La Gobernación de Casanare informó que respecto al servicio de gas domiciliario para el sector urbano y rural, se hizo una inversión de $ 9.100 millones durante el 2018. De igual modo, que se construyeron 461 conexiones domiciliarias de gas natural y más 65 Kilómetros de gasoductos y redes de distribución, beneficiando a 21 mil habitantes de Casanare. 

Los municipios beneficiados con proyectos de gas domiciliario fueron:

Sector la Barquereña, San Luis de Palenque

Construcción de redes de gas natural para las veredas Cachiza, Vegana y Manoguía, del municipio de Aguazul.

Adecuación, reparación y mantenimiento de la protección catódica del gasoducto del norte entre Yopal y Paz de Ariporo, y del gasoducto de la zona industrial en el municipio de Yopal.

Construcción de las redes de gas domiciliario de las veredas El Mango, Gaviotas y Guacharacal y Ampliación de las Redes de gas en el Centro Poblado Tilodirán del municipio de Yopal.

Construcción de redes de gas natural para el centro poblado Chaparrera sector Los Mangos y Amapola del municipio de Yopal.

Corregimiento Punto Nuevo (veredas El Amparo, San Pascual, Primero de Mayo, Barbillal, Punto Nuevo, Palomas Agua Verde.

Norte del Departamento (Yopal, Nunchía, Támara, Pore, Paz de Ariporo y Hato Corozal). 

La Décima Sexta Brigada informó que la Semana Santa transcurrió en total tranquilidad  en los 19 municipios del departamento de Casanare y los municipios de Pisba y Paya, Boyacá, gracias al esfuerzo de las tropas del Ejército Nacional, de manera conjunta y coordinada con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

Para el plan de seguridad de Semana Santa, la Décima Sexta Brigada dispuso de soldados suficientes para garantizar la seguridad a propios y visitantes, en los 21 municipios de la jurisdicción de esta Unidad Operativa Menor, con un esfuerzo principal de más de 400 uniformados desplegados sobre las diferentes vías.

Así mismo, se informó que se reforzaron las operaciones ofensivas en toda la jurisdicción, con el fin de neutralizar cualquier pretensión delictiva por parte de los grupos armados organizados, también, se mantuvieron activas las líneas gratuitas 146 y 147, para estar en contacto con la ciudadanía y la red de participación cívica.  

“Hoy podemos decirles que aquí estamos las autoridades trabajando de la mano, que pueden confiar en nosotros, que estamos preparados y cohesionados en la lucha contra los diferentes delitos”, expresó el coronel Jose Miguel Navarro Solórzano, comandante de la Décima Sexta Brigada. 

Tal como semanas atrás lo anunció el presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía Sendoya, la entidad le declaró la guerra al fraude, por lo cual, luego de las denuncias instauradas ante la Fiscalía General de la Nación en el mes de marzo por valor de $5.414 millones, se acaban de efectuar nuevas denuncias ante el ente acusador por ilícitos detectados en oficinas del Huila, Casanare y Antioquia, que ascienden a los $2.335 millones.

En el departamento del Huila se identificó un fraude por $467 millones, que involucra a las oficinas de La Plata y Nátaga.

El siguiente caso involucra a la oficina de Pore, Casanare, con un ilícito por $75 millones.

En Antioquia por su parte, fueron descubiertos dos fraudes bancarios:

El primero por una cuantía de $1.660 millones en la oficina de San Carlos.

El segundo tuvo lugar en la sucursal de Turbo, por $133 millones.

“Es importante reiterar que en el Gobierno del presidente Duque, el que la hace la paga, y por eso en el Banco Agrario no cesaremos en nuestro empeño de investigar, denunciar y poner al descubierto a las organizaciones delictivas que involucran tanto a personal de la entidad, como a personas externas a la misma, que vienen cometiendo fraudes contra la institución”, indicó el presidente del Banco Agrario.

“El Banco Agrario, en cabeza de su presidente Francisco José Mejía, continuará investigando e implementando todas las medidas para prevenir hechos de corrupción y fraude, en línea con el principio de legalidad del gobierno del presidente Iván Duque”, expresó la entidad en comunicado de prensa.

Oficina de Comunicaciones

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El 28 de marzo de 2016 el general en retiro Henry Torres Escalante fue detenido en el marco de un proceso penal por su supuesta responsabilidad en dos ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, ocurridas el 6 de marzo de 2007 en el municipio de Aguazul, Casanare.

Inistiendo en su inocencia, y por considerar que no había garantías en la justicia ordinaria, en julio de 2017, Torres Escalante pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz y un año después ante esa justicia especial acudió a una primera audiencia en la que anunció su compromiso de contribuir a la verdad y firmó el acta de sometimiento. Ahora, la JEP le negó el beneficio de la libertad.

La defensa del oficial solicitaba que se le revocara la medida de aseguramiento que pesa en su contra, por considerar que cumple con los requisitos que para ello estipuló la ley. En decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se señaló que el general sí cumple con los parámetros legales, menos el que indica que quien busca recuperar su libertad debe haber estado privado de la libertad mínimo cinco años. Esto, además, si se tiene en cuenta que el oficial quedó libre por orden de un juez en 2017 y fue nuevamente detenido el 23 de enero de 2018.

Aunque el oficial ya está recluido en el Cantón Norte de Bogotá, la Sala consideró que sí le podría otorgar el beneficio de estar detenido en una unidad militar y, por eso, ordenó que se evalúe su traslado, de ser necesario, a la unidad que esté más cercana a donde habita su familia. Para ello, el general Torres deberá suscribir un acta de compromiso en el que reafirme que cumplirá con sus obligaciones con la Jurisdicción Especial para la Paz, contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas además le dio un plazo de 10 días al general para que presente por escrito un “plan de cumplimiento claro, concreto y programado, en relación con sus compromisos de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y la no repetición, so pena de perder el beneficio concedido en esta oportunidad”.

En ese documento, el oficial tendrá que exponer los hechos por los cuáles aportará verdad, “la parte de la realidad del conflicto que coadyuvará a esclarecer; los programas de reparación inmaterial e integral en que participará para resarcir a las víctimas, de preferencia aquellos que permitan restaurar los derechos afectados y la superación de la situación social que enfrentan por causa de la victimización”, así como sus aportes efectivos para la no repetición.

Además, el general en retiro Henry Torres deberá presentar un programa de participación ante la justicia transicional que detalle lo que tiene para aportar en cuanto verdad, justicia, reparación y no repetición. Todo esto será evaluado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR).

Contexto

El general en retiro Henry Torres Escalante, es acusado de homicidio en persona protegida por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos campesinos identificados como Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, cuando se desempeñaba como comandante de la XVI Brigada del Ejército. Ambos fueron acribillados en marzo de 2007 en la finca El Triunfo en Aguazul, Casanare, y luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

En enero de 2017, un juzgado de Yopal, se convirtió en el escenario de un hecho histórico: El comienzo del primer juicio contra un general señalado de ser responsable de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales.

En 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación. Por años las familias de las víctimas, así como varias organizaciones de derechos humanos reclamaron a las autoridades que las investigaciones llegaran hasta los altos oficiales, para establecer los máximos responsables de esa macabra práctica. Fue así como en 2015 la Fiscalía anunció que tenía 16 generales bajo la lupa, encabezados por Mario Montoya, excomandante del Ejército. Tras ese anuncio poco se volvió a saber del tema hasta marzo de 2016 cuando fue detenido el primer general de esa lista: Torres Escalante.

La Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la Decimosexta Brigada del Ejército en Casanare, comandada por el entonces coronel Torres Escalante. Según el expediente, además de conseguir un falso positivo con esos asesinatos también buscaban silenciar a los campesinos, que habían presenciado y denunciado otras ejecuciones cometidas por militares en esa zona del país.

Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la Decimosexta Brigada entre 2005 y 2007. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres, retirado del Ejército tras su captura, incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios. Uno de los más contundentes es el del teniente (r) Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que, a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior. Así mismo su aporte se realizó por acción y omisión”.

Tras su arresto Torres quedó recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá. Con 38 años de carrera militar fue comandante de Huila, Tolima, Cundinamarca, Casanare y de la Quinta División. Además, estuvo al frente del Comando Suroccidente del país (Valle, Cauca y Nariño). En su último cargo, ejerció la jefatura del Centro de Memoria Histórica del Ejército.