La Cámara de Comercio de Casanare (CCC) en cabeza de su presidente de junta Directiva, Freddy Andrés Melo Cipagauta y el presidente ejecutivo, Carlos Rojas Arenas, enviaron una comunicación al alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro en donde le manifiestan que la “recuperación fuerte y sostenible de la economía local es un compromiso que nos convoca a todos los actores, desde el sector público y privado, hasta los niveles decisión local, departamental y nacional. No se trata de un desafío menor, el impacto en el sector empresarial es un hecho notorio desde la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica como consecuencia del Covid-19, significando el cierre parcial o total de sus actividades”.

Afirman en la carta, que en menos de dos meses, “las empresas, independientemente de su tamaño, disminuyeron sus ventas, tienen dificultades de acceso a crédito y podrían caer en situación de insolvencia”.  Así mismo, le informan sobre la realización de dos encuestas de impacto en tiempos de Covid-19 en las que se evidenció que:

• El 95% de las empresas han disminuido sus ventas en la coyuntura Covid-19. De este grupo, 4 de cada 10 empresas ha visto caer sus ventas en 100% (cero ingresos).
• Las obligaciones que más preocupan durante el mes de mayo a los empresarios son los servicios públicos (75%), créditos bancarios (67%), arriendos (58%) e impuestos (52%).
• El 58% de los empresarios considera que su planta de personal disminuirá en los próximos tres meses.
• En opinión de los empresarios, más del 80% considera que las medidas financieras y  tributarias deben ser priorizadas por el gobierno para recuperar la economía. Más información en https://bit.ly/2ZDh3ys

Por lo anterior, la CCC afirma que está “situación exige adoptar medidas que eviten una contracción aún más severa de la actividad comercial dada la situación excepcional que está aconteciendo”. Es por esto, que la entidad gremial, en el marco del trámite reglamentario que surten los planes de desarrollo territoriales, ha realizado diferentes peticiones para que se adopten acciones para la reactivación económica como:

 Implementar instrumentos que generen liquidez en las familias y empresas para promover el consumo y disminuir el impacto sobre el empleo.

• Realizar inversiones públicas en proyectos que generen empleo y dinamicen el consumo, dando prioridad a las empresas locales en su ejecución. Sumando el presupuesto ordinario de la Gobernación de Casanare, las Alcaldías y los Entes Descentralizados, así como los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, el ingreso asciende a $2.7 billones promedio anual.
• Disminuir la carga tributaria de los contribuyentes como mecanismo de alivio y protección del empleo.
• Fortalecer la capacidad competitiva de las empresas para mantenerse en el mercado, dadas las condiciones del entorno nacional y global.

Finaliza la carta la CCC afirmando que “la reglamentación nacional ha dotado de instrumentos legales para que las autoridades locales actúen en el sentido de estas recomendaciones. Por un lado, en armonía con los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, la definición de la urgencia manifiesta es causal de contratación directa y, por esta vía, es posible promover el acceso efectivo de las pequeñas y medianas empresas del departamento en los procesos de contratación pública para la adquisición de bienes, servicios y la construcción de infraestructura que adelante la autoridad local[1] y por otro lado, el Decreto 678 de 2020 faculta a los gobernadores y alcaldes para que difieran el pago de obligaciones tributarias hasta en doce cuotas mensuales y brinda beneficios como el pago del 80% del capital, sin intereses ni sanciones, con relación a impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago a la entrada en vigencia del mencionado decreto.

 La Cámara de Comercio de Casanare exalta y se solidariza con los empresarios y comerciantes del departamento por la entereza que han demostrado y reitera el mensaje firme a las entidades de gobierno de dar prioridad a la contratación con empresas locales como señal de su compromiso por la reactivación económica.

Anuncian el cartel de los más buscados de las disidencias de las Farc en el Meta.

Una recompensa de hasta $2.100 millones por información que permita la ubicación y captura de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y Miguel Botache, alias Gentil Duarte, jefes disidentes de las Farc en el Meta, ofrecieron las autoridades.

El anuncio lo hicieron el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, tras un Consejo de Seguridad en el que dieron a conocer el cartel de los delincuentes más buscados en el departamento.

En el cartel aparecen los jefes de las disidencias de las Farc Iván Mordisco, Gentil Duarte y Calarcá, que lideran los frentes primero, séptimo y cuarenta de las disidencias de las Farc que hacen presencia en los municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa.

También se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información sobre el paradero de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; de hasta 40 millones de pesos, de alias Alirio Mata Vaca y alias Boyaco; y de hasta 20 millones de pesos por los alias Maneto y Negro Pipe.

Las disidencias de las Farc vienen adelantando acciones en esos municipios asesinando campesinos y miembros de la fuerza pública, e incluso han realizado amenazas contra los algunos mandatarios locales.

Uno de los últimos homicidios ocurrió en la vereda Caño Veinte, finca El Delirio del municipio de Vista Hermosa, donde asesinaron a Inés Acuña Rodríguez, una mujer de 35 años, a partir de cuando se estableció un plan de choque micro focalizado para el control territorial de las 50 veredas de Mesetas, Vista Hermosa, Uribe y La Macarena, aunado al control sobre el río Guayabero.

Incluso se hizo una solicitud a la Unidad Nacional de Protección para que se revise la seguridad de los alcaldes de Mesetas, Vista Hermosa, Uribe y La Macarena y mientras tanto la Policía asignará un policía para el esquema de seguridad del alcalde de Uribe, y lo asesora para la compra de un vehículo destinado a su seguridad.

Tras el Consejo de Seguridad se anunció el reforzamiento de la presencia militar, la ampliación de los puntos y sitios de control, así como establecer el cartel de los más buscados y las recompensas.

El ministro Holmes Trujillo hizo un llamado a la comunidad para “apoyar a las autoridades y compartir cualquier información sobre la ubicación de estas personas sea compartida a través de las líneas de la Dijín de la Policía o del 123”, recordando que se garantiza absoluta reserva para quienes entreguen la información.

“Vamos avanzando en la dirección adecuada, hay mucho trabajo por hacer todavía, es por esto, que esta tarea se adelantará todas las semanas. Lograremos cumplir el objetivo de decirle a los bandidos que este territorio es de la institucionalidad, de la democracia y de los colombianos de bien”, enfatizó el ministro de Defensa.

Por su parte, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga afirmó que, “en este departamento no queremos repetir los terribles episodios del pasado, por eso es tan importante que la comunidad colabore”, al enfatizar que “la seguridad es responsabilidad de todos”.

Tras una exhaustiva investigación por parte de funcionarios de la Secretaría Departamental de Salud, del área de vigilancia epidemiológica, se logró determinar el verdadero lugar de procedencia de uno de los seis casos recientemente confirmados, que corresponde a una mujer de 25 años (caso 29), la cual inicialmente había sido notificada como caso positivo de COVID-19 para el municipio de Yopal.

Según se informó, la paciente llegó por cuenta propia desde el pasado 16 de marzo al municipio de Paz de Ariporo, proveniente de la ciudad de Pamplona (Norte de Santander) y al cumplir con su respectivo aislamiento en casa, viaja a Yopal para practicarse la prueba diagnóstica de COVID-19, (requisito indispensable para la realización de sus prácticas profesionales) dando como resultado positivo.

Actualmente, la paciente se encuentra aislada en su lugar de domicilio y cumpliendo con todas las medidas preventivas para evitar nuevos contagios.

Así mismo, se continúa con la investigación de contactos estrechos, que permitan establecer el cerco epidemiológico y el reporte de nuevos posibles casos.

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El Consejo de Estado estableció que el incumplimiento del contrato para la construcción de las torres de control de los aeropuertos Antonio Roldán Betancur de Carepa (Antioquia), El Alcaraván de Yopal (Casanare) y Alfonso López Pumarejo de Valledupar (Cesar) exige que la Aeronáutica Civil debe pagarle 22 millones de pesos al consorcio Torres y no los 380 millones en los que ese organismo lo había calculado.

En agosto del 2001 estas entidades celebraron un contrato para la intervención de las tres terminales aéreas. Al liquidar el convenio, el concesionario responsable de las obras indicó que incurrió en varios sobrecostos que, a su juicio, debían ser asumidos por la Aerocivil. De ahí que interpusiera una demanda ante el Tribunal Administrativo de Casanare, aduciendo que la entidad contratante había incumplido en varios aspectos el contrato.

Ese Tribunal indicó que la demandada solo estaba en el deber de asumir los valores adicionales que debió invertir la contratista por concepto de diseños hidráulico y sanitario; eléctrico; aire acondicionado y el rediseño estructural por cambio en la altura de los entrepisos y la condenó a pagar poco más de 22 millones de pesos.

El consorcio Torres apeló esta decisión, en busca de que el Consejo de Estado reconociera la totalidad del valor reclamado por los sobrecostos de la obra que, a su juicio, eran atribuibles a la entidad que lo contrató. A su juicio, la ejecución varió el objeto del contrato al haber incluido como obligación del contratista consultoría, estudio y diseño de las obras.

El Consejo de Estado sostuvo que no se había producido ninguna variación en el contrato, porque los diseños y estudios de las obras debían correr por cuenta del contratista. Indicó que si bien la Aerocivil debía cubrir algunos sobrecostos, los relacionados con el cambio de diseño estructural debieron ser calculados en una proporción menor a la establecida en el fallo de primera instancia. La alta corte modificó la condena que, actualizada, suma 22 millones de pesos.