Casanare Noticias

Cada mañana y durante el tiempo que dure la convocatoria de inscripción, para los subsidios de vivienda propuestos por la Administración municipal de Yopal, los alrededores del coliseo Bicentenario se verán llenos de personas que llegan en busca un cupo para ser atendidos.

Esta situación no es para nada extraordinaria, por el contrario se enmarca en los linderos de la habitual para este tipo de actividades. Pero mientras cientos de personas se agolpan en este lugar, en el Concejo Municipal se vive otra realidad frente a la convocatoria.

Esta semana estuvo en el recinto la directora del Indev, el Instituto de Vivienda, Gestión Urbana, Rural de Yopal, arquitecta Consuelo Carrillo y la verdad no la pasó nada bien. Tuvo que hacer frente a duros cuestionamientos por parte de varios concejales que integran la Comisión de Planeación.

La sesión comenzó con incertidumbre si se trataba de un debate de control político o para escuchar un informe por parte de la funcionaria, al final se acordó que se trataba de la segunda opción.

También se dejó claro que la arquitecta Carrillo no estaba obligada a contestar las preguntas formuladas por los cabildantes. Ya en el epílogo de la discusión la funcionaria se retiró del recinto sin responder a los interrogantes y cuestionamientos de los concejales.

En la presentación de la directora del Indev se hizo un recuento de las cifras que se encontraron durante la etapa de diagnóstico, encaminada a la creación de la política pública de vivienda.

En las estadísticas reveladas se dijo que en Yopal hay 19.884 hogares que no tiene vivienda. Tampoco existía un banco de tierras, y también había problemas con la prestación servicios públicos en algunos sectores donde se podía adelantar proyectos de vivienda.

El siguiente paso, explicó  la arquitecta, fue realizar el estudio de mercado donde se identificaron 22 predios aptos para realizar programas de vivienda. De este total de terrenos, solo 6 contaban con disponibilidad inmediata de servicios públicos y uso de suelo adecuado.

En este momento afloró el primer cuestionamiento. En la presentación hecha por Carrillo, el valor del metro cuadrado era de 1.800.000 pesos, cifra que para varios concejales resulta muy elevada.

Sobre este aspecto fue el presidente de la comisión de planeación, concejal Ómar Ortega Molina, quien manifestó que con una operación de matemáticas elemental, se podía conocer el valor de la Ha, que sería de 18 mil millones de pesos.

En ese orden de ideas, no alcanzarían los 7 mil millones del endeudamiento que le aprobó la Corporación a la Alcaldía para comprar estos terrenos.

Agregó igualmente que los formularios que hicieron llenar en la época de campaña, no sirvieron para nada. “En su momento se dijo que era para hacer un diagnóstico y en el informe no se mencionaron para nada”.

También pidió que le dieran a conocer qué pasó con los 7 mil millones de pesos del endeudamiento. En qué se invirtieron o que destino piensan darle a esos recursos.

Habló de un derecho de petición que envió al Instituto, sobre el lote destinado para la construcción del programa Alamedas Marta Mojica. En este sentido acotó que la respuesta que recibió fue que están a la espera de su habilitación predial, “lo que significa que no está habilitado y es respuesta del Indev”, recalcó el cabildante.

Incluso fue más allá en sus cuestionamientos. “Están llevando a la gente para que se inscriban, sin tener la realidad si va haber o no, vivienda en este gobierno. Si el terreno no sale, ¿piensan dejar amarrados los subsidios a futuro?”

Por su parte la concejal Jessica Avella manifestó que el informe contiene la misma información que ya todos conocen y que ha circulado por redes sociales, que no tiene nada nuevo.

Hizo hincapié en posibles predios, lo que tradujo como una posibilidad porque no hay lotes comprados, habilitados y listos para otorgar esos subsidios.

Pero las diatribas más fuertes vinieron del concejal Leonardo Infante, quien en las postrimerías de la sesión, calificó todo el tema de la convocatoria como una cortina para tapar los escándalos suscitados con el famoso video de las coimas, que se hizo muy popular en redes sociales.

También preguntó sobre la reubicación de Torres del Silencio y Torres del Cubarro. Recalcó que el tema de vivienda no se debe tomara a la ligera y que los proyectos anunciados por la Alcaldía no queden en una maqueta como la que mostraron en campaña.

En medio de esta lluvia de críticas algunas voces se pronunciaron a favor de la Administración municipal. Alexader Rojas quien valoró el trabajo hecho por el Indev.

Por su parte Giovvani Cojo Pidiachi sostuvo que estos planes de construcción serán una realidad. Que fue acertado crear una política pública de vivienda, para no cometer errores de años pasados, en los que se evidenció que estos beneficios quedaban en manos de personas que no lo necesitaban y terminaban vendiendo las casas o apartamentos que les entregaban.

En las últimas horas el acalde se refirió al tema y en rueda de prensa expresó que en  lo referente a los 7 mil millones de pesos, que esos dineros están en el Indev, que no se han gastado aún y que servirán para cubrir los gastos, que vaya demandando la puesta en marcha de los proyectos de vivienda.

Habitantes de La Yopalosa expresaron su inconformismo por el deficiente servicio de telefonía celular que presta la empresa Claro, en esta zona rural del municipio de Nunchía y ubicada sobre La Marginal del Llano a una hora de Yopal.

El reclamo de la comunidad apunta a las deficiencias constantes en la señal de la telefonía, por lo que solicitaron la empresa una mayor cobertura, así como reestructuración del lugar donde se encuentra la antena repetidora, porque según lo expresaron voceros de la protesta, se encuentra en malas condiciones.

Agregaron igualmente estos líderes de la manifestación que este tema no es nada nuevo, que las dificultades con la señal, se vienen presentando desde hace 4 años aproximadamente.

En cuanto a las instalaciones de la antena añadieron que han sido blanco de hurtos, por lo que se hace necesario que la empresa contrate un servicio de vigilancia, porque este tipo de situaciones afecta la prestación del servicio.

Incluso la misma comunidad se ofreció a cederles un terreno para ubicar la torre repetidora, para solucionar definitivamente esta problemática.

Sin embargo pese a las dificultades que se presentan, la comunidad se quejó que no han recibido hasta el momento respuesta positiva por parte de la multinacional mexicana.

Aseguraron que han presentado quejas, derechos de petición, incluso han apelado a la Superintendencia de Industria y Comercio, pero aún no tan tenido respuesta.

En este momento manifestaron que llevan 30 días sin señal, por lo que solicitan a la compañía que este mes no les cobren la factura, porque sencillamente no les han prestado el servicio.

Sin despertar la más mínima sospecha sobre la tragedia que se avecinaba, la oscura sombra del suicidio llegó sin previo aviso a una vivienda de la calle 16 con carrera 18 en el barrio El Gaván de Yopal.

La víctima en esta oportunidad fue un joven de 22 años de edad oriundo de Paz de Ariporo, quien fue encontrado por su compañera sentimental, suspendido de una cuerda.

Se trata de Jackson Enrique Rodríguez Ángel, de ocupación empleado, de quien se dijo había estado sufiendo episodios  de depresión y tristeza, sin un aparente motivo.

La noche anterior a su deceso le comunicó a su compañera, Nayduth Herrera Ramírez, de profesión manicurista, que prefería dormir solo en una segunda habitación del apartamento donde vivían.

Ella no percibió nada extraño en esta actitud y se fueron a descansar poco antes de la medianoche. Todo ocurrió en completa calma hasta que hoy, sobre las 5:40 am, la joven mujer lo encontró suspendido con una cuerda en el cuello.

Ante esta situación inesperada avisó de lo ocurrido a los vecinos y ellos a su vez le comunicaron del hecho a la Policía, que hicieron presencia en el lugar e iniciaron los trámites de rigor, para estos casos, así mismo dieron inicio a respectiva investigación de rigor.

 

 

 

 

Una solución de fondo para la problemática que enfrenta el sistema educativo, pidió el presidente del Sindicato de Maestros de Casanare, Simac, Juvenal Carrillo.

Para el dirigente sindical todo el asunto se centra en que cada día hay más necesidades y menos recurso. Para poner fin a esta situación en su concepto se debe reformar la Constitución en los artículos 356 y 357, que son los relacionados con el Sistema General de Participación.

Sobre este tema se había llegado a un acuerdo con el gobierno pasado, pero desafortunadamente el entonces presidente Iván Duque no cumplió con lo prometido. Dijo el dirigente que con la presente administración de Gustavo Petro, ya se encuentran en conversaciones, para abordar dicha problemática.

En materia de números sostuvo que el déficit financiero de la educación en el país, supera los 3.4 billones de pesos, mientras que en Yopal la cifra a cierre de 2022 era de 44 mil millones.

Es por ello hizo un llamado tanto a la comunidad como a la clase dirigente, entre ellos los parlamentarios de la región, para que ayuden a buscar soluciones, porque con esos recursos se garantiza el transporte escolar, el PAE, el servicio de vigilancia y la contratación del personal administrativo.

En pocas palabras, todos esos servicios contribuyen a la permanencia de los niños y jóvenes en las instituciones educativas.

Un nuevo llamado hizo la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el Simac, el Sindicato de Directivos Docentes Sindicas y la subdirectiva sindical de Yopal, a la Administración municipal  porque a la fecha aún se da inicio a la prestación del servicio de transporte ni al PAE.

Ese pronunciamiento lo hicieron público a través de un comunicado, donde se resaltan 4 puntos sobre esta temática. 

En el primer ítem mencionan lo antes expuesto sobre la ausencia de los dos servicios referidos, en el municipio de Yopal. En el segundo cardinal reiteran la problemática de falta de personal administrativo, servicios generales y vigilancia.

El tercer punto advierten que “las entidades territoriales certificadas continúan implementado la jornada escolar única, sin condiciones óptimas, generando insuficiencia en la planta de personal, y dificultades en el desarrollo del proceso de enseñanza”.

En el último numeral expresan la necesidad urgente de financiación para temas de infraestructura, conectividad y dotación de las instituciones educativas, para mejorar el ambiente escolar y la calidad del servicio de enseñanza.

Ante esta situación los sindicatos antes mencionados, hacen la invitación a los entes de control, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Contraloría y Procuraduría, para que intervengan de manera inmediata, con el fin de garantizar el acceso y permanencia de los niños jóvenes en las instituciones educativas.

Finalmente también hacen un llamado todas las fuerzas vivas de la región, padres de familia, administradores educativos, juntas de acción comunal, así como a los congresistas casanareños, para que hagan las reclamaciones pertinentes en el campo local, departamental y nacional con el fin de defender el derecho fundamental de la educación.

El documento está firmado por Luis Eduardo Correa Valbuena, presidente de la CUT Casanare; Juvenal Carrillo González, presidente del Simac; Ángela Cecilia Barrera Osorio, presidente de la subdirectiva sindical de Yopal y Luis Cervando González Ayala, presidente de Sindicas.

 

 

 

Varios son los delitos por los cuales se presentaron algunas capturas en la carretera que une al municipio de Paz de Ariporo con el corregimiento de Montañas del Totumo.

Las detenciones se dieron durante las labores de registro y control tanto de vehículos como de personas, adelantado por unidades policiales adscritas a la estación de Paz de Ariporo y   personal del Ejército Nacional.

Estas acciones permitieron la captura en dos días distintos por los delitos de fabricación , tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, así como accesorios, parte o municiones y aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables.

El primer caso se presentó el pasado 12 de marzo y fueron detenidos dos sujetos que se movilizaban en una camioneta, con 2 armas de fuego y 500 kilos de carne de chigüiro.

El segundo hecho sucedió al día siguiente en el mismo sector, entre el kilómetro 3 y 4 de la referida carretera. En esta oportunidad dos hombres, uno de ellos de nacionalidad extranjera, quienes se movilizaban en una motocicleta, se les encontró un su poder un arma de fuego y 68 kilos de carne de chigüiro.

Los elementos hallados y las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 37 seccional de Paz de Ariporo.

 

Hoy 15 de marzo vence el plazo de la convocatoria pública para que organizaciones sociales de los grupos indígenas, juventudes, adultos mayores y población diversa, postulen sus candidatas al Consejo Consultivo de Mujeres del municipio de Yopal.

La Administración municipal recordó que el mencionado organismo debe representar los intereses y conocer de las necesidades de las mujeres tanto del sector rural como urbano de la ciudad.

Adicionalmente les asiste la tarea de coordinar, articular, concertar, formular, evaluar los planes y programas que desde el sector oficial se desarrollen en beneficio de estos grupos.

En este orden de ideas el Consejo tiene como propósito asegurar a las comunidades que representa, el pleno goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y acceso a las oportunidades que brinda el Estado.

Desde la Secretaría de Desarrollo también se identificaron dos retos que tiene el referido consejo y que se centran en trabajar para reducir cualquier tipo de violencia de género, así como transformar los imaginarios sociales que refuerzan la inequidad hacia las mujeres.

Finalmente esta misma dependencia se precisó que cada organización social debe enviar un oficio a través de correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. presentando su terna con los datos de las postuladas.

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa en averiguación de responsables de la Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque, por la presunta omisión en el giro de los recursos para el cuerpo de bomberos de esa localidad, que lo obligó a declarar el cese de actividades.

En el cuartel bomberil se observa un letrero que dice “cerrado por falta de recursos, ante una emergencia comuníquese con la alcaldía de San Luis de Palenque”.

El ente disciplinario ordenó la práctica de pruebas para establecer, entre otros aspectos, si durante los meses de enero y febrero de 2023 se suscribieron contratos y/o convenios para garantizar el servicio esencial de atención de incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos.

Con esta actuación la Procuraduría busca identificar e individualizar a los servidores presuntamente comprometidos en estos hechos, verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria e identificar y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

 

 

El exalcalde de Maní Javier Montoya, padre del actual mandatario Jersson Montoya, ya no tendrá que pagar 5.274 millones de pesos, sino sólo 700 millones, por el daño patrimonial causado por omitir sus funciones en la contratación de siete acueductos veredales, cuando gobernó ese municipio entre 2008 y 2011. Mientras tanto los campesinos tuvieron que esperar 12 años más para poder tener acceso a agua potable.

El Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad parcial de un fallo de responsabilidad fiscal por 5.274 millones de pesos contra el exalcalde de Maní, Javier Montoya, emitido por la Contraloría General de la República en enero de 2021 de  considerando el daño patrimonial ocasionado en el no funcionamiento de los acueductos veredales de Guayanas, Santa María, Guinea, Mararabe, Belgrado, Guafal y Brisas del municipio de Maní, por no haberse gestionado los permisos ambientales requeridos en su momento.

Sin embargo, de acuerdo al análisis de las nuevas pruebas decretadas, se demostró la ineficacia de la gestión del demandante, exalcalde de Maní, y la falta de efectividad de los acueductos veredales construidos, no solo por la omisión de tramitar las licencias ambientales sino de la calidad de las obras, que obligaron a suscribir nuevos contratos que solo permitieron la funcionalidad y operación de los acueductos a mediados del año 2022.

Estas contrataciones de las obras faltantes las realizó justamente su hijo Jersson Montoya, quien lo libró de pagar la onerosa suma impuesta inicialmente por la Contraloría.

Precisamente estas nuevas contrataciones para remediar lo dejado de hacer, sumaron 700 millones de pesos aproximadamente y en eso es que realmente se observa el daño patrimonial, según el Tribunal Administrativo de Casanare en fallo proferido este 9 de marzo. Y es esta suma la que tendrá que pagar el exalcalde por su omisión en el cumplimiento de sus deberes en esta contratación realizada a través de la Empresa de Servicios Públicos de Maní.

Cabe destacar que la Procuraduría, manifiesta que no se cuestiona la terminación o buena culminación de la obra, sino que el exalcalde no gestionó los permisos ambientes por lo cual la concreción de los acueductos tardó más de 12 años y con un mayor costo para el Estado.

“En este sentido, tal omisión conllevó al detrimento patrimonial debidamente probado, habida cuenta que fue necesario suscribir nuevos contratos, no solamente poner en funcionamiento los acueductos veredales sino para adecuar y repara los mismos debido al abandono y deterioro por el paso del tiempo, situación que podrían haberse evitado de haber tramitado con antelación y diligencias las licencias requeridas”, y esto implicó la vulneración al principio de planeación, puntualizó el ministerio público.

 

El gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Jairo Bossuet Pérez Barrera, se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía 13 Seccional, Unidad de Administración Pública, con el objetivo de manifestar su conocimiento sobre una investigación que se adelanta en su contra.

En su calidad de funcionario público se encuentra atento a cualquier diligencia y/o entrega de documentación necesaria dentro del contrato 148-2022. Asimismo, manifiesta disposición absoluta de aportar todos los datos que sean requeridos para esclarecer los hechos.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal reitera su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la normatividad vigente en el ejercicio de sus funciones. Por tal motivo, se encuentra dispuesta a colaborar con las autoridades competentes en todo lo que sea necesario para garantizar una investigación justa y objetiva.

La Empresa y su equipo directivo se mantendrán atentos y en contacto permanente con las autoridades competentes para aportar toda la información necesaria en relación a este proceso.