La secretaría de salud de Casanare, Tatiana Chávez entregó las cifras de personas quemadas con pólvora durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La funcionaria indicó que entre el 1 de diciembre y el 8 de enero se registraron 15 casos.

Chávez detalló que Yopal es el municipio con más incidentes reportados, con 8 eventos. Le siguen Paz de Ariporo con 3 casos, Villanueva con 2, y Tauramena y Maní con un caso cada uno.

De los 15 afectados, 5 son menores de edad. Los 10 restantes son adultos mayores de edad, y 5 de ellos estaban bajo efectos del alcohol al momento del percance.

Sostuvo la titular de salud del departamento, que las cifras representan un aumento del 87.5% respecto al mismo periodo del año anterior (diciembre 2023 - enero 2024).

Agregó que la Secretaría de Salud mantiene vigilancia intensificada de eventos de quemaduras por pólvora hasta el 31 de enero, periodo establecido para el seguimiento en todas las entidades territoriales.

Chávez recordó que ante una quemadura se debe acudir al centro de salud más cercano. Si esto no es posible de inmediato, se recomienda colocar la zona afectada bajo el chorro de agua fría durante 10 a 15 minutos. No se debe aplicar hielo, ungüentos ni automedicarse.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, informó sobre la asignación de recursos para la construcción del pabellón de alta complejidad en el Hospital Regional de la Orinoquia, Horo.

El mandatario explicó que el proyecto contará con financiación del Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Gobernación de Casanare.

Ortiz Zorro aseguró que, según la resolución recibida, el Ministerio de Salud aportará 60.000 millones de pesos, mientras que el DNP destinará 46.700 millones de pesos mediante carta de intención de concurrencia de recursos. La Gobernación de Casanare completará la financiación con 118.537 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías.

Agregó el gobernante que el costo total del proyecto, según estudios de consultoría, asciende a 225.573 millones de pesos.

También resaltó que, con un pabellón de alta complejidad en Casanare, se evitará las dispendiosas remisiones enfermos hacia otras ciudades en busca de atención médica especializada. Procedimiento que en muchas ocasiones se complica por la falta de camas en estos hospitales de tercer nivel.

En 2024, el departamento registró más de 9.000 remisiones de pacientes a otras regiones de Colombia para procedimientos de alta complejidad

El pabellón propuesto para el Horo contará con más de 23 especialidades médicas, incluyendo cardiología, cirugía general, ginecobstetricia, neurología, oncología, ortopedia, urología y neurocirugía.

La infraestructura incluirá seis salas de cirugía, unidades de cuidados intensivos, áreas de hospitalización y un sexto piso destinado a docencia e investigación, además de varios auditorios.

Además del anunció sobre la torre de tercer nivel para el Horo, el gobernador Ortiz Zorro hizo referencia a otra serie de inversiones, que se han hecho durante su mandato.

Contó sobre otros proyectos en ejecución: la construcción del hospital de Maní con 20.540 millones de pesos (13% de ejecución), la entrega de 16 ambulancias nuevas con inversión de 6.108 millones de pesos, y la adecuación de 74 puestos de salud en el departamento.

Así mismo citó los equipos de atención primaria en salud (APS) que operan con 37.810 millones de pesos, empleando a más de 1.200 profesionales que incluyen médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos y nutricionistas.

Finalmente habló sobre las adecuaciones en hospitales de Paz de Ariporo, Villanueva, Sácama, La Salina y Orocué con presupuesto de 1.200 millones de pesos.

Habitantes del barrio Llano Vargas de Yopal se encuentran en medio de una polémica, debido al cierre parcial de la carrera 42 unos metros antes de llegar a la calle 30.

El tema tiene varias aristas que complican la situación. La problemática ya se encuentra en los estrados judiciales en procura de encontrar una salida acorde con la ley.

Todo comenzó con el encerramiento de la mencionada vía por parte de un ciudadano, quien solicitó mantener en reserva su identidad. Esta persona asegura que la calle hace parte de un predio que le vendió en su momento el urbanizador.

Por su parte la comunidad manifiesta que el terreno en disputa hace parte de una vía pública con más de 15 años de uso y por lo tanto es un bien de uso general.

La controversia llevó a que residentes del sector, el pasado lunes 5 de enero, salieran a protestar por lo que consideran una arbitrariedad. Para ellos no se justifica cerrar una vía pública que ya está trazada y que, en gran parte de su recorrido por esta zona de la ciudad, se encuentra pavimentada.

La noticia llamó la atención de varios medios de comunicación que llegaron al lugar. Frente a sus micrófonos hablaron varios de los afectados. Cuando ya parecía terminar la jornada informativa arribó el dueño del predio.

Es propietario desmintió la versión dada por algunos lugareños acerca de una falta de acercamiento con la ciudadanía.

Sostuvo que un hermano suyo, quien es abogado, se comunicó con el presidente de la junta de acción comunal, donde le comunicó sobre la situación y la existencia de una propiedad privada sobre dicho terreno,

Dijo que adicionalmente hace dos años le enviaron correos electrónicos donde se le hizo llegar la documentación del lote.

También dijo que hace dos años le comunicaron al

Aseguró que hace dos años se le enviaron correos electrónicos con la documentación al presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC).

Para corroborar que este pedazo de la carrera 42 se encuentra de un terreno de su propiedad, enseñó los planos del proceso urbanístico de esta zona de la ciudad.

Igualmente mostró las escrituras públicas que lo acreditan como dueño del predio. Agregó que esta propiedad cuenta con el aval de la Oficina Asesora de Planeación otorgados durante la Administración pasada.

Así mismo, mencionó que la idea de encerrar el lote obedece a que tiene un proyecto de construcción en este lugar. Derecho legítimo que le otorga la ley por ser el dueño del terreno.

Por su parte la comunidad manifestó que cerrar la vía los perjudicaría significativamente. Hicieron hincapié en el hecho que se quedarían sin una salida directa hacia la calle 30, perjudicando a toda la comunidad, en especial a los niños y jóvenes que asisten a clases a la sede del Braulio Campestre.

Al final de la jornada cada parte defendió su posición y la posibilidad de un acuerdo se fue dilatando. Ahora será una autoridad judicial quien entre a dirimir esta controversia. Sin embargo, en la mañana del martes 6 de enero la cerca que encerraba el terreno ya no estaba y la carrera 42 estaba nuevamente habilitada.

Mañana miércoles 7 de enero, en horas de la tarde, se llevará a cabo una manifestación pacífica en inmediaciones del peaje San Pedro, en el corredor vial que conecta a Villanueva con Monterrey.

La actividad se programó como respuesta ciudadana al reciente aumento exagerado en la tarifa del peaje, que ha generado inquietud entre habitantes, transportadores y sectores productivos del sur de Casanare.

La movilización, convocada por ciudadanos y gremios del transporte y el comercio, tiene un carácter estrictamente informativo y pacífico.

Participarán residentes de Villanueva, Monterrey y Sabanalarga, quienes buscan visibilizar el impacto económico que el incremento tarifario representa para los usuarios frecuentes de esta vía.

La jornada consistirá en un recorrido vehicular que partirá a las 4:30 p.m. desde las inmediaciones del Club Nicky Beach y confluirá en el sector del peaje.

Los organizadores han enfatizado que la actividad se ajustará según la participación, con el objetivo de preservar el orden, garantizar la normal circulación de vehículos y evitar cualquier afectación a la seguridad vial.

Esta manifestación se desarrolla en un contexto de incertidumbre por la falta de información clara sobre los fundamentos del ajuste tarifario, lo que ha motivado tanto la protesta ciudadana como gestiones institucionales paralelas.

Por su parte el presidente de la Asamblea Departamental de Casanare, diputado Henry Pérez, presentó un Derecho de Petición a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente, donde se solicita las razones tomadas en cuenta para aplicar el aumento en la tarifa del peaje.

Como resultado de diálogos directos, se han alcanzado preacuerdos preliminares para mejorar las condiciones de la tarifa preferencial del peaje San Pedro.

Estas propuestas, que aún requieren revisión y formalización, beneficiarían exclusivamente a los residentes de Villanueva, Aguaclara y Monterrey que cumplan los requisitos establecidos, e incluyen:

• Reducir drásticamente el número de pasos mensuales exigidos para acceder al beneficio, permitiendo una frecuencia ocasional.
• Ampliar el beneficio a dos vehículos por núcleo familiar (antes solo uno).
• Eliminar el requisito de no tener comparendos de tránsito.

Mientras avanzan estas negociaciones y se aguardan definiciones oficiales, la manifestación de mañana se perfila como una expresión ordenada y pacífica de la ciudadanía frente a una medida que continúa generando debate en el sur del departamento.