La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Educación, cumplió con la asignación de docentes en las listas de elegibles, asegurando que las instituciones educativas públicas del municipio cuenten con toda su planta de profesores para el inicio del calendario escolar al 100%. 

Durante una audiencia pública realizada en La Triada, catorce docentes seleccionaron las instituciones donde impartirán sus conocimientos. La mayoría de los profesores fueron destinados a la Institución Educativa Llano Lindo, fortaleciendo así la oferta académica en esta zona. 

El secretario de educación, David Federico Díaz, resaltó el compromiso de los educadores: “Ustedes hoy tienen un gran reto en cada una de las instituciones educativas con los niños y sus padres. Los invito a trabajar con dedicación y entrega para potenciar las habilidades de cada estudiante”. 

Tras la asignación, los licenciados se incorporaron de inmediato a sus respectivas instituciones, iniciando sus labores este jueves 30 de enero. Esta acción, sumada al inicio del Plan de Alimentación Escolar desde el primer día de clases, refleja el compromiso de la Administración Municipal por garantizar calidad educativa y permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. 

Se cumplió este miércoles 29 de enero en el auditorio de La Triada de Yopal, la reunión pública para analizar la situación actual de la EAAAY. Al final de la jornada se concertó la creación de un comité cívico que propenda por la recuperación de la empresa, para que retorne al control del municipio.

En la actividad, que fue de carácter abierto, participaron defensores de servicios públicos, de los sindicatos de la empresa, ciudadanía en general, así como los concejales Leonardo Infante y Felipe Becerra.

El cabildante Becerra al término de la reunión hizo un balance del certamen y expresó su preocupación por el futuro de la única empresa pública que es un activo de toda la comunidad yopaleña.

En sus declaraciones, señaló que la EAAAY ha operado durante 27 años, brindando agua, recogiendo basuras y tratando aguas servidas, a pesar de los problemas operativos.

El líder político también criticó la intervención de la Superintendencia, mencionando que dos gerentes interventores no han logrado explicar las irregularidades, ni las razones del déficit financiero y operativo.

Además, señaló que contratos millonarios, como el de los 70 millones de dólares y uno de 15.000 millones, han sido objeto de denuncias y acciones populares, pero aún no se han resuelto nada.

Uno de los principales puntos de inquietud para el concejal es la privatización del nuevo relleno sanitario, donde un privado cobraría precios más elevado por cada tonelada recibida, lo que afectará las tarifas de los usuarios.

Becerra hace un llamado a la unidad, dejando de lado los egos y las diferencias políticas, para defender lo público y demostrar que la empresa puede funcionar. En este sentido, invita a la academia, veedores, juntas de acción comunal, ediles, líderes políticos y congresistas casanareños a sumarse a este esfuerzo.

Mencionó que el comité recién creado tiene como objetivo concertar con la Superintendencia y conocer la hoja de ruta para la devolución de la empresa al municipio, pidiendo que se haga de forma saneada y organizada. 

También busca evitar la liquidación o creación de una nueva empresa. Becerra insiste en que la EAAAY debe recuperarse y no privatizarse, ya que esto afectaría a las personas más vulnerables y beneficiaría a intereses privados.

El concejal ha destacado la importancia de la empresa como generadora de empleo para muchas familias yopaleñas. El comité está integrado por sindicatos, empleados, vocales de servicios públicos, líderes de acción comunal, ediles, y está abierto a todos los ciudadanos sin distinción política.

El concejal Becerra ha extendido un llamado a todas las fuerzas políticas a unirse en este esfuerzo por recuperar lo público y evitar la privatización de los servicios.

Yeferson Caicedo Pardo, agente interventor de Capresoca desmintió denuncias hechas por la secretaria de salud de Casanare, Tatiana Chávez ante la Supersalud.

La información que generó la controversia hace referencia a la participación de la funcionaria en un encuentro organizado por la Federación Nacional de Departamentos, donde alertó públicamente al superintendente de salud sobre el reciente proceso contratación adelantado por Capresoca.

Según la secretaria de Salud dicho contrato, que ronda los 14 mil millones de pesos, la EPS lo realizó con una IPS privada para la ejecución de actividades de atención, promoción y prevención en el Departamento.

Esta contratación, según expuso Tatiana Chávez, contraviene las directrices del Gobierno Nacional, que priorizan el fortalecimiento de la red pública de salud.

"Dicho proceso fue gestionado previamente con el apoyo de los gerentes de Red Salud Casanare, el Hospital de Aguazul, el Hospital Local de Tauramena y la ESE Salud Yopal, con el fin de adjudicar estos recursos a las empresas sociales del Estado", dijo Chávez.

Ante esta situación Caicedo Pardo emitió un comunicado donde rechaza la información divulgada por la Gobernación y solicita una rectificación, argumentando que la publicación vulnera el debido proceso al mencionar presuntas irregularidades sin haber realizado auditorías previas.

El agente interventor instó a la Administración departamental a presentar pruebas que sustenten las acusaciones sobre la contratación de la EPS, y aclara que el contratar con privados no constituye un delito según la legislación colombiana, y recuerda el principio de presunción de inocencia. La entidad enfatiza que ha cumplido con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1122 de 2007, destinando el 60% del gasto en salud a la red pública y el 40% a la red privada.

Enfatizó el comunicado que desde la intervención hecha por la Superintendencia Nacional de Salud el 7 de octubre de 2024, la administración de Capresoca ha priorizado el fortalecimiento de la red pública del departamento.

Recalcó que, por primera vez, se han adelantado acciones de concertación con la red pública del departamento, conscientes de la necesidad de mejorar el acceso, la calidad en la atención.

Mencionó como sus principales acciones el aumento presupuestal para la contratación con las Empresas Sociales del Estado (ESE) de orden departamental y municipal para el año 2025.

"Se han logrado firmar contratos desde el pasado 2 de enero para atención materno perinatal y promoción y mantenimiento de la salud, garantizando la continuidad del servicio hasta el 31 de diciembre de 2025", dijo el agente interventor.

También destaca el comunicado de Capresoca que se ha priorizado la red pública asignando un porcentaje de demanda que anteriormente se adjudicó a prestadores privados en 2024.

Así mismo se menciona la implementación de un modelo preventivo contratado equipos complementarios de salud con las IPS públicas de primer nivel, alineado con el modelo preventivo y predictivo del gobierno nacional.

Se reseña el apoyo científico a la red de primer nivel desde el Hospital Regional de la Orinoquía a los centros de salud de Red Salud Casanare ESE, dentro de los incentivos por resultados del contrato.

Por último, se incluyó la revisión de la oferta de especialidades básicas de las IPS oficiales, para evitar desplazamientos innecesarios a los usuarios y apoyar el fortalecimiento de los prestadores públicos.

La emblemática finca Corinto, ubicada a 25 kilómetros de Yopal, ha sido entregada a 400 familias campesinas víctimas del conflicto armado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Esta finca, que en el pasado fue un punto de concentración para la desmovilización de paramilitares del Bloque Centauros en 2005, hoy se convierte en un símbolo de esperanza y reconciliación.

La entrega de estos cinco predios, ubicados en el corregimiento de Tilodirán, representa un paso significativo en la reparación integral de las víctimas del conflicto.

Los terrenos, anteriormente administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras un proceso de extinción de dominio, fueron transferidos a la ANT, que a su vez los entregó a la Fundación Sembrar, una ONG que representa a 400 familias.

El Bloque Centauros, que operaba en Casanare y otros departamentos de los Llanos Orientales, fue liderado por José Vicente Castaño Gil, hermano de los reconocidos narcotraficantes y líderes paramilitares Carlos y Fidel Castaño.

En el acto de desmovilización en 2005, se esperaba la desmovilización del líder paramilitar alias Martin Llanos, quien finalmente no se acogió a la Ley de Justicia y Paz.

Rodulfo Arciniegas, presidente de la Fundación Sembrar, expresó su gratitud al presidente Gustavo Petro por hacer posible esta entrega, destacando que en gobiernos anteriores no se había logrado un proceso similar.

La coordinadora de la ANT en Casanare, Doris Bernal, resaltó que este proceso es un paso firme hacia la justicia social, priorizando el ordenamiento social de la propiedad rural como pilar de la reforma agraria.

Las familias campesinas ahora tienen la oportunidad de reconstruir sus vidas mediante proyectos de desarrollo sostenible, abriendo un nuevo capítulo en estas tierras que antes fueron símbolo de guerra.

El cementerio municipal fue el blanco de actos vandálicos que resultaron en la destrucción de 16 bóvedas. Los delincuentes sustrajeron los boceles de aluminio de las bóvedas, causando un daño significativo tanto material como emocional a las familias de los difuntos. 

Además de los robos, también se reportó que tres lápidas de vidrio fueron rotas durante los incidentes.

La denuncia fue hecha por el concejal Edison Silva en sus redes sociales. El cabildante habló con un empleado del campo santo quien expresó su preocupación por el daño causado y el dolor que esto inflige a las familias. Él hizo un llamado a la comunidad a no tolerar estos actos de robo y vandalismo.

La comunidad ha elevado su voz de protesta y exige a la administración municipal, encabezada por el alcalde, Ferney Chaparro que tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad del cementerio. 

Se solicita específicamente la contratación de un vigilante que esté pendiente de las bóvedas. Además, se hace un llamado al gremio reciclador para que se abstenga de comprar los materiales provenientes de las bóvedas dañadas.

La comunidad ha manifestado su rechazo total a estos actos vandálicos y espera acciones concretas por parte de las autoridades para prevenir futuros incidentes.

Los Bomberos Voluntarios de Yopal informaron que este martes 28 de enero sobre el mediodía respondieron a una emergencia tras recibir un llamado que alertaba sobre un ataque de abejas en la dirección Calle 14 # 17 – 41.

Al lugar acudió una máquina extintora junto a tres unidades equipadas para manejar la situación. Una vez en el sitio se constató que los ataques eran provocados por abejas que habían salido de unos núcleos que había en la vivienda, los cuales son utilizados para establecer nuevas colonias de estas especies.

Según el informe, las abejas se mostraron agresivas y atacaron a las personas cercanas debido a un manejo inadecuado de los núcleos. Afortunadamente, no se reportaron casos graves, ni hubo incidentes con personas alérgicas.

Los bomberos aplicaron agua y humo para calmar a los insectos, pero dado que los propietarios de la vivienda no permitieron el traslado de las abejas, las unidades se retiraron, dejando la situación bajo la supervisión de personal de Gestión del Riesgo.

Más tarde, a las 4:26 pm, una de las camionetas de los bomberos regresó al lugar con dos unidades y equipos especializados en control apícola. En el sitio, se encontraron con la Policía Ambiental, que también estaba presente para investigar la situación. Sin embargo, no fue posible establecer contacto con los ocupantes del inmueble, lo que impidió el ingreso al lugar.

Durante la operación, se reportaron alrededor de diez personas afectadas por picaduras de abejas, incluido un menor de edad. Las autoridades continuarán trabajando para asegurar la seguridad de la comunidad y resolver esta problemática.

Un susto mayúsculo se vivió en Yopal cerca del mediodía de martes 28 de enero. Un niño tres años sufrió un intento de secuestro. Los hechos se presentaron en la calle 20 con carrera 22, barrio El Gaván.

Según las informaciones que se conocieron de lo ocurrido, a la mencionada dirección arribo un sujeto quien con engaños consiguió que el menor subiera a un vehículo.

El automotor con el niño dentro se estrelló más adelante contra otro automotor, concretamente en la calle 20 con carrera 19. Finalmente, el pequeño quien duró perdido por espacio aproximado de una hora fue abandonado cerca de su residencia.

Ante esta situación la Policía desplegó un operativo para dar con el paradero del individuo. Labor que dio sus frutos tiempo después logrando capturar al mencionado sujeto, quien fue conducido al CAI ubicado en el barrio Provivienda. Al parecer el detenido se encontraba encontraba en estado de embriaguez.

El representante a la Cámara por Casanare, Vladimir Olaya, informó que la bancada de congresistas del Centro Democrático se reunió en Bogotá, para analizar la compleja situación de violencia que padece la zona del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander.

El primer punto que se discutió fue la falta de acciones por parte del Gobierno nacional, para evitar esta confrontación. En un comunicado de prensa el representante Olaya sostuvo que la Administración nacional recibió alertas tempranas de lo que se podría presentar.

Sin embargo, no hizo nada para evitarlo y pasados 20 días en que inició el desplazamiento masivo, tampoco ha tenido la destreza para atender a los miles de campesinos que están sufriendo por cuenta del conflicto.

Agregó además el congresista que el Gobierno ha permitió que los grupos ala margen de la ley se fortalezcan militarmente en territorios como el Catatumbo, el sur del Cesar y Arauca.

Citó el líder político el llamado de la Defensoría del Pueblo, que envió alertas tempranas a varios ministerios, las cuales no fueron tenidas en cuenta. Actitud que para el parlamentario se convierten en una clara muestra de negligencia del actuar del presidente Gustavo Petro y de todo su gabinete.

Por último, el representante advirtió que la declaratoria de conmoción interior es muy peligrosa, porque el presidente puede vía decreto establecer nuevos impuestos sin que estos sean aprobados por el Congreso de la República.

Un vehículo familiar se ha visto envuelto en una controversia luego de que circularan publicaciones en redes sociales acusándolo falsamente de intentar raptar niños.

El propietario, Gabriel Supelano, salió públicamente a desmentir las acusaciones y a explicar el origen de las fotografías que se utilizaron para dicha campaña de desprestigio.

Según la víctima de estos señalamientos, al parecer, las imágenes del vehículo fueron tomadas por un motociclista con quien tuvo un incidente menor de tránsito el 19 de enero.

El incidente, según su relato, no pasó a mayores, pero este sujeto tomó fotografías del carro tras una discusión. Este material gráfico luego fue utilizado en una publicación en un grupo de Facebook donde se señaló que desde su automotor se han intentado raptar niños.

Impacto y preocupación

La publicación generó preocupación porque el automotor es utilizado para transportar a varios miembros de la familia Supelano, por lo  que se teme que la gente, sin informarse adecuadamente, pueda dañar el vehículo o agredir a sus ocupantes.

Así mismo dijo que ha recibido llamadas de familiares y amigos alarmados por las acusaciones. La situación se ha complicado debido a la desinformación que circula en redes sociales.

Acciones legales

Gabriel aseguró que ha presentado denuncias ante la Sijín y la Fiscalía. Igualmente afirmó que está recibiendo asesoría de la Policía para investigar el origen de la publicación y las personas involucradas en la difusión de las acusaciones.

Aunque no tiene información precisa de la persona que tomó las fotos, las autoridades están trabajando en la investigación para lograr su identificación.

Supelano reiteró que su vehículo es de uso familiar y no tiene ninguna relación con los hechos que se le imputan. También agradeció a las personas que le han brindado apoyo y a quienes lo han contactado para aclarar la situación.

Hoy jueves 28 de enero a partir de las 6 de la mañana y hasta el mediodía, no habrá servicio de energía en el municipio de Yopal y varias poblaciones del norte del departamento.

Así lo anunció la Empresa de Energía Eléctrica de Casanare, argumentando que esta suspensión temporal obedece a trabajos de mantenimiento en la red.

Los sectores afectados con ese corte son Yopal, Nunchía, Orocué, Pore, San Luis de Palenque, Támara, Trinidad, Paz de Ariporo y Hato Corozal. La suspensión se aplicará tanto a las áreas urbanas como rurales de dichas poblaciones.

La medida se extenderá a algunas localidades de departamentos vecinos donde Enerca presta el servicio. Figuran en este listado algunas zonas de Santa Rosalía y La Primavera en el Vichada, así como los municipios boyacenses de Pisba, Paya y Labranzagrande.