En la mañana del 18 de agosto, un accidente de tránsito involucró a un motociclista y su acompañante en la vía que del casco urbano de Tauramanena conduce al batallón del Ejército.

Según el relato hecho por el conductor a los bomberos, el motociclista perdió el control de su vehículo, lo que provocó que saliera de la carretera y chocara con las cercas en alambre de púas, ubicadas al costado de la vía.

El impacto causó múltiples heridas en el rostro tanto a la persona que iba manejando la moto como de su pasajero. Ante la gravedad de la situación, se activaron los protocolos de emergencia y se solicitó la atención de los servicios médicos.

El personal de atención prehospitalaria de los Bomberos de Tauramena llegó rápidamente al lugar del accidente y brindó los primeros auxilios a los heridos. Posteriormente, ambos fueron trasladados al hospital local cercano para recibir atención médica especializada.

Las autoridades locales están investigando las circunstancias del accidente para determinar las causas exactas y prevenir futuros incidentes en esa vía.

La Policía Nacional logró la captura de dos hombres, de 19 y 25 años, en la vía Barranca de Upía, luego de perpetrar un atraco a mano armada. Los detenidos están acusados de los delitos de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y hurto.

Según el reporte policial, los individuos minutos antes de ser detenidos habían intimidado a un empleado de una estación de servicio, robándole un celular y una suma de dinero en efectivo.

Tras el incidente, las autoridades implementaron un plan candado que permitió localizar a los sospechosos rápidamente. Durante la captura se les realizó el procedimiento de registro a personas, donde se encontraron los objetos robados y dos armas de fuego: un revólver y un arma tipo mini Uzi.

Estos elementos fueron incautados junto con los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 19 Seccional de Monterrey, donde se iniciará el proceso de judicialización correspondiente.

En un operativo llevado a cabo en la vía Monterrey - Yopal, la Seccional de Tránsito y Transporte de Casanare logró la captura de dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los detenidos son un hombre de 28 años y una mujer de 32, ambos de nacionalidad venezolana, quienes se encontraban en un vehículo tipo campero.

El procedimiento se realizó mediante un control de registro y la solicitud de antecedentes a personas y vehículos en la zona. Durante la inspección del automotor, los agentes de la policía encontraron cuatro maletas que contenían paquetes de marihuana, lo que llevó a la detención inmediata de los sospechosos.

Los capturados, junto con la sustancia alucinógena y el vehículo involucrado, fueron puestos a disposición de la fiscalía 30 URI de Yopal. Las autoridades están trabajando en la judicialización del caso, que se encuentra en proceso de investigación.

El teniente Rafael Rojas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Yopal, entregó algunos detales del operativo adelantado por la entidad de socorro, para controlar el incendió que se presentó este viernes 16 de agosto en el molino de Arroz Diana, en Yopal.

La emergencia mantuvo en alerta a los bomberos durante nueve horas. El siniestro afectó un silo de almacenamiento que contenía aproximadamente 5,000 toneladas de arroz.

El teniente Rojas informó que recibieron el aviso de emergencia alrededor de las 7:00 de la mañana. Sin embargo, se presume que el fuego había comenzado horas antes.

Al llegar al lugar, ubicado en la vía a Morichal, los bomberos encontraron un silo en proceso de combustión. La operación de control involucró una máquina extintora y dos carrotanques.

Las unidades bomberiles que acudieron al lugar, trabajaron en coordinación con la brigada contra incendios de la empresa y un contratista presente en el sitio.

El comandante explicó que el fuego se originó en la parte superior del silo y avanzaba lentamente hacia la base del mismo. Para controlar la situación, se tomó la decisión conjunta con las directivas locales de Arroz Diana de abrir una sección del silo para extraer el material en combustión.

Según información proporcionada por la empresa a los bomberos, el incidente pudo haber sido causado por trabajos de soldadura en el techo del silo. Aparentemente, algunas esquirlas calientes cayeron sobre el arroz almacenado, iniciando la combustión.

A pesar del incidente, las operaciones del molino continuaron sin mayores contratiempos. Las autoridades no han revelado el monto de las pérdidas, información que solo maneja la empresa. Casanare Noticias intentó obtener un pronunciamiento de las directivas de Arroz Diana en Bogotá, pero estas se abstuvieron de dar declaraciones.

En un operativo de rutina realizado en Yopal, capital del departamento de Casanare, las autoridades detuvieron a un ciudadano venezolano de 21 años por el delito de falsedad marcaria. El incidente ocurrió en la intersección de la carrera 40 con calle 40, en el barrio Llano Grande.

Efectivos de la Policía Nacional llevaban a cabo controles de registro y verificación de antecedentes a personas y vehículos cuando interceptaron al joven, quien se desplazaba en una motocicleta marca Suzuki sin placa.

Al realizar una inspección detallada del vehículo, los agentes descubrieron irregularidades en los números de registro. Tanto el chasis como el motor presentaban alteraciones del serial, el cual había sido borrado, lo que imposibilitaba su correcta identificación.

La situación levantó sospechas inmediatas entre los uniformados, quienes procedieron a la detención del conductor y la incautación de la motocicleta. El hombre no pudo proporcionar una explicación satisfactoria sobre las inconsistencias encontradas en el vehículo.

Tras el procedimiento, el detenido y la motocicleta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esta entidad será la encargada de adelantar las investigaciones correspondientes y determinar las implicaciones legales del caso.

Las autoridades locales aprovecharon la oportunidad para recordar a la ciudadanía la importancia de adquirir vehículos por medios legales y mantener al día la documentación requerida para circular. Asimismo, instaron a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la comercialización de vehículos de dudosa procedencia.

En un operativo conjunto realizado en la vereda Santa María de Palmarito, municipio de Maní, Casanare, las autoridades detuvieron a un hombre de 25 años acusado de abuso sexual a una menor. La captura se efectuó en cumplimiento de una orden judicial vigente.

El procedimiento fue llevado a cabo por miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional durante una jornada rutinaria de control en la zona. Los uniformados realizaban actividades de registro y verificación de antecedentes judiciales.

Al consultar la base de datos, los agentes confirmaron que sobre el individuo pesaba una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Inmediatamente, procedieron a su detención sin que se presentaran incidentes.

Tras la captura, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado Primero Promiscuo de Circuito de Monterrey, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente.

Durante su visita a Yopal el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, presentó este 16 de agosto una serie de proyectos tecnológicos para el departamento de Casanare. La inversión total superará los 60 mil millones de pesos.

Entre las iniciativas anunciadas destaca la implementación de 307 zonas Wi-Fi rurales y urbanas, junto con 180 zonas digitales en espacios públicos.

El titular de la cartera de la TIC indicó que las dos iniciativas tienen con un costo de 20 mil millones de pesos y que beneficiará a 62 mil personas en del departamento.

"Vamos a conectar 127 zonas públicas, incluyendo alcaldías, hospitales y juzgados", afirmó Lizcano. La financiación se dividirá equitativamente entre el Ministerio y la Gobernación de Casanare.

El ministro también reveló el lanzamiento en la región del programa Talento Tech, previsto para el 30 de agosto. Esta iniciativa ofrecerá capacitación en programación, inteligencia artificial y blockchain y tendrá como sede la ciudad de Yopal. Se planean 20 promociones hasta 2026.

Adicionalmente, se construirán dos centros de formación en inteligencia artificial: uno en Yopal y otro en Paz de Ariporo, con una inversión conjunta de 7 mil millones de pesos.

Lizcano anunció la conexión de 37 escuelas en 10 municipios, con un presupuesto de 4.855 millones de pesos. También se implementarán comunidades de conectividad en 90 veredas.

Para dicha propuesta de conexión en zonas comunitarias la inversión oscilará entre los 30 y 35 mil millones de pesos, igualmente acotó que se llevará fibra óptica a todas las poblaciones de Casanare.

Dicho proyecto “pretende fortalecer las redes existentes o adelantar la construcción donde no existen y que estas presten el servicio de Internet comunitario fijo a sus asociados con lazos de vecindad (Juntas de Acción Comunal, JAC; Comunidades Étnicas) por medio de un cobro social y equitativo.” según la información publicada por el Ministerio en página Web.

"Estos no son simples promesas, son proyectos ya firmados", aseguró el ministro, quien instó a la comunidad a vigilar la ejecución de los recursos.

Finalmente, Lizcano adelantó que regresará a Casanare en noviembre para entregar computadores a los niños del departamento, como parte de los esfuerzos del Gobierno por impulsar la tecnología en la región.

En un comunicado emitido por la Institución Educativa Megacolegio El Progreso, las directivas de ese centro de enseñanza denunciaron un posible intento de rapto de una alumna.

El escrito fechado este 16 de agosto de 2024 precisa que el incidente se presentó sobre el mediodía durante el cambio de jornada, que es el momento de mayor afluencia de alumnos. La denuncia estaba basada en información entregada por un padre de familia, quien reportó el hecho a las directivas del centro de enseñanza.

Según esta versión, una mujer de edad y dos hombres que se encontraban al interior de un vehículo blanco ubicado en cercanías del colegio, abordaron una estudiante de primaria.

Estas personas se acercaron a la menor de edad con la excusa de preguntarle dónde quedaba el Megacolegio. Luego la señora abrió la puerta del automotor y le indico a la niña que subiera al carro.

Al percatarse de la situación una menor de edad que se encontraba en el lugar, se acercó para verificar qué estaba sucediendo. En este momento el conductor del vehículo emprendió la marcha y se fue sin dar ninguna explicación.

Ante este imprevisto las directivas del centro educativo invitaron a los padres de familia y en general a toda la comunidad, a generar las alarmas respectivas. También recomendó hacer acompañamiento a los estudiantes durante los recorridos de la casa al colegio y viceversa, para evitar que ocurra cualquier contratiempo.

Así mismo recordó la importancia que tiene enseñar a los alumnos medidas de precaución, para que sepan cómo actuar cuando algún extraño pretenda abordarlos y a quién pedir ayuda en estos casos.

La Fiscalía General de la Nación reportó que un juez con función de garantías, impuso medida de aseguramiento en contra de José del Carmen Teherán Sogamoso, por el delito abigeato.

Según el informe entregado por el en el investigador, el fiscal encargado del caso recopiló el suficiente material probatorio que permitió que la autoridad judicial enviara a la cárcel al detenido.

Los hechos investigados ocurrieron el 15 de diciembre de 2022, cuando el procesado ingresó a una finca del municipio de Trinidad (Casanare) donde, al parecer, hurtó siete reses que pretendía trasladar a otra zona del departamento.

Sin embargo, su intento delictivo quedó frustrado cuando en un puesto de control, la Policía Nacional incautó los semovientes por no contar con la documentación requerida para su movilización.

Por esta razón, el 12 de agosto Teherán Sogamoso fue detenido en una vía pública de Trinidad, luego que un juez emitiera una orden de captura en su contra. El detenido no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Una alerta temprana (ATI) 020 de 2024 fue emitida por la Defensoría del Pueblo, donde se pone de manifiesto la grave situación de riesgo que enfrentan los pueblos indígenas asentados en el resguardo de Caño Mochuelo.

Este territorio, ubicado entre los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, es hogar de comunidades tanto sedentarias como nómadas. Entre ellas se encuentran los Sikuani, Piapoco, Sáliva, Amorúa, Maiben Masiware, Wamonae, Waüpijiwi, Yamalero, Tsiripus y Yaruros.

Según la Defensoría el principal factor de riesgo es la presencia de grupos armados ilegales, especialmente una facción disidente de las FARC conocida como el Frente 28 José María Córdoba.

Estas organizaciones ilegales están imponiendo su control sobre el territorio, lo que implica una grave amenaza para la autonomía y los derechos fundamentales de las comunidades indígenas.

La situación es particularmente preocupante porque estos actores armados estarían interfiriendo con las decisiones de las autoridades tradicionales indígenas. Además, las actividades de estos grupos ponen en peligro las formas de sustento de las comunidades y sus prácticas alimentarias.

Ante esta situación, la Defensoría hizo un un llamado al Ministerio del Interior para que implemente medidas de prevención y protección, que garanticen la seguridad alimentaria de estas comunidades.

Así mismo instó a la autoridad nacional a proporcionar atención humanitaria, asegurar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su jurisdicción especial y autonomía territorial.

Esta no es la única alerta en la región. A principios de julio, la Defensoría también advirtió sobre riesgos en el sur de Casanare, específicamente en Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva.

Para la Defensoría la situación de violencia en estos escenarios del departamento, obedecen as disputas entre el Clan de Golfo, que vine en un proceso de consolidación, el ELN con su frente José David Suárez, el frente 28 de las disidencias de la Farc y el décimo frente del Estado Mayor Central.

Esta situación no solo afecta a las comunidades indígenas, sino también a organizaciones comunitarias, campesinos, víctimas del conflicto, niños, jóvenes, mujeres, servidores públicos, y otros grupos sociales.