La junta de acción comunal de la vereda La Niata manifestó su oposición ante la reciente solicitud de modificación de la licencia ambiental del relleno sanitario

El Cascajar, la cual busca extender su vida útil por cuatro años adicionales. La organización comunitaria señaló que esta medida, impulsada por la Secretaría de Infraestructura de Yopal y la EAAAY ante Corporinoquia el pasado 23 de enero, contraviene los compromisos establecidos en el marco de una Acción Popular y las disposiciones del Tribunal Administrativo de Casanare.

Los representantes de la vereda sostienen que la continuidad de las operaciones en el relleno vulnera el derecho a un ambiente sano y desconoce la normativa vigente que exige una distancia mínima de un kilómetro entre estos depósitos y los centros poblados.

Así mismo, denunciaron que tras diez años de litigio no se ha concretado una solución definitiva para la disposición de residuos sólidos, a pesar de existir alternativas con licencia ambiental aprobada, como la planta de manejo integral de residuos sólidos (PMIRS).

Ante esta situación, la comunidad hizo un llamado a las autoridades departamentales y municipales para que den cumplimiento a la sentencia judicial que ordena la clausura del sitio actual y la adquisición de un nuevo terreno.

El comunicado, suscrito por el presidente de la JAC, Fabián Verdugo, y el edil Gonzalo Salamanca, propone un acercamiento institucional que incluya al sector privado para gestionar una solución inmediata y evitar una posible emergencia sanitaria de impacto regional en el departamento de Casanare.

La agrupación musical "Los 8 de Copas de Támara, Casanare" hizo pública una denuncia sobre una modalidad de estafa de la cual fueron blanco el pasado miércoles 4 de febrero de 2026.

Los presuntos delincuentes, en un despliegue de creatividad criminal, intentaron engañar a los artistas bajo la fachada de una contratación para un evento inexistente en el municipio de Nunchía.

El contacto fue realizado por un sujeto que se identificó como Juan Gavidez vía llamada telefónica. Este "promotor" solicitó servicios musicales para el Colegio Camacho Roldán, acordando un precio y pidiendo documentos como el RUT y certificaciones bancarias para un supuesto anticipo.

Una nota "desafinada”

La trama de los delincuentes, que pretendía ser una obra maestra del engaño, empezó a desmoronarse cuando exigieron de manera inusual el pago de una ARL para todos los músicos a través de un contacto específico llamado Cristian, a quien debían contactar, igualmente, a través de un número telefónico.

La intención de estos "virtuosos de lo ajeno" era que la agrupación consignara el valor de dichos seguros antes de recibir cualquier pago por el contrato.

Sin embargo, los integrantes del grupo musical aplicaron la "malicia indígena" y verificaron la información con fuentes en Nunchía, confirmando que no existía tal evento en el colegio mencionado.

Ante la sospecha, el representante de la banda solo realizó un pago mínimo de prueba y, al intentar contactar a los supuestos contratistas el lunes 8 de febrero, estos ya habían desaparecido, dejando los celulares apagados.

La agrupación alertó a los artistas de la región para que no se dejen encantar por los cantos de sirena de estas ofertas fraudulentas y verifiquen siempre la veracidad de los contratistas para no caer en estas redes de estafadores.

Tras detectar la maniobra fraudulenta, la agrupación musical "Los 8 de Copas" procedió a instaurar la denuncia pública correspondiente para alertar a la comunidad y al gremio artístico.

Como soporte de su acusación, los afectados allegaron pruebas contundentes que incluyen pantallazos de las conversaciones de WhatsApp con los presuntos estafadores y otros registros de los mensajes de texto intercambiados durante el proceso de la falsa contratación.

Con este material probatorio, buscan que las autoridades competentes identifiquen a los responsables de esta modalidad de engaño y evitar que otros sectores caigan en el mismo "pentagrama" de la estafa.

No obstante, la preocupación que permanece en un sostenido prolongado son los datos personales del director de la agrupación, que los delincuentes solicitaron como requisito para realizar el contrato.

Son decenas de quejas que campesinos, usuarios de las Corporaciones Autónomas Regionales, han hecho llegar a la campaña, donde reclaman de esos organismos, transparencia en los procesos de la gestión y sostenibilidad ambiental, especialmente en el campo colombiano.

Según el candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Danilo Leal, en la próxima legislatura del nuevo congreso que se elegirá el 8 de marzo, se debe revisar, el contenido de la ley 99 de 1993, donde se crean las Corporaciones Autónomas Regionales, se establecen sus funciones como administradoras de los recursos ambientales territoriales y se fijan los parámetros de la gestión ambiental territorial.

Se debe revisar aspectos directivos y administrativos como la elección de los directores, donde no se aplican principios meritocráticos y, sobre lo cual,  piden la intervención por haberse convertido en un sistema presuntamente corrupto, donde los votos de los consejeros, liderados por gobernadores y alcaldes y otros organismos oficiales y sociales, tienen un alto valor monetario, que luego, para que los inversores recuperen sus platas, se tienen que acudir a prácticas corruptas, como la apropiación de manera fraudulenta de los dineros destinados a la protección de los ecosistemas, del agua, la fauna, los bosques y la investigación científica.

Según el candidato a la Cámara por el Pacto Histórico, Leal Galindo, las CAR, al parecer se han convertido en un gran obstáculo para la buena gestión ambiental y el desarrollo sostenible del territorio de la jurisdicción, porque el trámite de una licencia o permiso para una actividad agrícola, pesquera, o ganadera que requiera pasar por dependencias y manos de funcionarios, se dice que someten a los campesinos y pequeños empresarios a un trámite oneroso y a veces ilegal.

Una de las propuestas que se piensa presentar, es hacer que la Ley que crea el Sistema Nacional Ambiental, delegue ciertas  funciones en las administraciones departamentales y locales y que el Ministerio de Ambiente se constituya en verdadero vigilante administrativo de las CAR y de las funciones delegadas en lo departamental y local, además de crear juzgados especializados en el juzgamiento de los delitos medioambientales y hacer que la fuerza pública, las organizaciones de socorro y las ONG ambientales, tengan competencia en coadyubar en la protección, conservación y manejo de los recursos naturales territoriales, es decir, quitarle el componente político en la administración de estas entidades y los sistemas de financiamiento de la corrupción en las que, al parecer, se han convertido las CAR en Colombia.

Andrés Ávila, director del Hospital Regional de la Orinoquía, reportó que la institución ha registró una sobreocupación del 200 por ciento durante el último fin de semana.

El funcionario atribuyó esta situación a factores como el regreso a clases y el alto índice de accidentes de tránsito en el departamento. Según el director, el hospital atiende no solo a habitantes de Casanare, sino también a pacientes de Vichada, Arauca, Boyacá y población migrante.

En cuanto a la situación financiera, el centro asistencial presenta una cartera global de 250.000 millones de pesos, de los cuales la EPS Capresoca adeuda más de 135.000 millones.

Esta coyuntura ha generado retrasos en el pago de la nómina de los trabajadores. Actualmente, el hospital registra una demora de aproximadamente cuatro meses en la cancelación de los honorarios de los médicos especialistas.

Ávila indicó que, tras el inicio del proceso de cierre financiero, se comenzó con el pago al personal médico y de enfermería, mientras que el pago a los especialistas se encuentra pendiente de trámites administrativos ante la junta directiva

El abogado Miguel Alfonso Pérez Figueredo informó sobre la inscripción de una veeduría ciudadana para realizar el seguimiento de los procesos electorales del año 2026 en el departamento de Casanare.

Esta organización se rige por las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral, que establecen la participación de un mínimo de tres y un máximo de seis ciudadanos para tal fin.

La veeduría está integrada por seis personas: Miguel Alfonso Pérez Figueredo, Edwin Flórez, Víctor Largo Bedoya, Claudia Ortiz Ortiz y dos mujeres residentes en el municipio de Aguazul.

El grupo tiene como función realizar un monitoreo para que los testigos electorales y quienes ejercen la función escrutadora actúen bajo los deberes de ley e imparcialidad.

Las facultades legales de estos veedores incluyen la asistencia a los comités de seguimiento electoral, la presencia en las mesas de votación el día de la jornada, así como la observación del preconteo y el escrutinio final.

Según lo expuesto, las entidades estatales tienen la obligación de suministrar la información requerida y facilitar el cumplimiento de estas labores de vigilancia, lo que incluye la posibilidad de entrevistas con los miembros del Tribunal de Garantías ante posibles anomalías.

El proceso de inscripción de estas organizaciones ante el Consejo Nacional Electoral se puede efectuar de manera física o virtual a través de los mecanismos dispuestos en la página oficial de dicha entidad.

Pérez Figueredo señaló que la solicitud de registro para este grupo ya fue presentada con el objetivo de participar en las capacitaciones y acciones que inicie la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal atendió un ataque de abejas registrado en la intersección de la carrera 38 con calle 16, afectando las instalaciones del colegio Heisenberg y la empresa SGI.

Para el manejo de la situación, la institución desplegó inicialmente un vehículo de emergencia con tres unidades, sumando posteriormente personal hasta completar un total de seis bomberos equipados.

Durante el procedimiento se realizó la evacuación de 31 menores de edad del establecimiento educativo y 12 empleados de la empresa privada. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) departamental apoyó la labor con dos ambulancias para la valoración médica de los afectados.

Según declaraciones del comandante del organismo de socorro, teniente Rafael Rojas, aunque se presentaron picaduras en varios ciudadanos, no se registraron reacciones alérgicas que ameritaran traslados hospitalarios por parte de los organismos de socorro, si bien se observó el retiro de algunos menores hacia centros asistenciales en vehículos particulares.

El teniente Rojas informó que en lo corrido del año se han atendido aproximadamente 70 casos relacionados con abejas, de los cuales 25 ocurrieron la semana pasada.

Explicó que la temporada de menor intensidad de lluvias, comprendida entre diciembre y marzo, es el periodo de mayor migración y presencia de estos insectos en el municipio.

Por ello recomendó a la población mantener las zonas aisladas y evitar el contacto físico o movimientos bruscos ante la presencia de colmenas o enjambres para no generar agresividad en los insectos.

De igual forma, señaló que el protocolo de captura debe realizarse preferiblemente en horas de la noche para reducir riesgos. Finalmente, instó a la comunidad a incluir a las mascotas en los procesos de evacuación cuando se presentan este tipo de emergencias, dado que la picadura inicial libera feromonas que pueden atraer ataques masivos hacia otros animales o personas en el área.

Arvey Ramírez, director de la Oficina Territorial de la Gestión del Riesgo de Yopal, informó sobre la intervención de un árbol que afectó la estructura de viviendas en un sector de asentamiento humano La Victoria, en la carrera 13 con calle 43.

Con el apoyo de Enerca, se realizó una primera fase de trabajo consistente en el retiro del follaje y las ramas superiores, lo que redujo el riesgo ante la velocidad del viento.

El derribo del tronco principal quedó pendiente debido a que la maquinaria disponible no soportó su volumen y carga, por lo cual se requiere de motosierras y una grúa de carga pesada para completar la labor.

La Dirección Departamental de Gestión del Riesgo entregó tejas el día anterior a las familias cuyas casas resultaron afectadas por la caída del tronco.

Esta intervención contó con una autorización excepcional de la Corporinoquia, ya que el árbol se encontraba en la ronda protectora de un caño, una zona de preservación ecológica donde habitan familias de manera irregular.

El proceso de asistencia y remoción total de los restos vegetales continuará durante los próximos días.

La capital de Casanare fue escenario de dos accidentes de tránsito durante la noche de este jueves, los cuales dejaron un saldo de tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

El primer incidente ocurrió en la intersección de la calle 40 con carrera 27, donde se produjo una colisión entre dos motocicletas. Según el reporte de testigos presenciales, uno de los conductores presuntamente se desplazaba con exceso de velocidad, lo que habría originado el impacto.

Producto del choque, este motociclista sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial de la ciudad.

El segundo conductor involucrado no presentó heridas de consideración.

En otro punto de la ciudad, en el barrio La Campiña, se reportó un evento atípico que afectó a otras dos personas. Una mujer y su hijo de 5 años, quienes se movilizaban en una motocicleta, resultaron lesionados tras ser impactados por un balón de fútbol proveniente del complejo deportivo que hay en el sector.

Ante este último hecho, los residentes de la zona han solicitado a la administración municipal la implementación de medidas de seguridad y cerramientos técnicos en el escenario deportivo para prevenir futuros incidentes que pongan en riesgo a los transeúntes.

El Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías emitió un fallo de tutela que ordena a la autoridad catastral, Catasig, resolver en un plazo de 48 horas las inquietudes y solicitudes de información radicadas por el concejal de Yopal, Felipe Becerra.

La decisión judicial se produce tras la falta de respuesta de la entidad a requerimientos previos realizados por el cabildante sobre el proceso de actualización catastral en el municipio y que elevó el valor del impuesto predial durante la vigencia 2025 en la zona urbana de la ciudad.

Según las declaraciones de Becerra, la información solicitada es necesaria para evaluar presuntas irregularidades en el cálculo de las áreas construidas y el valor por metro cuadrado de los terrenos, los cuales, según el concejal, presentan inconsistencias frente a la realidad de los predios.

El concejal informó que, de los 80.700 predios registrados en Yopal, aproximadamente 40.000 no realizaron el pago del impuesto predial el año anterior.

Entre las fallas reportadas se encuentran inconsistencias en el software de la alcaldía, recibos con datos erróneos y predios en sectores como Villa David que aparecen a nombre de la Administración municipal, pese a que ya habían sido entregados a particulares.

Así mismo, se reportaron discrepancias entre los polígonos catastrales de Catasig y la información cartográfica de la oficina de Planeación Municipal.

El fallo de Tutela busca garantizar el acceso a la información pública ante la denuncia de falta de atención presencial y canales de comunicación ineficaces por parte de la autoridad catastral.

Becerra indicó que compartirá el contenido íntegro de la sentencia con la ciudadanía para orientar las reclamaciones individuales relacionadas con los avalúos

La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), informó que durante el mes de enero de 2026 se suscribieron 521.269 contratos directos por un valor total de 32,88 billones de pesos.

Esta actividad contractual se registró antes del inicio de la restricción establecida por la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, que comenzó el 31 de enero debido al calendario electoral.

 En comparación con enero de 2022, el valor de la contratación presentó un incremento del 30,4%, mientras que el número de contratos aumentó un 5,2%.

El informe detalla que el orden territorial concentró la mayor parte de la gestión con 348.495 contratos por 17,7 billones de pesos, seguido por el orden nacional con 164.813 contratos por 14,87 billones y las corporaciones autónomas con 7.961 contratos por 0,3 billones.

La mayor concentración de recursos se observó en la última semana de enero, periodo en el que se adjudicaron 14,8 billones de pesos, equivalentes al 45% del total mensual. El pico máximo de contratación ocurrió el 30 de enero, con un registro de 5,7 billones de pesos en un solo día.

En cuanto a las órdenes de prestación de servicios (OPS), el consolidado nacional y territorial reportó 501.423 contratos por 22,34 billones de pesos, lo que representa el 96,2% del volumen contractual total.

Específicamente en el orden nacional, las entidades con mayor número de adjudicaciones directas fueron el Sena con 1,72 billones de pesos, el ICBF con 1,26 billones y la Aeronáutica Civil con 0,76 billones.

A nivel territorial, el ranking fue encabezado por el Distrito de Barranquilla con 1,33 billones de pesos, seguido por Medellín con 0,88 billones y Cali con 0,54 billones.