de selección abreviada, a Nuevo Amanecer.

Por estas actuaciones se investiga disciplinariamente a Karen Sofía Santafé Agudelo, Javier Eduardo Colina Cuevas, Libia Yasmín Fernández Niño, Andrés Mauricio Monero Gutiérrez y Luis Miguel Pérez Sanabria. 

Desde el área de Tesorería del Indecas se pudo determinar que el Instituto fue blanco de un ataque cibernético los días 11 y 12 de septiembre.

Los maleantes incurrieron en el delito de ocupación de dineros depositados en la cuenta. La entidad se percató de la anomalía, luego de una verificación de los saldos bancarios.

La información fue compartida por el Indercas a través un comunicado a la opinión pública, donde recalcó que, una vez detectado el ataque, se procedió a informar de manera inmediata a la entidad bancaria, que de inmediato activó todos los protocolos de seguridad que comprenden un dictamen forense, el cual se adelantó el sábado 14 de septiembre.

Igualmente, el viernes 13 de septiembre con ocasión a los hechos, se presentó a primera hora la denuncia penal ante la Fiscalía General de Nación, de cuyos resultados se espera obtener una respuesta en los próximos días.

El escrito no especifica si los delincuentes lograron su cometido de sacar dinero de las cuentas del Indercas. Finaliza el comunicado asegurando que el Instituto está atento a los resultados de las investigaciones que adelantan las autoridades competentes.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal se sumó a los organismos de socorro que libran una intensa batalla contra un incendio forestal que afecta la zona rural de Natagaima, en el departamento del Tolima.

Desde el 16 de septiembre de 2024, diez unidades, bajo el mando del sargento Waldo Ramírez, han estado trabajando arduamente para contener las llamas en condiciones extremas.

Desafíos en el terreno

Las temperaturas en la región oscilan entre los 38 y 40 grados centígrados, con vientos que alcanzan entre 18 y 27 km/h. Estas condiciones han complicado las labores de control, especialmente debido al terreno escarpado y al estado de deshidratación del material vegetal.

A pesar de los esfuerzos iniciales para construir una línea de defensa, un cambio inesperado en la dirección del viento provocó que los avances se perdieran.

Progreso y nuevos retos

Durante el segundo día de operaciones, los bomberos lograron controlar el fuego en uno de los sectores de la vereda Pocharco. Sin embargo, el incendio se reactivó y ha comenzado a avanzar hacia áreas más accesibles.

En respuesta a la expansión del fuego hacia el municipio vecino de Dolores, se ha decidido movilizar al personal hacia esa localidad.

El equipo está utilizando herramientas manuales y sopladoras para llevar a cabo ataques directos y construir nuevas líneas de defensa. Además, se está considerando acampar cerca del área afectada para reducir los tiempos de traslado, que actualmente son de aproximadamente dos horas desde la zona de emergencia hasta el casco urbano de Natagaima.

Los bomberos continúan comprometidos con su misión y están trabajando incansablemente para proteger tanto el medio ambiente como las comunidades locales afectadas por este devastador incendio.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifiestan su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2.

Las empresas de la industria del gas natural respetan y acatan las decisiones judiciales, sin embargo, esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga.

En relación con el proyecto de Uchuva 2 y el cumplimiento de los trámites requeridos para su ejecución, la ACP y Naturgas señalan que: 

1. El Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2, está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano, en donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años, en cumplimiento del contrato firmado en 2004 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
2. Las actividades exploratorias ejecutadas fueron aprobadas por las autoridades competentes. La empresa operadora ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y trámites requeridos, incluyendo la determinación de la no presencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto, el licenciamiento ambiental, y la obtención de los permisos de la Dirección General Marítima (DIMAR). Sus actividades se han adelantado cumpliendo los más altos estándares de calidad y sin ningún impacto ambiental significativo registrado.
3. Con la ejecución del proyecto NO se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y por tanto tampoco su afectación directa.
4. La certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por la entidad en varios actos Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte de la comunidad.
5. Tampoco se encuentra demostrada afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que las conclusiones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), organización adscrita al Ministerio de Ambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto. Conclusión confirmada también por la ANLA.

Para la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, "hoy Colombia necesita con urgencia anticipar el desarrollo de los proyectos que tenemos costa afuera. El Bloque Tayrona, donde se encuentra Uchuva, tiene un potencial de 400 MPCD, cantidad que permitiría retomar la autosuficiencia del país en el mediano plazo. Los proyectos costa afuera tienen un potencial que puede brindarle a Colombia seguridad energética por varias décadas, así como en su momento lo hicieron Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa".

La presidenta de Naturgas hace un llamado a la comunidad de Taganga para que "considere que ante el derecho fundamental a la consulta previa que reclama luego de dos décadas de cumplimiento de todos los requisitos exigidos, se está poniendo en riesgo el acceso a la prestación del servicio público esencial de gas natural. Se pone en riesgo la vida digna de 36 millones de colombianos, la alimentación de los niños, el derecho fundamental a la salud y la atención a la población vulnerable".

Por su parte, Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que "este proyecto es estratégico para el futuro energético de los colombianos, al materializar su potencial y el de los demás proyectos costa afuera tendremos la oportunidad de revertir la disminución crítica de las reservas de gas natural e incluso multiplicarlas por 30. Con las reservas actuales el país empezaría a tener déficit de oferta a partir de 2025; con los recursos contingentes y prospectivos (incluidos los de Uchuva) podremos seguir garantizando el autoabastecimiento de gas a largo plazo, pero para ello requieren exploración y desarrollo".

Pearl hizo énfasis en que "la crítica situación de suministro de gas no será subsanable con oferta nacional sin el desarrollo de los proyectos costa afuera”, y que, “las decisiones que retrasan o suspenden el desarrollo de proyectos como este ponen en riesgo el abastecimiento energético de los colombianos y generan incertidumbre para los inversionistas, lo cual también tiene implicaciones fiscales para el país y las regiones"..

En cuanto a la afectación a la seguridad energética, los gremios profundizaron en que:

1. En Colombia, exceptuando los proyectos costa afuera (incluido Uchuva), los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen. Los proyectos costa afuera tienen una alta prospectividad para gas, la cual es clave para revertir la disminución crítica y progresiva que vienen registrando las reservas de gas en el país; desde 2012 han caído en un 58%.
2. El índice de reposición de reservas en los últimos 10 años (2014-2023) es del 25%, es decir, que se está descubriendo menos gas del que se produce/consume, de cada 10 pies cúbicos que se producen, se adicionan 2,5. Por lo anterior, el factor Reservas/Producción también evidencia una crítica situación en la disponibilidad de gas, ratificando la necesidad de aumentar la exploración y el desarrollo de este energético, así como de resolver las contingencias para incrementar las reservas y la producción.
3. En 2023 se registró un incremento en recursos contingentes existentes del 29%, de los cuales la mayoría corresponde a recursos costa afuera. Este incremento es resultado del trabajo e inversiones realizadas por las empresas, y para viabilizarlos e incorporarlos como reservas se requiere exploración y desarrollo.

Finalmente, la ACP y Naturgas reiteran que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades ni la seguridad energética del país; y hacen un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para asegurar que los colombianos sigan contando con un abastecimiento confiable y sostenible de gas natural.

Ya todo se encuentra preparado para dar inicio este domingo 22 de septiembre, a la semana ambiental. Los actos protocolarios inaugurales están previstos para las 4 de la tarde en la plazoleta número 2 de Unicentro.

Esta activad que es organizada por el Instituto Técnico Ambiental de Yopal y que se extiende hasta el próximo sábado 28 de septiembre, prevé para la jornada inaugural de una muestra cultural y folclórica, con la presentación de diferentes grupos de artistas.

Dentro de los invitados estará Joropo Kids; Cachilapos de Monterrey; Danza Colombia; el grupo cultural Raíces; el cantante Camilo Gutiérrez; Niños de Preescolar; Fundación Sabana: danza moderna del colegio Luis Hernández Vargas; grupo de teatro Corporación Cultural Guadalupe y presentación grupo de porrismo Imperial.

Además, durante la jornada dominical se tendrá la exposición del Museo Itinerante de Historia Natural de la Orinoquia, ganador del premio Bibo 2024, el cual estará ubicado en la plazoleta interna del centro comercial, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche.

Otra actividad familiar que hace parte de la programación de la XXVIII semana ambiental es la exhibición del árbol itinerante “Educación y Paz para la Conservación de la Biodiversidad”. Esta actividad se cumplirá en la plazoleta número 2 de Unicentro en el horario de 2 a 5 de la tarde.

Paralelo con esta programación a las 2 de la tarde en el centro comercial Alcaraván Plaza se realizará el desfile de máscaras con motivos ambientales, para niños. Este año el tema será alusivo a la fauna llanera.

Quince días concedió el Juzgado Segundo del Circuito de Yopal a la Alcaldía de Paz de Ariporo, para que reestablezca el uso público de una vía terciaria de esta localidad, la cual, según una acción popular fue obstaculizada por un particular.

Así quedó consagrado en la providencia de la mencionada autoridad judicial, donde se hace un recuenta de la situación, que fue objeto de una Acción Popular instaurada por José Albino Manrique Manrique, en contra del Municipio de Paz de Ariporo y del ciudadano Juan Bautista Méndez Mariño.

Según el documento del Juzgado, la acción tuvo como objetivo proteger “los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa que considera amenazados al no poder hacer uso de una vía que se considera pública”.

La que suscitó esta controversia es la que comunica el sector urbano de Paz de Ariporo con la zona rural de Muese – Bebedero – Brito Alto y Brito Bajo y que finaliza en El Paso, finca Palmarito.

Basados en la versión del accionante, el problema tuvo su génesis en el año 2015 cuando esta carretera fue obstruida, lo que evitó la libre movilización de la comunidad por este sector.

“Los días 24 y 25 de febrero de 2015 el señor JUAN BAUTISTA MÉNDEZ MARIÑO a través de obreros contratados realizó 8 zanjas de 50 cm de ancho por 60 cm de profundidad, distantes unas de otras, para impedir el tránsito vehicular, de semovientes, productos agrícolas y demás servicios por la vía mencionada, que pasa sobre sus predios”, expresa la providencia.

También en el documento se hace un breve recuento de la evolución de la carretera, que tiene más de 60 años de historia. “Se alude que la referida vía pública se erigió primero como servidumbre de tránsito y luego se estableció en el Plan de Ordenamiento Territorial de Paz de Ariporo como una vía terciaria”.

También resalta el escrito que a través de la Resolución No. 300.52-063 del 3 de marzo de 2015 fue expedida por la alcaldesa encargada de la época, restituir como vía pública la mencionada carretera.

Sin embargo, el 22 de junio de 2016 el jefe de la oficina de ordenamiento territorial declaró la vía como paso transitorio por varios predios de carácter privado, por lo que no se justifica otorgarle el carácter de vía pública, por lo tanto, no se contempló dentro del PBOT.

Después de esta fecha vienen una serie de acciones de orden administrativo, que ahora tiene un nuevo componente de orden jurídico, dado por Lubier Aníbal Acosta González, juez segundo del circuito de Yopal.

La decisión del togado conmina a la Administración Municipal de Paz de Ariporo para que, en un término de 15 días, contados a partir de la notificación de la sentencia, tome las medidas correctivas que sean necesarias, para restituir como bien público la mencionada vía. También le ordena a rendir informes trimestrales.

Igualmente, una vez se haya adelantado la respectiva restitución como bien público, la Alcaldía tendrá 30 días de plazo para que adelante labores de mantenimiento preventivo y correctivo de dicha carretera.

Así mismo el juez consideró que una vez quede en firme la sentencia, la Alcaldía de Paz de Ariporo tendrá máximo un año, para que presente el proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal, donde se incluya esta vía dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

Por su parte para el caso del ciudadano Juan Bautista Méndez Mariño, el juzgado le ordenó abstenerse de hacer cualquier intervención sobre la vía pública y le concede un mes para que adelante las obras necesarias para reestablecer la normalidad en la carretera.

Finalmente, la autoridad judicial pidió conformar un comité que se encargue de verificar el cumplimiento de las órdenes dadas en la sentencia, el cual debe estar integrado por un representante de la Alcaldía, el accionante, del defensor del pueblo regional Casanare y el representante del Ministerio Público.

El pasado sábado 14 de septiembre, el sur de Casanare fue testigo de una destacada movilización del Partido Liberal, encabezada por el representante Hugo Archila. La ocasión fue la conmemoración del septuagésimo primer aniversario de la entrega de armas en Monterrey, un evento que simboliza la paz en la región.

La participación de líderes y figuras políticas liberales reafirma el compromiso del partido con la comunidad y su intención de consolidar su influencia en esta zona del departamento.

La actividad contó con la presencia de varios representantes del partido, como el diputado Jorge García y el exdiputado Jorge Eliécer Morales, el concejal Cristian Vega de Paz de Ariporo, Andrés Vega concejal de Monterrey.

También participó Alexander Contreras, director departamental del Partido, Gilberth Rivera Cely excandidato y segunda mejor votación en las pasadas elecciones en Tauramena, Julián Piñeros, Edgar Bernal exalcalde de Recetor, el líder ambiental y excandidato al concejo Luís Luna, entre otros políticos y militantes liberales.

Este tipo de encuentros no solo celebra la historia local, sino que también sirve como plataforma para que los líderes compartan sus visiones y propuestas para el futuro. La asistencia masiva demuestra el creciente apoyo hacia los liberales en una región que ha sido históricamente significativa para el partido.

Además, la tradicional cabalgata que acompaña esta celebración se convirtió en un espacio para fortalecer lazos entre los ciudadanos y sus representantes.

Con la participación de figuras como Carlos Romero, actual concejal y excandidato a la Alcaldía de Monterrey, así como William Roa, exalcalde de Sabanalarga, se evidenció un esfuerzo conjunto por revitalizar el espíritu comunitario y fomentar un diálogo abierto sobre las necesidades locales. Este tipo de actividades son cruciales para mantener la cercanía entre el sector político y la población.

El evento no solo resalta el legado histórico del liberalismo en Casanare, sino que también señala una estrategia clara hacia las próximas elecciones.

A medida que se acercan las contiendas electorales, la capacidad del partido para movilizar a sus bases y atraer nuevos seguidores será determinante para su éxito. La consolidación de un liderazgo fuerte y visible en eventos como este es esencial, para mantener su relevancia política en el departamento.

Profundo pesar hay en la comunidad católica de Yopal, luego que se conoció sobre el fallecimiento este domingo 15 de septiembre en horas de la tarde, del sacerdote Manuel Mancera.

El deceso del religioso tuvo lugar en la Clínica Casanare, donde permaneció por varios días recluido en la unidad de cuidados intensivos.  

Mancera de 64 años lleva más de tres décadas como sacerdote, de las cuales dos las dedicado a la evangelización en el departamento de Casanare. En el momento de su fallecimiento se desempeñaba como párroco de la capilla de Santa Rica de Casia y era el capellán del Sena.

La Diócesis de Yopal emitió un mensaje donde lamenta la muerte del religioso. Además de reflejar la tristeza que generó en la comunidad católica esta infausta noticia y destaca el trabajo pastoral de padre Mancera.

El escrito envió “un mensaje de fraternidad y solidaridad a su familia, a los feligreses de la Capilla Santa Rita de Casia y a la comunidad educativa del SENA, a quienes guio pastoralmente y los animó a la conversión y a la vivencia de la alegría del Evangelio”.