Por primera vez en Casanare, se inicia estudio piloto sobre el Caracol Gigante Africano (Lissachatina fullica), para reconocer su capacidad para albergar parásitos causantes de enfermedades de alto riesgo en la vida de los humanos. La investigación la realizará un estudiante de décimo semestre de Biología Ambiental de Unitrópico, bajo la dirección de la Magister Carolina Hernández Castro del Laboratorio de Parasitología de la Universidad de Antioquia y codirección de PhD. Jairo Ricardo Hernández Niño de Unitrópico.

El estudiante Luis Dairo Aguilar Puerto, inició la fase de muestreo en las zonas verdes, lotes baldíos, parques, entre otros espacios del barrio Villa Laguito de Aguazul y proyecta realizar el próximo año, la identificación de los microorganismos (nematodos) que hospeda esta especie.

Según las referencias de su investigación “El Caracol Gigante Africano (Lissachatina fullica), pertenece a una lista elaborada por el Grupo Especialista de Especies Invasoras (GEEI) de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en donde se citan las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo”.

Así mismo, el futuro biólogo ambiental argumenta en el planteamiento de su investigación, que el alto porcentaje de esta especie de molusco en el departamento, podría considerarse un riesgo de salud pública, por ser hospedero intermediario de parásitos nematodos causantes de enfermedades como meningitis eosinofilica o meningoencefalitis y angiostrongiliosis abdominal.

“Le agradezco a la profesora Luz Elena Suárez, coordinadora del programa Biología Ambiental de Unitrópico, por su apoyo en esta investigación. En este programa he tenido docentes calificados, materias atractivas y sobre todo la motivación en la investigación, porque en todos los semestres se desarrollan proyectos de aula, importantes como línea base para abrirse a un tema específicos”, afirmó el estudiante Luis Aguilar Puerto. 

Muchos colombianos no pudieron recibir atención médica, tratamientos ni medicamentos en las zonas de guerra por complicaciones asociadas al conflicto. Al personal de salud, la violencia no le hizo fácil hacer su tarea de salvar vidas.

“¿Cuánto le vale a un campesino llevar a su hijo hasta el centro de salud y garantizar que le pongan una prótesis?”, preguntó el médico e investigador Víctor De Currea Lugo. “Sabemos que una gran cantidad de médicos y médicas rurales, que al llegar a una de estas áreas que antes llamábamos “zonas rojas” y que siguen siendo las áreas del conflicto armado, el mismo día de llegada, uno de los actores armados, cualquiera de ellos, la guerrilla, los paramilitares, el Ejército o la policía, les tocaba a la puerta y les decía: aquí mandamos nosotros y usted está con nosotros o tiene 24 horas para devolverse”, cuenta el comisionado de la verdad Saúl Franco.

Los dos médicos e investigadores, Franco y De Currea explican que el conflicto ha afectado la salud de los colombianos desde su derecho a la vida, al buen vivir, a la salud física y la salud mental, y ha dificultado o impedido el acceso a la atención médica, a tratamientos, a medicamentos y al tránsito de ambulancias. “Sabemos que los grupos armados controlaron el acceso a medicamentos contra la malaria y la leishmaniasis en ciertas zonas de guerra, y que los contagios entre los combatientes y la población aumentaron”, narra el comisionado Franco.

De Currea aclara que “cuando se habla de misión médica no solamente es el personal médico, es el personal de enfermería, las bacteriólogas, los vigilantes, los camilleros, los conductores de las ambulancias, las personas del aseo, todo eso hace parte de que un hospital funcione y dolorosamente todas han sido afectadas en medio de la guerra”, explicó De Currea Lugo.

La atención médica en el conflicto no es sencilla, el manejo de los heridos de guerra, por ejemplo, requiere una logística y una infraestructura de salud compleja: salas de cirugía, prótesis, trasplantes, implantes y una serie de técnicas especializadas. “A veces pensamos solamente la medicina de guerra como un problema de los heridos de bala, pero no en la afectación a la salud mental, la afectación a la salud médica, la afectación en términos de rehabilitación física genera una carga muy elevada para el sistema”, recalca De Currea.

El comisionado Franco hizo hincapié en que la mayor cantidad de población afectada por el conflicto es pobre, rural y joven, y que a esto se le suma la complicación del control territorial: “Los diversos grupos armados hacían y siguen haciendo un control del tránsito de las personas, con toques de quedas que impidieron la movilización para recibir atención médica. Recuerdo el caso de un niño en Arauca, que lo mordió una serpiente y murió porque no pudieron llevarlo al hospital por el toque de queda, además de todas las mujeres que tenían los partos en las noches y debían esperar o parir en sus casas”.

“La cosa fue más difícil para los combatientes. Hay que recordar que prestar servicios de salud durante la guerra no es un delito. Atender médicamente a un herido de guerra es una obligación constitucional y se basa en el principio de solidaridad. En el código penal nuestro, omitir la labor humanitaria es un delito que da cárcel. Desafortunadamente, entre los actores armados ha hecho carrera la idea de que la asistencia humanitaria a un herido es un acto de complicidad y ha habido un acto de satanización del personal médico en medio de la guerra”, enfatiza De Currea.

Todas las afectaciones a la salud física y al sistema de salud terminan afectando cada vez más la salud mental de los colombianos: “Aquí ha sufrido la salud mental de la población, pero también la salud mental de soldados y excombatientes. Escuchamos a unos soldados que habían sido víctimas de minas antipersona y la mayoría nos confesaron que habían tenido ideas suicidas. Tenemos un pendiente un saldo muy grande para cuidar la salud mental, el mejor cuidado sería parar la guerra”.

Los recursos recaudados por las empresas operadoras de Casanare para apoyar al departamento en la atención de la emergencia, superan los $379 millones. La industria reitera su compromiso con la región y con ser un motor de reactivación económica y social del departamento.

En el marco de la emergencia declarada por el Covid-19 a comienzos del año, la industria del petróleo y gas se unió este 2020 para apoyar las acciones de prevención y mitigación de la pandemia en el departamento, en conjunto con la Gobernación de Casanare.

Con el apoyo de las empresas operadoras en el departamento, se logró recaudar más de 379 millones de pesos, que fueron destinados a apoyar distintos frentes. Entre estos, la entrega de elementos de bioseguridad: 6.000 tapabocas quirúrgicos, 1.050 trajes termosellables completo A40, 200 trajes termosellables completo A60, 500 mascarillas N95, 2.000 gafas de protección ocular, 3.000 protectores faciales, 1.300 cajas de 100 pares de guantes no estériles, 130 cajas de 100 pares de guantes estériles, 2.000 polainas antifluido, 600 gorros quirúrgicos desechables y 9.000 tapabocas N95 con y sin válvula.

Asimismo, durante el segundo semestre del año, se coordinó la entrega de algunos suministros para la adecuación del área de biología molecular del Laboratorio de Salud Pública Departamental, donde la Secretaría de Salud podrá continuar con las acciones de seguimiento, control y vigilancia de diferentes patologías que pueden afectar la salud de los casanareños, incluido el Covid-19.

Estas acciones fueron posibles gracias a los esfuerzos de las 12 empresas que participaron en esta iniciativa: Cepsa Colombia, Colombia Energy, Frontera Energy, Geopark, Gran Tierra, Hocol, Las Quinchas, Parex Resources, Perenco, Vetra Exploración y Producción, Emerald Energy y Petróleos Sudamericanos; así como al apoyo de la Gobernación del departamento.

“En este año tan difícil nos dimos cuenta de la importancia de trabajar unidos, industria, gobierno local y regional y las comunidades. La industria del petróleo y gas siempre ha estado presente en el departamento y hoy más que nunca reitera su compromiso con la región, no solo con apoyar lo relacionado con la pandemia, sino con ser un motor de reactivación económica y social para el Casanare”, afirmó el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera.

“Si sentimos dolor, si sentimos rabia, como dice Ahiman, desenfundemos el lapicero, creemos, compongamos, cantemos”, dijo Carlos ‘El Cachi’ Ortegón en la tertulia musical de la Comisión de la Verdad en Ulibro 2020.

Hasta en nuestra música se ha sentido el impacto del conflicto armado; lo que contamos con nuestros cantos, desde los territorios más rurales y los más urbanos, con los ritmos campesinos, los poemas llaneros y el hip hop de las ciudades se ha ido transformando con los años, con la violencia, con los actores armados, con las resistencias y con las acciones de no repetición.

“La historia, la música y la verdad no tienen fronteras”, dijo Carlos ‘El Cachi’ Ortegón para explicar por qué en la música los pueblos registran su historia, cuentan lo que ha ocurrido a causa de la violencia y se lo cuentan a unas personas no interesadas ni formadas en historia, política o cualquier ciencia. “El canto siempre ha sido un vehículo muy efectivo de contar las cosas, de contar detalles que a la historia encuadernada de pronto se le escapan”, agregó.

El Cachi estuvo en la tertulia ‘Música que canta la verdad’, junto con Jorge Botello ‘Ahiman’, rapero de Norte de Santander y con Luis Francisco Bustamante, coordinador de la Comisión de la Verdad en Santander. La tertulia es una de las actividades que la Comisión de la Verdad está desarrollando como parte de las actividades de Ulibro 2020 – Feria del Libro de Bucaramanga.

Ahiman presentó algunas de sus canciones, en las que critica y reflexiona desde la perspectiva de los jóvenes: “Sabemos que la guerra es escoria, que ha sacado lo peor del hombre a través de la historia, que destruye sociedades, que la humanidad humilla y si el río hablara, mis oídos sangrarían. Esa canción la escribí después de un encuentro de víctimas en Norte de Santander, todos tenían mucha razón en lo que decían, tenían sus razones, pero esa verdad como que no se lograba consolidar porque cada quien tenía una mirada, suele ocurrir que tratamos de imponer esa mirada”.

“Siempre ha habido música para contar, por un lado la propaganda de los bandos en disputa y de otro la versión de las víctimas, la versión de los que están a un lado”, agregó El Cachi a la conversación, mientras que Francisco Bustamante comentó que “los compositores y los cantantes son juglares de la historia de su tierra”.

Los invitados y Ulibro 2020

Jorge Botello ‘Ahiman’ es un rapero nacido en Cúcuta, la ciudad frontera, como la llama. Tiene producciones conjuntas con Carlos Huertas, el Cholo Valderrama, Andrea Echeverry y Aterciopelados. Es conocido por sus letras críticas y reflexivas sobre la sociedad y los jóvenes.

Carlos ‘El Cachi’ Ortegón es abogado de profesión, ganadero de ocupación e investigador y escritor de vocación. Llanero de los más puros, se ha convertido en un reconocido etnógrafo musical de los Llanos Orientales colombianos, contribuyó a que los cantos de trabajo del llano fueran declarados patrimonio inmaterial de la humanidad y fue fundador del Cimarrón Llanero.

Carlos ‘El Cachi’ Ortegón y Jorge Botello ‘Ahiman’ conversaron en la tertulia ‘Música que canta la verdad’, con la moderación de Luis Francisco Bustamante, como parte de la agenda de Ulibro 2020 – Feria del Libro de Bucaramanga que organiza la Universidad Autónoma de Bucaramanga.