La jornada, que estará liderada por la Unidad para las Víctimas y la alcaldía de Yopal, fue concertada durante el encuentro de la comisión de Medidas de Satisfacción, conformada por la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del municipio, la Defensoría del Pueblo, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Gobernación de Casanare.

Con una variada programación, en la que se tienen previsto actos culturales, atención y orientación dirigida especialmente a mujeres, se conmemorará el Día Nacional por la dignificación de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, el próximo 25 de mayo, en el Punto de Atención de la Unidad para las Víctimas, ubicado en la Calle 14 No.17A-21.

Al respecto, Carlos Arturo Pardo Alezones, director de la Unidad para las Víctimas en la dirección territorial Meta y Llanos Orientales, anunció algunas de las actividades programadas en la agenda de esta conmemoración. 

“La jornada iniciará a las 7:00 de la mañana con la socialización del Decreto 1480 de 2014, por el cual se estableció el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctima de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado interno. Se realizará una actividad con rumba terapia, talleres de sensibilización y una feria de servicios”, dijo Pardo Alezones.

Cabe destacar que la representante para el enfoque diferencial de género de la Mesa de Víctimas municipal, también realizará un homenaje especial a las mujeres, a través de la interpretación de canciones que exaltan las cualidades de ellas y evocan la superación de lo vivido por estas víctimas.

Entre otras actividades de atención especial, la Defensoría del Pueblo instalará un punto de orientación sobre derechos humanos y realizará toma de declaración de casos para las mujeres víctimas de este flagelo.

Estos actos de conmemoración hacen parte de las medidas de satisfacción determinadas por el Estado colombiano, con el fin de resarcir el dolor a través de la reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas.

La Red Regional de Emprendimiento de Casanare (RREC) realizó reunión ordinaria de mayo en la universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (U.P.T.C) Cread Yopal, en donde hablaron sobre la participación en el Encuentro Mesoamericano de Redes de Emprendimiento, el primer ejercicio oferta de territorio emprendedor y elección de delegados de sectores privados.

El coordinador de la RREC por parte de la Cámara de Comercio de Casanare, Nelson Muñoz Osma, expuso la experiencia del Encuentro de Redes de Emprendimiento, los aprendizajes y el relacionamiento con los ocho países de Mesoamérica, la apropiación presente y futura de metodologías y experiencias en el marco de las oportunidades para el departamento con otros ecosistemas emprendedores.

De igual manera, se inició la construcción de la oferta institucional conjunta, la que estará en firme en junio y permitirá que tanto emprendedores como empresarios encuentren de manera detallada la ruta de servicios que las instituciones públicas, privadas y academia tienen para fortalecer toda la cadena de valor del emprendimiento, esto desde la sensibilización, la formalización, el escalamiento, la consolidación y la financiación empresarial.

Por lo anterior, los integrantes de la Red, convocan a los emprendedores del departamento para que participen en las jornadas de desarrollo empresarial y conservatorios que realizarán la universidad de San Gil (Unisangil)  el 22 de mayo; universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), el 25 de mayo con el tema “la carrera del emprendimiento” y en la universidad Internacional de Trópico Americano (Unitrópico) esa misma fecha, la muestra empresarial.

Finalmente, en el marco de lo establecido en la ley 1014 de 2006, y considerando la importancia de la participación de diferentes actores en la Red, fueron puestos a consideración de los asistentes los emprendedores que se postularon durante abril como representantes de diferentes sectores, seleccionando a ocho representantes entre principales y suplentes.

Representante de juventudes 18 - 29 años Ley 2001 De 2001:

Principal: Luis Francisco Tarquino Rincón -   Millenium YE S.A.S

Suplente: Heison Patiño Montaña – Ecol Huellas S.A.S.

Representante de sectores sociales - Emprendedores Sociales

Principal:  Rocio Adriana Rojas Bohórquez - Fundación Sublime DHIS

Suplente: Sandra Yamile Duran Villamizar - Fundación Mujer es Familia    

Representante de sector Tics - Emprendedores de base tecnológica

Principal: Vivian Andrea Ocampo Merchán – AMALA.   Proyecto Enjambre

Suplente: Juan David Pareja Soto – Creapps Soluciones S.A.S.

Representante de sectores promisorios

Principal:  Jorge Alberto Estupiñan Gómez  - Nutrimaz SAS

Suplente:  Norley Cárdenas Solano - Roll & Fruits  

Hacen parte de la RREC la Gobernación de Casanare, Secretaría de Educación, Alcaldía de Yopal, Sena, Unitrópico, Unisangil, Uptc, Unad, Emprende con Equión, Sinergia y Cámara de Comercio de Casanare quien actúa como Secretaría Técnica de la Red. 

Haciendo uso de espacios públicos y generando conciencia ambiental por el cuidado de estos espacios, integrantes de la Policía de Casanare, del grupo de Protección Ambiental y Ecológica, capacitaron al grupo juvenil infantil “amigos de la naturaleza” en la importancia de identificar las riquezas naturales de los paisajes para generar el cuidado que permita su conservación y preservación.

Los niños aprendieron que nuestra región posee ecosistemas con gran biodiversidad, serán promotores de la protección de la fauna silvestre y replicarán el mensaje para no tenerlos como mascotas, no comercializarlos y no extraerlos de su hábitat natural. Cuidarán el recurso hídrico y si tienen mascotas incentivarán el no maltrato hacia ellos. Se comprometieron a darle un manejo adecuado a los residuos sólidos y fomentar en sus comunidades la siembra de árboles.

Esas tareas, entre otras, serán la labor que desarrollarán día a día los integrantes de este grupo de protección ambiental y ecológica de la policía nacional en Casanare.

_{Por: Martha Cifuentes}

El Consejo de Estado revocó todas las medidas cautelares que prohibían cualquier actividad de exploración y explotación petrolera en la zona arqueológica y cultural de Támara, decisión que había sido tomada el 19 de diciembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Casanare. Petroleras podrán reanudar sus labores.

El fallo fue emitido por la Sección Primera con ponencia de la consejera María Elizabeth García González, el pasado 11 de abril en relación a los recursos de apelación interpuestos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Equión Energía Limited, Total E&P Colombie “TEPMA”, Talismán Colombia Oil & Gas LTD y Hocol S.A., contra el fallo del Tribunal y en el cual se habían impuesto unas medidas cautelares dentro de la acción popular interpuesta por Luis Arturo Ramírez, abogado líder en estos temas.

Argumentos del Consejo de Estado

Frente a la prohibición de actividades petroleras en el sitio mencionado hasta tanto se tuviera claridad sobre la no afectación de la misma, la Sala consideró que “resulta a todas luces improcedente, pues no partió de la existencia de un daño, el cual, por demás, encontró descartado” y agregó que “La finalidad por la cual el Tribunal decretó el estudio se aleja sustancialmente del objeto de las medidas cautelares, las cuales no fueron instituidas para remediar la falta probatoria sino para contener un perjuicio hasta tanto se dicte el fallo correspondiente.”

En la providencia, la Sala observa que en la actualidad en Támara no se encuentran áreas arqueológicas protegidas, según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, y, advierte que, “si bien, la Asamblea de Casanare mediante Ordenanza 057 de 10 de agosto de 1997, declaró a dicho ente territorial patrimonio histórico y cultural del Departamento, dada su historia, tradiciones, bienes culturales, bienes muebles e inmuebles materiales y no materiales, la Sala destaca que ni en el expediente ni el Tribunal particulariza de manera concreta qué aspectos constituyen tales elementos y en qué forma pueden verse afectados por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos.”

El Consejo de Estado analizando los principios de prevención y precaución invocados por el Tribunal para aplicar las medidas cautelares, considera que estos no se pueden aplicar, si se tiene en cuenta que no se especificó concretamente sobre qué aspectos particulares recaería la posible afectación. “En consecuencia, ante la falta de claridad sobre el objeto de protección, no resulta apropiado asumir la existencia de riesgos o impactos derivados de la actividad cuestionada, ni mucho menos hacer uso de los principios de prevención y precaución sin diferenciación ni sustento fáctico alguno que así lo permita.”

Puntualiza diciendo que “la falta de claridad sobre el objeto de protección en tratándose del patrimonio cultural, impide asumir la existencia de riesgos o impactos derivados de la actividad cuestionada y, por ende, dar aplicación a los principios de prevención y precaución. El principio de precaución difiere del de prevención (reiteración jurisprudencial), por lo que no es procedente aplicarlos indistintamente.”

Por ende todas las medidas cautelares fueron desechadas en su totalidad, incluidas las verificaciones en campo, las pruebas periciales a cargo del Servicio Geológico Colombiano y el pago del peritazgo a cargo de las accionadas y de la Oficina de Defensa Judicial.

Los magistrados que conforman la Sección 1 del Consejo de Estado son Hernando Sánchez Sánchez, María Elizabeth García González, Oswaldo Giraldo López y Roberto Augusto Serrato Valdés.

Antecedentes

Luis Arturo Ramírez interpuso la acción popular contra los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH-, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, Corporinoquia, la Unión Temporal integrada por las empresas Total E&P Colombie “TEPMA”, Talismán Colombia Oil & Gas LTD y Hocol S.A., y Equión Energía Limited, por considerar que no era viable la ejecución del proyecto Niscota Nueva porque este podría atentar contra los recursos naturales protegidos en una serie de normas que entre otras incluían la ordenanza 002 de 4 de marzo de 1998 que declaró al cerro de Zamaricote como área de reserva forestal y natural; la ordenanza 057 de 10 de agosto de 1999 declaró a Támara patrimonio histórico y cultural de Casanare y el Acuerdo 400.00.004 de 31 de mayo de 2015 que declaró a Támara como reserva de protección del ambiente sano y especial, así como a las cuencas hídricas y nacederos como reservas naturales para el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades y la sabiduría de la población, frente a las posibles afectaciones que puedan derivarse de la actividad minera en el Municipio.

Frente a esto el Tribunal Administrativo de Casanare dispuso entre otras medidas cautelares, la prohibición de cualquier actividad material de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona arqueológica y cultural de Támara hasta tanto se tenga claridad sobre la no afectación de la misma a causa de la ejecución del Contrato 27 de 2006 celebrado.

El Tribunal se amparó en “que no bastaban las buenas intenciones ni una descripción completa de todo el potencial arqueológico de la zona licenciada, dado que la zona arqueológica y cultural de Támara es intangible y, por tanto, en atención a los principios de prevención y precaución, debe ser prohibida cualquier actividad”.