Habitantes de la vereda Campanero del municipio de Maní, fueron sorprendidos con la infausta noticia del hallazgo de un cuerpo sin vida en la finca Marianela.

El occiso de género masculino fue encontrado por las autoridades parcialmente sumergido, en un caño que pasa por el sector.

La identificación del cadáver no había sido posible, debido al alto estado descomposición en que se encontraba.

 Imagen de referencia 

En una labor cotidiana de patrullaje, la Policía reportó la captura en flagrancia de un hombre de 28 años, en el municipio de Maní.

Según el informe policial, al detenido la patrulla que lo abordó le practicó un registro a personas y le encontró en su poder sustancias psicoactivas.

La información oficial menciona que el sujeto llevaba en su poder una bolsa con marihuana, al igual que otras 40 adicionales con clorhidrato de cocaína.

En vista de las circunstancias y de la cantidad de estupefacientes encontrados en su poder, se procedió a detener al sujeto, quién fue dejado a disposición de la Fiscalía 6 local de Maní.

por tal motivo se lleva a cabo la captura en flagrancia y la incautación de los elementos, dejando a disposición de la fiscalía 6 local de Maní.

Los recortes presupuestales ordenandos por el Gobierno nacional incluyeron cerca de 342 mil millones de pesos, de las asignaciones destinadas para la Policía. Esta situación ha impactado las finanzas de la institución en los territorios. Para el caso específico de Yopal, el secretario de gobierno, Carlos Andrés Rodríguez, indicó que  en días pasadas la Policía  acudió a la Alcaldía para pedir colaboración, porque no tenían combustible para movilizar sus vehículos.

Explicó el funcionario que el burgomaestre Marco Tulio Ruiz, se comprometió a cubrir estos gastos mientras se lograba adelantar un proceso contractual desde el Fondo de Seguridad. Medida que no deja de ser una salida temporal, por lo que el titular del despacho de Gobierno manifestó que espera que desde Bogotá se entregue una solución definitiva a esa situación.

Acerca del consumo de combustible de los vehículos que tiene la institución policial, Rodríguez dijo que la entidad pasó una proyección de 70 millones de pesos mensuales. Sin embargo el secretario hizo una salvedad en este tema. "Nosotros les hemos explicado que como Municipio podemos apoyar en lo que es la estación Yopal, porque aquí también hay vehículos del comando departamental. Pero también los hemos invitado a la austeridad en este tiempo, mientras el Gobierno nacional soluciona esta problemática.

Resaltó igualmente Jorge Andrés Rodríguez, que varias empresas privadas han manifestado su  intención de colaborar, algunas de las mismas son compañías vinculadas al sector de los hidrocarburos y otras de las estaciones de servicio. 

Autoridades investigan las causas que generaron el accidente de tránsito ocurrido este sábado 22 de junio en horas de la tarde, en la carretera que de Tauramena conduce al centro poblado de Paso Cusiana. El percance dejó una persona muerta, luego que el vehículo Mazda que conducía se estrelló contra un árbol.

La persona fallecida fu identificada como Carlos Julio Carvajal Otero, de 32 años de edad. Según información del Cuerpo de Bomberos de Tauramena, la víctima perdió la vida en el lugar del siniestro. Según los socorristas, el resultado de la primera evaluación arrojó que el conductor presentaba posible trauma craneoencefálico y fractura de tórax.

A finales del año pasado cuando expiraba el gobierno de Salomón Sanabria, un grupo de líderes de los municipios de Chámeza y Recetor, protestaron ante la administración saliente por el pésimo estado del sector de El Espejo, que hace parte de la carretera que une a estos dos municipios.

Se habló en su momento que esta zona presenta una notoria inestabilidad del terreno y era necesario intervenirla de manera urgente, para evitar afectaciones durante la temporada invernal. Incluso las comunidades reclamaron para que unos recursos que se tenían reservados para atender esta situación, no los cambiaran de destino.

A la postre fútiles fueron los esfuerzos de los manifestantes y ahora se ven los resultados de esa negativa del ente gubernamental, que se dio en los últimos días de 2023.

Hoy El Espejo refleja la imagen de la negligencia oficial en todo su esplendor, dejando a las comunidades que habitan esta zona del departamento de Casanare, afectadas por las malas decisiones que se tomaron en el pasado reciente.

En la últimas horas se reportaron fuerte deslizamientos a la altura de El Espejo. Emergencia que se suscitó como consecuencia de las recientes precipitaciones. La situación es tan compleja que hay cierre total de vía en este sector.

Es por ello que se recomienda evitar el tránsito por el área afectada y en caso de necesitar movilizarse por sectores aledaños, hacerlos con mucho cuidado. Igualmente se solicitó a las autoridades competentes adelantar en el menor tiempo posible, las respectivas labores de limpieza y recuperación de la vía.

Por el momento se desconoce cuánto tiempo pueda durar el cierre de la carretera. 

En hechos ocurridos en ella vereda El Triunfo del municipio de Villanueva, una mujer abordó una pratrulla de la Policía, para pedir protección de manera preventiva para evitar un posible caso de violencia intrafamiliar.

Según la señora, su pareja sentimental llegó a su casa en estado de embriaguez y con intenciones de agredirla, por lo que la mujer dijo a los uniformados que temía por su vida.

Al llegar al domicilio los policías encontraron al interior de la vivienda un escopeta calibre 20 con 02 cartuchos para la misma. Igualmente hallaron una arma de fabricación artesanal, 03 cartuchos calibre 38 y una pistola de aire, sin documentación.

Ante esta situación la patrulla procedió a detener al individuo que se encontraba en el inmueble, quien es dejado a disposición de la Fiscalía 7 local de Tauramena.

Tres días después de que su caso acaparó la atención de los medios de comunicación local, la arquitecta Yenny Carolina Pérez Díaz logró un acuerdo de pago con la unión temporal Parque Yopal, que le adeudaba cuatro meses de sueldo.

El sábado 22 de junio la profesional le confirmó a Casanare Noticias que ese día la empresa le había efectuado un primer abono equivalente al 70 por ciento de la deuda y el saldo restante prometió pagarlo el próximo viernes 28 de junio.

Incluso Pérez Díaz publicó un comunicado informando sobre el levantamiento del paro pacífico que había iniciado, para reclamar el pago de su sueldo.

El escrito agradeció la intermediación de la Personería de Yopal, a las autoridades locales, al Concejo, la veeduría y los medios de comunicación, que contribuyeron con la divulgación de su situación.

La historia

Su caso se hizo público luego debido a que la noche del miércoles 19 de de junio el concejal de Yopal, Felipe Becerra, compartió un video en sus redes sociales.

El líder político advertía sobre algunas irregularidades que encontró en la ejecución del contrato de construcción del parque lineal del caño La Campiña.

En el mensaje el cabildante hizo énfasis en el lento desarrollo que ha tenido la obra. En más de un año de labores, el avance en la ejecución de la obra era muy poco.

Además dijo que se presentaban demoras, en el pago de la nómina de trabajadores vinculados al proyecto. Situación que llevó a que una arquitecta se tomara de manera pacífica el campamento que tiene la compañía en la calle 30 con carrera 12.

Finalmente invitó a todos los organismos de control y vigilancia para que al día siguiente, 21 de junio, hicieran presencia en el lugar a partir de las 6:30 de la mañana para analizar esta situación, tomar medidas para que el contratista cumpla y le paguen el sueldo que le adeudan a los empleados.

Al día siguiente varias entidades como Personería de Yopal hicieron presencia en el sitio. Igualmente los concejales como Leonardo Infante y Johnn Jairo Peinado también asistieron, además de medios de comunicación, presidentes de la JAC, vecinos del sector y curiosos.

Una vez en el sitio de los acontecimientos se conoció la historia de la profesional en arquitectura, Carolina Pérez, quien hizo pública la denuncia sobre el incumplimiento en los pagos de su salario.

Agregó que son cuatro meses de trabajo los que el adeudaba la empresa contratista del proyecto, la unión temporal Parque Yopal, de quien dijo la arquitecta, su representante legal es Juan Carlos García Ramírez.

Debido a esta atropello laboral, Pérez decidió permanecer en el campamento de la compañía, que se encuentra en la calle 30 con carrera 12. Sin embargo, la empresa tomó acciones frente a esta situación.

La arquitecta narró que el miércoles 19 de junio llegó la ingeniera directora de obra con 10 policías, tratando de persuadirla e intimidarla para que se fuera del sitio, donde se encuentran viviendo desde hace más de una semana.

La profesional también manifestó que había intentado infructuosamente de llegar a un acuerdo. Sobre las razones por la demora en el pago de su salario, Carolina Pérez indicó que el contratista le ha expresado que es por falta de liquidez.

Argumento que para ella era poco creíble. “Un contrato de 18 mil millones de pesos y ¿no tiene para pagarle a una profesional?”.

Contó que cuando inició el problema eran eran 10 empleados, pero ahora solo queda ella. Dijo que el pasado miércoles le pagaron a la topógrafa, que era la otra persona que estaba pendiente por recibir su sueldo. Acerca del monto que asegura le debe la unión temporal, la suma oscila entre entre 18 y 19 millones de pesos.

Señaló que ya acudió a la Personería, a la Oficina del Trabajo, interpuso un Derecho de Petición, envió un oficio, incluso hasta la carta de renuncia, pero hasta la fecha no le han solucionado nada.

Agradeció a la Personería por el acompañamiento que le ha brindado y porque declaró que va a tomar cartas en el asunto.

Finalizó narrando el cuadro familiar que se vio afectado por el retraso en el pago de sus honorarios. “Tengo una mamá que es paciente oncológica, yo le ayudo a ella con las medicinas, con el tratamiento, con los viáticos para los viajes, es decir me ponen a sufrir. Yo la verdad necesita el trabajo y por eso no había renunciado”.

Por fortuna, luego del escándalo mediático la arquitecta logró que el reconocieran sus reclamaciones. Sin embargo un tema todavía se encuentra pendiente por resolver.

Se trata del avance de ejecución del contrato. Líderes comunales del sector de Nuevo Hábitat reconocieron que el proyecto presenta retrasos. Calcularon que en este momento, después más de un año de labores, solo ha logrado avanzar en un 30 por ciento.

A través de comunicado de prensa, la EAAAY dio a conocer que su fue superado el inconveniente que se presentaba en la calle 24 con carrera 26, donde había un reboce de aguas residuales que afectada este sector de la ciudad.

En el mensaje la entidad precisó que el flujo en el colector ya ha sido normalizado, después de realizar las labores necesarias para empatar y despejarlo, eliminando así el taponamiento que causaba la emergencia.

Así mismo mencionó el escrito, que la empresa continúa trabajando en la reconstrucción del pozo de inspección ubicado en la calle 24 con carrera 24, así como la respectiva adecuación de la vía afectada por esta situación.

El Tribunal Administrativo de Casanare ha emitió un fallo sobre la demanda de pérdida de investidura contra la concejal Karen Tatiana Vargas Unibo, debido a una supuesta infracción por, prepuestamente haber superado el tope de los gastos de campaña electoral.

La demanda se basó en una supuesta omisión en el reporte de los ingresos y gastos de la campaña electoral. Según la parte demandante la hoy concejal habría superado el tope máximo permitido.

Sin embargo, para el Tribunal en las pruebas allegadas al proceso, no lograron demostrar que se superaron los topes máximos permitidos para la campaña al Concejo Municipal de Yopal.

Además, las cotizaciones aportadas no corresponden a servicios prestados a título de donación en especie, ya que se tasaron a valor de mercado.

Es por ello que la autoridad judicial concluyó que no se demostró que se hubiese constatado la omisión del cumplimiento de los requisitos de presentación del informe de ingresos y egresos o la violación de los topes individuales de financiamiento de la campaña.

“PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS TOPES MÁXIMOS DE FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DEBIDAMENTE COMPROBADA; INEXISTENCIA DEL PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR VIOLACIÓN DE LOS TOPES MÁXIMOS DE FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS e INEXISTENCIA DE MEDIOS DE PRUEBA ALLEGADOS AL EXPEDIENTE propuestas por la parte demandada.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura promovida por la señora YULY YAMARY BARÓN VARGAS contra la señora KAREN TATIANA VARGAS UNIBIO, atendiendo las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído”

Con esta decisión, Vargas Unibo mantiene su investidura como concejal del municipio de Yopal.

El Juzgado Primero Administrativo de Casanare admitió la acción popular No 2024-043 del 13 de Junio de 2024, donde se buscan amparar los derechos colectivos de la población educativa del Departamento de Casanare.

Así lo manifestó el abogado Carlos Sanabria, quien viene asesorando a los educadores provisionales que se quedaron sin trabajo, porque no aprobaron el cuestionado concurso docente y que tampoco han podido lograr su reintegro laboral, pese a calificar dentro del llamado retén social.

Según el profesional del derecho, la acción popular busca especialmente proteger derechos de los cerca de doscientos educadores provisionales, que fueron desvinculados en el transito de los educadores que ingresaron porque aprobaron la mencionada prueba.

Para Sanabria se presentó un detrimento del servicio público referente con la calidad educativa de los estudiantes por una deficitaria gestión administrativa, desorganización y falta de planeación, a la hora de realizar el ingreso de los profesionales que pasaron el concurso.

Agregó que la interposición de la acción popular se sustenta en el hecho que, tanto las secretarías de educación del muncipio y el departamento, desvincularon a un número importante de docentes que clasificaban en el mencionado retén social.

Esta figura creada por el Gobierno nacional permite que los educadores que cumplan ciertos requisitos o que se encuentren de determinadas condiciones de salud o laborales, se les brinde la posibilidad de continuar laborando.

Sin embargo, según el abogado Sabanabria estas consideraciones no fueron tenidas en cuenta por el estamento estatal local y departamental, que en su concepto, pasaron por encima de las patologías de varios profesores y que se encuentran relacionadas en sus respectivas historias clínicas.

Esta condición de salud ameritaba que, en aras de dar cumplimiento al retén social, fuesen tenidos en cuenta para que conservaran sus plazas de trabajo. No obstante, en la práctica fueron desvinculados de manera categórica.

El asesor manifestó que dentro de estos despidos se encuentran educadores con diagnósticos de cáncer, sarcomas, diabetes, artritis y enfermedades catastróficas, así como varios prepesionados y madres cabeza de hogar.

Todos estos docentes provisionales clasifican en el mencionado retén y no debía ser separados de sus puestos de trabajo. Frente a esta situación los docentes provisionales entre noviembre de 2023 y febrero de 2023, elevaron a las referidas secretarias de educación sus reclamaciones y pidiendo una pronta solución.

En este punto, explicó Carlos Sanabaria, que las dos dependencias oficiales les han venido tomando el pelo a los educadores con citas, charlas, visitas, reuniones, comités, mesas de trabajo, inducciones y capacitaciones.

Actividades totalmente inocuas porque hasta el momento no se les ha ofrecido a los afectados ninguna solución real y efectiva. Como respuesta los educadores tramitaron ante el contencioso administrativo, una acción popular para la defensa de sus derechos y los de la comunidad educativa.

Otra condición que tampoco fue tenida en cuenta, se trata que la mayoría de los desvinculados también contaba en promedio con doce años de servicio público.

Además sus resoluciones de cambio de las plazas docentes, fueron notificadas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 es decir, en pleno calendario escolar de 2024, lo que corrobora que no tuvo ningún tipo de organización y planeación.

Esta decisión desencadenó al inicio del calendario académico, una salida arbitraria y con posibles favoritismos entre aquellos que ingresaron por el concurso y los docentes salientes.

Calificó que al admitirse la acción popular, se busca dar paso a la moralidad administrativa y defensa ante detrimento de la calidad educativa, derivada de la desorganización del Municipio y Departamento.

De esta manera se busca restablecer las condiciones del servicio y retener las desvinculaciones por vía judicial. En este contexto se solicitó al juez el inventario total de docentes del departamento como del municipio de Yopal.

Registro que debe incluir el numero total de docentes en situación de debilidad manifiesta; el total de docentes provisionales; el total de docentes en reten social y que se restablezca por vía judicial los derechos conculcados de docentes y comunidad educativa de Yopal y Casanare

Por esto se convocó a todos los educadores provisionales y comunidad educativa, a participar en esta acción popular.