A través de un comunicado a la opinión pública, la Gobernación de Casanare se pronunció sobre el estado de salud del secretario de gobierno departamental, Julio Ramos Prieto.

Desde la noche del miércoles 4 de septiembre, el funcionario se encuentra bajo atención médica y en observación debido a complicaciones respiratorias que ha presentado desde la semana pasada.

Esta situación ha afectado su capacidad para desempeñar plenamente sus funciones, aunque ha intentado cumplir con sus responsabilidades en la medida de su recuperación.

El comunicado señala que el personal médico a cargo está realizando los exámenes necesarios y monitoreando de cerca la evolución del secretario.

Julio Ramos Prieto ha expresado su confianza en una pronta recuperación para poder reintegrarse a sus labores en la administración pública. La Gobernación ha solicitado comprensión a la ciudadanía y a sus colaboradores durante este tiempo de convalecencia.

Además, el documento destaca la solidaridad y el apoyo que ha recibido Ramos Prieto desde su hospitalización, lo que refleja el compromiso de la comunidad con su bienestar.

También destaca el comunicado que la Administración departamental continúa trabajando, para garantizar que las funciones del gobierno se mantengan a pesar de la ausencia temporal del secretario.

La situación de salud de Ramos Prieto ha generado preocupación entre los ciudadanos y sus colegas, quienes esperan su pronta recuperación y regreso a las actividades diarias en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Cada mañana de manera puntual un bote atraca en el muelle construido cerca al colegio de Santa Irene, centro educativo ubicado en una alejada zona rural de Trinidad, donde el olvido se ha convertido en la impronta personal del Estado.

De este medio de transporte fluvial descienden 20 niños provenientes de las veredas aledañas y que deben atravesar el Río Pauto para recibir clases.

Llevan sus maletas llenas de ilusiones que se acomodan en medio de los útiles escolares que los acompañan cada jornada. Tal vez esa esperanza en un mejor devenir los lleva a minimizar el riesgo que corren, cuando desembarcan en el muelle que ha sido presa de la socavación del río.

Otra visión distinta la tiene el rector de la institución educativa, Ómar Garzón. El educador es consciente del peligro que representa el deterioro del muelle, que poco a poco ha venido siento el rigor del socavamiento que ha hecho sobre la estructura las aguas del Pauto.

Para el docente esta situación deja abierta la posibilidad para que ocurra algún accidente, lo que sería muy lamentable. Adicionalmente prevé que si no se toman los correctivos necesarios, a futuro el río podría afectar la planta física del colegio.

Por eso elevó la voz, con la esperanza que su llamado no se disipe con el viento y llegue a oídos del Gobierno departamental o cualquier otra entidad oficial que tenga la potestad para solucionar esta problemática, que a pesar de la gravedad no es ninguna novedad para las autoridades.

Garzón narró que lleva un año insistiendo en este tema, pero hasta el momento la única respuesta fue una sobredosis de corrupción envuelta en una supuesta ejecución de obras, las cuales en el papel se pueden corroborar, pero que en la realidad nunca se realizaron.

“La preocupación mía son los estudiantes. Si por alguna situación sucede un  accidente, uno es el responsable por omisión o por no comentar del hecho o por no decir”, precisó el rector del colegio de Santa Irene.

Para Garzón en el orden de prioridades para solucionar esta problemática, es una intervención inmediata del muelle. El problema radia en el hecho que ya aparecen consignadas unas obras que no se hicieron, lo que impide que nuevamente se designen recursos para un proyecto que figura como ejecutado.

“Uno mira en el papel que se hizo una inversión, pero uno dice, dónde está esa inversión”, acotó el licenciado. Interrogante que también se hace la comunidad y que  deben resolver las autoridades competentes. Es necesario establecer qué pasó en este caso de evidentes irregularidades.

Para el caso del colegio, el presidente de la JAC de la vereda Santa Irene, Johnnecy Vianchá Montilla, dijo que se tenía previsto construir un muro de contención para proteger el muelle y la institución educativa de los embates del Río Pauto.

Sin embargo, el muro no soportó la presión ejercida por la avaricia de siniestros personajes, quienes utilizando como materia prima un cúmulo de irregularidades, fabricaron arietes que no dejaron prosperar la iniciativa y la hicieron naufragar en la profundas aguas de la corrupción.

Dicha propuesta, según Vianchá Montilla, hace parte del contrato que se encuentra en proceso de investigación y que tenía por objeto adelantar la recuperación de puntos críticos afectados por fenómenos naturales, en los municipios de Villanueva, Monterrey y Trinidad.

Estos trabajos se medirían en obras máquina. Su origen se remonta al Decreto 026 de 2023. Eran los tiempos de Casanare. La ejecución se hizo a través del Fondo de la Gestión del Riesgo de Desastres. El monto de este fue de $15.626.154.246. Recurso que salieron del sistema nacional de regalías.

En el caso específico de Trinidad las obras ejecutadas, en teoría, cuentan con una certificación firmada por el entonces alcalde del momento, Jesús Nolberto Monroy Moreno.

Por el momento la situación se encuentra en estado de observación. “Ha venido gente, han mirado, pero no hemos visto que llegue alguien a poner un punto de soldadura, a poner unos tubos o vayan a arreglar una malla”.

Actitud que también es sinónimo de preocupación para el rector, quien manifestó que su comunidad educativa está sola y huérfana porque la mano del Estado también sigue ausente.

La Seccional de Investigación Criminal adelantó la captura, mediante orden judicial, de una mujer de 31 años de nacionalidad venezolana. La acusada enfrenta cargos por hurto calificado y agravado, tras haber robado un celular y dinero en efectivo, además de herir a la víctima con un arma corto punzante.

La detenida tiene un historial delictivo, con cuatro registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Entre los delitos anteriores figuran hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. La detenida a la autoridad competente.

En un extenso documento de 10 artículos, el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz Riaño, reguló por vía decreto, la venta de combustibles en la capital casanareña.

La medida se deriva de la compleja situación en el suministro de ACPM y gasolina que se ha presentado en las últimas horas, como consecuencia de los bloqueos de vías de acceso a la ciudad, producto del paro camionero.

En el artículo primero establece los topes máximos de venta de combustible medidos en pesos y de acuerdo con la categoría del automotor.

De esta manera para los carros particulares, $60.000; oficiales $100.000; transporte público, $100.000; motocicletas, $20.000 y vehículos de carga, $300.000.

“Se excluyen de esta medida los vehículos oficiales de organismos de socorro, Bomberos, servicios de salud, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Ejercito Nacional, Fiscalía, Migración Colombia, Ministerio Público, ICBF, INPEC, organismos internacionales, vehículos de aseo, vehículos de vigilancia y seguridad privada”

El decreto igualmente prohíbe “la venta de combustible en pimpinas, barriles, canecas, pomas, tambores, recipientes. El interesado al momento de solicitar este expendio deberá solicitar permiso excepcional otorgado por la Secretaría de Gobierno Municipal”.

En el tercer artículo se hace una exigencia a los distribuidores. “Las estaciones de servicio ubicadas en la jurisdicción del Municipio de Yopal, deberán de manera obligatoria reservar los 10% del total de cada despacho de combustibles derivados del petróleo efectivamente recibidos”.

Esta reserva de la cual habla el mencionado artículo, “se destinará única y exclusivamente para el suministro de vehículos de servicio de salud tales como ambulancias, transporte insumos hospitalarios, medicamentos, vacunas, gases medicinales, servicios funerarios, organismos de socorro, vehículos de servicio de aseo.

Sin embargo, estos automotores “deberán identificarse y presentar documento que certifique dicha condición, lo cual será verificado por el personal operativo de la Secretaría de Gobierno y cualquier dependencia que esté coadyuvando en los diferentes operativos de control, para todo caso se contará con el apoyo de la Policía Nacional”.

En cuanto al horario de atención al público la norma lo estableció “de manera temporal y hasta que se normalice la situación presentada con ocasión del paro nacional de transportadores de carga, será comprendido desde las ocho de la mañana (8:00 am) hasta las ocho de la noche (8:00 pm) de cada día”.

En este punto se determinó que “las estaciones de servicio que incumplan esta medida serán objeto de las sanciones establecidas en la Ley 1801 de 2016 y demás que le sean aplicables”.

Para evitar cualquier alteración “la Policía Nacional de Yopal garantizará el orden público y la seguridad ciudadana en las estaciones de servicio que funcionan en el municipio de Yopal, para lo cual dispondrá de personal adecuado para coadyuvar en el control”.

Finalmente, la Administración municipal exhortó a toda la comunidad a no vender, ofrecer o comercializar este tipo de productos en puntos diferentes a las estaciones de servicio, so pena de incurrir en el delito de “destinación ilegal de combustibles”, que tiene una pena entre 6 y 12 años de prisión, así como una multa que oscila entre los 1.000 a 6.000 salarios mininos mensuales legales vigentes.

El paro camionero en Casanare continúa causando serias alteraciones en la movilidad de la región. Se han registrado tres actividades de manifestación pública, que incluyen bloqueos intermitentes en puntos estratégicos de las vías.

La Policía de Tránsito y Transporte reportó que al cierre de la tarde de este 04 de septiembre, se presenta en el sector de La Niata un bloqueo intermitente, por parte de aproximadamente 80 personas y dos vehículos de carga.

Este cierre vial permite el paso de vehículos cada tres horas, lo que ha generado largas esperas para los conductores que transitan hacia el norte del departamento de Casanare.

Por otro lado, en Hato Corozal, un bloqueo intermitente comenzó a las 05:20 de la tarde del 03 de septiembre, involucrando a 20 personas y diez camiones en el sector conocido como "la Y", en la vía que conduce a Tame (Arauca).

En este punto, los manifestantes permiten el paso durante media hora cada tres horas, lo que también ha dificultado el tránsito en la zona.

Finalmente, en la glorieta del sector El Vivero, ubicada en la vía nacional Yopal - Aguazul, se reporta un bloqueo total desde las 02:00 de la tarde del hoy 04 de septiembre, por parte de diez personas y tres vehículos de carga de Asotransportadora.

La situación sigue siendo incierta, ya que se está evaluando si se permitirá el paso intermitente en este punto.

Las manifestaciones son parte de un paro nacional que busca protestar contra el aumento en el precio del diésel, afectando no solo a los transportadores, sino también a los usuarios y a la economía local, que depende del transporte de mercancías y productos.

De manera categórica la petrolera GeoPark rechazó los señalamientos de los cuales ha sido objeto por parte del ciudadano Alex Gil. Según la empresa, ha insinuado que la compañía ha adelantado acciones para afectar su integridad personal.

En boletín de prensa la multinacional indicó que valora, respeta y comparte la labor que ejerce el mencionado ciudadano, por preservación de los recursos naturales.

Teniendo en cuenta lo anterior, GeoPark rechaza de manera contundente cualquier acusación o insinuación, que vincula a la petrolera con amenazas contra los líderes sociales.

En el escrito se recuerda que la multinacional es respetuosa de los Derecho Humanos, tanto de las personas como de las comunidades vecinas a sus operaciones.

Bajo estos parámetros las acusaciones hechas por el señor Gil son consideradas por la empresa como una contravía de los valores de respeto, diálogo y confianza que rigen el actuar de GeoPark

Es por ello que, ante los señalamientos recibidos, se puso en conocimiento de las entidades competentes esta situación, para que las autoridades adelanten las acciones que consideren pertinentes.

Igualmente la firma petrolera dejó claro que ha intentado establecer canales de diálogo con el señor Gil, para atender sus inquietudes en presencia de las autoridades locales y entidades garantes de Derechos Humanos. Sin embargo, estos esfuerzos han sido infructuosos.

Finalmente, GeoPark reafirmó su disposición al diálogo y al relacionamiento transparente con las comunidades vecinas a sus operaciones.

Por ello recordó la existencia del programa “Cuéntame”, que a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y los puntos de atención presenciales en Villanueva (Calle 17 #10-48, Barrio El Morichal) y Tauramena (Calle 9 #11-74, Barrio Mastranto), gestiona las preocupaciones y peticiones de todos sus grupos de interés.

El alcalde de Sabanalarga, Carlos Efrén Espinosa Bernal le confirmó a Casanare Noticias que el cuerpo hallado por las autoridades en inmediaciones de la quebrada La Piñalera, corresponde a Miguel Ángel Olarte.

Según el burgomaestre la trágica noticia le fue ratificada vía telefónica, por el comandante de la Policía de su municipio. Olarte había desaparecido el pasado 31 agosto mientras disfrutaba de un paseo de río con unos amigos, en el mencionado afluente.

Basados en las versiones de testigos de un momento a otro Miguel Ángel se sumergió en el agua y despareció no volvió a salir a la superficie. Desde ese momento se inició una intensa búsqueda que finiquitó la mañana de hoy miércoles 04 de septiembre, con el hallazgo del cuerpo sin vida del joven a 800 metros, aproximadamente del lugar donde desapareció.

Durante la atención de esta emergencia se destacó el trabajo comprometido del Cuerpo de Bomberos de Sabanalarga, que pese a no tener vigente el convenio con la Administración municipal, colaboraron activamente en la búsqueda del joven desaparecido.

Se inauguró este martes 03 de septiembre la ruta aérea bautizada como ABC, que unirá a Antioquia, Boyacá y Casanare. Para César Ortiz Zorro, mandatario de los casanareños, es una ventana para dar a conocer el departamento a las demás regiones del país.

Vitrina que para el gobernador, ayudará a fortalecer el renglón del turismo, sobre el cual dijo que debe ser una importante fuente de ingresos para la economía regional, aprovechando las ventajas comparativas que tiene Casanare con otros departamentos.

Es por ello que para el gobernante la ruta ABC reafirma y contribuye al desarrollo del turismo, porque brinda la posibilidad para que habitantes de Antioquia y Boyacá vengan a visitar el departamento.

Paralelo a esta posibilidad, la conexión aérea se convierte en una opción de conectiva con el centro del país, debido a las dificultades que presentan los corredores viales del Cusiana, Sisga, la Ruta de los Libertadores y la carretera El Morro – Labranzagrande.

Justamente sobre el tema de la vía del Cusiana, Ortiz Zorro estará en hoy miércoles 04 de septiembre la capital de la República para visitar el Invías y el Ministerio de Transporte.

El objetivo de esta gestión es indagar sobre el avance de los compromisos adquiridos en la reunión de Pajarito por el Gobierno nacional, para mejorar las condiciones de tránsito de la mencionada vía, que presenta varios puntos críticos de difícil solución. El gobernador recordó que existen propuesta de corto, mediano y largo plazo.

En este mismo tema de conectividad recordó que con su homólogo de Boyacá, Carlos Amaya, presentaron una propuesta de vigencias futuras para poder invertir en temas de conectividad para el departamento.

En este sentido mencionó que el gobernador Amaya anunció unos recursos para la carretera Vado Hondo – Labranzagrande, donde Casanare también hará una inversión, entre otras acciones y proyecciones que se vienen dando en este campo de la conectividad terrestre.

La ruta será prestada por la aerolínea Satena con una frecuencia de martes y jueves en un  avión B-1900, que tiene una capacidad para 19 pasajeros y comprende los siguientes itinerarios:

Medellín-Paipa-Yopal-Paipa-Medellín:

• Medellín-Paipa: 12:25 pm
• Paipa-Yopal: 2:00 pm
• Yopal-Paipa: 2:55 pm
• Paipa-Medellín: 3:50 pm

Un carro bomba sería el método que estarían pensando utilizar algunos actores violentos, para atendar contra la seguridad del gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro.

La información fue confirma por el propio mandatario, quien dijo que fue alertado sobre esta situación, por lo que adelantó la noche de este lunes 02 de septiembre un consejo de seguridad para analizar esta información. Participaron de esta actividad la Policía, Ejército FAC y Fiscalía.

Aunque no entregó más detalles sobre el caso, manifestó que se están tomando las medidas de seguridad respectivas, especialmente con su núcleo familiar, para evitar cualquier eventualidad.

Agregó el mandatario que el tema por el momento es una alarma y que se encuentra a la espera del resultado de las investigaciones que adelantan las autoridades para esclarecer este hecho. Mientras tanto, dijo, que continuará trabajando como lo ha venido haciendo hasta ahora.

Señalamientos de presunta negligencia administrativa en la que habría incurrido la Secretaría de Salud departamental, hizo la Clínica Casanare.

El origen de este malestar se encuentra en una supuesta e inexplicable demora por parte de la entidad oficial, para adelantar la visita previa, necesaria, antes de la habilitación del servicio de cirugía cardiovascular, que tiene proyectado ofertar la IPS.

Por su parte la Secretaría de Salud Departamental a través de oficios institucionales expresa que, para la realización de esas visitas, según normatividad vigente, cuenta con 6 meses para su ejecución. Igualmente manifiesta que no tiene el suficiente personal contratado para la verificación y se encuentra en la etapa precontractual para su vinculación.

Oficio va y oficio viene en solicitud de habilitación de servicios

Según comunicación de la Clínica Casanare, toda esta situación empezó hace varios meses, cuando a través de un oficio fechado del 5 de julio, se solicitó la visita previa. La Secretaría de Salud el 23 de julio respondió que según la resolución 3100 de 2019, artículo 14, cuenta con 6 meses para llevar a cabo la visita solicitada y que el Grupo de Garantía de la Calidad así lo haría.

Posteriormente la Clínica con oficio radicado el 31 de julio reiteró su solicitud, expresando que es de vital importancia la priorización de este proceso considerando que el servicio ofrecido, no solamente no se presta en Casanare, sino que es trascendente para la región porque disminuiría los riesgos de los pacientes en las remisiones hacia otros departamentos.

También explicó que la Clínica ha invertido más de tres mil millones de pesos en infraestructura, dotación y equipos de última tecnología necesarios para garantizar la atención con calidad y seguridad de los pacientes con este tipo de patologías cardiovasculares.

Frente a esto la Secretaría de Salud en oficio del 6 de agosto sostiene que la visita de verificación previa requiere un trabajo minucioso de parte de un grupo de profesionales certificados, que no están contratados en la planta de personal y por tanto se requiere surtir un proceso contractual para su vinculación. Precisó que ya se encuentra en etapa precontractual.

Igualmente expresó que siempre se ha dado priorización a las solicitudes de visitas previas y se cumplirá con el orden de solicitudes por parte de los prestadores de servicios de salud.

Clínica Casanare cuestiona a la Secretaría de Salud por afectar a pacientes cardiacos

Para la Clínica Casanare la respuesta del 6 agosto es insólita teniendo en cuenta la urgencia de la prestación de este tipo de servicios en Casanare.

También calificó que lo dicho por la Secretaría de Salud implicaba negligencia administrativa no solo con la Clínica sino para con los pacientes con problemas cardiovasculares, quienes no podrán ser atendidos en esta IPS.

Agregó textualmente que “Decenas de pacientes con enfermedades asociadas al corazón y que requieren atención médica urgente, procedimientos quirúrgicos o tratamientos especializados, al parecer hoy son víctimas de un atroz manejo que existe con la contratación de profesionales al interior de la Secretaría de Salud de Casanare”.