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CN (20223)

Guillermo Carrero, en representación de la Sociedad Colombiana de Valuadores y la propiedad raíz en Casanare, presentó ante el Concejo Municipal de Yopal una revisión técnica sobre el proceso de adquisición del predio donde funcionaba el antiguo hospital y hoy opera Red Salud.

El municipio de Yopal emitió una resolución de oferta por 14.000 millones de pesos con el fin de destinar este terreno de más de cuatro hectáreas al desarrollo del malecón sobre el río Cravo Sur. Específicamente para la construcción de un parque.

Carrero señaló que existen diferencias significativas entre la oferta oficial y otros registros de valoración del inmueble. Sostuvo que un avalúo realizado por el Hospital Regional de la Orinoquía en 2024 para efectos contables estimó el valor por encima de los 24.000 millones de pesos.

Por otro lado, la actualización catastral del municipio para el año 2025 fijó el avalúo en 17.900 millones de pesos, lo que situaría el valor comercial proyectado sobre los 29.000 millones de pesos.

El representante gremial solicitó a las autoridades revisar los documentos soporte de la oferta de 14.000 millones de pesos. Carrero planteó la necesidad de verificar si hubo irregularidades en la elaboración de estos informes técnicos.

Según su exposición, la normativa de adquisición de predios para utilidad pública establece que el pago debe realizarse bajo el costo de reposición a nuevo, sin aplicar depreciación. La diferencia estimada supera los 10.000 millones de pesos.

Asimismo, se cuestionó la intención de demoler dicha infraestructura que presta servicios desde 1982 y que posee valor arquitectónico para el municipio, sugiriendo que existen otros espacios disponibles a orillas del río Cravo Sur para la construcción de parques sin afectar bienes de utilidad pública en funcionamiento.

El exalcalde de Yopal y miembro de la veeduría del río Cravo Sur, Braulio Castelblanco Vargas, denunció que la empresa pública Sayop y el Ejército Nacional utilizan el parque La Iguana como botadero de residuos.

Según Castelblanco, este espacio, reconocido como reserva ecológica y ambiental de la ciudad, está siendo empleado como escombrera para depositar podas, colchones, llantas y bolsas plásticas.

El veedor afirmó poseer registros en video que corroboran sus afirmaciones. La denuncia la hizo en el marco de la mesa de trabajo citado por el Concejo Municipal este miércoles 8 de abril, para abordar el proyecto del malecón para Yopal.

El exmandatario yopaleño solicitó la intervención de Corporinoquia y la Procuraduría Ambiental de Casanare para detener estas prácticas.

El parque La Iguana fue creado mediante acuerdo municipal en 1997 y está catalogado en el Plan de Ordenamiento Territorial como una zona de conservación estratégica.

Castelblanco señaló que esta área actúa como un amortiguador ambiental fundamental, indicando que sin su presencia la temperatura en Yopal aumentaría cuatro grados centígrados.

Finalmente, el representante de la veeduría cuestionó lo que consideró como falta de gestión de la Secretaría del Medio Ambiente municipal para garantizar la protección y conservación de este patrimonio ecológico

En la mañana del 8 de abril se registró un accidente de tránsito en la carrera 13 con calle sexta, en pleno centro del municipio de Tauramena. El incidente involucró la colisión de dos motociclistas en la vía pública.

Personal de atención prehospitalaria de los bomberos locales acudió al lugar para realizar la valoración inicial de los implicados. Durante la inspección, los socorristas identificaron a una persona con laceraciones diversas y compromiso del estado de conciencia.

Ante la condición clínica de la paciente, el equipo de emergencia ejecutó maniobras de estabilización, control de lesiones y monitoreo de signos vitales bajo los protocolos establecidos. Posteriormente, la persona lesionada fue trasladada de urgencia al hospital local para recibir atención médica especializada y manejo intrahospitalario.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Recetor, Casanare, Édgar Yesid Bernal Gallego (2020-2023), por presuntamente acosar laboralmente a una funcionaria de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio. 

La decisión del Ministerio Público también cobijó al exsecretario general de la alcaldía, José Alberto Salamanca López, quien, al parecer, habría incurrido en comportamientos irregulares relacionados con la evaluación de desempeño arbitraria y el impedimento para que la entonces funcionaria ingresara a su lugar de trabajo, entre otros.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, entre enero de 2020 y mayo de 2023, los dos exfuncionarios habrían desplegado conductas constitutivas de maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento y desprotección laboral contra la afectada, como llamados de atención injustificados y aislamiento social dentro de la entidad, hasta declararla insubsistente.

Por estos supuestos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la falta de los investigados como gravísima a título de dolo, por presunta violación a los principios de la función administrativa, especialmente el de moralidad. El expediente fue remitido al despacho con funciones de juzgamiento, competente para continuar con el proceso disciplinario.

La Procuraduría General de la Nación dictó una suspensión provisional de tres meses contra la agente especial interventora de Capresoca EPS, Betty Cecilia Anaya Nieto.

La medida se fundamenta en un posible deterioro en la prestación de los servicios de salud a los usuarios de la entidad.

En la misma decisión, la delegada para la vigilancia administrativa inició una investigación contra el anterior agente de la EPS, Yeferson Caicedo Pardo.

El organismo busca determinar si existió un incumplimiento en los objetivos de la medida de intervención forzosa administrativa y si los servidores omitieron sus deberes legales.

Un informe de la delegada para asuntos civiles, del trabajo y la seguridad

social indica que la entidad presenta un aumento progresivo en las barreras de acceso a la salud.

Asimismo, el Ministerio Público indaga sobre el estado financiero de la EPS, su capacidad de pago y el incremento del 144 % en el volumen de peticiones, quejas y reclamos.

La autoridad disciplinaria evalúa además el alza en la siniestralidad reflejada en los balances financieros y el aumento de acciones de tutela interpuestas por los afiliados.

A las 5:40 de la mañana del pasado 18 de febrero, el mundo de Claudia Patricia Bachilón se detuvo en seco en la intersección de la calle 24 con carrera 14, de Yopal.

Mientras esperaba el cambio de un semáforo para dirigirse a su jornada laboral, una buseta de transporte intermunicipal que se quedó sin frenos la arrolló, transformando su rutina de madre cabeza de familia en una pesadilla de dolor y abandono.

Hoy, tras casi tres meses de aquel impacto, Claudia no solo lucha contra las secuelas físicas de un accidente devastador; libra una batalla diaria contra la burocracia de su EPS, Capresoca, y el silencio de quienes causaron su desgracia.

Un refugio de dolor

En el quinto piso del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), específicamente en la habitación 523A, el tiempo parece haberse congelado.

Allí, Claudia Patricia permanece postrada con un diagnóstico que estremece: fractura de pelvis, costillas partidas y el codo izquierdo totalmente destrozado. A esto se suman quemaduras de tercer grado que complican aún más un cuadro clínico que el Hospital Regional de la Orinoquia ya no puede manejar.

Su cuerpo requiere de al menos tres o cuatro cirugías especializadas que solo pueden realizarse en un hospital de alta complejidad. Sin embargo, la remisión necesaria para salvar su movilidad y su calidad de vida no llega.

La respuesta que recibe Claudia a través de una pantalla de celular es siempre la misma: "tenga paciencia". Pero para alguien con los huesos fragmentados, la paciencia es un lujo que no puede permitirse. Así lo narró Nubia Doreli Gaitán, amiga de la paciente y quien a estado pendiente del caso.

Una familia fragmentada por la tragedia

La historia de Claudia es también la de una familia del sector del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza, que ha visto cómo su precaria estabilidad se desmoronó tras el accidente.

Claudia, el motor de su hogar, dejó a una hija de 15 años al cuidado de una amiga de buena fe, mientras que su hijo mayor se vio obligado a buscar trabajo de inmediato para garantizar el sustento mínimo.

Nubia Doreli Gaitán, describe con indignación el desamparo total: "Es denigrante que ni el dueño de la buseta, ni el conductor, ni la empresa se hayan manifestado siquiera para visitarla o brindar un apoyo económico".

Mientras tanto, la familia de Claudia, personas humildes del campo, intentan navegar un sistema legal y de salud que parece diseñado para ignorarlos.

El muro de la burocracia

La justicia parece haberle dado la razón a Claudia en el papel, pero no en la práctica. Una acción de tutela ordenó a Capresoca resolver su caso y hacer efectiva la remisión en un plazo de 48 horas. El plazo venció y la respuesta sigue siendo el silencio administrativo.

Este no es un caso aislado. Según los testimonios recogidos por Nubia Doreli Gaitán, el HORO se encuentra saturado de pacientes "represados" que esperan traslados a centros de mayor complejidad, enfrentándose a un sistema que parece haber olvidado el sentido de la urgencia.

Un grito de auxilio a las autoridades

La comunidad y los amigos de Claudia han tenido que recurrir a la solidaridad ciudadana para costear abogados y buscar una salida a este laberinto.

Hoy, el llamado es directo al gobernador César Zorro, al alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz y a la Superintendencia de Salud: la vida de una madre no puede depender de un trámite administrativo que nunca llega.

Mientras tanto, en la habitación 523A, Claudia Patricia Bachilón no espera compasión, sino el derecho fundamental a recobrar su salud, mientras el eco de la frase "tenga paciencia" resuena en los pasillos de un hospital que ya no tiene más espacio para el olvido.

La Secretaría de Movilidad de Yopal presentó el balance de los operativos de control vial realizados durante la temporada de Semana Santa en cumplimiento del Decreto 051.

Según el reporte oficial de las autoridades de tránsito, las jornadas de vigilancia dejaron como resultado la imposición de 80 órdenes de comparendo a ciudadanos que infringieron las normas establecidas en la capital de Casanare.

Asimismo, los funcionarios encargados del control urbano informaron la inmovilización de 72 motocicletas por diversas faltas al código nacional de tránsito y a las restricciones locales vigentes.

Estos procedimientos se ejecutaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de verificar la documentación de los conductores y el estado técnico-mecánico de los vehículos.

La Administración municipal señaló que estas acciones de supervisión se mantendrán para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y reforzar la seguridad en los corredores viales.

Las autoridades locales reiteraron que el respeto a las disposiciones de tránsito es indispensable para prevenir siniestros y garantizar la protección de la vida de todos los actores viales en el municipio.

La Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional intensificó las operaciones de control y acompañamiento en los ejes viales de Casanare con motivo del plan retorno de Semana Santa.

El dispositivo contó con más de mil soldados distribuidos estratégicamente para vigilar la movilidad de los viajeros. La operatividad incluye la instalación de nueve puestos de control fijos donde las tropas realizan labores de registro y verificación de antecedentes.

Estas acciones se complementaron patrullajes de unidades motorizadas en los principales corredores y pelotones montados en sectores rurales de difícil acceso.

La movilización de capacidades se enmarca en la campaña institucional denominada Viaje Seguro, su Ejército está en la vía, orientada a la prevención y el acompañamiento directo a los ciudadanos.

El objetivo primordial de este despliegue es generar condiciones de tranquilidad y prevenir incidentes que afecten la seguridad en el departamento.

Las autoridades militares informaron que las unidades mantendrán presencia permanente hasta la finalización del flujo vehicular de la temporada.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a los conductores para acatar las normas de tránsito y reportar cualquier situación anómala a través de las líneas de atención oficial del Estado.

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia, convocó a la ciudadanía, autoridades y organizaciones de su jurisdicción a la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025.

El evento, enmarcado en el plan de acción 2024-2027 denominado Orinoquía Sostenible y Biodiversa, se llevará a cabo el próximo viernes 24 de abril a partir de las 8:00 a. m. y contará con transmisión en vivo a través de plataformas digitales y medios de comunicación regionales.

Durante la jornada, la autoridad ambiental expondrá los avances, logros y el nivel de cumplimiento de las metas institucionales alcanzadas durante el último año.

El informe se centrará en los resultados obtenidos en materia de protección de recursos naturales, conservación de la biodiversidad y la ejecución de proyectos orientados a la sostenibilidad en los cinco departamentos que integran su área de influencia.

Este ejercicio busca garantizar el acceso a la información pública sobre el manejo de un territorio que abarca más de 17 millones de hectáreas y 45 municipios.

La entidad destacó que este mecanismo de participación ciudadana es fundamental para fortalecer la transparencia en la gestión de los ecosistemas estratégicos de la región, que incluyen sabanas, bosques, humedales y piedemontes.

La corporación reiteró la invitación a los actores del territorio para que conozcan de primera mano el impacto de las acciones desarrolladas y participen activamente en este espacio de diálogo institucional sobre el patrimonio ambiental de la Orinoquía.

La Administración Municipal de Yopal emitió una alerta oficial a la ciudadanía tras detectar intentos de estafa relacionados con el programa nacional Renta Ciudadana.

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, personas inescrupulosas se están haciendo pasar por funcionarios de la Alcaldía para solicitar documentos personales y citar a los ciudadanos a supuestos procesos de vinculación.

Las comunicaciones fraudulentas, realizadas mediante llamadas telefónicas y mensajes, exigen la entrega de fotocopias de la cédula, recibos de servicios públicos, recomendaciones familiares y certificados del Sisbén o médicos.

Desde el Gobierno local se reiteró que ningún trámite de acceso a este beneficio social se realiza a través de llamadas, WhatsApp o canales no oficiales, ni se solicita el envío de documentación por estos medios.

El proceso de vinculación a Renta Ciudadana es competencia exclusiva de Prosperidad Social a nivel nacional y se rige estrictamente por los protocolos establecidos en su plataforma oficial.

La entidad recordó a la población que las consultas sobre la condición de beneficiario deben realizarse únicamente en el portal web institucional del programa.

Ante esta situación, las autoridades invitaron a la comunidad a no entregar información privada a desconocidos y a verificar cualquier solicitud directamente en las oficinas de la administración.

Asimismo, se hizo un llamado a los habitantes de Yopal para que denuncien estos hechos ante las autoridades competentes y utilicen solo los canales informativos oficiales.

La Alcaldía enfatizó que la prevención y el manejo riguroso de los datos personales son fundamentales para evitar que los ciudadanos sean víctimas de delitos informáticos o estafas financieras.