La Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo emitió recientemente un comunicado a la opinión pública, para advertir a la ciudadanía sobre una serie de estafas que involucraban a personas que se hacen pasar por funcionarios públicos.

Según el aviso, estos individuos solicitaban dinero a nombre de la Administración municipal, especialmente en relación con proyectos de vivienda, asignación de lotes, servicios y programas sociales.

El Gobierno local aclaró que ninguna persona está autorizada para pedir dinero en nombre de la Alcaldía ni de sus secretarías. Además, enfatizó que cualquier solicitud de dinero para agilizar trámites de vivienda constituye una estafa.

Instó a los ciudadanos a no confiar en llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp u otros medios de comunicación provenientes de desconocidos que afirmen representar a la Alcaldía.

Finalmente, se invitó a la comunidad a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para evitar que más personas sean víctimas de fraude.

El Tribunal Administrativo de Casanare ha admitido una demanda de Acción Popular interpuesta por Jorge Leonardo Infante Tovar y Oromairo Avella Ballesteros contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Concesionario Vial del Oriente S.A.S. (Covioriente).

La demanda acusa a ambas entidades de ser responsables de la vulneración de derechos colectivos debido a presuntas deficiencias estructurales y de diseño en la doble calzada Yopal -Aguazul, en el sector de la entrada a la capital casanareña.

La magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz encontró que el tribunal tiene competencia para conocer del caso, ya que la ANI es una entidad de orden nacional y los hechos en cuestión ocurrieron en el distrito judicial de Yopal.

La decisión del tribunal confirmó que los demandantes, en su calidad de personas naturales, están legitimados para iniciar la acción, mientras que la ANI y Covioriente, como entidades públicas y privadas, son consideradas legalmente aptas para ser demandadas.

En su resolución, el tribunal ordenó la notificación personal de la providencia a los representantes legales de la ANI y Covioriente.

Además, se dispuso que la parte demandante debe comunicar la admisión de la demanda a la comunidad afectada a través de un medio masivo de comunicación⁶. Se notificará también al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo.

Finalmente, la magistrada concedió a las entidades demandadas un plazo de diez días para responder a la demanda y solicitar la práctica de pruebas^.

También se les solicitó que informen si tienen conocimiento de la existencia de otras acciones populares con identidad de objeto, fundamentos y partes.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) informó que llevó a cabo jornadas informativas en seis municipios de Casanare. Las actividades se desarrollaron en Tauramena, Villanueva, Monterrey, Paz de Ariporo, Trinidad y Hato Corozal, con el objetivo de presentar su oferta institucional a productores, gremios, asociaciones y autoridades locales.

Durante los encuentros, se abordaron temas relacionados con la sanidad agropecuaria, la inocuidad de los alimentos y la sostenibilidad del sector rural.

El gerente seccional del ICA en Casanare, Edgar Augusto Lozano Pachón, indicó que estas actividades permiten que las comunidades rurales conozcan los servicios y procesos misionales de la entidad.

“Nuestra misión va más allá de la prevención, vigilancia y control; es estar al lado de quienes producen con compromiso por la tierra”, señaló.

Las reuniones se realizaron en sedes locales del ICA y en espacios como el Sena, la biblioteca CREM, Subagan y la casa de la cultura de Trinidad. En cada lugar se compartió información sobre sanidad vegetal, sanidad pecuaria y buenas prácticas agrícolas.

Según el ICA, este trabajo busca fortalecer la articulación con el campo casanareño, promover prácticas productivas sostenibles y contribuir a la prevención de riesgos sanitarios y fitosanitarios. También se enmarcan en los esfuerzos por apoyar la implementación de la reforma agraria en la región.

La Secretaría de Salud realizó una jornada de revisión documental dirigida a personas con discapacidad, como parte de una estrategia institucional para agilizar el trámite del certificado correspondiente.

La actividad se llevó a cabo en la sede de la dependencia y contó con la participación de 57 ciudadanos, de los cuales 21 cumplieron con los requisitos establecidos para iniciar el proceso de solicitud.

El certificado de discapacidad, regulado por la Resolución 1197 de 2024 del Gobierno Nacional, permite caracterizar a esta población y facilitar el acceso a programas, servicios y beneficios estatales.

Durante la jornada, la profesional Dolly Mogollón explicó que los requisitos incluyen historia clínica relacionada con la discapacidad, concepto de especialista y soporte médico que evidencie la condición.

La funcionaria también detalló el procedimiento para enviar la documentación: escanear los soportes junto con el documento de identidad en un solo archivo PDF y remitirlo al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

En el cuerpo del mensaje deben incluirse datos personales, información de contacto, dirección de residencia y, en caso de tener acompañante, los datos completos de esta persona.

La Secretaría recordó que este trámite es permanente y que el certificado es necesario para acceder a derechos como exención de copagos en salud, inclusión en programas sociales, beneficios tributarios, atención preferencial y ayudas técnicas.

Varios detalles hacen parte de lista de interrogantes que las autoridades intentan resolver y que están relacionados con el hurto de 100 millones de pesos perpetrado el miércoles 3 de septiembre en una vivienda del conjunto residencial Valle de Guarataros, en Yopal.

Según el comandante saliente del Departamento de Policía Casanare, coronel Giovanni Barrero Unigarro, los maleantes tardaron 45 minutos en la ejecución del hurto. El oficial mencionó que los ladrones llegaron a las 2:45 de la madrugada y abandonaron el lugar a las 3:30 a.m.

El oficial también aseguró que además de la suma de dinero en efectivo antes mencionada, los sujetos se llevaron algunas joyas, pero no especificó el valor de las mismas.

Un primer interrogante por resolver está relacionado con las cámaras de seguridad. El coronel Barrero manifestó que 15 de estos dispositivos electrónicos habían sido desconectados desde el martes 2 de septiembre a las 4 de la tarde y el DVR de este sistema de vigilancia, también hizo parte del botín de los delincuentes.

Sobre el uso prendas oficiales de la Policía por parte de los bribones, Barrero Unigrarro indicó que se encontró una chaqueta marcada los logos y el nombre de la Sijín de Boyacá, hecho que no valida su autenticidad porque, seguramente, puede tratarse de una imitación.

Otra pregunta que ronda en la mente de los investigadores está relacionada con las falencias en los protocolos de seguridad del conjunto cerrado, teniendo en cuenta que el sistema de vigilancia en este lugar es muy estricto.

El coronel expresó que los controles son tan severos que cuando el personal de la Policía acudió al sitio no los dejaron ingresar. Para el coronel esta actitud obedece a los protocolos de seguridad que se maneja en el conjunto.

Agregó que están investigando por qué a los uniformados les negaron inicialmente el acceso, pero sin permitieron con toda confianza la entrada de los ladrones.

Teniendo en cuenta la manera en que se perpetró el ilícito, la Policía apunta a que el robo fue ejecutado por una banda muy bien organizada con objetivo específico. Sabían a cuál vivienda debían ingresar para cometer el hurto. Sobre la víctima solo se acotó que es un ganadero muy reconocido de la región.

Finalmente, el coronel Barrero expresó que los sujetos se movilizaban en dos vehículos, una camioneta y un automóvil. En cuanto al número de personas que participaron en el robo, dijo que se tiene información que fueron 8 los implicados.

Dos motociclistas resultaron con heridas de consideración tras un accidente de tránsito ocurrido hoy 4 de septiembre, en la vía que de Yopal conduce a Aguazul.

El siniestro vial, que se presentó alrededor de las 4:50 p.m., involucró a dos motocicletas: una Yamaha XTZ 125 de placa WMY-50G, conducida por Pedro Molano, de 20 años; y una Pulsar 200 NS Pro, de placa QTG-50D, a cargo de Andrés Arbeláez, de 32 años.

Según el reporte oficial de la Policía de Carreteras, ambos vehículos se desplazaban en el mismo sentido, de Aguazul hacia Yopal. La motocicleta de Arbeláez impactó a la de Molano por el costado lateral izquierdo, provocando el volcamiento de los dos vehículos sobre la calzada y el separador central.

Las primeras hipótesis de las autoridades sugieren que el accidente pudo haberse producido debido a que uno de los vehículos, al parecer el conducido por Molano, realizó un giro brusco e invadió el carril por el que transitaba la otra motocicleta.

Producto del choque, ambos conductores sufrieron heridas graves. Según información oficial, Pedro Molano presentó un trauma craneoencefálico, mientras que Andrés Arbeláez fue diagnosticado con una herida en la región frontal y un trauma craneoencefálico moderado.

La Corte Constitucional ratificó la ley que prohibía las corridas de toros y extendió esta medida a otras actividades que consideró como maltrato animal.

La autoridad judicial determinó que los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos también serán eliminados progresivamente en el país. Esta medida se tomó al considerar que dichas prácticas van en contra de los derechos de los animales.

La sala plena de la Corte, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, dejó en firme la Ley 2385 de 2024, que ya había prohibido las corridas de toros.

Además, concluyó que actividades como las corralejas, el coleo y las peleas de gallos, comunes en ferias y fiestas de diversas regiones, también atentan contra el bienestar animal.

La decisión establece un plazo de tres años para la implementación total de estas prohibiciones, permitiendo una "reconversión laboral y cultural" para quienes dependen económicamente de estas actividades.

El Tribunal Administrativo de Casanare anuló la elección de Wilmer Alonso Vega como secretario general de la Asamblea Departamental, argumentando irregularidades en la sesión del 28 de noviembre del año, pasado donde fue escogido para ocupar el mencionado cargo.

La decisión judicial se centró en la participación de la diputada Marisela Duarte Rodríguez, quien votó sobre su propia recusación y en las de otros miembros de la corporación, a pesar de que esta práctica está restringida por jurisprudencia constitucional. Su intervención modificó el número de votantes habilitados y permitió que Vega fuera elegido con cinco votos a favor.

El fallo concluyó que el procedimiento vulneró principios básicos como la imparcialidad y la transparencia, por lo que se ordenó la nulidad del acto administrativo registrado en el Acta de Sesión No. 082.

Además, se remitieron copias del expediente a la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare para que se evalúe si hubo faltas disciplinarias por parte de los diputados involucrados. La sentencia no impuso condena pecuniaria, por tratarse tema de interés público.

Con motivo de la celebración del partido entre Colombia y Bolivia por las eliminatorias al mundial 2026, la Secretaría de Movilidad hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar el evento con entusiasmo, pero también con responsabilidad en las vías.

El subcomandante de tránsito, Diego García Peralta, instó a los actores viales a disfrutar la fiesta del fútbol de manera consciente, recordando que conducir bajo los efectos del alcohol o incumplir las normas de tránsito representa un riesgo para la vida propia y la de los demás.

“Invitamos a todos los actores viales a que vivamos la fiesta del fútbol de una manera responsable”, expresó García.

La Administración Municipal reiteró que las imprudencias al volante, como exceder los límites de velocidad o ignorar las señales de tránsito, pueden acarrear sanciones económicas, inmovilización del vehículo y consecuencias lamentables.

El mensaje fue claro: apoyar a la Selección con la camiseta puesta, pero también con responsabilidad en cada kilómetro recorrido.

Un escalofriante caso de feminicidio reveló la Fiscalía General de la Nación. El ente investigativo indicó que el caso ocurrió en la ciudad de Medellín.

Según el reporte oficial, el autor de este crimen, identificado como Rafael Ramiro Vanegas Muñoz, cumplió con la amenaza de quitarle la vida a su pareja sentimental, en hechos ocurridos el 18 de febrero de 2023.

El agresor una vez cometió el crimen, tomó el cuerpo de su víctima y lo lanzó a una quebrada que pasa cerca del barrio Robledo, en la capital antioqueña.

Igualmente, la Fiscalía mencionó no se trató de un hecho aislado, por el contrario, la mujer venía siendo sometida a un ciclo de violencia física y psicológica por parte de Vanegas Muñoz. La publicación oficial no señaló si existía alguna denuncia previa por violencia intrafamiliar.

Como consecuencia de este acto violento, el ente investigador manifestó que un juez penal de conocimiento condenó a Rafael Ramiro Vanegas a 55 años de prisión, por los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada.