Casanare Noticias

Argumentando una negativa por parte de la Administración municipal de Maní a pagar la nómina de la Personería de dicha localidad, la personera Yeimmy Alejandra Ramírez Rojas instauró una Acción de Tutela, para buscar que se haga efectivo el desembolso del salario de los empleados del Ministerio Público.

La figura jurídica fue aceptada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Maní, el pasado 03 de mayo. En el oficio enviado a la autoridad judicial, la Ramírez Rojas hizo una descripción detallada de los hechos.

Mencionó que la génesis de esta situación  se generó el pasado 29 abril. Para es día la secretaria de la Personería, Paola Andrea Barrera González, fue enviada a la Oficina de Talento Humano de la Alcaldía, para preguntar por el pago de la nómina.

Según el oficio la respuesta dada a Barrera González, es que presuntamente el alcalde Ferney Chaparro Perdomo, dio la orden directa de no realizar el pago y que en caso de alguna inconformidad, era mejor de trataran ese tema con el mandatario directamente.

Continúa el relato plasmado en el oficio, que al día siguiente Yeimy Alejandra Ramírez, acudió personalmente a la alcaldía para indagar por lo sucedido.

Ese 30 de abril la personera se encontró con el burgomaestre, a quien le consultó por lo ocurrido con la funcionaria de Talento Humano. Según el escrito “AFIRMA haber dado la orden directa de no realizar la nómina de la Personería Municipal de Maní”.

Cuándo se le preguntó por las razones de esta decisión, el escrtio señala que “…sin saber que responder el alcalde oscila decir que él tiene sus propios términos legales para hacerlo cuando él lo dicte…”.

Para la personera este caso es un claro ejemplo de vulneración del derecho al mínimo vital, consagrado en el artículo 334 de la Constitución Política.

Dentro del texto de la Acción de Tutela se añaden también los derechos a la dignidad humana, seguridad social, obligación legal de parafiscales y al debido proceso.

Adicionalmente la personera en misiva expresó que ese mismo 30 de abril a las 4:57 de la tarde, vía correo electrónico la Administración municipal dio respuesta a su solicitud, pero con afirmaciones que sorprendieron al Ministerio Público.

“…afirman que, la personería ha tomado actitudes hostiles como solicitar información de manera inmediata, por otra parte, solicita que alleguemos una cuenta institucional y que realicemos la nómina, ya que a la fecha mi despacho no ha radicado la nómina en la Secretaria de Hacienda”.

Ramírez Rojas negó estos calificativos. “…no comprendemos sus afirmaciones de comportamientos hostiles cuando la Personería Municipal ha actuado en derecho, pero en respuesta a ello hemos recibido ataques personales por parte del Alcalde…”

Y agregó que “… los presuntos actos hostiles que expresa la Alcaldía, al requerir información de manera inmediata, se refiere al manual de funciones de sus secretarías, y certificado de los pagos salariales de los concejales municipales…”

Solicitud que para la Personería tiene justificación. “…información que fue solicitada al recibir queja por parte de algunos concejales del municipio el 11 de marzo de 2024, quienes manifestaban que sus honorarios no habían sido pagados de manera oportuna, óptima y dentro del término legal”.

Luego de conocer la situación, el juzgado resolvió “AVOCAR CONOCIMIENTO y como consecuencia ADMITIR la acción de tutela…”.

Igualmente ordena “NOTIFICAR y COMUNICAR a la parte accionada, sobre la iniciación de la presente acción de tutela, correr traslado del archivo de tutela y sus anexos, para que dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia,…” 

Ahora solo resta esperar qué decisión toma en este caso la autoridad judicial.

 
 

El defensor del pueblo delegado para los temas de salud, Leonardo Huerta, hizo presencia este miércoles 08 de mayo en el recinto del Concejo de Yopal.

 

Según explicó el funcionario, su visita tuvo como objetivo ayudar a generar conciencia dentro de la Corporación sobre el derecho fundamental a la salud.

 

La idea es que durante la discusión del plan de desarrollo, se incluya en el documento acciones para la promoción y protección de este derecho fundamental.

 

“Es el bien más preciado, pero paradigmáticamente se ha convertido en el derecho más vulnerado de todos. Es la segunda razón por la que se presentan tutelas en Colombia”, precisó Huerta.

 

Agregó que entre enero y febrero de este año, se interpusieron 20.300 acciones de tutela mensualmente. Lo anterior significa que el promedio diario es de mil tutelas por cada día hábil.

 

Para tratar de remediar la situación Leonardo Huerta dijo que se reunió con todas las EPS habilitadas en el departamento, así como toda la red prestadora de servicios, para encontrar salidas que permitan garantizar el derecho a la salud.

 

“Hay que fortalecer la red prestadora de servicios en el departamento de Casanare. No puede ser que para un examen médico o para una quimioterapia se tengan que trasladar los pacientes hasta Bogotá”, sostuvo el defensor del pueblo delegado para la salud.

 

Esta situación que hace parte de la cotidianidad demanda un elevado costo por paciente. Por eso para Huerta la solución es contar con esos servicios en el departamento y no tener que remitir a los pacientes a otras ciudades.

 

 

 

 

 

 

La EAAAY se pronunció frente a la aplicación de la norma del desincentivo por el consumo excesivo de agua. Dicha medida en días pasados fue objeto de análisis y declaraciones del personero delegado para los Derechos Humanos, Domingo Conde.

El funcionario del Ministerio Público explicó que el desincentivo no aplica para el municipio de Yopal, teniendo en cuenta varios aspectos que contempla la normativa y que no se cumplieron.

Una de estas omisiones se centra en el hecho que para hacer efectiva la medida, era necesario que el caudal de las fuentes abastecedoras presentara una disminución, debido a condiciones climáticas.

Dichas estadísticas debían tener como soporte el estudio de alguna entidad oficial, que certificara situación adversa. Según Conde Rueda, para el caso de Yopal la institución encargada es Corporinoquia. Autoridad ambiental que no hizo ningún análisis sobre el tema.

En consecuencia para el personero delegado de Derechos Humanos, no había justificación alguna para realizar el referido cobro. No obstante la EAAAY tiene otra versión de los hechos.

Para la empresa el cobro del desincentivo al consumo excesivo de agua potable, contemplado en la resolución CRA 877 de 2019, se sustenta en la declaratoria de riesgo por desabastecimiento a nivel nacional, dado a conocer por el Ideam el 25 de enero de 2024.

Ante esta situación la EAAAY precisó en boletín de prensa que la medida es de obligatorio cumplimiento, para todos los prestadores del país. La norma tiene algunas excepciones.

Estas salvedades se deben basar en  análisis técnicos donde se compruebe que las fuentes abastecedoras del agua, no presentan riesgo de disminución de sus caudales. La empresa mencionó para el caso de Yopal el estudio se debe realizar al Río Cravo Sur y la entidad encargada es la autoridad ambiental.

En lo que sí están de acuerdo la Personería y la EAAAY es que Corporinoquia no ha hecho nada al respecto. “Se ha solicitado en tres oportunidades sin que se haya obtenido respuesta alguna”, dice el comunicado de prensa.

Agregó la empresa que la medida del desincentivo aplica sólo a los usuarios residenciales, que superen los 32 metros cúbicos de consumo facturado. Agregó que la medida busca promover la adopción de acciones de prevención y consumo responsable del agua al interior de los hogares.

Basado en todo la anterior, para la entidad “la interpretación que ha realizado la Personería Municipal de Yopal, adolece de una correcta y objetiva lectura de la realidad normativa”. Situación que en su concepto ha generado desinformación y confusión entre los usuarios.

Finalmente recordó que la EAAAY “está presta y dispuesta a atender los requerimientos que los usuarios y suscriptores puedan tener sobre el particular, y su actuación será en el marco de la ley y regulación de los servicios públicos”.

 

La Secretaría de Educación de Yopal prendió las alarmas ante la presencia de instituciones que ofrecen educación básica y media (grados 1 a 11) en modalidad virtual, sin contar con la debida reglamentación ni reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Esta situación irregular ha sido detectada gracias a las quejas de rectores de instituciones educativas oficiales, quienes han reportado casos de padres de familia que no matricularon a sus hijos en el sistema presencial de educación. En su lugar optaron por llevarlos en estos programas virtuales, desconociendo que no existe normativa alguna que los valide legalmente.

Riesgos y consecuencias

Son varias las situaciones adversas a las que se exponen los alumnos de esta modalidad. Uno de estos riesgos es la ausencia de registro oficial.

Según la Secretaría, los estudiantes que cursan estudios virtuales no aparecen reportados en el SIMAT (Sistema Integrado de Matrículas), lo que podría generarles inconvenientes futuros a la hora de continuar sus estudios o validar su formación académica.

Las autoridades han advertido, que los padres de familia que matriculen a sus hijos en estas instituciones virtuales no reconocidas por el Ministerio de Educación, podrían enfrentar acciones legales por la vulneración del derecho a la educación.

Quienes deseen consultar el listado de instituciones educativas oficiales y legalmente reconocidas en el municipio de Yopal, lo pueden hacer a través del enlace: https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/Buscandocolegio

 

 

En la sesión de este miércoles 08 de mayo el Concejo Municipal de Yopal propuso a la Alcaldía, desarrollar una mesa de trabajo con el fin de ampliar y profundizar la discusión del plan de desarrollo.

Según el presidente de la corporación, Michael Castro Niño, la idea es "escuchar las opiniones de las diversas comunidades, ya que son fundamentales para construir un plan que refleje las necesidades y prioridades de todos los sectores de la ciudad".

La Alcaldía respondió afirmativamente a la convocatoria, con la participación del gabinete en pleno. Esta iniciativa del Concejo Municipal busca asegurar que el futuro plan de desarrollo de Yopal,  cuente con el respaldo y la contribución de los diferentes actores de la sociedad.

 
 

En una acción conjunta entre la Policía Nacional y el Batallón de Atila 311, las autoridades lograron recuperar una motocicleta que había sido reportada como robada. 

El hallazgo tuvo lugar durante labores de patrullaje y control adelantadas en esta localidad.

Los uniformados avistaron el vehículo estacionado a un lado de la vía, lo cual despertó sus sospechas.

Al consultar los antecedentes a través del dispositivo PDA, descubrieron que la motocicleta contaba con una orden de captura vigente, emitida por la Fiscalía 02 Local Unidad de Intervención Temprana de Soacha por el delito de hurto mediante la modalidad de "halado".

Valorada en 3.500.000 pesos colombianos, la motocicleta fue puesta a disposición de las autoridades competentes para su posterior devolución a su legítimo propietario. 

 

 

Un operativo policial en Aguazul permitió el desmantelamiento de una red trafico de estupefacientes 

Las autoridades policiales informaron que en medio de un operativo lograron desmantelar una red de tráfico, fabricación y venta ilegal de estupefacientes, que operaba en el barrio Provipaz de Aguazul.

El trabajo conjunto entre la SIJIN, la SIPOL y la Fiscalía 33 Seccional EDA culminó con el registro y allanamiento de una vivienda clave para esta organización delictiva.

Durante el desarrollo del operativo, los oficiales incautaron una amplia variedad de elementos relacionados con estas actividades ilegales. 

Entre los objetos decomisados, se encontró un arma traumática calibre 9 mm, un proveedor y seis cartuchos para la misma, valorados en 1.200.000 pesos colombianos.

Además, fueron incautados dos televisores y una electrobomba, bienes que suman un valor aproximado de 3.100.000 pesos, presumiblemente adquiridos con las ganancias ilícitas de este negocio ilegal.

 

Miércoles, 08 Mayo 2024 08:47

Cayó otro de los más buscados en Casanare

En un operativo adelantado por las autoridades en el departamento del Tolima, fue capturado Juan Sebastián Gil Santos, quien figuraba en la lista de los más buscados en Casanare por el delito de violencia intrafamiliar agravada, contra su pareja sentimental.

Así lo confirmó el coronel Jaime Rey, comandante encargado del Departamento de Policía Casanare, "Gil Santos fue interceptado durante una verificación rutinaria de antecedentes en la ciudad de Ibagué, donde se confirmó una orden de captura en su contra, lo que permitió su detención inmediata".

La captura se logró gracias a la acción coordinada de la Policía Metropolitana de Ibagué y la seccional de investigación criminal.

Según el coronel Rey, a la fecha se han logrado capturar a siete de los integrantes del cartel de los más buscados en Casanare, por distintos delitos.

 

En Yopal no estaban dadas las condiciones para aplicar la resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que autoriza a las empresas de servicios públicos implementar un desincentivo al consumo excesivo de agua potable.

Según el personero delegado para Derechos Humanos, Domingo Conde, esta medida fue establecida por la CRA mediante Resolución 887 de 2019, no aplica para el municipio de Yopal.

El funcionario argumento que la medida se hace efectiva en aquellas poblaciones donde pro efectos climáticos, el nivel de precipitaciones influyó en los caudales de las fuentes que abastecedoras, de los acueductos municipales.

Situación que en ningún momento se presentó en la capital departamental, porque la fuentes de donde se toma el preciado líquido como son el Río Cravo Sur, La Tablona y los pozos profundos que están en funcionamiento,  no presentaron disminución de sus niveles de agua.

Adicionalmente precisó que para adoptar dicha medida deben existir ciertas condiciones, que para el caso de Yopal tampoco se cumplieron. La primera es la existencia de un estudio regional, que determinara que la disminución en las lluvias afectó los caudales de las fuentes abastecedoras.

Dicho análisis era competencia de Corporinoquia, que es la entidad encargada de adelantar esta investigación y la autoridad ambiental tampoco realizó esta tarea.

En ese orden de ideas el mencionado desincentivo que hizo la EAAAY, no es legal porque se incumplieron varios puntos de la normatividad.

 Sin embargo el cobro se ve reflejado en las facturas de los usuarios, que superaron el tope de consumo establecido para el sector residencial, que es de 32 metros cúbicos al mes.

Domingo Conde explicó con un ejemplo, la dinámica que se utiliza para hacer efectiva esta reglamentación.

Dijo que el si un usuario consume 40 metros cúbicos en el mes, es decir 8 metros cúbicos por encima del máximo estipulado, se le cobran los 40 metros más la sanción del desincentivo, que se aplicaría a esos 8 metros cúbicos adicionales que gastó.

Agregó el personero delegado para los Derechos Humanos, que en las cuentas del Ministerio Público hay 1.410 usuarios a quienes la EAAAY les aplicó la medida.

Adicionalmente indicó que hubo un cambio en el modelo de facturación y que en algunos casos el recibo abarcó hasta 35 días, cuando la ley prevé 30.

Dicha modificación ocasionó que con esos 5 días adicionales, varios usuarios superaran el tope de los 32 metros cúbicos de consumo, lo que les generó el cobro adicional del desincentivo.

Aseguró que desde la Personería se solicitó a la empresa que hiciera una revisión de la facturación, sin embargo recalcó que la EAAAY no lo va a hacer porque no es de su competencia.

En consecuencia el ciudadano que se sienta afectado por la medida, debe hacer la queja directamente a la empresa y si lo desea, puede enviar una copia a la Personería, para que el Ministerio Público haga seguimiento a la reclamación.

 

 

 

El Ejército Nacional anunció la captura de un hombre de 51 años, presunto responsable del homicidio de otro individuo y de las lesiones causadas a su propio hijo, durante una riña en la vereda La Colombina del municipio de Paz de Ariporo.

Los hechos se desencadenaron en un establecimiento público de la zona rural, donde tres hombres se vieron envueltos en un altercado que derivó en el uso de armas blancas y de fuego.

Según las denuncias de la comunidad, el hombre en medio de la pelea le propinó cuatro disparos otro sujeto, quien previamente lo había herido con arma blanca. En el hecho también resultó herido el hijo del hoy detenido, quien recibió un tiro en uno de sus hombros.

Gracias a la información brindada por los pobladores, la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional logró ubicar al presunto homicida en el corregimiento Montañas del Totumo.

En el operativo, los soldados también prestaron asistencia médica a los heridos, padre e hijo, quienes fueron trasladados en ambulancia al centro de salud más cercano debido a la gravedad de sus lesiones.

El hombre de 51 años fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para el debido proceso de judicialización y legalización de la captura.