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CN (20147)

La Alcaldía de Yopal llevó a cabo una visita técnica de campo para verificar las condiciones urbanísticas del área donde se proyecta la construcción del Malecón del Río Cravo Sur. Esta actividad marca el inicio de las fases 1 y 2 del proyecto, centradas en la elaboración de los estudios y diseños definitivos para la intervención de esta zona que conecta el sector comercial ribereño con el Parque La Iguana.

La ejecución de estos estudios se realiza a través de un convenio suscrito con la Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitrópico), institución que ya formalizó el acta de inicio de las labores de consultoría. El proyecto contempla una intervención global de más de 74.000 metros cuadrados, destinados a infraestructura recreativa, deportiva, cultural y comercial.

Durante el recorrido por el territorio, la Secretaría de Planeación Municipal estuvo acompañada por delegados de la Sociedad de Ingenieros de Casanare y miembros de la veeduría ciudadana del Río Cravo Sur.

La presencia de estos organismos tiene como fin realizar el seguimiento técnico y el control social a la etapa de planeación, asegurando que los diseños se ajusten a las condiciones reales del terreno y a la normativa vigente.

Narda Perilla, secretaria de planeación municipal, informó que esta fase de diagnóstico permitirá establecer la viabilidad técnica de la obra antes de proceder a las etapas de contratación y ejecución física.

Según la funcionaria, el proceso administrativo continuará bajo el rigor técnico acordado en el convenio académico, con el objetivo de integrar el desarrollo urbano de la ciudad con la recuperación del entorno natural del río.

El concejal de Yopal, Ociel Ortiz, presidió una mesa de trabajo para analizar el estado de legalización de la urbanización La Pedrera, tras recibir denuncias de la comunidad sobre el incumplimiento en la prestación de servicios públicos básicos y el desarrollo de la infraestructura prometida por los urbanizadores.

 Los habitantes del sector reportaron habitar en condiciones precarias debido a la falta de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

Según Ortiz, el suministro de agua actual depende de un pozo profundo diseñado originalmente para 60 familias, pero que hoy abastece a una población de entre 200 y 300 personas, resultando insuficiente para la demanda actual.

La problemática se agrava por el incumplimiento de los urbanizadores privados, quienes, según el concejal, no han presentado los esquemas diferenciales de servicios públicos permitidos por la ley ni han ejecutado las obras de infraestructura básica a las que se comprometieron al vender los predios.

Marco legal y responsabilidad institucional

Sostuvo que el proceso de legalización se enmarca en el Decreto 018 de 2021, emitido durante la administración anterior para facilitar la regularización de asentamientos en el sector de La Pedrera.

No obstante, el concejal señaló varios puntos clave sobre el estado jurídico del proyecto. Ortiz dijo que algunos decretos regulatorios ya han perdido vigencia por el transcurso del tiempo sin que se reporten avances significativos.

Enfatizó que, al tratarse de urbanizaciones privadas, la responsabilidad directa de la infraestructura recae en los urbanizadores y no en el municipio, aunque la administración realiza el acompañamiento técnico.

Mencionó que existe una sentencia del Consejo de Estado derivada de una acción popular de 2011 o 2012 que otorga herramientas al municipio para tomar decisiones sobre estas urbanizaciones.

Magnitud del proyecto y acciones futuras

La Pedrera es considerada uno de los proyectos urbanísticos de mayor trascendencia en el casco urbano de Yopal por su extensión.

Ortiz comparó la magnitud del sector con la ciudadela La Bendición, indicando que, mientras esta última alberga a 5,000 familias, La Pedrera tiene una capacidad proyectada para cerca de 13,000 familias en sus tres etapas.

Ante la inasistencia de los urbanizadores a la mesa de trabajo, el Concejo Municipal busca brindar herramientas jurídicas a los compradores para que puedan iniciar procesos de demanda o acciones legales ante el Tribunal Administrativo.

El concejal recalcó que el objetivo de estas mesas no es atacar a los privados, sino buscar alternativas conjuntas para solucionar la problemática de los ciudadanos que adquirieron sus lotes de buena fe.

Después de casi un mes de protestas se logró llegar a un acuerdo entre la comunidad que manifestaba por el alza excesiva en el valor del peaje de San Pedro, que ubicado en las goteras de Villanueva y la Agencia Nacional de Infraestructura.

En ese punto la tarifa pasó de $12.800 a $20.300 para vehículos de la categoría I, es decir los automóviles particulares, que son los que pagan el menor valor.

El incremento generó el rechazo de los habitantes de los municipios aledaños al retén, como Villanueva, Sabanalarga y Monterrey, usuarios frecuentes de esta vía que es La Marginal del Llano, que comunica al Casanare de sur a norte.

Los acuerdos pactados contemplan una tarifa diferencial para estos viajeros con mínimo un cruce por el peaje cada dos meses y hasta dos vehículos por familia. Esta medida se extiende a todos los automotores de la categoría I hasta la VII.

Sin embargo, para obtener este beneficio los propietarios de los automotores deben registrarse. Para hacerlo deben llevar certificado de residencia y una fotocopia de la tarjeta de propiedad. Además, no deben tener comparendos, contar con los papeles del vehículo al día, poseer certificado de bien raíz.

La tarifa diferencial aplica para los residentes de los municipios de Barranca de Upía, Villanueva, Sabanalarga, San Luis de Gaceno (Boyacá) y Monterrey.

Las tarifas

El valor de la mencionada tarifa diferencial quedó en $3.700 para la categoría I; $9.700 para la categoría II; $19.400 para la III; la categoría IV el costo es de $24.600; la V se estableció en $37.600; la categoría VI en $47.000 y la VII en $54.400.

El Cuerpo de Bomberos de Tauramena atendió un incidente relacionado con fallas en el sistema eléctrico en el barrio El Gabán, tras recibir reportes de la comunidad a través de la línea de emergencias.

Al llegar al lugar, el personal de atención de emergencias constató un cortocircuito en las líneas de alta tensión. La inspección técnica evidenció la caída de varios conectores del sistema, situación que provocó chispas y la interrupción inmediata del suministro de energía en este sector del municipio.

Siguiendo los protocolos de seguridad, los bomberos procedieron a acordonar el área para prevenir accidentes con peatones o vehículos.

También se notificó de manera inmediata al personal operativo de la empresa de energía, quienes asumieron la reparación de la infraestructura para el restablecimiento del servicio.

Recomendaciones a la comunidad

La institución de socorro reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de manipulación de las redes eléctricas y recordó la importancia de reportar este tipo de anomalías a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de todos.

El Consorcio TVG informó que se llevarán a cabo obras de mantenimiento integral en los elementos estructurales del puente "La Cabuya", ubicado en el kilómetro 2 de la vía que comunica a Yopal con Paz de Ariporo.

De acuerdo con la empresa, la decisión se fundamenta en recientes estudios de vulnerabilidad que determinaron la necesidad urgente de intervenir la infraestructura.

Las obras tienen como objetivo principal garantizar la optimización de la capacidad de carga de la estructura, asegurar la operatividad continua del puente y mantener los estándares de seguridad vial para los usuarios del corredor.

Impacto en la movilidad

La información confirmó que para adelantar estos trabajos es necesario adelantar cierres parciales, a partir del próximo 9 de febrero. El consorció también manifestó que las restricciones al tráfico se implementarán en los horarios de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde.

Unidades operativas del Cuerpo de Bomberos de Monterrey atendieron un accidente de tránsito registrado en la Marginal del Llano, específicamente en el sector del kilómetro 35+200 metros, ubicado en el recorrido que conduce al municipio de Villanueva.

Al lugar llegó personal de rescate y brindó asistencia a un hombre de 26 años, quien conducía la motocicleta al momento del siniestro. Siguiendo los protocolos de atención prehospitalaria, las unidades realizaron inmovilización espinal completa, para prevenir lesiones neurológicas.

También aseguramiento de extremidad superior mediante inmovilización con cabestrillo y se le realizó monitoreo constante de signos vitales durante el trayecto.

El lesionado fue evacuado en una unidad de emergencia hacia el centro de salud local. Según el reporte oficial del cuerpo de socorro, el paciente fue entregado al personal médico de turno en estado consciente y estable para su respectiva valoración y tratamiento especializado.

Hasta el momento, las autoridades viales no han determinado las causas exactas que originaron el accidente en este importante eje vial del departamento.

La Dirección de Rentas de Casanare, bajo el liderazgo de Yonny Silva Rivera, ha intensificado el programa departamental anticontrabando, priorizando la educación ciudadana y la vigilancia operativa como ejes para salvaguardar los recursos destinados a la salud y la seguridad de los consumidores.

En declaraciones del director de esta dependencia, el programa se fundamenta en la creación de una cultura de legalidad que vincula tanto a comerciantes como a consumidores finales.

Las líneas de acción se dividen en tres componentes estratégicos. El primero va dirigido a la capacitación sectorial a través de jornadas directas en centros comerciales, bares y licoreras.

En estos espacios, los propietarios de establecimientos reciben instrucción técnica para identificar señales de alerta en las estampillas y empaques de los productos.

Un segundo componente es la sensibilización al consumidor. En este punto el esfuerzo se materializa vía campañas de educación, donde se promueve que el ciudadano priorice la calidad y el origen legal del producto sobre el precio, enfatizando que el consumo de licor adulterado representa un riesgo directo para la vida.

El tercer y último ítem es el control a expendidos. El departamento insta a la compra exclusiva a través de distribuidores autorizados para garantizar la trazabilidad de las rentas departamentales.

Adulteración de licores

En articulación con la Policía Nacional, Casanare reportó una cifra récord de incautaciones durante el último año. Actualmente, el foco de vigilancia se encuentra sobre las marcas de aguardiente de mayor rotación, debido a que su popularidad las convierte en el objetivo principal de las redes de falsificación.

Silva señaló que el objetivo es evitar que en el departamento se alcancen índices críticos de adulteración, como los observados en otras regiones del país donde se ha reporta que cerca del 25 por ciento del licor comercializado es de origen irregular.

El Desafío del nuevo marco tributario

Pese a los esfuerzos educativos, la administración advierte que el Decreto 1474 de 2025, que incrementa el impuesto a los licores en un 110%, supone un desafío adicional para la lucha anticontrabando.

Según el análisis técnico, el aumento sustancial en el precio de venta al público, que podría llevar una botella de aguardiente de $40.000 a $70.000.  

Se considera que este incremento incentivaría el contrabando y la adulteración de los licores, porque algunos compradores buscarían este tipo de mercado para conseguir mejores precios.

Ante este panorama, la Dirección de Rentas reafirmó que la vigilancia se mantendrá estricta para evitar la fuga de capitales que financian el sistema de salud (ADRES) y para proteger la integridad de los habitantes de Casanare frente a productos químicos nocivos.

La Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Yopal realizó las jornadas de socialización para la implementación de zonas WiFi gratuitas en las veredas La Alemania (corregimiento de Tilodirán) y El Aracal (corregimiento de El Morro).

Según la Administración municipal, el proyecto busca establecer puntos de conexión a Internet en sectores rurales que carecen del servicio.

En las proyecciones técnicas de la Alcaldía, el alcance del beneficio llegará a 200 familias en la Alemania y 56 de El Aracal.

De acuerdo con José Tobías Díaz Alarcón, secretario TIC, la infraestructura permitirá a los habitantes de estos corregimientos realizar trámites institucionales, acceder a plataformas educativas y consultar información en línea.

El funcionario indicó que el objetivo central es disminuir la brecha de conectividad entre el casco urbano y las zonas rurales del municipio.

Por su parte, Roselino Bohórquez, presidente de la junta de acción comunal de El Aracal, señaló que el servicio facilitará las actividades académicas de los estudiantes del sector y permitirá la comunicación constante de los residentes sin requerir el desplazamiento físico hacia la capital del departamento.

La instalación de estos puntos forma parte del cronograma de inclusión digital de la actual administración, orientado a habilitar canales tecnológicos en áreas con baja cobertura de operadores comerciales.

Para Juan Carlos Ramírez Cabrera, la vida siempre ha tenido un ritmo propio. A sus 27 años, este músico, quien fuera instructor de la casa de la cultura y voluntario de la Defensa Civil, está acostumbrado a marcar el tiempo con la batuta o a correr contra el reloj para salvar vidas.

Sin embargo, hoy el cronómetro corre en su contra y el silencio no es musical, sino administrativo. Una densa niebla llamada catarata amenaza con apagar el único ojo que le permite ver el mundo.

El eco de una negligencia

La tragedia de Juan Carlos tiene un antecedente amargo que hoy se siente como una premonición. Años atrás, un accidente doméstico le desprendió la retina del ojo izquierdo.

En aquel entonces, el diagnóstico fue claro: "es salvable si se opera ya". Pero en los pasillos de su EPS, Capresoca, la urgencia médica chocó con la burocracia.

Los meses pasaron entre excusas de "falta de convenios" y, para cuando el bisturí finalmente tocó su ojo, la luz se había extinguido para siempre en ese lado de su rostro.

Hoy, la historia parece estar escrita con el mismo guion. Desde agosto del año pasado, su visión derecha —su única ventana al mundo— comenzó a nublarse.

El diagnóstico de "catarata urgente" debió culminar en una cirugía en enero, pero al llegar a Optisalud, la respuesta fue un portazo burocrático: "No hay contratación con Capresoca".

Una vida en pausa

Juan Carlos no solo teme por su salud; teme por su identidad. Su cotidianidad es un lienzo de actividades que requieren precisión visual.

Es el instructor que guía las manos de jóvenes con discapacidad en la música, es el publicista que diseña campañas y el socorrista que debe distinguir el peligro en medio de una emergencia.

"El miedo mío es quedarme ciego y yo tan joven, tan lleno de vida", confiesa con una voz que mezcla la impotencia del paciente con la determinación del artista. Sin visión, el perifoneo se apaga, las partituras se vuelven manchas negras y su labor social queda truncada.

Entre la fe y el costo del derecho a ver

Ante el silencio de las instituciones que deberían protegerlo, Juan Carlos ha tenido que ponerle precio a su esperanza: 4 millones de pesos. Esa es la cifra que lo separa de una cirugía particular que Capresoca, por ley, debería garantizarle.

Mientras el "muro de silencio" administrativo persiste, este joven se aferra a la solidaridad ciudadana y al llamado urgente a los líderes regionales.

Para Juan Carlos, no se trata solo de una operación; es la lucha por evitar que su mundo se convierta en una nota sostenida de oscuridad total. La remisión que espera no es un papel, es el permiso para seguir viviendo.

El Cuerpo de Bomberos de Yopal registró más de 3.500 atenciones de emergencia durante 2025, según informó el comandante de la institución, teniente Rafael Rojas.

La cifra representa un incremento del 236% frente a las 1.519 emergencias atendidas en 2024. El aumento se atribuye a la incorporación del servicio de ambulancia durante el año pasado.

Del total de intervenciones, el 45% correspondió atenciones prehospitalarias en ambulancia, que incluye accidentes de tránsito y casos de enfermedad común.

El 55% restante se distribuyó en otras emergencias, principalmente en rescate de animales, presencia de abejas, incendios forestales y quemas prohibidas.

Rojas indicó que el incremento en la capacidad operativa permitió ampliar la cobertura del servicio. Además, señaló que la difusión de los números de contacto a través de medios de comunicación y redes sociales contribuyó a que la comunidad realizara más llamados al organismo.