ENERCA S.A E.S.P, informa a los usuarios del servicio de Energía Eléctrica del corregimiento El Morro, (Centro Poblado Morro, Marroquín, Planadas Guayaquito, Guamalera, El Perico, Aracal, Progresos, Libertad). De igual forma los municipios de Paya, Pisba, y Labranzagrande del Departamento de Boyacá, que este lunes 22 de febrero de 2021 de 8:00 am a 12:00 pm, se realizará mantenimiento preventivo en circuíto 34.5KV, Buenavista - Morro, por lo cual se suspenderá el servicio de energía en los sectores anteriormente mencionados. Trabajos que se adelantarán con el fin de realizar adecuaciones en el conexionado del nuevo circuito, en busca de garantizar las condiciones de operación y confiabilidad del sistema eléctrico de distribución.

A su vez, ENERCA S.A E.S.P, ofrece disculpas a sus usuarios por las molestias que pueda generar esta interrupción y recomienda mantener desconectados sus electrodomésticos durante el tiempo de suspensión y 5 minutos después del restablecimiento del servicio; al mismo tiempo no intervenir las redes eléctricas sin autorización, ya que de acuerdo al avance y condiciones propias de la actividad se puede normalizar la prestación del servicio en menor tiempo.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de la subteniente Aleyda del Pilar González, y los patrulleros Gabriel Ruiz Moreno y Jorge Eliécer Suárez Orduz, por su presunta responsabilidad en la muerte de ocho personas y las heridas causadas a tres más durante un incendio ocurrido en la Estación de Policía del barrio San Mateo de Soacha (Cundinamarca), el 4 de septiembre de 2020.

De acuerdo con los elementos de prueba obtenidos por fiscales de la seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los uniformados no habrían controlado la conflagración ocasionada por un amotinamiento y, supuestamente, desconocieron el deber que les asiste de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad que están su cuidado.

En ese sentido, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado en concurso sucesivo y homogéneo por comisión por omisión, y homicidio agravado tentado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

La investigación da cuenta de que la subteniente González Quiroz, quien estaba al mando de la estación, no reversó la decisión de suspender las visitas a las personas privadas de la libertad, situación que, al parecer, fue la causa del levantamiento y el incendio.

De otra parte, el patrullero Suárez Orduz habría actuado con indiferencia y no accionó un extinguidor que estaba a pocos metros de su puesto de servicio para intentar apagar las llamas. Asimismo, contra el patrullero Ruiz Moreno hay imágenes y testimonios que evidenciarían su pasividad ante la tragedia que sucedía.

En reuniones sostenidas en el transcurso de la semana en Caquetá, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y los comandantes de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en esa zona del país, ultimaron los detalles de una de las más grandes intervenciones judiciales y operativas en defensa de los recursos naturales en la Amazonía colombiana.

La ofensiva se puso en marcha, y en dos días de diligencias fueron verificados gigantescos focos de deforestación en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y varias zonas aledañas que hacen parte del corredor de conectividad ecológica.

En los procedimientos fueron capturados siete hombres en situación de flagrancia, en los sectores conocidos como El Camuya, Ciudad Yarí y La Primavera; y se incautaron motosierras, hierros de ganado, guadañas y otros elementos usados para la tala indiscriminada de bosque. Precisamente, se constató en el área una afectación cercana a las 3.000 hectáreas.

Adicionalmente, fueron inhabilitadas dos construcciones que habían sido levantadas en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendio.

A este resultado se suma la captura por orden judicial de dos hombres y una mujer, en Florencia (Caquetá). Son señalados de auspiciar actividades ilícitas en las Sabanas del Yarí, en inmediaciones de Chiribiquete, para la adecuación de terrenos con fines de ganadería extensiva, por lo que sus nombres estaban incluidos en el cartel de los más buscados por deforestación en la Amazonía.

Estas tres personas fueron imputadas y recibieron medidas no privativas de la libertad, como la prohibición de ingreso a zonas de reserva forestal de la Amazonía. Los procesados son: Rafael Bocanegra, Edilma Rojas Beru y Heriberto Aldana Perdomo.

La Unidad para las Víctimas, a través del Plan de Retornos y Reubicaciones que adelanta con la comunidad víctima del municipio de Chámeza, dotó de insumos y herramientas a 150 familia de Chameza personas para ser utilizados en proyectos agrícolas.

Las entregas incluyen carretillas, palas, picas, azadones, machetes, polisombra, mallas y semillas de cilantro, lechuga, tomate, zanahoria, cebolla larga, espinaca, frijol, habichuela, pepino y pimentón, entre otros, que tuvieron un valor de aproximadamente 85 millones de pesos.

El director de la Unidad en Meta y Llanos Orientales, Carlos Arturo Pardo Alezones, destacó que con este tipo de proyectos que tiene la Unidad para las familias desplazadas, se aporta a la superación de la situación de vulnerabilidad que viven estas familias y devuelve la confianza en el Estado.

La administración municipal se encargará de capacitar a cada uno de los beneficiarios con el propósito de que puedan aprovechar adecuadamente lo entregado y así fortalecer su economía y aportar al crecimiento de su región.