El viernes 28 de febrero en horas de la mañana, la ciudad de Yopal fue sorprendida con la noticia del fallecimiento de una menor de edad ocurrido en la calle 20 con carrera 21, barrio La Amistad.

La información que se tuvo en un comienzo era muy fragmentada. Circuló la versión de un posible caso de muerte por decisión propia, sin embargo, era necesario que las autoridades adelantaran su trabajo correspondiente a este tipo de situaciones, para tener un conocimiento más detallado de lo sucedido.

Una vez concluida la tarea de levantamiento del cadáver y luego de la recopilación de los primeros datos sobre el caso, se conoció que la persona fallecida era una niña de 13 años, estudiante la Institución Educativa Manuela Beltrán.

Estas versiones iniciales señalan que los hechos ocurrieron promediando las 6 de la mañana, en la calle 20 # 21 A – 10. La menor de edad fue encontrada suspendida de una cuerda, la cual se estaba amarrada a la pared. La adolescente en el momento del suceso vestía el uniforme del colegio.

Otro detalle que llamó la atención es que el vidrio de la puerta de acceso a la habitación donde esta el cuerpo, se encontraba roto. Ahora las autoridades se encuentran investigando este caso, para determinar con exactitud las causas de este triste desenlace.

Por el momento se tiene la versión del abuelo de la menor quien,  según  información preliminar, manifestó desconocer los motivos por los cuales la niña tomó esta fatal decisión.

El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, ha anunciado una serie de medidas para abordar las inquietudes de la comunidad con respecto a los recientes avalúos catastrales que han experimentado incrementos desmesurados.

Una primera medida fue la ampliación de los plazos en el calendario tributario hasta final de año. En este sentido el descuento del 10 por ciento por pronto pago se extenderá hasta noviembre y con el 5 por ciento hasta diciembre.

De esta manera la Administración municipal busca dar un respiro a los contribuyentes mientras se revisan las quejas sobre los avalúos. En este punto, la Alcaldía ha reconocido que se tiene casos de aumentos del 1000 y 2000 por ciento.

Es por ello que solicitó el acompañamiento de la Superintendencia de Notariado y Registro, para revisar las quejas de los contribuyentes sobre el proceso realizado por el gestor catastral Catasig.

En este sentido en su reciente visita a Bogotá, el mandatario local pidió al IGAC y la Superintendencia una visita a la ciudad de Yopal, para analizar todo el tema de los altos costos de los avalúos. La llegada de funcionarios de estas dos entidades se realizará, aproximadamente, en 15 días.

Según Ruiz Riaño se continúa revisando el convenio con Catasig, para evaluar un posible incumplimiento, el cual asciende a los 7000 millones de pesos y que se financió con recursos de regalías, pero en el OCAD no se exigió una interventoría.

Otra acción emprendida por el Gobierno municipal es la instalación de 10 puntos de atención al ciudadano que estarán ubicadas en las diferentes comunas.

El objetivo es recoger todas las quejas de los usuarios afectados por la actualización catastral. Hasta el momento, se han registrado 147 quejas directamente a Catasig y 130 radicadas en el municipio.

Un punto adicional es la elaboración de un proyecto de acuerdo, el cual será presentado al Concejo Municipal, para ampliar a 10 cuotas el pago del impuesto predial.

Finalmente, sigue vigente la propuesta que el Municipio asuma el costo de la sobretasa ambiental, que se cobra en el recibo del predial, como una alternativa de disminuir el valor de este impuesto.

Muy molesta se declaró la alcaldesa de Hato Corozal, Tatiana Pirabán a través de sus redes sociales, por la ruptura de la puerta de ingreso a la casa de comunal de esta población, producto de un altercado entre un ciudadano colombiano y dos venezolanos, según lo comunicó la mandataria.

Recalcó la gobernante que desde su posesión se ha “esforzado por embellecer nuestro municipio y recuperar los espacios públicos. Pero es lamentable, cuando algunas personas con falta de sentido cívico atentan contra los bienes que nos pertenecen a todos”.

El incidente se presentó en horas de la mañana de este viernes 28 de febrero y Pirabán Gutiérrez indicó que se encuentra a la espera recibir el material probatorio por parte de las autoridades competentes, para instalar la respectiva denuncia, con el fin “que el responsable se haga cargo de los daños ocasionados”.

Agregó que no es justo que la Administración municipal tenga que asumir los costos la puerta y “que estas acciones no se castiguen”.

En las últimas horas de conoció de la captura de Juan Sebastián Hernández Estupiñán, quién es señalado de violencia intrafamiliar y de agresión hacia su excompañera sentimental.

Como se recuerda, el hoy detenido fue denunciado por su joven expareja, acusado de maltrato y amenazas, pese a que en su contra de había expedido una medida de restricción.

Según la víctima el maltrato y acoso empeoró luego de separarse de Hernández Estupiñan. La situación se complicó, a tal punto, que tuvo que interponer una denuncia ante la Fiscalía.

Por el momento no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este caso.

El secretario de agricultura de Casanare, Alexi Duarte, lideró una reunión de trabajo con representantes de Corporinoquia, el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

El objetivo principal fue analizar la línea base de adecuación de tierras en el departamento y establecer acciones para la formalización y gestión ordenada del recurso hídrico. 

Durante el encuentro, la UPRA presentó un estudio de prefactibilidad para la creación de un distrito de riego a gran escala en la cuenca del río Cusiana.

Este proyecto busca beneficiar más de 8.000 hectáreas, especialmente durante los meses de sequía, lo que permitiría diversificar la economía local y reducir la dependencia de los ciclos estacionales de cultivo. 

Como resultado de la reunión, la UPRA y Corporinoquia se comprometieron a revisar el estudio de prefactibilidad para evaluar la viabilidad de avanzar a la fase II, que incluiría diseños detallados y planes de ejecución. 

En la mesa de trabajo también participaron representantes de la Alcaldía de Tauramena, agricultores arroceros y miembros de las asociaciones de usuarios ASOPAUTO y ASODISTRICHARTE.

Duarte destacó la importancia de mantener estos espacios de diálogo y gestión interinstitucional, con el fin de priorizar inversiones en infraestructura de riego. 

Además, se acordó programar una nueva reunión con la ADR para identificar proyectos prioritarios que puedan ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT).

El enfoque estará en mejorar los pequeños canales de riego ya existentes y formalizados, con el propósito de crear un banco de proyectos que fortalezca el desarrollo agrícola en Casanare. 

El secretario de educación de Casanare, Diego Fernando Ardila Plazas, recalcó en rueda de prensa que el programa de alimentación escolar (PAE) a cargo de la Gobernación se está prestando de manera ininterrumpida desde el 27 de enero, primer día del calendario escolar 2025 en el departamento.

Esta aclaración surge en respuesta al comunicado emitido recientemente por la Contraloría, donde el ente de control aseguró que en Casanare hay 13 poblaciones no certificadas donde no se está prestando el PAE.

Ardila explicó que está situación hace parte del programa que se atiende bajo el modelo de bolsa común, donde los recursos provienen de aportes entre la Gobernación y los municipios.

Sobre el PAE que es responsabilidad del Gobierno seccional, Ardila indicó que la Gobernación atiende estos compromisos con asignaciones de la Unidad de Alimentos Para Aprender (UAPA), también con recursos de regalías petroleras y fondos propios.

De esta manera se llega a la población estudiantil de las zonas rurales del departamento, mientras que los recursos del sistema general de participaciones, son la fuente de financiación para que los municipios cumplan sus obligaciones con el programa de alimentación escolar.

De esta manera los entes municipales se encargan de las instituciones educativas del casco urbano, comenzando por los grados de preescolar o primera infancia, según lo establecido en los acuerdos del esquema de la bolsa común.

El funcionario enfatizó que la Administración Departamental no ha incurrido en incumplimientos en la prestación del PAE.

Sobre dicho programa, el secretario subrayó que el acta de inicio es del 22 de enero de 2025 y la empresa contratista es DUFLO S.A.S. Servicios Integrales.

El titular del despacho de Educación insistió que su compromiso es garantizar la alimentación escolar de calidad y oportuna a todos los estudiantes del departamento, tarea que recalcó, se viene cumpliendo.

La Nueva EPS ha lanzado un plan para mejorar la entrega de medicamentos a pacientes trasplantados en todo el país. Este esfuerzo busca garantizar que más de 3,258 pacientes que han recibido trasplantes reciban sus tratamientos de manera oportuna.

Para lograrlo, la EPS ha establecido acuerdos con operadores farmacéuticos para asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales. Estos acuerdos incluyen pagos dirigidos a los gestores farmacéuticos para que puedan cumplir con las entregas acordadas.

Al asumir el cargo, el agente interventor, Bernardo Camacho, encontró deudas pendientes con varios gestores farmacéuticos y problemas relacionados con la exclusividad de ciertas moléculas para enfermedades huérfanas. Sin embargo, estos problemas ya están siendo abordados.

La Nueva EPS destina mensualmente 4,000 millones de pesos para pacientes trasplantados y 50,000 millones para tratamientos contra el cáncer. En total, el costo anual para medicamentos de pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas y trasplantes supera el billón de pesos.

Además, la EPS está implementando un plan para reducir su dependencia de un solo gestor farmacéutico dominante, lo que incluye pagos anticipados a algunos proveedores.

Este enfoque busca garantizar la continuidad en la atención a los pacientes y evitar interrupciones en la dispensación de medicamentos.

En paralelo, la Nueva EPS ha activado un plan de contingencia en cinco departamentos del país tras el retiro de Audifarma.

Este plan incluye acuerdos con cinco nuevos gestores farmacéuticos para asegurar la entrega de medicamentos en Caldas, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Los gestores incluyen Evedisa, Discolmets, Medic, Marcazsalud y Disfarma, quienes ofrecerán servicios tanto en puntos físicos como a domicilio.

Continúa avanzando el proceso de las mesas de concertación entre la comunidad y Alcaldía de Yopal, para buscar soluciones viables jurídicamente para solucionar la problemática de los altos costos del impuesto predial unificado.

Desde el lunes 24 de febrero a la fecha, se ha venido avanzando en el proceso de revisión del avalúo catastral. La mañana de este jueves 27 la directora de planeación municipal, Patricia Cárdenas, personalmente estuvo atendiendo las inquietudes de la comunidad.

La funcionaria se ubicó en una carpa ubicada a la entrada de la alcaldía, asesorando a los contribuyentes que llegaron con recibo en mano, buscando respuestas.

Cárdenas explicó que la tarea adelantada desde su despacho es orientando a la comunidad para que pueda hacer su respectivo reclamo ante Catasig si se presentan inconsistencia en el tema de la actualización del avalúo catastral.

“Las quejas y reclamos no las estoy recibiendo. Lo que estamos haciendo es ayudar y direccionando a la comunidad cómo pueden hacer sus reclamos y lo radiquen ante Catasig”

Agregó que para hacer las respectivas reclamaciones, los contribuyentes no necesitan llevar ningún tipo de documento, que la empresa es la que tiene la obligación de solucionar cada problemática en particular.

De otro lado el concejal Leonardo Infante explicó que ha surgido una posibilidad adicional para salir de esta situación, que se suma a las propuestas que se vienen analizando en la mesa de concertación.

Esta nueva opción es que el Concejo de Yopal solicite al Gobierno nacional la suspensión temporal de la actualización del avalúo catastral. Dicha petición, por el momento, se tiene conocimiento que debe ser dirigida a la Presidencia de la República, según lo explicó el concejal infante.

También dijo que se está estudiando la viabilidad jurídica de la propuesta hecha por el alcalde Marco Tulio Ruiz, para que la Alcaldía asuma el pago de la sobretasa ambiental. De lograrse cristalizar esta iniciativa, el recibo del predial tendría una reducción importante.

En cuanto a la empresa Catasig, se conoció que fue concebida como un gestor catastral bajo la resolución de habilitación 1224 del 03 de septiembre de 2021 otorgada por el IGAC.

Se clasifica como una empresa industrial y comercial del Estado (EICE). Cuenta con una sede en Bogotá y otra el Sabanalarga (Atlántico). En cuanto al proceso de actualización del avalúo catastral en Yopal, tuvo como punto de partida la Resolución YPL 001 del 19 de abril de 2024.

El documento “Por el cual se ordena el inicio del proceso de actualización para el área urbana de Yopal - Casanare” está firmado por Marlon Hernández Robles, jefe de procesos catastrales de Catasig.

Finalmente, también se reveló que el alcalde Ruiz Riaño pidió al director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda Morales y al superintendente de notariado y registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, la intervención y supervisión inmediata del trabajo de actualización catastral adelantado por Catasig.

Sostuvo el mandatario que “la Superintendencia se comprometió a realizar visita para identificar posibles inconsistencias técnicas en el procedimiento aplicado por Catasig, y el IGAC realizará el acompañamiento al municipio respecto a la metodología de caracterización de zonas homogéneas y geoeconómicas aplicadas”.

Añadió que la solicitud fue radica por escrito, con el fin que la visita a Yopal por parte de los entes nacionales antes mencionados se realice en el menor tiempo posible.

Nueva EPS ha establecido acuerdos con cinco gestores farmacéuticos para garantizar la entrega de medicamentos en cinco departamentos del país, luego de que Audifarma decidiera retirarse de manera inesperada de la dispensación de fármacos en esas regiones. Los departamentos afectados son Caldas, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 

La entidad de salud activó un plan de contingencia desde el pasado viernes, logrando acuerdos con las empresas Evedisa, Discolmets, Medic, Marcazsalud y Disfarma. Estas compañías se encargarán de suministrar los medicamentos a los afiliados, tanto en sus sedes como a domicilio, en las próximas semanas. 

La medida fue necesaria tras la decisión de Audifarma de suspender sus servicios a partir del 23 de febrero, sin una justificación clara y a pesar de los compromisos previos.

Nueva EPS había realizado pagos por un total de $265.269 millones de pesos entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, distribuidos de la siguiente manera: $150.304 millones en diciembre, $47.226 millones en enero y $67.739 millones en febrero, incluyendo la última postulación del 20 de febrero. 

La entidad asegura que trabaja sin descanso para minimizar el impacto en sus afiliados y garantizar la continuidad en la atención médica. El agente interventor, junto con el equipo directivo y los colaboradores de Nueva EPS, están enfocados en implementar las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud de los usuarios. 

La entidad recalcó que mantendrá informada a la comunidad sobre los avances en la implementación de estas soluciones, asegurando que los afiliados reciban sus medicamentos de manera oportuna y eficiente. 

El sector palmero colombiano se prepara para un año de desafíos y oportunidades en 2025, con una proyección de producción de 1,78 millones de toneladas de aceite de palma, lo que representa un crecimiento del 3,5% respecto a 2024.

Este aumento se atribuye a mejores condiciones climáticas y a la recuperación parcial de los efectos del Fenómeno del Niño que afectó al sector el año anterior. 

Uno de los principales retos para este año es consolidar la estrategia de trazabilidad del sector, con el fin de cumplir con las normativas de no deforestación exigidas por la Unión Europea.

Además, se busca obtener el reconocimiento de la certificación APS Colombia, que garantiza la sostenibilidad en la producción de aceite de palma. La meta es sumar 260 productores certificados adicionales para finales de 2025. 

En el ámbito internacional, el sector trabaja para que el aceite de palma colombiano sea elegible como materia prima en la producción de combustible sostenible de aviación (SAF), bajo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Este objetivo podría abrir nuevas oportunidades de mercado y fortalecer la posición del país en la industria global de biocombustibles. 

En materia de exportaciones, el gremio espera superar las 460.000 toneladas, lo que requerirá un esfuerzo conjunto para mejorar la competitividad y acceder a nuevos mercados.

También, se avanza en la normalización de la mezcla de biodiesel al 10%, una iniciativa que busca impulsar el uso de energías más limpias en el país. 

En cuanto a sostenibilidad, el sector ha logrado avances significativos, como la georeferenciación de fincas palmeras para cumplir con los requisitos de trazabilidad exigidos por el Pacto Verde Europeo.

De igual forma, se ha trabajado en la certificación de pequeños productores bajo el estándar APS Colombia, lo que refuerza el compromiso del gremio con prácticas responsables y amigables con el medio ambiente. 

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos críticos, como el deterioro de la seguridad en zonas palmeras, especialmente en regiones como el Catatumbo. Nicolás Pérez Marulanda, presidente de Fedepalma, hizo un llamado al Gobierno Nacional para tomar medidas contundentes que garanticen la protección de los cultivos y los trabajadores, destacando que cada hectárea de palma representa empleo, crecimiento y desarrollo para el país. 

En resumen, 2025 se presenta como un año clave para la palmicultura colombiana, con metas ambiciosas en producción, sostenibilidad y exportaciones, pero también con retos que demandan acciones coordinadas entre el sector privado y el gobierno.