Argumentando un desacato a un fallo de Tutela, el Juzgado Segundo Municipal de Yopal profirió un falló en contra el hoy excontralor departamental Reyneiro Hernando Flechas Díaz.

La Tutela le ordenaba a Flechas, entonces contralor, pronunciarse ante una solicitud de nulidad, inmersa en una investigación que se lleva a cabo en contra de José Javier González, por una supuesta violación al debido proceso.

El mencionado fallo de Tutela fue proferido el 3 de mayo de 2023, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal. El mismo está relacionado con la defensa del derecho fundamental del debido proceso, en el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta contra José Javier González, por parte de la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Colegiada de Casanare.

En este proceso la autoridad judicial ordenó al ente de control pronunciarse con relación a una solicitud de nulidad, fechada el 27 de diciembre de 2022.

También le ordenaba suspender de manera inmediata cualquier trámite, que se hubiese originado en dicho proceso de responsabilidad fiscal a cargo de la Contraloría.

Por incumplir con la orden de Tutela, falló el Juzgado Segundo Municipal. “SANCIONAR a Reyneiro Hernando Flechas Díaz, en calidad de Gerente de la Gerencia Colegiada de Casanare o quien se encuentre haciendo sus veces con tres (3) días de arresto efectivo y una multa por el equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes respectivamente…”

 

 

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El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal revocó las providencias de los Juzgados 1° Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo, que ordenaban el arresto y multa de la alcaldesa de Paz de Ariporo Eunice Escobar, dentro del incidente de desacato No. 85250-40-89-001-2021-00106, y ordenó su archivo.

Al fallar una acción de tutela en primera instancia interpuesta por la alcaldesa, Eunice Escobar,  el Tribunal dejó sin efecto las providencias judiciales del 26 de enero y 8 de febrero de 2022 preferidas por dichos juzgados,  que ordenarán tres días de arresto y sanción de cinco salarios mínimos legales  vigentes, por desacatar un fallo de tutela referente a la entrega de una información solicitada por parte de la veeduría PZA 0 Corrupción,  en relación a los suministros al hogar Mi Ranchito.

Esta acción de tutela,  tiene que ver con un contrato de prestación de servicios del 29 de abril de 2021, referente al suministro semanal de bienes de la canasta familiar y elementos de aseo, para el hogar de adultos mayores.

Diana Taquiva, demandante, instauró la acción de tutela, la cual, fue fallada en primera instancia a favor de la veeduría, en ese entonces la Administración apeló y nuevamente fue ratificado el fallo a favor de la veeduría, sin embargo, Taquiva señaló en su momento que nunca se cumplió y en vista que no le entregaron información instauraron un incidente de desacato.

Al enterarse del fallo a su favor, la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar, quien siempre se defendió argumentando que se había entregado la información, se pronunció a través de sus redes sociales señalando que: “La justicia tarda, pero llega, el tiempo nos da la razón”.

 

  

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El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sácama sancionó con dos días de arresto y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales, por desacato a David Francisco Gallego Moreno, representante de la Nueva EPS en la zonal Casanare, por el incumplimiento del fallo de tutela proferido el 16 de diciembre que ordenaba el suministro en 48 horas del medicamento Nutragen a un niño, según prescripción médica.

La tutela fue interpuesta por la personera de Sácama, Marlen Fabiola Medina Fuentes, en representación de la familia del menor, a quien se le había recetado la denominada Formula Extensamente Hidrolizada Nutragen, por el médico tratante ante su problema de salud.

Aunque la sanción no es susceptible de recurso alguno sí debe ser consultada por un superior jerárquico, que en este caso es el Juzgado del Circuito de Paz de Ariporo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo confirmó fallo proferido contra la alcaldesa municipal Eunice Escobar consistente en 3 días de arresto y sanción de 5 salarios mínimos legales vigentes, por desacatar un fallo de tutela referente a la entrega de una información solicitada por parte de la veeduría PZA 0 corrupción, en relación a los suministros al Hogar Mi Ranchito.

En la providencia se recuerda que en la sentencia del 15 de julio de 2021 se conminó a la alcaldía a suministrar a la demandante copias de la entrada a almacén de los elementos de aseo y desinfección. Orden que la Alcaldía no cumplió argumentando que no fue una obligación impuesta al contratista y por ello no es posible cumplir.

Por lo anterior la providencia consultada, dice el juzgado, se confirma y ratifica el arresto por 3 días y la multa pecuniaria. El expediente se devuelve al juzgado inicial para que apliqué. De igual manera se remite a la Contraloría y la Procuraduría para lo de sus competencias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paz de Ariporo este 26 de enero, sancionó con arresto de 3 días a la alcaldesa Eunice Escobar Bernal en una carceleta o celda de la estación de policía, por desacato a un fallo de tutela del 15 de julio de 2021, que ordenaba la entrega de información de un contrato de suministro de alimentos y elementos de aseo para para el hogar geriátrico Mi Ranchito.

La acción de tutela promovida por la veeduría Ciudadana PZA0Corrupción tiene que ver con un contrato de prestación de servicios del 29 de abril de 2021, referente al suministro semanal de bienes de la canasta familiar y elementos de aseo, para el hogar de adultos mayores. Se había solicitado las hojas de vida de 3 ecónomas contratadas y las actas o certificados de entrada a almacén de los elementos de aseo y desinfección y de la canasta familiar y estas últimas no fueron entregadas, porque supuestamente no existen.

Igualmente se impuso una sanción de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todas estas medidas impuestas serán ejecutadas una vez sea confirmada por el juzgado promiscuo del circuito, cuando se cumpla la consulta establecida en la ley. En todo caso se ordenó entregar la información en 48 horas.

Sobre este tema, Diana Taquiva, veedora ciudadana de Paz de Ariporo, informó que se instauró una acción de tutela, la cual, fue fallada en primera instancia a favor de la veeduría, en ese entonces la administración apeló y nuevamente fue ratificado el fallo a favor de la veeduría, sin embargo, señala que nunca se cumplió y en vista que no le entregaron información instauraron un incidente de desacato, que tiene en apuros hoy a la alcaldesa de esa localidad.

“Como ciudadana da tristeza que por lago tan básico como es entregar información se llegue a esto en el municipio de Paz de Ariporo”, afirmó Diana Taquiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Se abrió incidente de desacato contra el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro por no ordenar diligencia de desalojo del asentamiento Mi Nueva Esperanza, ordenó el Juzgado Primero Civil del Yopal.
Al igual que dos de sus antecesores, (Luz Marina Cardozo(e) y Leonardo Puentes), Luis Eduardo Castro, deberá pagar tres días de arresto y tres salarios mínimos legales mensuales, por no proceder con la diligencia de lanzamiento de quienes hoy ocupan el predio propiedad de la accionante.
No obstante, dicha decisión del juez tendrá que ser revisada por un juez del Circuito de Yopal, quien finalmente determinará si deja en firme la decisión o la declara nula.
 
Sobre la situación, el abogado Yuri Rodríguez, apoderado de la propietaria del predio donde se sitúa el asentamiento humano, indicó que el terreno pertenece a Ana José Pérez, y que desde febrero se ordenó a la Alcaldía por un termino improrrograble de 4 meses, la reubicación de los menores de edad, desplazados, víctimas de la violencia, madres cabeza de hogar, madres gestantes y personas de la tercera edad que pertenecen a la invasión, y que debido a que no se dio dicho traslado, se ve inmersa nuevamente la administración municipal en un incidente de desacato. 
 
 
Lea también: Los arrestos de los alcaldes entecesores a Luis Eduardo Castro:
 
 
 
 
 
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Este jueves, a las 6:15 de la tade, el Alcalde de Yopal, Leonardo Puentes Vargas, se presentó ante el Comando de Departamento de Policía Casanare, para cumplir con los tres días de arresto, por el incidente de desacato a un fallo que ordenó la recuperación y desalojo del predio donde se ubican alrededor de 500 familias, en el asentamiento humano ‘Mi Nueva Esperanza’.

Minutos antes, Puentes firmó unos últimos documentos en su despacho y dio declaraciones a los medios de comunicación a las afueras del Palacio Municipal.

El primer mandatario estuvo acompañado por un nutrido grupo de personas entre funcionarios, familiares y allegados, quienes en medio de aplausos y arengas apoyaron la medida del mandatario local.  

Al respecto, sobre los días de arresto, Puentes dijo que es una medida que no soluciona la problemática de ‘Mi Nueva Esperanza’, pero que respetaba la decisión del Juzgado Primero Civil de ordenó a la Policía el arresto.

El Alcalde, respetuoso de las decisiones judiciales y garante de los derechos fundamentales de esta población vulnerable,  acató esta determinación, reiterando que la decisión judicial no resuelve una problemática existente hace más de 7 años. Por lo cual esta Administración avanza en la búsqueda de alternativas de solución, que permitan dar cumplimiento a la acción de tutela e impedir el uso de la fuerza pública para desalojar a estas familias, evitando atropellar a más de 2.000 personas en condición de vulnerabilidad.

Entretanto, Puentes Vargas manifestó “respeto las órdenes de la justicia, pero en este caso me están pidiendo un imposible: desalojar y simultáneamente darle solución de vivienda a más de 500 familias muy humildes del asentamiento ‘Mi Nueva Esperanza’ en Yopal”.

Agregó “logramos detener la empresa criminal de los urbanizadores ilegales, pero hoy tenemos que pagar los platos rotos de cerca de ocho años de complicidad oficial, caos y manipulación del derecho a la vivienda de cerca de treinta mil personas humildes de Yopal”.

“¡Me iré a pagar arresto, pero no daremos un paso atrás contra la ilegalidad y el maltrato de los más necesitados! ¡Hoy y siempre, firmes!”, anotó.

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El Juzgado Primero Civil del Circuito, ordenó el arresto de 3 días contra el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, por un incidente de desacato a un fallo de tutela que ordenó el desalojo del predio donde está ubicado el asentamiento humano "Mi Nueva Esperanza", el cual es propiedad de Ana José Pérez.

Según se conoció, la medida se dio por el fallo de la Acción de Tutela del 11 de noviembre de 2016, que decretó disponer la logística para el desalojo del predio de más de 30 hectareas, el cual está invadido por cerca de 2 mil personas correspondientes a más de 500 familias.

Dicho terreno está ocupado de manera ilegal por madres víctimas de la violencia, personas de la tercera edad, cabezas de hogar y menores de edad.

Al respecto, el alcalde manifestó que ya se está buscando un predio para reubicar a los invasores, y dijo que si el arresto solucionara la problemática, lo acataría tranquilamente, pero que desafortunadamente no es la salida.

Anteriormente, también se ordenó el arresto de otros alcaldes como Jorge García, Jhon Jairo Torres y Luz Marina Cardozo, por el mismo desacato al mismo fallo, sin embargo, varios de ellos cumplieron el arresto y otros se las ingeniaron para evadir la medida restrictiva. 

Ayer, antes de conocer el fallo, el mandatario yopaleño había cuestionado el actuar de varios concejales por las mociones de censura de varios de sus secretarios de despacho, y criticó que no se hubiese aplicado ese mecanismo a los funcionarios de otras administraciones. "Por ejemplo a los secretarios de Gobierno y jefes de Planeación que permitieron la creación de ocho asentamientos ilegales que hoy me tienen al filo de pagar arresto por la imposibilidad de reubicar a cerca de mil familias, los yopaleños estamos agotados por la inseguridad, el micro tráfico, etc., que en muchos casos tienen que ver con esos asentamientos", informó Puentes.   

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