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Frente al reciente fallo del Consejo de Estado, que declaró nula la designación de Alirio Barrera como segundo vicepresidente del Senado, la también congresista Sonia Bernal manifestó que ella en su momento había advertido el error en que se había incurrido por no haber nombrado a una mujer en ese cargo.

Sin embargo, Bernal destacó el trabajo hecho por Alirio Barrera en la Cámara Alta y aclaró que el fallo no es en contra del senador casanareño, sino una cuestión de equidad de género.

La líder Sonia Bernal, quien ha sido una voz activa en la lucha por la igualdad de género en el ámbito político, expresó su preocupación sobre la falta de mujeres en posiciones de liderazgo dentro del Congreso.

Destacó que, a pesar de contar con varias mujeres capacitadas dentro del Partido Centro Democrático, la elección recayó sobre un hombre, lo que contraviene los acuerdos establecidos para garantizar una representación equitativa.

Agregó que en los días que se llevó a cabo la votación para escoger la mesa directiva del Senado, propuso elegir a una mujer para ocupar la segunda vicepresidencia, señalando que "la falta de participación de las mujeres es notoria" y que es vital adoptar medidas efectivas para garantizar su representación.

Argumentando una violación a la norma de las minorías y la equidad de género, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de los vicepresidentes del Senado, John Jairo Roldán Avendaño y Alirio Barrera Rodríguez.

La autoridad judicial recalcó que la primera vicepresidencia de la Cámara Alta está reservada para los partidos minoritarios. Regla que no se cumple porque el senador Roldán Avendaño es de filiación liberal, colectividad que ostenta 13 curules que lo ubican como la tercera fuerza política con mayor participación en el Senado.

En el caso de la segunda vicepresidencia, la elección de Alirio Barrera violó la alternancia de género. Esta regla obliga a que los partidos políticos que hacen parte de la oposición a rotar este cargo entre hombres y mujeres.

Condición que no se cumplió, debido a que es la tercera vez que de manera consecutiva durante el cuatrienio 2022 -2026 se elige a un hombre en la segunda vicepresidencia.

Con esta decisión del Consejo de Estado, el Senado ahora deberá adelantar una nueva elección que cumpla con las disposiciones legales antes expuestas. El pronunciamiento del Alto Tribunal se dio a conocer este jueves 8 de mayo.

 

La diputada por el Centro Democrático, Marisela Duarte, enfrenta un proceso crítico que podría concluir con la pérdida de su curul en la Asamblea Departamental de Casanare. 

Durante la audiencia celebrada hoy viernes 25 de abril en el Tribunal Administrativo de Casanare, la Procuraduría General de la Nación presentó un concepto favorable a la solicitud de pérdida de investidura contra la líder política.

Según el Ministerio Público, Duarte habría incurrido en una irregularidad determinante al participar en la votación sobre su propia recusación. Este procedimiento buscaba inicialmente inhabilitarla para intervenir en el proceso de elección del secretario general de la Asamblea Departamental.

El dictamen de la Procuraduría representa un importante revés para la diputada, quien ahora deberá esperar la decisión final de la autoridad judicial sobre su permanencia en el cargo de elección popular que actualmente ostenta.

Las autoridades continúan analizando los detalles del caso, mientras crece la expectativa sobre el desenlace de este proceso que podría modificar la composición política de la Corporación.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció la apertura de inscripciones para su programa Red de Apoyo Operativo para la Búsqueda, una iniciativa que busca involucrar a personas, organizaciones y colectivos en la labor de localización de víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Objetivo  

El programa tiene como finalidad fortalecer los procesos de búsqueda en los territorios mediante el intercambio de saberes y conocimientos, así como impulsar capacidades individuales y colectivas.

Las acciones incluyen la documentación de nuevas solicitudes de búsqueda y la complementación de información en casos ya registrados, tanto en campo abierto como en cementerios. 

En la iniciativa pueden participar personas buscadoras, independientes o vinculadas a organizaciones.  También colectivos, movimientos y plataformas con experiencia en la búsqueda de desaparecidos, al igual que pueblos y comunidades étnicas afectadas por la desaparición forzada. 

No se requieren conocimientos técnicos o académicos específicos, pero es indispensable contar con la voluntad de trabajar en equipo y contribuir a los esfuerzos de búsqueda. 

Impacto en los territorios 

En su primera convocatoria, realizada en 2024, el programa implementó 17 propuestas en departamentos como Tolima, Santander, Caquetá, Nariño, Cauca, Boyacá, Antioquia, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y San Andrés.

Estas iniciativas han permitido avanzar en la localización de personas desaparecidas y en el fortalecimiento de las capacidades locales.

Gabriel Burbano, director de participación, contacto con las víctimas y enfoques diferenciales de la UBPD, destacó la importancia de esta iniciativa.

“El apoyo de las personas buscadoras ha sido fundamental para fortalecer los resultados concretos y operativos en la búsqueda humanitaria y extrajudicial. Su experiencia y saberes contribuyen de manera activa y significativa a avanzar en las acciones de búsqueda”. 

Próximos pasos 

Las inscripciones ya están abiertas y se espera que este programa continúe ampliando su impacto en los territorios, promoviendo la participación de la sociedad civil en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición forzada.

El Consejo de Estado, Sección Quinta, ratificó este 20 de marzo de 2025 en fallo de segunda instancia sobre la nulidad de la elección de John Jairo Peynado del Partido Liberal, como concejal de Yopal para el periodo 2024 – 2027.

La acción legal fue interpuesta por Reyes Emilio Guanaro Vargas, quien ahora ocupará la curul dejada por Peynado. El demandante argumentó que el demandado estaba inhabilitado debido a la celebración de un contrato con la Gobernación de Casanare dentro del año previo a las elecciones.

Antecedentes del caso

La controversia giró en torno al contrato firmado el 7 de febrero de 2023 entre Peynado Correa y la Gobernación de Casanare, cuyo objeto era brindar asistencia y acompañamiento en la elaboración del Plan Operativo 2023 para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Según el demandante, este contrato se ejecutó mayoritariamente en Yopal, lo que configuraría una causal de inhabilidad conforme al artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

El Tribunal Administrativo de Casanare, en primera instancia, anuló la elección del concejal al considerar probados los elementos material, temporal y territorial que sustentaban la inhabilidad.

Sin embargo, Peynado Correa apeló esta decisión, argumentando que el contrato se ejecutó principalmente en otros municipios como Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní, y no en Yopal.

Defensas e intervenciones

La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral alegaron falta de legitimación pasiva en el caso. Por su parte, el demandado sostuvo que la mención a Yopal como lugar de ejecución se debió a que la Gobernación tiene su sede allí y no al cumplimiento real del contrato en dicho municipio.

Además, argumentó que el contrato fue celebrado con una entidad departamental y no municipal, lo que descartaría la aplicación de la causal de inhabilidad.

Decisión final pendiente

La Sala del Consejo de Estado revisó los argumentos presentados por ambas partes y evaluó los elementos probatorios relacionados con el contrato.

Basado en esta información la autoridad judicial confirmó la sentencia del 02 mayo de 2024, donde el Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad de la elección de Peynado como concejal de Yopal, para el periodo 2024 – 2027.

 

El senador Alirio Barrera refutó todas las críticas que ha recibido en medio del debate por el hundimiento de la reforma laboral.

Sobre el tema de los aprendices del Sena dijo que durante su Gobierno incentivó la creación de nuevas sedes de la entidad en el departamento.

Es por ello por lo que descalificó cualquier señalamiento sobre una posible intención suya de oponerse a que los empresarios paguen el salario mínimo a los aprendices del Sena. Explicó que esta propuesta se puede adelantar por una ley ordinaria.

También dijo que no este y otros señalamientos que ha recibido son falsos. Insistió en que la reforma laboral afectaba al sector empresarial, tal y como ocurrió en Venezuela hace algunos años.

Indicó que el proyecto de reforma laboral es lesivo para los trabajadores. Que este es un tema político delicado y que los cuestionamientos que ha recibido por no contar con títulos universitarios, los ha compensado con los honoris causa que ha recibido, producto de su gestión cuando fue gobernador de Casanare

Señaló que el actual Gobierno ha incurrido en contradicciones. Mencionó que cuando eran oposición ‘incendiaron’ el país porque se propuso el alza de la gasolina y un aumento del IVA a algunos productos de la canasta familiar.

Pero, ahora que son Gobierno han incrementado el precio del combustible y han aplicado el IVA a varios productos, sin embargo, guardaron silencio.

Manifestó que presentó un proyecto para acabar con el catastro multipropósito. Criticó la factura electrónica, la que calificó como sinvergüenzura, porque poner a pagar impuestos hasta los pequeños emprendedores y tiendas de barrio.

Sobre las marchas sostuvo que muchos de los manifestantes son indígenas, que según el presidente Petro no trabajan, por lo tanto, salen protestar por una causa que no es la suya.

Otro tema al cual se refirió fue el costo de la reforma. Aseveró que el Gobierno no tienen conocimiento de cuánto vale. Añadió que en las huestes oficiales sabían que está propuesta no iba a prosperar, pero era necesario hacerla, para después echarle la culpa a alguien.

La controversia suscitada por el hundimiento de la reforma laboral generó toda una avalancha de críticas y señalamientos, tanto los partidarios del Gobierno como de la oposición.

En este rifirrafe de diatribas y cuestionamientos ha escalado el volumen de los insultos, llegando incursionar en el terreno de las ofensas personales.

Justamente en este ámbito, muchos han retomado aquel episodio donde el senador Alirio Barrera ingresó a su caballo Pasaporte al Congreso de la República.

Esta anécdota ha sido utilizada para criticar duramente al parlamentario casanareño, por haber apoyado el hundimiento a la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.

Incluso, el propio presidente de la República Gustavo Petro se refirió al tema. "Este congresista montó a caballo y entró al Congreso. El caballo sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse", publicó el mandatario de los colombianos.

La respuesta del senador no se hizo esperar. "¡PRUDENCIA Presidente. El país está CANSADO de tanta polarización y no se le olvide que fue a caballo qué se LIBERTÓ a Colombia! PASAPORTE no era solo mi caballo, era mi amigo, mi compañero ", contesto el congresista casanareño.

La polémica aún continúa. Se conoce el pronunciamiento de otros actores políticos, así como de la academia. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras hizo un llamado a la bancada de su partido Cambio Radical para que se opongan a la propuesta de consulta popular anunciada por el Gobierno.

Para el jefe máximo de esa colectividad la mencionada consulta es una manera creada por el presidente para hacer política, con el fin de quedarse en el poder.

Por su parte la Universidad Javeriana reveló una carta dirigida a todos los colombianos, donde hacen énfasis en la importancia que tiene el país de analizar sus necesidades en materia de trabajo, así como la de adelantar una reforma que se ajuste a la realidad laboral de la nación.

En este contexto se reconoció que la propuesta del Gobierno tiene aspectos positivos, pero también algunos asuntos que no favorecerían el mercado laboral.

Ahora resta esperar que esta propuesta tenga el eco suficiente para que se busquen salidas concertadas, sin polarizaciones y que beneficie a los trabajadores pero que no afecte a los empresarios.

 

A través de un boletín de prensa, la Nueva EPS señaló que ha garantizado la continuidad en la prestación de procesos de diálisis para sus afiliados, tras realizar pagos por más de $259.000 millones a los principales proveedores de este servicio en el país.

Entre abril de 2024 y marzo de 2025, la entidad giró estos recursos a las empresas RTS SAS, Davita SAS, Fresenius Medical Care Colombia y Nefrouros, asegurando la atención de 10.652 pacientes en diversas ciudades. 

Durante este período, se llevaron a cabo 1,2 millones de sesiones de hemodiálisis y más de 997.000 procedimientos de diálisis peritoneal. Estos servicios se han mantenido sin interrupciones, incluso durante la intervención forzosa administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud. 

La entidad reiteró su compromiso de garantizar el acceso a los servicios de salud para sus afiliados, especialmente para aquellos con condiciones críticas que requieren tratamientos continuos como la diálisis.

La EPS aseguró que continuará trabajando para mantener la calidad y la cobertura de estos servicios en todo el territorio nacional. 

 

El Tribunal Administrativo de Casanare dejó en firme la elección de Marco Tulio Ruiz como alcalde de Yopal para el periodo 2024-2027, tras determinar que los demandantes, Lenin Humberto Bustos y Germán Ernesto Escobar Higuera, presentaron su apelación fuera de plazo estipulado.

El fallo que favoreció a Ruiz fue emitido el 6 de diciembre de 2024, y los demandantes tenían hasta el 19 de diciembre para apelar. Sin embargo, su recurso fue presentado el lunes 13 de enero, lo que llevó al Tribunal a rechazarlo por ser extemporáneo. 

A pesar de este revés, los abogados de los demandantes aún tienen la opción de interponer un recurso de queja contra esta decisión de la autoridad judicial.

El representante a la cámara por Casanare, Vladimir Olaya Mancipe, ha expresado su profunda preocupación por el trato que siguen recibiendo las mujeres en la sociedad, especialmente en el ámbito político.

Olaya criticó las acciones de algunos asambleístas en contra la diputada Marisela Duarte Rodríguez, calificándolas de poco transparentes. El representante hizo un llamado a la sociedad a crear espacios más inclusivos, seguros y respetuosos para las mujeres.

El congresista enfatizó en la necesidad de un compromiso inquebrantable con el apoyo a la mujer en todos los escenarios. Señaló que las mujeres enfrentan desafíos, prejuicios y barreras que limitan su desarrollo pleno.

Recordó que la historia demuestra que las decisiones sin la participación plena de las mujeres no reflejan las necesidades de toda la sociedad.

Igualmente destacó que la paridad en la toma de decisiones no es solo un asunto de justicia, sino también una necesidad para construir sociedades más equilibradas. Por lo tanto, intentar excluir a las mujeres del escenario político es intolerable.

Aseguró que, desde el Congreso de la República, se trabaja en políticas que promuevan la participación de las mujeres en todos los niveles del Estado. Esto fortalecerá la democracia y evitará que las mujeres sigan siendo víctimas de una cultura machista.

Olaya concluyó afirmando que las mujeres deben sentirse seguras en todos los espacios, libres de violencia, acoso o discriminación. Es necesario promover la empatía y la educación en valores desde temprana edad para que las futuras generaciones crezcan en un entorno de respeto mutuo. 

El objetivo es que la sociedad se convierta en un escenario donde la mujer se sienta respaldada, valorada y respetada. La igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres es fundamental para un futuro más justo, equilibrado y próspero.