Por proposición de los Representantes a la Cámara, César Ortiz Zorro de Casanare y Wílmer Leal de Boyacá, se realizará la Audiencia Pública sobre el estado de la vía nacional Sogamoso - Yopal, en la cual se revisará el estado y avances del proyecto de la doble calzada Aguazul – Yopal, así lo informó el congresista casanareño. 

De acuerdo con Ortiz Zorro la audiencia busca “solicitarle a la ANI, Covioriente y Mintransporte, respuesta de las irregularidades que se han presentado en la ejecución de este proyecto en materia predial, en gestión laboral y en gestión ambiental” e hizo una invitación a la ciudadanía a seguir la transmisión en redes sociales de la audiencia en la comisión sexta. 

A la jornada, que se realizará este viernes 11 de septiembre a partir de las 9:00 am, están citados los siguientes funcionarios: 

- Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez.

- Director Nacional de INVIAS, Juan Esteban Gil Chavarría.

- Presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez.

- Dirección General de Corporinoquia.

- Gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame.

- Gobernador de Casanare, Salomón Andrés Sanabria.

- Representante Legal de COVIORIENTE. 

“5 años y después de más de 100 reuniones, aún no conocemos los diseños definitivos (…) Lo único que conocemos de este proyecto es que vamos a tener dos peajes. Uno en especial en el Charte, el cual es un peaje que le va a ser un daño grandísimo a estos dos municipios hermanos. Nos van a afectar económicamente” agregó Ortiz Zorro.

Son 184 los contratos a los cuales la Contraloría Departamental de Casanare está realizando auditoría, a través de 3 grupos conformados por auditores dentro de los cuales están revisando la contratación de 18 municipios, la Gobernación de Casanare y algunos entes descentralizados. 

Las auditorias están distribuidas así: 25.127 millones 

Grupo 1:  le correspondió revisar los contratos de la Gobernación de Casanare, Hospital Regional de la Orinoquia, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Red Salud Casanare y los municipios de Recetor y Chámeza. Los contratos ascienden a 16.782 millones de pesos. 

Grupo 2: se revisan los contratos de los municipios de Yopal, Sabanalarga, Hato Corozal, San Luis de Palenque, Orocué y Villanueva y el Megacolegio de la comuna 5 en Yopal, cuyos recursos están por el orden de 5.175 millones de pesos. 

Grupo 3: se revisan los contratos de los municipios de Nunchía, Trinidad, Támara, Pore, Aguazul, Maní, Monterrey,  Tauramena, Paz de Ariporo, Empresa de Servicios Públicos de Aguazul con 2 contratos y las Institución Educativas Braulio González y Centro Social. Los contratos suman 3.170 millones de pesos. 

Contratos solicitados por Contraloría General de la República 

Cabe aclarar que de los 184 contratos auditados inicialmente, por control preventivo y concomitante, la Contraloría General de la República, solicitó el estudio de 12 contratos, entre los cuales están 5 de la Gobernación de Casanare, como lo fue el de camas hospitalarias, de adulto mayor y compra de equipos biomédicos que superan los 12.135 millones de pesos. 

De La Salina se solicitó un contrato de bienes para el Comité de Gestiónde Riesgo por 24 millones 533 mil pesos; del Hospital Regional de la Orinoquia, uno de Biomédicos por 1.477 millones de pesos; en Hato Corozal dos contratos de suministro por valor de 379 millones 854 mil pesos; en Yopal 2 contratos de suministro por 1.296 millones de pesos y en Villanueva, un contrato de 217 millones 607 mil pesos.

De los 25.028 millones de pesos inicialmente auditados por el ente de control en el departamento, la Contraloría General de la República, realizó intervención funcional a 12 contratos que equivalen a 15.530 millones de pesos. Así las cosas, la Contraloría en Casanare culminó auditorias en contratos por valor de 9.597 millones, es decir el 38 por ciento del monto con el que arrancó en este proceso. 

Logros

Gracias al trabajo de las distintas auditorías que adelantó la Contraloría Departamental de Casanare, se logró que los entes territoriales empezaran a elaborar  estudios previos y de mercados  más organizados; se contrató con precios más bajos;  algunos entes territoriales hicieron modificaciones de sus contratos, reduciendo los precios de lo contratado; otras entidades dejaron de realizar la contrataron directa y optaron por utilizar las diferentes  modalidades de  la contratación contenidas en ley 80 de 1993, lo que generó procesos más estrictos, rigurosos y con mayor transparencia  a través del ejercicio de selección objetiva de los contratistas. 

La Contraloría revisó al amparo del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, la legalidad de los actos administrativos de declaratoria de la Urgencia Manifiesta que permitió la suscripción de los citados 184 contratos, verificando que existiera coherencia entre la declaratoria y lo que se contrató, y finalmente, en virtud del Decreto Ley 403 de 2000, se está realizando el control posterior respecto de la ejecución de los recursos públicos en estos contratos.

A sanción Presidencial proyecto de Ley que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.

Después de ocho años de descontento por la Ley 1530 de 2012 —que les recortó regalías directas a las regiones productoras— y de largas discusiones, el Congreso aprobó por mayorías la iniciativa gubernamental. Ahora, el País se prepara para que el presidente Iván Duque, sancione la nueva Ley que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, norma de enorme trascendencia para el desarrollo y gestión de las regiones y territorios. 

La Ley de la República, hace una distribución más equitativa de los ingresos de regalías entre las regiones productoras y no productoras, incrementa la asignación para los grupos étnicos, garantiza los recursos para la Paz, crea la asignación regional y racionaliza los actores y procesos para la viabilización, priorización y aprobación de los proyectos. Además, se destinan nuevos recursos para el medio ambiente.

El proyecto fue debatido ampliamente en comisiones y plenarias del Congreso de la República, y enriquecida por ponentes y congresistas. Ahora contempla nuevos sectores y sujetos de inversión. “Me siento muy complacida que de las proposiciones que presenté, tres hayan quedado en la ley”, indicó Amanda Rocío González, senadora del Partido de Gobierno.

Salvar a las EPS públicas

La Senadora logró que en el artículo 41 del proyecto, se permitiera que las entidades territoriales con recursos de Asignaciones Directas, puedan capitalizar y sanear a sus EPS.  “Ello, garantizará que podamos salvar financieramente a nuestra empresa CAPRESOCA EPS, orgullo casanareño”.

Invertir en el ecosistema de la Orinoquía

En el parágrafo tercero del Artículo 51 propuso que, con los recursos de la Asignación Ambiental, en las convocatorias que haga en Ministerio de Medio Ambiente, se prioricen áreas ambientales estratégicas de escala nacional, como las sabanas inundables de la Orinoquía y la cuenca del Río Meta, que inicialmente no estaban contempladas en esta disposición.

Sin perjuicio de los nuevos gobernantes

“Incluimos un parágrafo al artículo 169 del proyecto, que nos garantizará que la medición del desempeño de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías que adelante el DNP, no afecte a las administraciones actuales de los territorios, con medidas de protección inmediata como la suspensión de giros, cambio de ejecutor o la no aprobación de proyectos, las cuales perjudicarían a los territorios y comunidades”, finalizó Amanda Rocío.

Si no se inyectan 12 mil millones de pesos para el sector educativo en Yopal, el próximo año no se contará con suficientes recursos para contratar personal de aseo, vigilancia y administrativo para los colegios públicos de este municipio, así lo dio a conocer el Secretario de Educación, Yesid Jiménez en dialogo con el noticiero del medio día Cómo Va Casanare de Caracol Tropicana 106.3 F.M. 

De acuerdo con el Secretario de Educación del municipio de Yopal “vamos a tener grandes dificultades en los próximos años, si el Ministerio de Educación no nos colabora en la asignación de más recursos o eleva la cuota de administración” 

Por ello está gestionando con el Ministerio de Educación los recursos necesarios para poder cubrir la canasta educativa que tiene un costo aproximado de al menos 22 mil millones de pesos. La preocupación es grande si se tiene en cuenta que por la pandemia ha habido deserción del 7% de los estudiantes. 

“La idea es que el Ministerio, en vez de aumentarnos la cuota de instrucción, nos de como alternativa el nombramiento de planta para todo el personal misional como son los administrativos de cada uno de los colegios del municipio de Yopal” manifestó Yesid Jiménez quien agregó que “es importante que el Ministerio comprenda que las entidades territoriales ya no contamos con los recursos para la canasta educativa provenientes de la regalías directas”