Los diversos sectores y las dinámicas económicas del país han sido impactadas o han tenido relaciones con actores del conflicto armado colombiano. Para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es vital esclarecer y comprender esas relaciones.

Para estudiar la relación entre las dinámicas económicas con el conflicto armado colombiano, lo primero es entender qué son los modos de producción, así lo explica Andrés Fuerte, investigador de la Comisión de la Verdad: “son la forma en que se organizan las actividades económicas en un país o en un territorio. Son cosas tan concretas y esenciales como en qué trabajan las personas, de qué derivan su ingreso, su sustento, cuál es la relación que tenemos con el entorno, la naturaleza, el ambiente y los recursos naturales; y allí media también mucho la participación del Estado, es decir qué actividades o qué sectores económicos son favorecidos o incentivados por el Estado mediante las políticas públicas o la asignación de recursos del presupuesto, entre otros”.

Hasta el momento, de acuerdo con Fuerte, la Comisión de la Verdad ha guiado su investigación a partir de tres tipos de relación entre los modos de producción y el conflicto armado:

1. Ha habido unos impactos muy directos de la violencia o del conflicto armado, mediante extorsiones, secuestros, atentados a la infraestructura productiva, el desplazamiento forzado; todas estas acciones afectan las actividades económicas de grandes empresarios, pequeños productores, campesinos, comerciantes, ganaderos, etc.
2. Ha habido diferentes relaciones entre actores económicos, por un lado, y actores armados en el marco del conflicto. Esas relaciones pueden catalogarse como colaboración, alianzas, instigaciones de actores económicos hacia actores armados para perseguir un determinado fin y el financiamiento de estos actores económicos a grupos armados.
3. Y una tercera relación se refiere a cómo en determinadas regiones del país, tras la intensificación de la violencia, se generaron desplazamientos masivos de población (8 millones de víctimas por desplazamiento); esas víctimas dejaron sus tierras, en ocasiones fueron forzadas a venderlas. Después de esto, se produjo una transformación drástica en los modos de producción, se pasó de economías campesinas de las comunidades rurales, étnicas, campesinas, afrodescendientes, a producciones de agroindustriales, minero energéticas y proyectos de infraestructura de puertos y represas, entre otras.

La tierra, el factor común

De acuerdo con Santiago Perry, miembro de la Misión Rural, “el tema de la tierra ha estado siempre asociado al conflicto, como componente central de éste; se refiere al proceso de apropiación de las tierras de los pequeños productores por parte de grandes propietarios, la lucha de esos pequeños productores por adquirir un pedazo de tierra que les permita vivir”.

“En la vieja violencia, la violencia liberal conservadora de mediados del siglo pasado, la lucha de la tierra y apropiación de las tierras tuvo un papel muy importante. Pero en los últimos años ha habido un cambio, la irrupción del narcotráfico y el fortalecimiento de todas las actividades ilícitas en las áreas rurales, la minería ilegal, etcétera. Ese cambio determinó que, si bien es cierto que la lucha por la propiedad de la tierra sigue teniendo un papel importante, el papel predominante lo tiene ahora la lucha por el control de los territorios, para cultivar la coca, para poner los laboratorios, para poder pasar y entrar los precursores químicos, entrar las armas, para poder sacar la coca, la amapola, la droga para la exportación”, explicó Perry.

El investigador agrega que a partir de esos procesos de control territorial nació el fenómeno del paramilitarismo. “Fue lo que generó los desplazamientos y muchos de los fenómenos de violencia que hemos vivido en los últimos 20 años en Colombia”.

Los acuerdos de paz sí funcionan

Carlos Rojas Arenas, presidente de la Cámara de Comercio de Casanare, cuenta que la economía ha sido bastante afectada por el conflicto armado. Sin embargo, a partir de las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) y de la experiencia en el territorio, “se puede ver que después de que se han presentado procesos de paz hay mejoras económicas. Primero entre el 2003 y el 2006 con toda la desmovilización de grupos paramilitares, tiempo después se empezó a motivarse nuevamente el retorno de muchas personas a sus territorios, el crecimiento en el sector agrícola y pecuario, e inclusive la ampliación de la inversión nacional”.

En cuanto al proceso de paz con la guerrilla de las FARC, que se firmó en 2016, “al pasar un tiempo se ha empezado a generar confianza, a darse inversiones también muy importantes y a salir a flote las potencialidades que tiene nuestro territorio, como el turismo”.

Al respecto, Perry concluye que “los campesinos son los que realmente generan y facilitan que se den estas dinámicas económicas importantes en los distintos territorios. Un país de pequeños propietarios es un país que tiene mucha más estabilidad política, eso está también plenamente demostrado. Y eso le quitaría un factor enorme de conflicto a la sociedad colombiana”.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición está estudiando la entre las dinámicas económicas y el conflicto armado colombiano, lo primero es entender qué son los modos de producción, así lo explica Andrés Fuerte, investigador de la Comisión de la Verdad: “son la forma en que se organizan las actividades económicas en un país o en un territorio. Son cosas tan concretas y esenciales como en qué trabajan las personas, de qué derivan su ingreso, su sustento, cuál es la relación que tenemos con el entorno, la naturaleza, el ambiente y los recursos naturales; y allí media también mucho la participación del Estado, es decir qué actividades o qué sectores económicos son favorecidos o incentivados por el Estado mediante las políticas públicas o la asignación de recursos del presupuesto, entre otros”.

Ecopetrol continúa comprometida con el desarrollo y progreso de las regiones donde opera, una muestra de ello es que a octubre de 2020 se generó la contratación de bienes y servicios por $307.000 millones con proveedores oriundos de las Regionales Orinoquía, Piedemonte y Oriente, compuestas por los departamentos de Meta y Casanare. 

En estas regionales, que incluye operaciones en Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, Puerto Gaitán y Puerto López (en el Meta) y Yopal, Tauramena, Aguazul y Monterrey (en Casanare), la empresa contrató localmente $271.000 millones distribuidos principalmente así:

De forma paralela, la compañía continuó fortaleciendo a sus proveedores de los Llanos Orientales mediante la estrategia de ‘exportación local’. Esta les permitió a los empresarios locales ofrecer sus bienes y servicios en otras zonas donde tiene operación la compañía, por un total de $36.000 millones. 

Por ejemplo, desde Villavicencio los contratos hacia otros destinos ascendieron a $27.000 millones y $2.000 millones desde Puerto Gaitán, entre los principales orígenes. 

Proveedores también contratan local 

Adicionalmente, Ecopetrol está promoviendo que sus aliados también contraten bienes y servicios del mercado local. En este sentido, a septiembre de 2020, las empresas aliadas de Ecopetrol celebraron contratos comerciales por $612.000 millones con proveedores locales de los Llanos Orientales. 

A través del modelo de ‘exportación local’, los contratistas de Ecopetrol hicieron negocios por $51.000 millones con los empresarios oriundos de esta zona. Se beneficiaron empresarios locales de Villavicencio, Aguazul y Yopal, entre otros. 

El 76% de la contratación de mano de obra fue local  

Entre julio y septiembre se generaron a través de las empresas contratistas en promedio  11.443 vinculaciones laborales mensuales de las cuales el 76% (8.671 plazas en promedio) fue mano de obra local. 

Del total de la mano de obra No calificada (5.522), el 95% es mano de obra de la localidad donde se desarrolla el proyecto, y del total de la mano de obracalificada (5.921), el 58% también fue local.

Ecopetrol cumple con la normativa expedida para la declaratoria de la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19 con el fin de preservar la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de las comunidades donde opera.

Además, promueve ante sus contratistas de manera permanente el deber de cumplir la ley, teniendo en cuenta que deben estar en capacidad de definir las mejores alternativas para sus trabajadores, según las condiciones de vinculación laboral y a la luz de las figuras que son permitidas en nuestra legislación.