Actualmente desde la Contraloría Departamental de Casanare, se viene desarrollando y fortaleciendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), ratificando el compromiso del órgano de control en la protección y bienestar de sus trabajadores.

Este sistema busca una mejora continúa, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.

Desde la Contraloría Departamental de Casanare, este sistema se evalúa y planifica, estableciéndose un cronograma de trabajo anual.

Este en año en particular, cuando se empezaron a ver los efectos de la pandemia por el coronavirus COVID-19, la Contraloría Departamental, buscando proteger a los servidores públicos y a sus familias, expidió la circular No. 012 de 18 de marzo de 2020, impartiendo directrices para realizar labores, a través de trabajo en casa.

Igualmente, se expidió la circular No. 014 de 2020, por medio de la cual los servidores públicos iniciaron de manera obligatoria, talleres web desde el 26 de marzo con la ARL, para complementar los conocimientos en seguridad y salud en el trabajo.

En los talleres web se refuerza la salud emocional (tristeza, miedo, rabia) que se da por los cambios en las condiciones de trabajo, generados por el aislamiento que vivió el departamento en el inició de la pandemia.

“Cabe resaltar que si no hay un adecuado manejo de las emociones, es probable que se presenten efectos negativos en la salud de la persona, en enfermedades como estrés, síndrome del trabajador quemado (la persona siente cansancio permanente y su rendimiento es inferior al habitual) y ansiedad, entre otras”, señaló Greis Monroy, profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De manera continúa se comparte información con los servidores públicos sobre la prevención del riesgo psicosocial, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Adicionalmente este año, se conformó el nuevo Comité de Convivencia Laboral para la vigencia 2020-2022, organismo encargado de vigilar que la Entidad, efectúe las actividades relacionadas con la prevención del riesgo psicosocial que puedan afectar la salud, como el acoso laboral y estrés laboral, y otras para mejorar la convivencia laboral y las relaciones interpersonales.

Los capturados serían integrantes del grupo residual E 10°- Martín Villa, y exigirían pagos a conductores de carga pesada y transporte público para permitir la circulación por las vías del departamento.

Fueron enviados a centro carcelario 4 hombres y 1 mujer, capturados como presuntos responsables de exigir
dinero a nombre del reducto E-10 Farc, y quienes al parecer cobraban para permitir la
movilización por vías que comunican a los municipios de Tame y Arauca, en el departamento de Arauca.

Según la investigación liderada por investigadores del CTI de la Fiscalía, con apoyo de los grupos Gaula Militar del Ejército Nacional y Gaula de la Policía Nacional, y la Fuerza Aérea, se determinó que los detenidos serían los encargados de abordar a los conductores de camiones y transporte público y exigirles un presunto paz y salvo para poder circular.

Quienes no lo portaban habrían sido llevados hacia sectores desolados y despojados de sus pertenencias. Los conductores serían separados de los vehículos y obligados a entregar las llaves de estos.

La Fiscalía evidenció que se harían negociaciones con las empresas propietarias de los automotores o de las mercancías, para exigir pagos de rescate, que oscilan entre los 5 y los 200 millones de pesos. Mientras se accedía a pretensiones, los conductores eran retenidos, por lapsos que iban de 2 horas a 8 días.

Luego de trabajo de seguimiento e interceptación de llamadas, la Fiscalía obtuvo
varios audios, donde los hoy detenidos comunicarían el momento en que las víctimas
rodaban por la carretera para coordinar el asalto.

Con la información recogida se llevó a cabo la identificación, ubicación y detención mediante orden judicial de Ferney Cárdenas Sanguino, Joel Rizo Duarte, Eliécer Rizo Duarte y María Eloina Peñaranda Bautista, mientras que en flagrancia fue capturado Danilo León León, en diligencias realizadas en el centro poblado de Puerto Jordán del municipio de Arauquita y en área urbana de Tame en el departamento de Arauca.

Ante el Juzgado 3° Promiscuo Municipal se legalizó la captura y el material incautado. Por su parte, la Fiscalía imputó cargos contra los detenidos por los delitos de rebelión en concurso con toma de rehenes y hurto calificado y agravado, los cuales no fueron aceptados.

Dentro del material incautado en las capturas están algunos documentos de "certificados de pago", con logo símbolos del Gaor E-10 frente décimo Martín Villa.

En horas de la mañana de este jueves, fue detenido el presunto agresor del ciudadano venezolano que salió lesionado con arma blanca en fuerte riña originada la tarde de este miércoles en el parque La Herradura de Yopal.

Santiago Castillo fue interceptado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía cuando se desplazaba a pie por la vía que de Yopal conduce a Paz de Ariporo a la altura de Araguaney.

Aunque las autoridades hicieron lo pertinente para detener al presunto agresor, a este no se le abrió ningún proceso porque la víctima no quiso denunciarlo.

De acuerdo con las autoridades, el joven que resultó lesionado con arma blanca en medio de esta riña, es conocido con el alias "Maluma" y hace al menos 15 días había sido capturado en La Bendición por porte ilegal de armas.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen denunciado riñas protagonizadas por ciudadanos de origen venezolano que a diario ponen en riesgo y alteran la seguridad y la convivencia ciudadana.

Estos fenómenos delictivos que afectaron la seguridad ciudadana presuntamente estarían coordinados por cabecillas de disidencias de las Farc para promover el terrorismo en la capital entre noviembre de 2019 y septiembre de 2020.

Ante los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, el juez 74 con función de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Justo Ernesto Villarraga, Erika Lorena Flores Durán, Miguel Andrés Parga y Greissy Alexandra Perilla Vargas, por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en medio de transporte público, obstrucción de vías públicas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

Presuntamente, cumpliendo roles, habrían participado el 21 de noviembre de 2019 en los bloqueos presentados en el suroccidente de Bogotá, los daños al portal de Transmilenio de Las Américas,saqueos y fuertes enfrentamientos con la fuerza pública en lossectores de Patio Bonito y Tintal, utilizando artefactos no convencionales para atacar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Por otra parte,se presume que se encargaban de reclutar gente para lograr su cometido y que participaron también en protestas violentas en los meses de abril y mayo últimos, así como en los disturbios ocurridos recientemente. Por ejemplo, el pasado 9 de septiembre Villarraga y Parga habrían ejecutado la quema de un CAI.

De acuerdo con la investigación, los cuatro procesados, junto a otra mujer conocida con el alias de Rosita, serían miembros de la Unión Solidaria de Bogotá articulada por Wilson Reinel Moreno, alias Martín, quien fue capturado en el departamento de Tolima, en febrero pasado.

Se evidenció que las uniones solidarias (pequeñas células urbanas) se componen de 3 a 5 integrantes y se reúnen cada 15 días, como mínimo para coordinar su accionar delictivo.

Pese a que los abogados defensores se opusieron a la medida solicitada por el fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá, con el argumento de que no se habían presentado las pruebas suficientes para dicha medida, el juez avaló la solicitud del ente acusador y los envió a la cárcel.
La decisión fue apelada por la defensa.