La Presidencia de la República de Colombia informó que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la pobreza monetaria en el país presentó una disminución significativa al cierre de 2024.

Los resultados fueron revelados en el estudio “Pobreza Monetaria Departamental y Clases Sociales 2024”. De acuerdo con el informe, el 31,8 % de la población colombiana se encontraba en condición de pobreza monetaria, lo que representó una reducción de 2,8 puntos porcentuales frente al año 2023, cuando la cifra se ubicaba en 34,6 %.

En las cabeceras municipales, la pobreza fue del 28,6 %, con una disminución de 3,2 puntos; mientras que en los centros poblados y zonas rurales dispersas se registró una reducción de 1,5 puntos, pasando de 44 % a 42,5 %.

El estudio también detalló la distribución por clases sociales: 30,5 % de la población se encontraba en situación de vulnerabilidad, 34,4 % pertenecía a la clase media y 3,3 % a la clase alta. En zonas urbanas, el 41,4 % de los habitantes se ubicaron en la clase media, mientras que en áreas rurales esta proporción fue de apenas 10,9 %.

Según el Dane, se definió la línea de pobreza monetaria en un ingreso mensual per cápita de $460.198, equivalente a $1'840.792 para un hogar de cuatro personas. 

Finalmente, la incidencia de pobreza extrema se ubicó en 11,7 %, lo que representó una disminución de 0,9 puntos porcentuales frente al año anterior.

La Presidencia destacó estos resultados como parte de los avances en la lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones socioeconómicas en el país.

Un hecho alarmante sacudió a la comunidad médica en México luego de que una mujer intentara agredir con una navaja a su médico durante una consulta rutinaria.

El incidente ocurrió en la Clínica Número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Ávalos, ciudad de Chihuahua.

La paciente, identificada como Claudia T. G., reaccionó de forma violenta tras recibir una recomendación médica relacionada con su peso. El galeno le sugirió bajara unos kilos por motivos de salud, lo que provocó que la mujer sacara un arma blanca de su ropa e intentara apuñalarlo.

El médico logró protegerse utilizando una silla, mientras el personal de la unidad médica intervino rápidamente para evitar una tragedia.

El caso fue considerado como un presunto intento de homicidio. Tras la denuncia penal, la Fiscalía de Chihuahua emitió una orden de aprehensión y la agresora fue detenida días después.

Actualmente enfrenta una imputación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y permanece bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Este incidente ha generado preocupación entre profesionales de la salud, reabriendo el debate sobre la seguridad en los centros médicos y el manejo de situaciones sensibles durante las consultas.

Las autoridades continúan investigando el estado psicológico de la imputada y otros elementos del expediente que aún no han sido revelados públicamente.

En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad general por diez años para ejercer cargos públicos al exministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva Durán.

La sanción fue impuesta por haber declarado desierta, sin fundamentos legales, la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes.

Según la decisión del Ministerio Público, Leyva Durán tomó una determinación que no tuvo como objetivo garantizar la selección objetiva en el proceso de contratación estatal.

La Procuraduría señaló que el exministro se basó en el hecho de que solo se había presentado un único oferente, lo que, según el ente de control, no era motivo suficiente para invalidar el proceso, ya que el proponente cumplía con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

La entidad disciplinaria determinó que el excanciller desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal. Por esta razón, su falta fue calificada de manera definitiva como gravísima a título de dolo.

La Procuraduría recaló  que por tratarse de un fallo en segunda instancia, no admite ningún tipo de recurso legal.

Mediante el Decreto No. 120 de 2025, la Alcaldía de Yopal estableció jornadas especiales de atención al público durante los sábados 6 y 27 de septiembre, 18 de octubre y 22 de noviembre.

La medida fue adoptada con el propósito de facilitar a los ciudadanos la realización de trámites y gestiones ante la Administración Municipal, especialmente para quienes no pueden acudir entre semana.

Durante estas fechas, la atención se prestó en jornada continua de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., permitiendo un acceso más oportuno y eficiente a los servicios institucionales.

Según información oficial, la iniciativa busca acercar la administración a la comunidad, fortalecer los canales de atención y promover una cultura de cumplimiento en los tiempos establecidos para cada trámite.

La Alcaldía extendió una invitación a la ciudadanía para que hiciera uso de estos espacios, destacando que la organización y eficiencia en la prestación de servicios depende también del compromiso de los yopaleños con sus gestiones.

Un robo perpetrado esta madrugada del 3 de septiembre en el conjunto residencial donde reside el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, tiene sorprendida a la comunidad yopaleña.

Según las primeras informaciones que se tiene sobre el hecho, el hurto de presentó sobre las 3:30 de la mañana, cuando hombres vestidos de policía llegaron al conjunto residencial Valles de Guarataro.

Los maleantes arribaron con la excusa que iban a adelantar un allanamiento. Una vez dentro los falsos policías procedieron a reducir al personal de seguridad, los amarraron y acto seguido procedieron a ingresar a una vivienda de dónde, al parecer, hurtaron 100 millones de pesos en efectivo.

El acto delictivo fue confirmado a Casanare Noticias por el secretario de gobierno de Yopal, Jorge Andrés Rodríguez, quien aseguró que las autoridades se encuentran investigando este caso, para establecer con precisión lo ocurrido y dar con los responsables del hecho.

El servicio de gas natural en el municipio de Trinidad y el norte de Casanare, incluyendo Bocas del Pauto y San Luis de Palenque, quedará reestablecido en las próximas horas, poniendo fin a una prolongada interrupción que afectaba a la comunidad desde el 21 de agosto.

El anuncio oficial fue realizado por la alcaldesa de Trinidad, Dámaris Abril, y el director de gas de Enerca, Nicasio Peña, quienes ofrecieron un parte de tranquilidad a los residentes de este sector de Casanare.

La suspensión del servicio se debió a una falla técnica debido a que el río "Tocaría" rompió una tubería o línea de flujo de gas propiedad de la empresa Perenco.

Aunque Enerca tenía un "plan B", este no pudo aplicarse inicialmente debido a aspectos técnicos y de seguridad, así como a la incertidumbre sobre la duración de la falla, que se estimaba en dos, tres o cuatro días. Por su parte la alcaldesa Abril enfatizó que la comunidad no estaba preparada para esta emergencia,

Desde el inicio del imprevisto, las autoridades, incluida la mandataria local, mantuvieron una comunicación constante con las directivas de Enerca, Peña Cábulo reconoció el intenso trabajo y "lobby" llevado a cabo por las autoridades locales para responder a la comunidad.

Se espera que para las primeras horas de hoy miércoles 3 de septiembre el servicio quede reestablecido. Nicasio Peña, en su calidad de director técnico, ofreció disculpas a la comunidad por los inconvenientes causados, subrayando el gran esfuerzo que el tema requería.

Finalmente, Peña mencionó que, mirando hacia el futuro, se tiene proyectado conectar una línea de gas entre la vereda Miralindo en el municipio de Pore y el ‘city gate’ que hay en la salida del pozo petrolero. De esta manera, el funcionario manifestó que asíra a contar con dos opciones para garantizar el servicio al norte del departamento. Una por el sector de Pore y la otra a través de la red de Perenco.

La Gobernación de Casanare, a través de su grupo operativo anticontrabando (GOA), intensificó durante los últimos días los operativos de control e información en establecimientos comerciales del departamento, especialmente aquellos dedicados a la venta de licores, cervezas y cigarrillos.

Las jornadas se desarrollaron con un enfoque pedagógico y de inspección, buscando fortalecer el comercio legal y responsable en la región.

Durante los operativos, se capacitó a los comerciantes sobre las características que permiten identificar productos legales y diferenciarlos de los ilegales, haciendo énfasis en la importancia de la estampilla oficial de Casanare.

Esta estampilla, obligatoria en todos los productos gravados con el impuesto al consumo, garantiza que los artículos cumplen con las normas fiscales y legales vigentes.

La Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso con la salud pública, el bienestar ciudadano y el fortalecimiento de las rentas departamentales, pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de Casanare.

Según la información oficial, estas acciones buscan no solo combatir el contrabando, sino también generar conciencia entre los comerciantes sobre su rol en la protección de la economía formal y la seguridad del consumidor.

Este 2 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Rubén Darío Pinzón, un joven de 24 años que había sufrido un grave accidente de tránsito en la vía que conecta a Yopal con Aguazul, específicamente en el corregimiento de El Charte.

Pinzón, quien había permanecido diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), no pudo superar las múltiples y graves lesiones que le produjo el siniestro.

Desde su ingreso el 24 de agosto, el estado de salud de Pinzón fue descrito como "crítico" por el centro hospitalario. El joven sogamoseño presentaba un diagnóstico de politraumatismo severo, fracturas múltiples, trauma de tórax y abdomen, y un choque hipovolémico que requirió múltiples transfusiones y cirugías de urgencia.

A lo largo de su hospitalización, su pronóstico se mantuvo reservado debido a la gravedad de su cuadro clínico.

Mientras tanto, sus familiares denunciaban públicamente la demora de la Nueva EPS en autorizar su traslado a un centro de salud de mayor complejidad. Como medida de protesta, la hermana del joven se encadenó frente a las oficinas de la entidad de salud para exigir la autorización.

Finalmente, el traslado a un hospital en la ciudad de Tunja fue aprobado y se inició en la madrugada del 2 de septiembre. Sin embargo, en el trayecto, el estado de salud del paciente se deterioró súbitamente, lo que forzó a su equipo médico a retornar de inmediato al HORO para realizarle labores de reanimación.

A pesar de los esfuerzos, el joven no pudo ser salvado y falleció ese mismo día a la 1:11 de la tarde.

El Hospital Regional de la Orinoquía lamentó el deceso y aseguró en un comunicado que su personal desplegó "todas las acciones médicas y humanas posibles" para atender el caso de Pinzón, quien había ingresado con un cuadro clínico de extrema gravedad.

En el mismo accidente, que según una de las fuentes se habría producido por fallas mecánicas de la motocicleta, también había fallecido la prima de Pinzón, de 19 años.

Desde la Secretaría de la Movilidad se anunció que durante el mes de agosto, la ciudad de Yopal registró un balance positivo en materia de movilidad, como resultado de la implementación del Decreto 116 del 13 de agosto de 2025.

Esta normativa, expedida por dicha dependencia del Gobierno municpal, restringió la circulación de motocicletas en horarios nocturnos durante los fines de semana y días festivos, específicamente entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.

La medida tuvo como principal objetivo reducir la alta tasa de siniestros viales que históricamente se presentan en la capital casanareña durante esas franjas horarias.

Según el informe oficial, la aplicación del decreto permitió una disminución significativa en el número de accidentes y tragedias en las vías, además de fomentar el uso de medios de transporte más seguros por parte de los ciudadanos en horas de la madrugada.

Como parte de los operativos de control, las autoridades inmovilizaron 127 motocicletas por transitar en horarios y sectores restringidos.

Así mismo, se reportó la inmovilización de cinco vehículos particulares cuyos conductores fueron sorprendidos en estado de embriaguez. A estas acciones se sumaron 176 órdenes de comparendo por no portar la documentación reglamentaria exigida.

Las autoridades de tránsito destacaron que, más allá de las sanciones impuestas, lo fundamental es generar conciencia colectiva sobre el valor de la vida en las vías.

En ese sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener comportamientos responsables, incluso en ausencia de restricciones, con el fin de seguir disminuyendo los índices de siniestralidad en Yopal.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a 104 hombres como víctimas de violencia sexual perpetrada en el contexto del conflicto armado colombiano.

Este reconocimiento, que incluyó a 35 menores de edad al momento de los hechos, abarcando crímenes ocurridos entre 1998 y 2009 en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba.

Los hechos de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado fueron cometidos por grupos paramilitares, con la posible tolerancia o aquiescencia de miembros de la Infantería de Marina y de la Policía Nacional.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableció que la violencia sexual contra hombres y niños, identificados en su mayoría como heterosexuales, fue utilizada deliberadamente como un mecanismo de castigo, humillación y control, enmarcado en dinámicas de poder de género.

Esta actitud violenta también fue empleada estratégicamente por los actores armados para imponer control social, económico y territorial, atacando la masculinidad de las víctimas mediante prácticas orientadas a humillar, someter y despojarlas de atributos socialmente asociados a la virilidad, reforzando un modelo de masculinidad hegemónica.

De los 104 hombres acreditados, 35 eran niños cuando sucedieron los hechos; de ellos, 19 tenían entre cinco y 14 años, y 16 eran adolescentes de 13 a 18 años.

Los relatos incluidos en la solicitud de acreditación mostraron que los grupos paramilitares operaban de manera coordinada, ejecutando órdenes de ganaderos y realizando acciones estratégicas para controlar territorios y vías fluviales. Un punto crítico de estos crímenes se concentró en el año 2000, periodo en el que se cometieron 50 de los hechos documentados.

La magistratura de la JEP calificó la victimización sexual de hombres y niños —incluidos quienes se identifican como heterosexuales y cisgénero— como “una de las formas más silenciadas y poco reconocidas de violencia basada en género.